Por Romina Zamborain, redactora iKNOW Politics.
Hasta mediados del siglo pasado, en América Latina, las mujeres habían sido históricamente marginadas del ejercicio de la ciudadanía política. A partir de la sanción de leyes de sufragio femenino se iniciaron sus primeras participaciones en las elecciones, sin embargo, el acceso a cargos representativos se produjo recién en los procesos de redemocratización de los años noventa, con la implementación de cuotas por sexo en las listas electorales.
La ley de cupo femenino es una herramienta institucional que busca resolver el problema de la escasa representación de la mujer en los lugares de decisión política. El primer país del mundo en incorporar este sistema fue Argentina mediante la sanción de la ley 24012 en el año 1991, cuyo contenido establece que las listas de partidos políticos para cargos electivos nacionales deben tener como mínimo un 30% de candidatas mujeres. A partir de ese entonces, otros países como Brasil, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Honduras, México y Uruguay aprobaron leyes de cuotas nacionales. Actualmente, en las últimas Conferencias Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se ha planteado como meta regional cambiar la idea de porcentaje mínimo por la de paridad de género. Dado que las cuotas son medidas correctoras y, por lo tanto, consideradas temporarias; en cambio la paridad es un principio permanente que representa de mejor manera la igualdad en el ejercicio del poder.
La alta tasa de representación femenina en el Congreso de la Nación Argentina, constituye un ejemplo de la exitosa implementación de la ley de cupo para candidaturas a cargos legislativos. La inclusión de mujeres en el parlamento favoreció la aparición de nuevas perspectivas sociales, nuevos temas en la agenda pública, especialmente en materia de igualdad de género y defensa de derechos. En este país fueron motivo de debate público la violencia familiar y la violencia hacia la mujer; programas de procreación responsable para varones y mujeres desde una concepción integral de la salud; la modificación de antiguas tipologías discriminatorias de las mujeres del Código Penal, con la incorporación de los delitos contra la integridad de las personas y definiciones precisas de los vejámenes y agresiones sexuales y de la violación. También se mejoraron las normas sobre adopción, se creó un Registro Nacional Único que facilita el ejercicio de paternidades y maternidades y un Registro de Deudores Morosos de obligaciones alimentarias. Asimismo las legisladoras aportaron una mirada diferente a cuestiones específicas sobre economía, políticas laborales, promoción de empleo y asuntos relacionados con la justicia.
A más de veinte años de su sanción, la ley de cupo femenino definitivamente ha sido una medida de acción positiva, sin embargo, la cantidad de mujeres que ha garantizado en la participación política no es condición suficiente para realizar transformaciones profundas en las relaciones de poder. Esto se debe fundamentalmente a las distintas condiciones socioeconómicas, educativas, familiares, de origen étnico, religioso, identidad sexual, etc. de cada mujer en particular, que impiden en su conjunto conformar un colectivo homogéneo o un grupo crítico. Por lo tanto es necesario apoyar la contribución de la ley de cupo femenino con nuevas medidas que permitan mejorar la calidad de la participación política y ciudadana de las mujeres en todo tipo de ámbitos públicos y privados.
