A nombre propio y de las senadoras del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, propuso exhortar a los organismos públicos, a las fiscalías y procuradurías Generales de Justicia, y a los a los tribunales electorales, todos de la entidades federativas, para que establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres.
Lo anterior, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.
La legisladora señaló que aunado a lo establecido en el ámbito internacional, el marco jurídico nacional también se ocupa de la protección de los derechos de las mujeres y del principio de igualdad entre mujeres y hombres, a través de políticas públicas y de reformas en materia política.
El avance más reciente, dijo, es el principio de paridad en candidaturas federales y locales a cargos legislativos establecidos (50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres), en el artículo 41 de la Constitución en la reciente reforma política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014.
Desde la tribuna, subrayó que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015, y en lo que va del 2016, se conocen 103, en los que la víctima es una mujer.
Esta situación provoca que a la par de la reforma que ha impulsado la participación política de la mujer en espacios de decisión, se promuevan acciones e instrumentos operativos en defensa de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles.
En ese sentido, dijo que se han presentado diversas iniciativas, que buscan principalmente establecer el concepto de violencia política de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos, y el establecimiento de sanciones por la comisión de estos actos en la Ley General de Delitos Electorales.
En este contexto, la legisladora expuso que, en el mes de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron en conjunto el “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres”, el cual establece las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas, según se expone en dicho documento.
El Protocolo pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, y responde a la necesidad de contar con los lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género. Haga clic aquí para acceder a la fuente de este artículo.
A nombre propio y de las senadoras del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, propuso exhortar a los organismos públicos, a las fiscalías y procuradurías Generales de Justicia, y a los a los tribunales electorales, todos de la entidades federativas, para que establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres.
Lo anterior, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.
La legisladora señaló que aunado a lo establecido en el ámbito internacional, el marco jurídico nacional también se ocupa de la protección de los derechos de las mujeres y del principio de igualdad entre mujeres y hombres, a través de políticas públicas y de reformas en materia política.
El avance más reciente, dijo, es el principio de paridad en candidaturas federales y locales a cargos legislativos establecidos (50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres), en el artículo 41 de la Constitución en la reciente reforma política, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014.
Desde la tribuna, subrayó que la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015, y en lo que va del 2016, se conocen 103, en los que la víctima es una mujer.
Esta situación provoca que a la par de la reforma que ha impulsado la participación política de la mujer en espacios de decisión, se promuevan acciones e instrumentos operativos en defensa de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles.
En ese sentido, dijo que se han presentado diversas iniciativas, que buscan principalmente establecer el concepto de violencia política de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Partidos Políticos, y el establecimiento de sanciones por la comisión de estos actos en la Ley General de Delitos Electorales.
En este contexto, la legisladora expuso que, en el mes de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron en conjunto el “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres”, el cual establece las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas, según se expone en dicho documento.
El Protocolo pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, y responde a la necesidad de contar con los lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género. Haga clic aquí para acceder a la fuente de este artículo.
