Violencia y discriminación contra la mujer política
La violencia y la discriminacion hacia el género femenino, viene desde mucho tiempo atrás, y hoy en día existen países en los cuales se discrimina mucho a la mujer y no se le permite generalmente y positivamente su participación en la política. A pesar que en distintos países se han desarrollado eficientemente, la participación de las mujeres en la política es hasta rara, ya que muchos suelen decir: ¿quieres ser política? ponte los pantalones necesarios. Es irónico ¿no creen? Pero es la realidad. Como una vez lo escuché: "el mundo no será completamente democrático hasta que no le entregen las llaves de la política y la igualdad a la mujer.
Saludos a todas y todos,
Madaly Garay
Panamá
La violencia y la discriminacion hacia el género femenino, viene desde mucho tiempo atrás, y hoy en día existen países en los cuales se discrimina mucho a la mujer y no se le permite generalmente y positivamente su participación en la política. A pesar que en distintos países se han desarrollado eficientemente, la participación de las mujeres en la política es hasta rara, ya que muchos suelen decir: ¿quieres ser política? ponte los pantalones necesarios. Es irónico ¿no creen? Pero es la realidad. Como una vez lo escuché: "el mundo no será completamente democrático hasta que no le entregen las llaves de la política y la igualdad a la mujer.
Saludos a todas y todos,
Madaly Garay
Panamá
Violencia política contra mujeres: historias de nunca acabar
Por: Erika Brockmann Quiroga
Luego de las elecciones del 4 de abril del 2010, la Corte Departamental Electoral de La Paz acreditóa Juana Quispe Apaza como concejala titular del Municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos. Sin embargo, en franco desconocimiento a su investidura y, apoyados en resoluciones de las organizaciones sociales y dirigentes de la comunidad, su colegas concejales solicitaron al órgano electoral su remplazo por otro concejal. Desde un principio, la concejala Quispe interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales y el alcalde pues no se le permitía participar en sesiones. No obstante las acciones judiciales desplegadas, Juana denunció ser victima de acoso y hostigamiento sostenido. Hace unas semanas, su cadáver fue encontrado en un camino del Altiplano y, de acuerdo a la policía no se descarta que su muerte haya sido consecuencia de una venganza de orden político.
Casualmente, este trágico evento coincidió con el tratamiento del Proyecto de Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres, de la que Juana Quispe era una comprometida impulsora. Desde el año 2000, desde distintos espacios impulsamos la elaboración de una norma que prevenga y sancione esta violencia extrema que se registraba en los municipios predominantemente rurales y que adoptaba formas mas sutiles de hostigamiento en municipios urbanos. La iniciativa nació como respuesta a las primeras denuncias de violencia elevadas por las concejalas electas el año 1999. En ese momento el Foro Político de Mujeres y la naciente Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) se propuso tipificar y sancionar estos casos de atropello a los derechos políticos de las representantes ediles.
Por entonces, el bullado caso de “travestismo electoral” en el que los “Julios” y“Franciscos” se inscribieron como Julias y Franciscas a fin de “cumplir con las cuotas” recientemente implantadas, fue apenas la punta de un ovillo que develaría múltiples y diversas formas de violencia. Once años después las cifras del acoso y la violencia políticas superan todo cálculo, nos interpelan y obligan a acciones más contundentes para prevenir y sancionar su ocurrencia.
Para ello, la promulgación de la ley que hoy celebramos, es un paso importante pero insuficiente a fin de erradicar el machismo instalado en las prácticas sociales y políticas de la sociedad. Pero ¿cómo definir el acoso y la violencia política? Según el proyecto de Ley, el acoso político se refiere al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una o mas personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político publica, o en contra de sus familias con el propósito de impedir inducir u obligarlas a incumplir sus funciones y desistir del ejercicio legitimo de sus derechos políticos. La violencia alude a agresiones físicas, psicológicas y sexuales realizadas para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo, inducirla u obligarla a tomar decisiones en contra su voluntad. De acuerdo al proyecto, el acoso se sancionaría con dos a cinco anos y la violencia expresa con tres a ocho de reclusión.
Por ahora, ACOBOL cuenta con un registro de hasta 300 denuncias, apenas una parte de un estimado de 4000 casos de violencia contra las mujeres en 12 años (Bolivia.com– 03/05/3012), La gráfica adjunta incluye las denuncias correspondientes a 9 años, y dan cuenta del amplio rango de posibles formas de hostigamiento registradas en la realidad.
