CSW66 (2022)
CSW66 (2022)
El Sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tendra lugar del 14 al
Advocacy and lobbying are activities that represent and promote the needs of specific groups in political and social arenas. One such group is women, who can collectively pressure their leaders for legislative reforms to protect and promote women’s rights and concerns. It is the goal of advocacy groups and lobbyists to ensure that both the public and politicians understand and support their cause, so that it gains strength and credibility. Securing rights and gains for women requires coalition-building, funding, civic education, awareness-raising and individuals willing to lead the way.
While the goals of advocacy and lobbying are similar, the processes are distinctly different. Advocacy involves gaining and exercising power to influence a political action. Employing methods such as demonstrations, public campaigns and civic education, advocacy can be the primary mission of international agencies and civil society organizations seeking to influence global and national decision makers. Women worldwide frequently organize themselves for advocacy purposes, drawing on their collective power to affect legislation, official policies and governmental programs. Lobbying, however, refers to influencing the government and its leaders. Lobbyists attempt to sway policy makers and legislators to address specific issues, often by introducing or revising legislation and policy. Lobbying activities may include private meetings with decision makers, public campaigns and demonstrations.
El Sexagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer tendra lugar del 14 al
A través de un pronunciamiento, 32 congresistas expresaron su rechazo contra el reciente primer ministro Héctor Valer, quien minimizó denuncias por violencia familiar. Anunciaron que no le otorgarán su voto de confianza.
Parlamentarias de ocho bancadas se han pronunciado en contra de las expresiones del reciente primer ministro Héctor Valer, quien minimizó las denuncias por agresión física realizadas por su hija, en una conferencia de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno este jueves 3 de febrero.
A través de un pronunciamiento, 32 congresistas expresaron su rechazo contra el reciente primer ministro Héctor Valer, quien minimizó denuncias por violencia familiar. Anunciaron que no le otorgarán su voto de confianza.
Parlamentarias de ocho bancadas se han pronunciado en contra de las expresiones del reciente primer ministro Héctor Valer, quien minimizó las denuncias por agresión física realizadas por su hija, en una conferencia de prensa a las afueras de Palacio de Gobierno este jueves 3 de febrero.
La primera legisladora trans en llegar a San Lázaro por la cuota arcoíris considera importante que todas las poblaciones tengan representación legitima para impulsar políticas públicas en beneficio de éstas.
Salma Luévano es la primera diputada federal en llegar a San Lázaro gracias a la cuota arcoíris y ha tomado la política desde el activismo durante 30 años y a “golpe de sentencia”, quien tiene el sueño de lograr elevar a rango constitucional las cuotas arcoíris.
La primera legisladora trans en llegar a San Lázaro por la cuota arcoíris considera importante que todas las poblaciones tengan representación legitima para impulsar políticas públicas en beneficio de éstas.
Salma Luévano es la primera diputada federal en llegar a San Lázaro gracias a la cuota arcoíris y ha tomado la política desde el activismo durante 30 años y a “golpe de sentencia”, quien tiene el sueño de lograr elevar a rango constitucional las cuotas arcoíris.
Un reto de la democracia es que mujeres y hombres logren participar y tener incidencia política, constituyéndose en sujetos que conocen, exigen y defienden sus derechos.
Un reto de la democracia es que mujeres y hombres logren participar y tener incidencia política, constituyéndose en sujetos que conocen, exigen y defienden sus derechos.
Miembros del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), presentaron este lunes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 247 de 2021 que reformó el Código Electoral.
Según el recurso legal, el último párrafo del artículo 308-I de la Ley 247 que reforma el Código Electoral, publicado en la Gaceta Oficial 29403-A del 22 de octubre de 2021, viola al menos (5) cinco artículos de la Constitución Panameña, por lo que solicitan que este punto sea declarado nulo.
Miembros del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), presentaron este lunes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 247 de 2021 que reformó el Código Electoral.
Según el recurso legal, el último párrafo del artículo 308-I de la Ley 247 que reforma el Código Electoral, publicado en la Gaceta Oficial 29403-A del 22 de octubre de 2021, viola al menos (5) cinco artículos de la Constitución Panameña, por lo que solicitan que este punto sea declarado nulo.
Las mujeres han ido perdiendo libertades y derechos en Afganistán desde que a mediados de agosto de 2021 -hace casi cinco meses- volvieran al poder los talibanes. Han ido desapareciendo de la vida pública. Recientemente los talibanes han prohibido que las mujeres realicen viajes de más de 72 kilómetros sin ir acompañadas por un hombre de su familia. Además, han eliminado su presencia en la mayoría de los puestos de trabajo, han vetado las apariciones femeninas en programas de televisión y en películas, y han abolido el Ministerio de Asuntos de la Mujer.
Las mujeres han ido perdiendo libertades y derechos en Afganistán desde que a mediados de agosto de 2021 -hace casi cinco meses- volvieran al poder los talibanes. Han ido desapareciendo de la vida pública. Recientemente los talibanes han prohibido que las mujeres realicen viajes de más de 72 kilómetros sin ir acompañadas por un hombre de su familia. Además, han eliminado su presencia en la mayoría de los puestos de trabajo, han vetado las apariciones femeninas en programas de televisión y en películas, y han abolido el Ministerio de Asuntos de la Mujer.
Las mujeres no son el 50% de las candidatas al Congreso para las elecciones de 2022. Son el 39.85%. Cuatro puntos porcentuales más que las que se avalaron y presentaron para los comicios de 2018. Hace cuatro años, la paridad no era un tema instalado en el debate público y político, y los partidos se limitaban a cumplir la Ley 1475 de 2011, que determina una cuota de, mínimo, el 30% de mujeres aspirantes.
Las mujeres no son el 50% de las candidatas al Congreso para las elecciones de 2022. Son el 39.85%. Cuatro puntos porcentuales más que las que se avalaron y presentaron para los comicios de 2018. Hace cuatro años, la paridad no era un tema instalado en el debate público y político, y los partidos se limitaban a cumplir la Ley 1475 de 2011, que determina una cuota de, mínimo, el 30% de mujeres aspirantes.
Según informó Transparencia por Colombia, las listas preliminares al Senado quedaron conformadas con el 40 % de mujeres y las de Cámara de Representantes con el 41,2 %, para las elecciones del próximo mes de marzo, pero todavía hay algunos temas de género que deben mejorar sobre la participación de la mujer en la política colombiana.
Según informó Transparencia por Colombia, las listas preliminares al Senado quedaron conformadas con el 40 % de mujeres y las de Cámara de Representantes con el 41,2 %, para las elecciones del próximo mes de marzo, pero todavía hay algunos temas de género que deben mejorar sobre la participación de la mujer en la política colombiana.
La Red Electoral Ciudadana (REC) de Venezuela concluyó este miércoles que, tras los comicios regionales y locales de noviembre pasado en el país, es necesaria una reforma legislativa que permita establecer criterios legales que aseguren la participación “plena y efectiva” de las mujeres en la política.
La Red Electoral Ciudadana (REC) de Venezuela concluyó este miércoles que, tras los comicios regionales y locales de noviembre pasado en el país, es necesaria una reforma legislativa que permita establecer criterios legales que aseguren la participación “plena y efectiva” de las mujeres en la política.