La promesa incumplida de los partidos con las mujeres en Chile
Source: El Libero
En agosto el Servel informó que descontaría a los partidos $21.782.310 por incumplimiento a la norma que indica que al menos un 10% del total de los aportes públicos entregados a cada colectividad debe ser utilizado para fomentar la participación de las mujeres. Para las parlamentarias de 2017, los dirigentes no tuvieron tapujos en confesar lo mucho que les costó lograr que, al menos, 40% de las candidatas inscritas en sus listas fuesen mujeres. Incluso se vieron afectadas en el financiamiento: más de un 35% no recibió aportes de sus partidos para hacer campaña.
El Senado despachó la reforma al capítulo XV de la Constitución que abre el camino al plebiscito del 26 de abril. Al igual que la Cámara de Diputados rechazó las indicaciones que aseguran escaños para pueblos originarios, independientes y paridad de género. Pese al rechazo, al igual que en la jornada del miércoles el debate por la paridad se tomó la agenda y la finalizar la sesión la senadora Isabel Allende (PS) introdujo una indicación que abarca los puntos rechazados y el voto de los chilenos en el exterior.
Los esfuerzos por propiciar la participación de las mujeres en los partidos políticos y en instancias deliberativas se hicieron patentes en 2017, cuando por primera vez se aplicaron las disposiciones de la Ley 20.840 -promulgada en 2015-, que reformó el sistema electoral al establecer que en las elecciones a legislador ningún género puede superar el 60% del total de los candidatos inscritos por los partidos a nivel nacional, pues de hacerlo toda la lista quedaría invalidada. La norma, además, entrega incentivos monetarios para la inclusión de mujeres mediante una mayor devolución de gastos de campaña. Los partidos políticos son compensados con 500 UF por cada una de sus candidatas mujeres electas, además la ley establece que candidatos y partidos tendrán una devolución adicional de 0,01 UF por voto obtenido por candidatas, un aumento de 25% en la devolución de gastos por voto en relación con los candidatos masculinos.
Haga clic aquí para leer el artículo completo publicado por El Libero el 20 de diciembre de 2019.
En agosto el Servel informó que descontaría a los partidos $21.782.310 por incumplimiento a la norma que indica que al menos un 10% del total de los aportes públicos entregados a cada colectividad debe ser utilizado para fomentar la participación de las mujeres. Para las parlamentarias de 2017, los dirigentes no tuvieron tapujos en confesar lo mucho que les costó lograr que, al menos, 40% de las candidatas inscritas en sus listas fuesen mujeres. Incluso se vieron afectadas en el financiamiento: más de un 35% no recibió aportes de sus partidos para hacer campaña.
El Senado despachó la reforma al capítulo XV de la Constitución que abre el camino al plebiscito del 26 de abril. Al igual que la Cámara de Diputados rechazó las indicaciones que aseguran escaños para pueblos originarios, independientes y paridad de género. Pese al rechazo, al igual que en la jornada del miércoles el debate por la paridad se tomó la agenda y la finalizar la sesión la senadora Isabel Allende (PS) introdujo una indicación que abarca los puntos rechazados y el voto de los chilenos en el exterior.
Los esfuerzos por propiciar la participación de las mujeres en los partidos políticos y en instancias deliberativas se hicieron patentes en 2017, cuando por primera vez se aplicaron las disposiciones de la Ley 20.840 -promulgada en 2015-, que reformó el sistema electoral al establecer que en las elecciones a legislador ningún género puede superar el 60% del total de los candidatos inscritos por los partidos a nivel nacional, pues de hacerlo toda la lista quedaría invalidada. La norma, además, entrega incentivos monetarios para la inclusión de mujeres mediante una mayor devolución de gastos de campaña. Los partidos políticos son compensados con 500 UF por cada una de sus candidatas mujeres electas, además la ley establece que candidatos y partidos tendrán una devolución adicional de 0,01 UF por voto obtenido por candidatas, un aumento de 25% en la devolución de gastos por voto en relación con los candidatos masculinos.
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