El catálogo de actos de acoso y/o violencia política establecidos por la ley, no son producto de la imaginación, son resultado del análisis y registro de situaciones vividas por cientos de mujeres víctimas que vieron vulnerados sus derechos políticos antes y/o después de los procesos electorales que permitieron su acceso a cargos de representación política nacional y subnacional. Se han conocido casos en los que, desde su designación como candidatas las mujeres fueron presionadas a firmar anticipadamente su renuncia a fin de asegurar la habilitación del varón suplente incluido en las listas en cumplimiento de los principios de paridad y alternancia vigentes desde el año 2009.
Luego de un largo proceso de discusión y socialización de la Ley, desde mi criterio innecesario y dilatorio, son muchas las lecciones aprendidas. Por ahora, esperamos que su sola aprobación sea una señal que disuada e inhiba estos comportamientos. Lo que queda es esperar a que su puesta en vigencia se acompañe de políticas de sensibilización y capacitación de las y los operadores de justicia y dirigencia política que garantice no solo la prevención y sanción de esta violencia, sino ante todo de cambios sustantivos en la cultura política no siempre democrática de la sociedad boliviana.
Ley contra la violencia y el acoso contra la mujer en política
Por María Eugenia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
En Bolivia, año tras año cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios políticos, sufren acoso y violencia política por motivos de género que representan el quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles, paulatinamente más generalizado y tolerado social y políticamente. La violencia contra las mujeres autoridades, que ocupan cargos y funciones públicas, electas por voto popular, generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para su cumplimiento.
En consecuencia el acoso y la violencia política se constituyen como un problema de toda la sociedad en su conjunto, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso se presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros, considerados no muy graves, al haber naturalizado la misma. En este sentidoel presente estudio hace un balance del estado de situación que servirá para debatir este tipo de violencia hacia las mujeres, cuestionando a que se adopte un posición activa desde la exigibilidad de los derechos por parte de la sociedad civil como del estado al ser responsable y garante de estos derechos, lo contrario significaría una aprobación silenciosa de la sociedad en su conjunto.
Esperando contribuir a este propósito, el estudio revela y ofrece un marco conceptual, normativo y jurisprudencia nacional e internacional, además de algunas constataciones y diversas prácticas perversas y aproximaciones conceptuales sobre el acoso y la violencia política. El documento expresa adicionalmente que la violencia política como uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos y constitucionales de las autoridades políticas femeninas en etapas pre electorales, durante y post electorales, a la vez que una de las más comunes en la región. También es un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad. Aborda las dificultades de aplicar la normatividad actual y los mecanismos insuficientes y/o inexistentes para su cumplimiento.
Por ello plantea la necesidad y pertinencia de la elaboración de un proyecto de Ley que determine las causas, sus efectos y la sanción respectiva a los(las) agresores(ras). Ya que en el nivel local municipal, especialmente, los diversos tipos acoso y violencia política, frenan la gestión pública, por tanto puede constituir un costo mayor al momento de prestar o ejecutar servicios al cual cometen no los preste o lo haga de manera claramente deficitaria conforme a los planes y programas marcados por el propio municipio.
Por ello es preciso determinar fehacientemente que en Bolivia, como en otros países los “conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos” debido a razones e intereses partidarios, políticos, machistas o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres siendo necesarios acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales. En muchos casos se plantean la ambigüedad, quedando impunes todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento
Desde Argentina
Estimadas,
Me permito felicitarlas por la sanción de la ley porque creo que la lucha de todas y cada una de ustedes ha sido determinante en la pronunciación de la misma. Asimismo, me permito proponerles humildemente que sería muy noble darle el nombre de "LEY Quispe Apaza" como un merecido homenaje post mortem para validar la lucha que Juana del Municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos, tuvo la valentía de enfrentar y que culminara con su deceso trágico. Con la convicción que todo obstáculo resulta superado si estamos unidas y organizadas, les hago llegar mis respetos desde mi querido país Argentina.
Monona
Más sobre la Ley contra el acoso y violencia hacia las políticas
Una ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres es el medio no el FIN!! Promover la atención y defensa de los casos ahora es una prioridad nacional en Bolivia!!
