Mujer, desplazamiento y estigmatización
El conflicto armado en Colombia deja ya miles de mujeres en situación de pobreza, abuso, abandono y desprotección. No obstante el carácter de la política apunte a que su desarrollo sea diferencial; es aun atípico mostrar cifras concretas frente al restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto y los "avances" tan sonados, pero tan escasos por parte del gobierno nacional.
El Auto 092 de 2008 es un un instrumento en proceso de experimentación e implementaciòn. Bien se pudiera decir que han sido pocas las mujeres que se han beneficiado de algunos de los programas y acciones allí contempladas. La Ley 387 de 1997 deja sinsabores a las víctimas de desplazamiento forzado, quienes de alguna manera albergaban la esperanza de que su situación mejorara y que el Estado, en un todo, brindará las medidas de prevención, protección y atención contempladas en ella y en el Decreto 250 de 2005. La sentencia T-025 de 2004 buscaba mejorar las condiciones de las familias desplazadas y superar el Estado de Cosas Inconstitucional en que se encontraba la población afectada y daba un tinte de protección y atención a la mujer desplazada. De lo anterior se puede decir que todos los esfuerzos realizados por la Corte, de alguna manera se ven opacados con la nueva ruta trazada por el gobierno nacional con la aprobación de la Ley 1448 de 2011, que buscó conglomerar todo el marco legal de la política de atención a las víctimas de la violencia y dar sus primeros pasos para lograr establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en favor de los afectados.
Cientos de mujeres reclaman sus derechos y a pesar de existir colectivos de mujeres que a la fecha realizan un trabajo importante en defensa de sus derechos; aun el esfuerzo del estado por lograr que se incluya y se beneficie a todas las mujeres víctimas, es escaso.
¿Cuántos años más tendrán que pasar para que el estado, ahora a través de la Ley de víctimas y restitución de tierras (plazo de 10 años para su implementación), asuma una verdadera responsabilidad moral y legal para prevenir, proteger, asistir, atender y reparara de manera diferencial a las mujeres Colombianas?
Pareciera que la falta de coordinación de los programas de atención a nivel nacional, departamental y municipal nunca van a lograr articularse y coordinar verdaderas acciones en beneficio de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia.
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El conflicto armado en Colombia deja ya miles de mujeres en situación de pobreza, abuso, abandono y desprotección. No obstante el carácter de la política apunte a que su desarrollo sea diferencial; es aun atípico mostrar cifras concretas frente al restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto y los "avances" tan sonados, pero tan escasos por parte del gobierno nacional.
El Auto 092 de 2008 es un un instrumento en proceso de experimentación e implementaciòn. Bien se pudiera decir que han sido pocas las mujeres que se han beneficiado de algunos de los programas y acciones allí contempladas. La Ley 387 de 1997 deja sinsabores a las víctimas de desplazamiento forzado, quienes de alguna manera albergaban la esperanza de que su situación mejorara y que el Estado, en un todo, brindará las medidas de prevención, protección y atención contempladas en ella y en el Decreto 250 de 2005. La sentencia T-025 de 2004 buscaba mejorar las condiciones de las familias desplazadas y superar el Estado de Cosas Inconstitucional en que se encontraba la población afectada y daba un tinte de protección y atención a la mujer desplazada. De lo anterior se puede decir que todos los esfuerzos realizados por la Corte, de alguna manera se ven opacados con la nueva ruta trazada por el gobierno nacional con la aprobación de la Ley 1448 de 2011, que buscó conglomerar todo el marco legal de la política de atención a las víctimas de la violencia y dar sus primeros pasos para lograr establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en favor de los afectados.
Cientos de mujeres reclaman sus derechos y a pesar de existir colectivos de mujeres que a la fecha realizan un trabajo importante en defensa de sus derechos; aun el esfuerzo del estado por lograr que se incluya y se beneficie a todas las mujeres víctimas, es escaso.
¿Cuántos años más tendrán que pasar para que el estado, ahora a través de la Ley de víctimas y restitución de tierras (plazo de 10 años para su implementación), asuma una verdadera responsabilidad moral y legal para prevenir, proteger, asistir, atender y reparara de manera diferencial a las mujeres Colombianas?
Pareciera que la falta de coordinación de los programas de atención a nivel nacional, departamental y municipal nunca van a lograr articularse y coordinar verdaderas acciones en beneficio de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia.
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