La democracia en la región se desarrolla en un contexto condicionado por la globalización económica, que en sus efectos es multidimensional, pluricausal y ambivalente. El modelo económico que se ha implantado ha tenido un impacto negativo y de mayor amplitud en las mujeres, al que se suma la persistencia de roles de género que mantienen vigentes las dicotomías público-privado y productivo-reproductivo, impidiendo el pleno ejercicio de derechos humanos y de ciudadanía de la mitad de la población. Adicionalmente, esta democracia convive con los mayores índices de desigualdad social en el mundo, respecto a la distribución de los recursos.
El actual modelo de Estado no está satisfaciendo las demandas e intereses de la mayoría de la ciudadanía, por lo que se le exige reformas para que recupere su accionar como una expresión del ejercicio democrático, de recuperación de las voces de poblaciones históricamente discriminadas, y de garantía de sus derechos. Un Estado que en el marco del reconocimiento pleno de derechos para las mujeres, en igualdad y no discriminación, los garantice con acciones estratégicas en diversos ámbitos que se exponen a continuación:
La violencia de género:
La violencia hacia las mujeres requiere de voluntad política a todos los niveles desde los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de los gobiernos locales. En el ámbito de la seguridad ciudadana, es evidente la urgencia del cambio del paradigma tradicional, para ir más allá del combate al crimen organizado, desarrollando una perspectiva integral que sea coherente con la complejidad y multicausalidad de la violencia y que incluya los enfoques de desarrollo humano, de seguridad humana, de derechos humanos y de igualdad de género.
Leyes y políticas de no discriminación más vigorosas con presupuestos suficientes:
Si bien los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y las Constituciones establecen las obligaciones estatales para con la igualdad y la no discriminación, la realidad evidencia que éstas persisten y se agravan cuando el género confluye con otros factores como la etnia, la raza, la clase social, la edad, las sexualidades y la decisión sobre el propio cuerpo.
Acceso a la justicia de calidad:
El acceso de las mujeres de los diversos sectores sociales a la justicia debe ser tratado como un derecho humano y estar en las prioridades de los Estados. La erradicación de las prácticas y estereotipos que generan la discriminación y las desigualdades, en razón de género o de identidad étnica-racial, son necesarias tanto en la atención hacia las mujeres como en el trámite y resolución de las denuncias a violaciones de derechos.
Acceso igualitario al trabajo, a la educación y a la salud:
Las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, las dificultades para el acceso a oportunidades de empleo de calidad, las brechas de género en el ingreso en condiciones similares de ocupación y educación, la continuidad de la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado (no remunerado ni reconocido en las cuentas nacionales), presentan varios tipos de desafíos. Entre ellos, los relacionados con políticas de generación de empleo para las mujeres, que favorezcan la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres; la seguridad de acceso a recursos productivos básicos como tierra, tecnología, avales y garantías para respaldar el crédito formal; y la formación profesional y asistencia técnica para el incremento de capacidades y potencialidades de las mujeres en diversos ámbitos.
Se trata de construir Estados más incluyentes y democráticos, que garanticen los derechos de las mujeres, que avancen más allá de la democracia electoral, y que contribuyan a generar igualdad y no discriminación. No puede haber un Estado de Derecho sin igualdad de género; el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática requieren el avance de la igualdad y no discriminación, incorporando a su vez un enfoque multicultural, étnico y etáreo. Un Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo en la región.
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La democracia en la región se desarrolla en un contexto condicionado por la globalización económica, que en sus efectos es multidimensional, pluricausal y ambivalente. El modelo económico que se ha implantado ha tenido un impacto negativo y de mayor amplitud en las mujeres, al que se suma la persistencia de roles de género que mantienen vigentes las dicotomías público-privado y productivo-reproductivo, impidiendo el pleno ejercicio de derechos humanos y de ciudadanía de la mitad de la población. Adicionalmente, esta democracia convive con los mayores índices de desigualdad social en el mundo, respecto a la distribución de los recursos.
El actual modelo de Estado no está satisfaciendo las demandas e intereses de la mayoría de la ciudadanía, por lo que se le exige reformas para que recupere su accionar como una expresión del ejercicio democrático, de recuperación de las voces de poblaciones históricamente discriminadas, y de garantía de sus derechos. Un Estado que en el marco del reconocimiento pleno de derechos para las mujeres, en igualdad y no discriminación, los garantice con acciones estratégicas en diversos ámbitos que se exponen a continuación:
La violencia de género:
La violencia hacia las mujeres requiere de voluntad política a todos los niveles desde los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de los gobiernos locales. En el ámbito de la seguridad ciudadana, es evidente la urgencia del cambio del paradigma tradicional, para ir más allá del combate al crimen organizado, desarrollando una perspectiva integral que sea coherente con la complejidad y multicausalidad de la violencia y que incluya los enfoques de desarrollo humano, de seguridad humana, de derechos humanos y de igualdad de género.
Leyes y políticas de no discriminación más vigorosas con presupuestos suficientes:
Si bien los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y las Constituciones establecen las obligaciones estatales para con la igualdad y la no discriminación, la realidad evidencia que éstas persisten y se agravan cuando el género confluye con otros factores como la etnia, la raza, la clase social, la edad, las sexualidades y la decisión sobre el propio cuerpo.
Acceso a la justicia de calidad:
El acceso de las mujeres de los diversos sectores sociales a la justicia debe ser tratado como un derecho humano y estar en las prioridades de los Estados. La erradicación de las prácticas y estereotipos que generan la discriminación y las desigualdades, en razón de género o de identidad étnica-racial, son necesarias tanto en la atención hacia las mujeres como en el trámite y resolución de las denuncias a violaciones de derechos.
Acceso igualitario al trabajo, a la educación y a la salud:
Las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, las dificultades para el acceso a oportunidades de empleo de calidad, las brechas de género en el ingreso en condiciones similares de ocupación y educación, la continuidad de la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado (no remunerado ni reconocido en las cuentas nacionales), presentan varios tipos de desafíos. Entre ellos, los relacionados con políticas de generación de empleo para las mujeres, que favorezcan la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres; la seguridad de acceso a recursos productivos básicos como tierra, tecnología, avales y garantías para respaldar el crédito formal; y la formación profesional y asistencia técnica para el incremento de capacidades y potencialidades de las mujeres en diversos ámbitos.
Se trata de construir Estados más incluyentes y democráticos, que garanticen los derechos de las mujeres, que avancen más allá de la democracia electoral, y que contribuyan a generar igualdad y no discriminación. No puede haber un Estado de Derecho sin igualdad de género; el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática requieren el avance de la igualdad y no discriminación, incorporando a su vez un enfoque multicultural, étnico y etáreo. Un Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo en la región.
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