Autora: María Eugenia Rojas Valverde
En Bolivia, año tras año cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios políticos, sufren acoso y violencia política por motivos de género que representanel quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles, paulatinamente más generalizada y tolerada social y políticamente. La violencia contra las mujeres autoridades, que ocupan cargos y funciones públicas, electas por voto popular, generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para su cumplimiento.
El acoso y la violencia política, es un problema considerable en la sociedad, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso se presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros, considerados no muy graves. En el trabajo contra este tipo de violencia hacia las mujeres sino se adopta un posición activa, significa una aprobación silenciosa de la sociedad en su conjunto.
La violencia de cualquier índole es uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos, a la vez que una de las más comunes en todo el mundo. También es un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad.
En el nivel local municipal, los diversos tipos acoso y violencia política, frena la gestión pública, por tanto puede constituir en un costo mayor para el municipio-gobernación al momento de prestar o ejecutar servicios al cual cometen no los preste o lo haga de manera claramente deficitaria conforme a los planes y programas marcados por el propio municipio.
En Bolivia, como en otros países los “conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos” debido a razones e intereses partidarios, políticos, machistas o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres siendo necesarios acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales. En muchos casos se plantean la ambigüedad, quedando impunes todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento.
Algunos datos[1] nos muestran la frecuencia y gravedad de este problema. Desde el año 2000 a la fecha más de mil casos fueron denunciados verbalmente, se estima que son cuatro veces más los casos en subregistros o los no denunciados, la mayoría de ellos, tenían por fin, obtener la renuncia al cargo o a la organización política a la que se pertenecía por medio de la violencia física, psicológica e incluso sexual empleada por los agresores.
“Me encerraron en una habitación, me golpearon y luego fui amenazada con una pistola para que firmara mi renuncia",dice uno de los 168 testimonios recogidos por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), que reivindica el derecho de las mujeres a ejercer una función pública.
Datos de investigaciones acerca de la participación política de las mujeres, revelan las dificultades que enfrentan para acceder a los espacios políticos, así como para mantenerse en ellos una vez que han llegado y ejercer sus funciones. El acoso y la violencia política han sido documentados y denunciados como mecanismos que buscan la exclusión de las mujeres de la vida política y que frenan su participación, especialmente en los espacios de toma de decisión y ejercicio del poder.
Los patrones sociales, culturales e institucionales vigentes, restringen el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y su acceso a espacios de decisión y representación política, esto acompañado a prejuicios, falta de credibilidad y la desvalorización, son causas fundamentales para que las mujeres se conviertan en víctimas de acoso y violencia política.
Suman ya 12 años que se revisa desde que se recibió el primer caso por violencia política, y el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley, luego Proyecto de Ley en sus innumerables versiones fueuna iniciativa legislativa presentada por la sociedad civil en la Legislatura 2004 que fue entonces aprobada Cámara de Cenadores, replanteada y repuesta en otra Legislatura aprobada en junio 2006 y aprobada también en grande en Cámara de Diputados, se contó con el apoyo e informes favorables de varias Ministras de Estado.
Este largo proceso, fue visibilizando los actos y delitos cometidos contra mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos planteado pioneramente por ACOBOL, con el apoyo de diferentes iniciativas de organismos nacionales e internacionales contribuyeron a mejorar la propuesta, para finalmente, el año 2011 al conformarse una gran Alianza entre las organizaciones sociales de mujeres, Plataforma de Asambleístas, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa desde las Mujeres y priorizar la aprobación de esta LEY, fue nuevamente, presentada, para su consideración inicial en la Comisión de Derechos Humanos con quien se revisó y discutió su contenido, comprendiéndose que esta norma constituye una respuesta por parte del Estado ante las limitantes que viven las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, que permite cumplir el mandato constitucional de proteger el derecho a la participación y a una vida libre de violencia, en particular a las mujeres, así como cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que nacen de la ratificación por parte de Bolivia de importantes instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y de las recomendaciones de mecanismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos (2010) y el Comité para la Discriminación Contra la Mujer (2008).
Esta Ley además se enmarca en lo dispuesto en el DS. 29850 Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres construyendo una nueva Bolivia para Vivir Bien”, donde uno de sus ejes de desarrollo es la participación de las mujeres en espacios de decisión, y quese ha fijado la meta de que:“Hasta el 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, ha generado las condiciones para la reducción de barreras que limitan la participación de las mujeres en espacios de decisión, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades”.
