La violencia contra las mujeres es estructural y hay una dura resistencia para reconocer que existe y de la necesidad de un cambio que permita que las mujeres tengan los mismos derechos políticos que los hombres y que no sean amedrentadas por ejercerlos.
En el mundo político es de suponer que estos esquemas machistas se expresen de maneras incluso más violentas y crueles. Los reportes del Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional y de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) proporcionan evidencia al respecto. Por esto, en 2012 se aprobó la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres que reconoce el problema del ejercicio violento de la política especialmente en contra de las mujeres. El objetivo de los agresores es evitar que las mujeres tengan poder en el espacio público y que no ejerzan sus derechos políticos.
Esta ley se elaboró y aprobó como reacción al asesinato de Juana Quispe, concejal electa del municipio de Ancoraimes. Es tremendo que se tenga que elaborar leyes porque la gravedad del problema tiene un pico con un asesinato.
Haga clic aquí para leer el artículo completo por La Razón el 15 de febrero de 2021.
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