Derechos politicos de las mujeres: entre la inseguridad y el alto riesgo

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Elaborado por la especialista de iKNOW Politics María Eugenia Rojas Valverde.

En Bolivia, año tras año cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública por medio de elecciones democráticas y ocupan espacios políticos sufren acoso y violencia política por motivos de género, que representan el quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles además de infringir sus derechos al ejercicio electoral por el cual fueron elegidas, paulatinamente más generalizados y tolerados social y políticamente.  La violencia contra las mujeres candidatas, electas y/o en ejercicio, prestas a ocupar o que ya ocupan cargos y funciones públicas, electas por voto popular, generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para su cumplimiento.

En consecuencia, el acoso y la violencia política se constituyen en un problema de la sociedad en su conjunto, que puede manifestarse bajo diferentes formas.  En este caso, se presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros, considerados no muy graves al haberse naturalizado los mismos. 

La irrupción de las mujeres en los espacios de decisión política ha encontrado numerosos obstáculos, dando lugar a situaciones de acoso y de violencia en contra de ellas especialmente en el nivel local-sub nacional.  Frente a esta situación, se plantean diversas medidas importantes para defender los intereses y derechos  políticos y electorales de todas las mujeres en todos los niveles de gobierno.

Hasta mediados de los 90, año en el que se formaliza la participación de las mujeres en la política, en casi toda Latino América y el Caribe, así como su presencia primero en el ámbito municipal, luego, mucho después su visibilidad y representación, en cargos Presidenciales y Legislativos.  Pero hasta entonces no constituían parte de la agenda pública de las mujeres, ni eran parte de la agenda gubernamental ni de movimientos sociales femeninos o feministas. Resulta una trayectoria que costó décadas traslucir.

En relación a las mujeres en la política que se ejercitan en el espacio público, tiene asignaturas pendientes con ellas, es necesario conocer el arduo proceso que se desarrolló hace más de una década y el proceso de  identificación de un fenómeno social y político en desmedro de las mujeres en su lucha por mantener o constituirse en sujetas de derechos políticos y del cumplimiento de la justicia electoral.  Este largo proceso que ha develado hechos perversos en contra de ellas, con el único fin de causar la deserción de las mujeres del campo de la actuación de la esfera pública, incluso instrumentalizando su actuación desde la suplencia a la titularidad de un cargo electo, lo cual impide el desarrollo de liderazgos efectivos y el empoderamiento necesario que permitan cambiar las estructuras y sistemas electorales y de partidos políticos que las obligan a someterse o a imitar estrategias políticas masculinas.  Se necesita plantear estrategias que coadyuven su inclusión y el ejercicio libre de en su participación así como de responder a una justicia electoral que dejara atrás concepciones que resisten a quitar la centralidad del poder como un asunto propiamente masculino y a la vez las proteja y de garantías. 

Se gesta de esta manera  determinado a su vez las perspectivas y limitaciones de una de las más importantes iniciativas legislativas en la presente década; dando a conocer sobre las condiciones de trabajo y oficio político de todas las mujeres que se emprenden e intentan/osan ingresar a la política, además de desentrañar las consecuencias de lo público y sus efectos sobre su familia, su salud y otros factores que las mujeres confrontan al ejercer los puestos de representación política-pública.

Esperando contribuir a este propósito, a partir de la iniciativa Boliviana, surgen posteriormente otros diversos estudios que revelan y ofrecen un marco conceptual, normativo y jurisprudencia nacional e internacional, además de algunas constataciones y diversas prácticas perversas de acoso y la violencia política.  Adicionalmente, se argumenta y justifica sobre la violencia política como uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos y constitucionales de las autoridades políticas femeninas en etapas pre electorales, durante y post electorales, a la vez que una de las más comunes en la región.  También es un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad.  Es necesario el abordaje de las dificultades de aplicar la normatividad actual y los mecanismos insuficientes y/o inexistentes para su cumplimiento. 

Por ello, se planteó la necesidad y pertinencia de la elaboración de un Proyecto de Ley que determine las causas, efectos y la sanción respectiva a los (as) agresores (as), además de las instancias competentes y la promoción de estudios para una aproximación de las competencias de las mismas.  A nivel local, municipal especialmente, los diversos tipos de acoso y violencia política frenan la gestión pública, por tanto, pueden constituir un costo mayor al momento de prestar o ejecutar servicios, conduciendo a que no se los preste o se lo haga de manera claramente deficitaria en relación a los planes y programas marcados por el propio municipio.

Es preciso determinar fehacientemente que en Bolivia, como en otros países, los “conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos”, provocados por razones e intereses partidarios, políticos, machistas o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres, siendo necesario acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales. En muchos casos los planteamientos son ambiguos, quedando impunes todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento.

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