Las resoluciones de la Cumbre de Mujeres llevada a cabo en la ciudad de Cochabamba el mes de Junio de 2011, en su primer punto demandan la aprobación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Estos cambios, que surgen a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia con términos y artículos a favor de las mujeres en diversas áreas, en especial en el área de la representación y la participación política, intrínsecamente se ha promovido el cambio de paradigmas jurídicos tradicionales, en sus leyes derivadas y específicas.
Según NNUU, 2009, el reconocimiento jurídico, las cuotas y otras, normas de discriminación positiva, en el caso Latinoamericano, indica que las organizaciones feministas y de mujeres fueron el movimiento social que hizo posible la visibilización de las problemáticas de la violencia y la construcción de redes que desarrollaron estrategias para eliminar la violencia y desmontar las bases que la sustentan. La lucha contra la violencia es uno de los mejores ejemplos de articulación entre la existencia de un movimiento social activo y el desarrollo de políticas para una ciudadanía plena.
La propuesta en Bolivia, Con Sentido de Urgencia: propuestas de políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, del Sistema de NNUU, elaborado por Silvia Salinas, 2011, señala:
Considerando la extrema urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad boliviana y valorando la riqueza generada por el diálogo, búsqueda de consenso y construcción colectiva entre el Gobierno, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, activistas, feministas, redes, plataformas, campañas y agencias de cooperación internacional para la elaboración de propuestas y recomendaciones hacia políticas públicas que puedan ser recogidas por todas las instancias involucradas con un sentido de corresponsabilidad en la tarea de acabar con la violencia contra las mujeres.
Destacando como puntos críticos y prioritarios; el fortalecimiento institucional en todos los ámbitos del Estado: Nacional, Departamental y Municipal, la corresponsabilidad entre Gobierno y Sociedad Civil para que la tarea de acabar con la violencia contra las mujeres sea un Política de Estado y no sólo una política de gobierno, que estas políticas vayan acompañadas de un adecuado y suficiente presupuesto en todas las instancias (nacional, departamental y municipal). Que la mirada de la violencia contra las mujeres sea estructural e integral, sin fragmentarla o invisivilizando formas solapadas de violencia.
En la temática particular que nos preocupa, no ha existido una corresponsabilidad explícita por parte del ESTADO ni de ningún gobierno de turno, cuando le ha tocado o han tenido la oportunidad de responder a esta demanda, mandato y orden, desde la exigibilidad y cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres. El llamado, para que el Estado las cumpla. En este caso la política pública ha surgido desde la demanda de las mujeres en la participación política y desde la sociedad civil, pero que finalmente cae en la voluntad política de LOS HOMBRES y algunas mujeres, que al coexistir en un marco de doble entrada (jugada) y una doble intencionalidad; a) el ser políticos (as) y b) abogar por una LCAVPRG en contra de la política perversa que daña, hostiga, maltrata, avasalla, la libertad de miles de mujeres en la política. Entonces, en ese momento se confronta un “conflicto de intereses” al interior de la política y los políticos que se desentienden.
Pese a todo, está la ilusión de miles de mujeres bolivianas expectantes, de poder contar con un proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres aprobado lo más pronto posible.
[1]Datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
Respuesta desde Colombia
Un cordial saludo para todas,
En Bogotá , Colombia, cursa en el Congreso a través de la bancada del Movimiento Político MIRA, un proyecto de ley que busca castigar duramente a todos los agresores con ácido, ya que en este país se han incrementado cada día más este tipo de agresiones por parte de los cónyuges y delincuentes que utilizan ácidos pata desfigurar a sus víctimas. Víctimas que en gran número son mujeres. Dentro del proyecto de ley, los objetivos son: pena de 20 años de cárcel, para el agresor, que las entidades de salud atiendan a las personas victimas de éste flagelo no con una estética sino con una cirugía reconstructiva ya que las mujeres quedan totalmente desfiguradas., En algunos casos han perdido sus ojos, y el cabello. Que las reincorporen a sus trabajos. Penas mas altas para los agresores de niños y personas que utilicen su rostro como imagen de trabajo, y las mujeres. VAMOS EN PRO DE LAS MUJERES, NO MAS FLAGELO CONTRA ELLAS. CLEMENCIA AVILA NICHOLLS EDILESA MOVIMIENTO MIRA BOGOTA, COLOMBIA CEL. 3164607007
Más de la ley sobre violencia contra las políticas
Considero que en la mayoría de países de nuestro continente, la violencia contra las mujeres en política es una constante al igual que la discriminación que se da por muchos factores, entre ellos el cultural que sigue a pesar que estamos en el siglo XXI, visibilizando a la mujer entre muros, cuidando del hogar y de las personas que allí comparten, pero también son violentados sus derechos por parte de las mismas mujeres, quienes les critican, cuestionan su participación y las tildan de diversas formas. Por lo que una ley en este sentido contribuirá a ir reduciendo este tipo de agresiones, si es que se aplica. Pero previo a ello es necesario el acceso a información para la población y para los y las operadoras del sector justicia para garantizar su plena aplicación. También convendría que en la ley se contemplase una caución económica ya que a las personas les duele que les toquen sus recursos económicos.
