por Dayeri Zapata, redactora de iKNOW Politics.
La representación política de la mujer ha sido un tema que se ha debatido en los últimos 20 años.
como un modo de generar conciencia sobre la importancia de mayores espacios de participación dentro de la política, muestra de esto han sido las cuotas de género que muchos países latinoamericanos han establecido para cumplir con cierto grado de igualdad. Sin embargo, estas cuotas no siempre han estado presentes, lo que ha generado formas alternativas para promover dicho derecho, un caso específico es la iniciativa multipartidaria impulsada en el año 2000 por diputadas electas al parlamento uruguayo (mejor conocida como Bancada Femenina), la cual tiene como precedente significativo la elección de más de diez mujeres legisladoras por primera vez en la historia del Uruguay.
La Bancada Femenina desde su formación convino que era preciso trabajar conjuntamente para promover una agenda en común y avanzar sobre la igualdad de género en el marco legislativo, pero sus acciones no solo se limitaron a presentar, modificar y derogar leyes; sino que asumieron un papel más activo representando a la ciudadanía y fiscalizando a otros poderes del Estado en materia de política de género y de reglamentación e implementación de las leyes con contenido de género. Esto produjo que la Bancada adquiriera legitimidad en la ciudadanía dada su transparencia y compromiso adquirido con las mujeres desde su constitución.
Dada la naturaleza de la Bancada, se observó una participación de la misma en los espacios de coordinación institucional de políticas o actividades vinculadas a la agenda de género, logrando posicionarse no solo como actor colectivo importante para la concreción de determinadas medidas legislativas, sino también como mediadora de las demandas de la ciudadanía uruguaya (particularmente las mujeres) cuando se miraba afectado el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.
Es pertinente reconocer que esta expresión de acción colectiva generada por las diputadas uruguayas, les permitió ser actoras críticas en la adaptación de nuevas formas de ejercer presión dentro de las estructuras del Estado, haciendo uso de los recursos con los cuales disponían en su momento para influir en el proceso de construcción y aplicación de las políticas de género.