La violencia política hacia las mujeres es un obstáculo para la democracia paritaria
Source: Ahora
Por Belén Sanz Luque “Las mujeres no sirven para gobernar”, “Ninguna vieja más en el poder”, “Es tiempo de los hombres. Fuera Ruperta”, se leyó en bardas del municipio Iliatenco en el estado mexicano de Guerrero a seis días de las elecciones de 2021 en México. Ser mujer y postularse a una candidatura para la presidencia municipal fue suficiente para violentar a Ruperta Nicolás, indígena de 38 años y candidata del partido Movimiento Ciudadano, quien perdió contra Erick Sandro Leal, del Partido del Trabajo. Su apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima instancia de justicia electoral en México, concluyó en una sentencia histórica en la que por vez primera se anuló una elección debido a actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En su resolución, el TEPJF señaló que la pinta de bardas con mensajes estereotipados de género que hacían referencia a la incapacidad de las mujeres para gobernar y ocupar puestos de poder, tuvo un impacto negativo en el ejercicio de los derechos político-electorales de Ruperta Nicolás, afectando su imagen ante el electorado para impedirle así ocupar un cargo de elección popular. Este hecho marca un hito, pero ya en los últimos años México había dado pasos acelerados para incrementar la representación de las mujeres en la vida pública y política: con la reforma constitucional de 2014, que incorporó el principio de democracia paritaria; en 2019, con el principio constitucional de paridad de género en todos los poderes y niveles del Estado mexicano; y en 2020, con las reformas a ocho leyes de carácter nacional para definir y regular la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Según hemos documentado desde ONU Mujeres, dicha violencia representa uno de los mayores obstáculos para que las mujeres accedan y ejerzan cargos públicos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, en el marco del proceso electoral 2020-2021 se presentaron 147 quejas por actos de violencia política en razón de género, aunque otros datos, como los compilados por la consultora Etellekt, reflejan que durante dicho período se registraron 954 víctimas de violencia política, de las cuales 343 eran mujeres, incluyendo el lamentable asesinato de 15 de ellas, siete aspirantes y candidatas. Con este tipo de datos y experiencias, sabemos que la representación paritaria de las mujeres en la política no solo constituye un derecho fundamental, sino que además fortalece la democracia.
Por Belén Sanz Luque “Las mujeres no sirven para gobernar”, “Ninguna vieja más en el poder”, “Es tiempo de los hombres. Fuera Ruperta”, se leyó en bardas del municipio Iliatenco en el estado mexicano de Guerrero a seis días de las elecciones de 2021 en México. Ser mujer y postularse a una candidatura para la presidencia municipal fue suficiente para violentar a Ruperta Nicolás, indígena de 38 años y candidata del partido Movimiento Ciudadano, quien perdió contra Erick Sandro Leal, del Partido del Trabajo. Su apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima instancia de justicia electoral en México, concluyó en una sentencia histórica en la que por vez primera se anuló una elección debido a actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En su resolución, el TEPJF señaló que la pinta de bardas con mensajes estereotipados de género que hacían referencia a la incapacidad de las mujeres para gobernar y ocupar puestos de poder, tuvo un impacto negativo en el ejercicio de los derechos político-electorales de Ruperta Nicolás, afectando su imagen ante el electorado para impedirle así ocupar un cargo de elección popular. Este hecho marca un hito, pero ya en los últimos años México había dado pasos acelerados para incrementar la representación de las mujeres en la vida pública y política: con la reforma constitucional de 2014, que incorporó el principio de democracia paritaria; en 2019, con el principio constitucional de paridad de género en todos los poderes y niveles del Estado mexicano; y en 2020, con las reformas a ocho leyes de carácter nacional para definir y regular la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Según hemos documentado desde ONU Mujeres, dicha violencia representa uno de los mayores obstáculos para que las mujeres accedan y ejerzan cargos públicos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, en el marco del proceso electoral 2020-2021 se presentaron 147 quejas por actos de violencia política en razón de género, aunque otros datos, como los compilados por la consultora Etellekt, reflejan que durante dicho período se registraron 954 víctimas de violencia política, de las cuales 343 eran mujeres, incluyendo el lamentable asesinato de 15 de ellas, siete aspirantes y candidatas. Con este tipo de datos y experiencias, sabemos que la representación paritaria de las mujeres en la política no solo constituye un derecho fundamental, sino que además fortalece la democracia.