Un excelente fin de semana a todas y todos,
Elizabeth Quiroa
Evo promulga la ley que pena el acoso político a la mujer
El presidente Evo Morales promulgó anoche la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que introduce dos nuevas figuras en el Código Penal: acoso político y violencia política contra las mujeres, cuyas sentencias van de dos a ocho años de privación de libertad.
En la promulgación participaron la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño; la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, y representantes de organizaciones sociales. “Esperamos que sea un gran aporte de la Asamblea y que esto permita una mayor participación de las mujeres”, señaló el Mandatario.
Para leer la noticia completa, publicada el 29 de mayo de 2012, por favor haz clic aquí
Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres
Bolivia: Punto de Inflexión. Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres
Más de 4.000 denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres y muchas víctimas con voces silenciadas fueron la antesala para la aprobación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
12 años de lucha política duró el recorrido del proyecto de ley, el mismo fue iniciado en 2001 y liderado en forma sostenible por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL), y respaldado en todo su tránsito por organizaciones e instituciones de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, este movimiento de mujeres plurales y diversas tiene objetivos y resultados históricos, entre ellos, la visibilización de la violencia contra las mujeres ligada a la ideología política y el posicionamiento en la mesa de debate de la impunidad de la violencia contra la participación política de la mujer.
Finalmente el 21 de mayo la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, luego que su tratamiento fuese reiteradamente postergado hasta el cambio de gestión legislativa. Durante la gestión 2005-2009 el proyecto de Ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y remitida a la Cámara de Senadores.
La Ley se constituye en una herramienta fundamental para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, protegiendo a todas las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político-pública. La aprobación de esta normativa se produce en un escenario político en el cual recientemente se ha logrado garantizar la protección normativa respecto a los principios de paridad, alternancia y equivalencia de género en los espacios de decisión y la ampliación de la participación política de las mujeres en diferentes niveles y órganos del Estado. En este marco, la reglamentación en materia de acoso y violencia política contra mujeres electas era un aspecto pendiente para efectivizar el ejercicio de sus derechos políticos.
La ley aprobada, plantea la definición de los actos de acoso y violencia política y establece los mecanismos de prevención, atención y sanción contra estos hechos y asimismo, se constituye en importante mecanismo para enfrentar la persistente y sistémica vulneración de los derechos humanos de las mujeres políticas, a la participación en los espacios de decisión con equidad, a la vida, a la integridad, a que se respete su dignidad, entre otros.
La Concejala Juana Quispe denunció que sufría acoso político
A pesar de la gravedad de la violencia política contra las mujeres, la misma no fue la reconocida como prioridad, lo que inevitablemente ha generado impunidad y un incremento de los hechos perjudiciales en contra de ellas, factor que ha impedido su acceso y presencia en la política. Los hechos no son casuales son el resultado del sistema patriarcal imperante, entre sus consecuencias más corrosivas en la sociedad está la invisibilización, ausencia o disminución de la presencia de las demandas de las mujeres en el escenario público-politico, esto repercute en la descalificación de sus intereses y en la falta de políticas públicas efectivas que modifiquen sus condiciones de vida.
