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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llama a reconocer la capacidad de liderazgo de las mujeres

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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llama a reconocer la capacidad de liderazgo de las mujeres

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Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aún existe inequidad política para las mujeres, a 63 años del reconocimiento legal del Sufragio Femenino en México, el cual se conmemora este 17 de octubre.

Así lo considera este Organismo Público Autónomo, a pesar de las acciones en códigos electorales locales y de que desde 2014 la paridad de género en la representación política es un mandato establecido en el Artículo 41 Constitucional.

En 1953 se gestó la protección formal de los derechos de la ciudadanía de las mujeres en el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, pero fue hasta 1955 cuando las mujeres emitieron por primera vez su voto, para participar en la elección a Diputados Federales de la XLIII Legislatura.

A seis décadas de consolidar este derecho, la representación política de las mujeres sigue ilustrando una brecha significativa en el ámbito de lo público, pues de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), sólo 9% de las presidencias municipales están a cargo de mujeres, el 18% corresponde a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el 35% a las regidoras.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE), el padrón electoral se encuentra conformado por 43 millones 109 mil 76 mujeres, y 39 millones 716 mil 870 hombres, es decir, el 52% del electorado es femenino.

En este sentido, con la intención de promover los derechos humanos de las mujeres y su derecho a la participación política de forma paritaria, en meses pasados la CDHDF exhortó a los Ejecutivos local y federal para que en sus designaciones respectivas aseguraran la paridad en la conformación de la Asamblea Constituyente, sugerencia que fue bien recibida y derivó en un cuerpo legislativo integrado por 48 mujeres y 52 hombres.

Por ello, resulta necesario garantizar la paridad de forma horizontal y vertical en los distintos poderes y niveles de gobierno y de representación pública, lo que permitirá que las mujeres puedan ser vistas por sus capacidades de liderazgo, con el fin de lograr la igualdad para hombres y mujeres en el ejercicio de la ciudadanía.

En este entorno, la Comisión enfatiza la importancia de lograr el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres, a través del fortalecimiento de las acciones para impulsar su representación política, destacando la necesidad de reforzar la autonomía y empoderamiento de las mujeres indígenas y de las mujeres que viven con alguna discapacidad.

Un gran pendiente en la materia sigue siendo la ausencia de participación de las mujeres como gobernadoras, presidentas municipales o en puestos de decisión dentro de la administración pública en general, por lo que se requiere el fortalecimiento de acciones y la generación de mecanismos efectivos para asegurar su inclusión en la vida política del país.

Es así que el reconocimiento del voto femenino debe ser una realidad en todo el país, acompañada del impulso de una agenda de género que promueva los derechos de las mujeres, con especial orientación en los sectores donde este derecho sigue siendo un tema pendiente, particularmente en comunidades indígenas y rurales.

De igual forma, es menester la modificación de estatutos comunitarios a fin de garantizar la representación equitativa y la plena participación de las mujeres, en armonía con los demás derechos colectivos. Haga clic aquí para acceder a la fuente de la noticia.

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Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aún existe inequidad política para las mujeres, a 63 años del reconocimiento legal del Sufragio Femenino en México, el cual se conmemora este 17 de octubre.

Así lo considera este Organismo Público Autónomo, a pesar de las acciones en códigos electorales locales y de que desde 2014 la paridad de género en la representación política es un mandato establecido en el Artículo 41 Constitucional.

En 1953 se gestó la protección formal de los derechos de la ciudadanía de las mujeres en el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, pero fue hasta 1955 cuando las mujeres emitieron por primera vez su voto, para participar en la elección a Diputados Federales de la XLIII Legislatura.

A seis décadas de consolidar este derecho, la representación política de las mujeres sigue ilustrando una brecha significativa en el ámbito de lo público, pues de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), sólo 9% de las presidencias municipales están a cargo de mujeres, el 18% corresponde a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el 35% a las regidoras.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE), el padrón electoral se encuentra conformado por 43 millones 109 mil 76 mujeres, y 39 millones 716 mil 870 hombres, es decir, el 52% del electorado es femenino.

En este sentido, con la intención de promover los derechos humanos de las mujeres y su derecho a la participación política de forma paritaria, en meses pasados la CDHDF exhortó a los Ejecutivos local y federal para que en sus designaciones respectivas aseguraran la paridad en la conformación de la Asamblea Constituyente, sugerencia que fue bien recibida y derivó en un cuerpo legislativo integrado por 48 mujeres y 52 hombres.

Por ello, resulta necesario garantizar la paridad de forma horizontal y vertical en los distintos poderes y niveles de gobierno y de representación pública, lo que permitirá que las mujeres puedan ser vistas por sus capacidades de liderazgo, con el fin de lograr la igualdad para hombres y mujeres en el ejercicio de la ciudadanía.

En este entorno, la Comisión enfatiza la importancia de lograr el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres, a través del fortalecimiento de las acciones para impulsar su representación política, destacando la necesidad de reforzar la autonomía y empoderamiento de las mujeres indígenas y de las mujeres que viven con alguna discapacidad.

Un gran pendiente en la materia sigue siendo la ausencia de participación de las mujeres como gobernadoras, presidentas municipales o en puestos de decisión dentro de la administración pública en general, por lo que se requiere el fortalecimiento de acciones y la generación de mecanismos efectivos para asegurar su inclusión en la vida política del país.

Es así que el reconocimiento del voto femenino debe ser una realidad en todo el país, acompañada del impulso de una agenda de género que promueva los derechos de las mujeres, con especial orientación en los sectores donde este derecho sigue siendo un tema pendiente, particularmente en comunidades indígenas y rurales.

De igual forma, es menester la modificación de estatutos comunitarios a fin de garantizar la representación equitativa y la plena participación de las mujeres, en armonía con los demás derechos colectivos. Haga clic aquí para acceder a la fuente de la noticia.

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