Violence Against Women in Politics

La diputada Socorro Herrera Orta presentó una iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de que se incluya en el Sistema Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como su respectivo marco de atribuciones.

En el marco de la conferencia abierta Mujeres, Democracia, Violencia y Políticas Públicas en la II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, Juana María Gil Ruiz, catedrática de la Universidad de Granada, España, especialista en Filosofía y Derecho, presentó su ponencia “La agenda de las mujeres en las políticas públicas”, en donde destacó tres puntos importantes.

La secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, Rosa Peris, ha alertado de que en la Comunitat 66.000 mujeres podrían ser víctimas de violencia de género según los datos de una macroencuesta encargada por el Gobierno Central y que asegura que un 3% de las mujeres declaran ser víctimas de violencia machista. Así la dirigente socialista, que ha calificado el dato, de “escalofriante” ha explicado que si esos datos se extrapolan a la Comunitat estaríamos hablando de 66.000 valencianas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Alfredo Lagunas Rivera, afirmó que es urgente revertir la situación jurídica, estructural, social y política de los grupos vulnerables como son las mujeres ya que México enfrenta una profunda debilidad social e igualitaria de la que Oaxaca no es la excepción.

Además de ser víctimas de los métodos de tortura efectuados contra todos quienes pasaron por los múltiples centros de exterminio de la dictadura, más de tres mil mujeres sufrieron violencia sexual por parte de agentes del Estado. Pese a ello, hasta el momento solo se han presentado cinco querellas criminales y los torturadores siguen refugiándose en los pactos de silencio y la impunidad. Tanto las víctimas como las organizaciones de derechos humanos apuntan a la necesidad de visibilizar este delito, ante el peligro de que se naturalice y se repita.

El PSOE de León ha advertido de que la reforma de la Administración Local propuesta por el Gobierno central supone en la práctica la pérdida de servicios contra la violencia de género que prestan los municipios mayores de 20.000 habitantes y "rompe con toda la legislación vigente de lucha contra el maltrato a las mujeres".

En la conformación de los próximos ayuntamientos y la LX Legislatura, la representación de las mujeres seguirá siendo mínima en relación a la de los hombres, con lo que se evidencia una vez más que ese sector sigue siendo discriminado al interior de los partidos políticos, los cuales solo las utilizan para cumplir las formas legales.