La concejala de Ancoraimes, provincia Omasuyos, Juana Quispe –cuyo cadáver fue hallado el martes 13 de marzo pasado– fue gestora del proyecto de acoso y violencia política de género al haber denunciado “maltratos por parte de los concejales y el Alcalde de su población, presentó dos amparos denunciando abusos físicos y verbales que no le permitieron ejercer sus derechos políticos” de acuerdo con datos de ACOBOL. Los móviles sobre el crimen todavía no han sido resueltos, pero son una muestra contundente de la gravedad de la violencia contra las mujeres que ejercen puestos de responsabilidad política. El análisis de los principales actos de violencia contra las mujeres se refieren a la presión para la renuncia; a los actos de violencia (sexual, física y psicológica) y exceso de autoridad; al Impedimento en el ejercicio de sus func! iones; congelamiento ilegal de su salario; discriminación, difamación y calumnia.
Dada la magnitud de la problemática de violencia y acoso político en Bolivia tanto en las zonas rurales como urbanas, esta norma será una respuesta concreta a la necesidad de protección de las mujeres que participan en el ámbito político y que han incrementado significativamente su participación en los últimos años.
Datos de la Participación Política de las Mujeres
De acuerdo con los datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer en los gobiernos departamentales, el 83% de los titulares son hombres y sólo 17% mujeres. En el caso de las gobernaciones sólo una gobernación estuvo liderizada por una mujer, luego de las elecciones de 2010, es el caso de Chuquisaca.
En los gobiernos municipales, se registra la presencia de sólo 22 alcaldesas en los 337 municipios del país en 2010, mientras que en el caso de concejalas se observa un visible incremento en el número de mujeres asumiendo puestos titulares en los Concejos, en comparación al periodo anterior de 19% (2005) a 43% (2010).
El Órgano Ejecutivo aunque no cuenta con un mecanismo de acción positiva específico, logró alcanzar el 50% de participación femenina en el Gabinete de Ministros, viéndose al momento reducido en un 35% de ministras.
El nuevo Órgano Electoral Plurinacional ha determinado que 66% de los y las vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, esté compuesto por mujeres y 90% de los mismos estén presididos por mujeres. En el caso del Tribunal supremo Electoral, 42% de los/as vocales son mujeres.
En el caso del Órgano Judicial, el promedio de participación de mujeres en estas instancias alcanza el 43% de titulares 33% en el Tribunal Supremo de Justicia, 57% en el Tribunal Constitucional, 43% en el Tribunal Agroambiental y 40% en el Consejo de la Magistratura.
Entre 2000 y 2009 ACOBOL documentó 249 testimonios y denuncias de violencia y acoso político, un promedio de 28 casos por año. Se ha evidenciado también que existe subregistro de casos de violencia política por temor a represalias o por la desconfianza a que estas situaciones puedan solucionarse.
El acoso una forma de violencia institucionalizada
Los casos se refieren a insinuaciones, burlas y hostigamientos permanentes hasta la expulsión de sesiones, secuestros, agresiones físicas, verbales o sexuales para lograr la renuncia de las mujeres que asumieron la función política o para evitar se presenten en las sesiones o para obligarlas a participar en decisiones en contra de su voluntad. Se trata también de amenazas y amedrentamientos contra la familia de las autoridades electas o difusión de calumnias.
Una vez que la Ley se promulgue se inician nuevas tareas vinculadas con la vigilancia a la adecuada implementación de la Ley, la elaboración del Reglamento y la inclusión del delito de Acoso Político en el Código Penal, asimismo, el Órgano Electoral deberá prever el desarrollo de las medidas y mecanismos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y tareas previstas en la ley, la amplia difusión de sus contenidos y la coordinación con el Órgano Judicial para la aplicación de sanciones. El movimiento de mujeres plurales y diversas ha comprometido su vigilancia a todo este proceso.
Katia Uriona Gamarra
Feminista -Secretaria Ejecutiva
Coordinadora de la Mujer
COORDINADORA DE LA MUJER
Av. Arce No.2132, Edif. Illampu Piso 1 Of.A
Telf/fax (00591-2) 2444922 - 2444923 - 2444924
e-mail: comunicación@coordinadoradelamujer.org.bo
www.coordinadoradelamujer.org.bo www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio
La Paz - Bolivia
ACOBOL repudia el asesinato de la concejala Daguimar Ribera
La Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) lamenta comunicar el fallecimiento de la que en vida fue concejala por el municipio de Guayaramerin de la provincia Vaca Diez del departamento de Beni, la Sra. Daguimar Ribera Ortiz.
Cuerpo:
La Asociación se solidariza con los familiares y allegados de la víctima, quien participó activamente en varias ocasiones de los diferentes talleres y capacitaciones que ACOBOL realiza periódicamente.
La información difundida por diferentes medios de comunicación, indica que el asesinato fue perpetrado de manera muy violenta por personas enmascaradas que dispararon en tres ocasiones contra la humanidad de la Concejala.
De acuerdo a las versiones de testigos que se comunicaron con la radio ERBOL, estos hicieron referencia a que una carta anónima fue leída la noche del lunes en un medio de comunicación local anunciando la muerte de la concejala y de otros opositores al actual gobierno municipal, además del nacional.
Lamentablemente, este se convierte en un hecho más que enluta a ACOBOL y sus 9 asociaciones departamentales.
Por los antecedentes y la forma en que se produjo este horrible asesinato, la muerte de la Concejala no puede quedar impune…
Paz en la tumba de la Concejala Daguimar Ribera Ortiz
Alerta sobre asesinato de concejala en Bolivia
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) alerta del lamentable asesinato de la Concejala Daguimar Ribera Ortiz en Bolivia, miembro activa de ACOBOL (Asociación de Concejalas de Bolivia) organización integrante de la Redlad.
Sicarios dispararon y asesinaron a la dirigente y concejala Daguimar Ribera la madrugada del 19 de junio de 2012, esto en el municipio de Guayaramerín (Departamento de Beni, Bolivia). Se argumenta que el homicidio se ha dado por motivos políticos en relación con actos de corrupción y malversación de fondos en la Alcaldía de la ciudad, denunciados días atrás por la concejala. De acuerdo con varios testigos, hace unos días se leyó en un medio de comunicación local, una carta anónima anunciando la muerte de la Concejala Ribera y otras figuras de oposición.
Si bien, Alexander Guzmán, Alcalde de Guayamerín, ha asegurado carecer de responsabilidad sobre la muerte de la activista. No obstante, Ernesto Suárez, ex gobernador de Beni, ha solicitado una investigación exhaustiva de los hechos, a la vez que, la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa "Convergencia Nacional", indica la existencia de numerosas amenazas de muerte hacia otras y otros concejales opositores presentes en la localidad.
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos integrada por más de 450 organizaciones. Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD):
- Se solidariza con los familiares y allegados de la concejala Ribera, y así mismo, con la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), organización activa y aliada de la Redlad.
- Denuncia la persecución de la oposición política y ciudadana en el Departamento de Beni y alerta a las autoridades bolivianas para tomar cartas en el asunto y evitar que sucedan nuevos derramamientos de sangre ni que la persecución alcance niveles nacionales.
- Insta al presidente Evo Morales para tomar cartas en el asunto y manifestar la importancia de la oposición política, partidista y ciudadana como único mecanismo real de lograr una democracia plena basada en el diálogo, la construcción de consensos, el respeto de libertades fundamentales y la concertación social.
- Hace un llamado a los gobiernos democráticos del mundo, académicos, organizaciones de la sociedad civil e intelectuales para que se manifiesten sobre los hechos y den a conocer la importancia de una oposición política como garante del orden democrático, el pluralismo político y el pluripartidismo.
Secretariado Permanente
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
San José, Costa Rica
Acabo de leer este artículo y lo comparto con ustedes
Bolivia: piden cumplir ley contra el acoso político
La Asociación de Mujeres Concejalas de Bolivia (Acobol) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) arribaron a un convenio para que en los concejos municipales de todo el país se cumpla la Ley Contra el Acoso Político, según dijo la concejala de Cercado, María Isabel Caero.
Para leer la noticia completa, publicada el 5 de setiembre, por favor haz clic aquí
Violencia política contra mujeres: historias de nunca acabar
Por: Erika Brockmann Quiroga
Luego de las elecciones del 4 de abril del 2010, la Corte Departamental Electoral de La Paz acreditóa Juana Quispe Apaza como concejala titular del Municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos. Sin embargo, en franco desconocimiento a su investidura y, apoyados en resoluciones de las organizaciones sociales y dirigentes de la comunidad, su colegas concejales solicitaron al órgano electoral su remplazo por otro concejal. Desde un principio, la concejala Quispe interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales y el alcalde pues no se le permitía participar en sesiones. No obstante las acciones judiciales desplegadas, Juana denunció ser victima de acoso y hostigamiento sostenido. Hace unas semanas, su cadáver fue encontrado en un camino del Altiplano y, de acuerdo a la policía no se descarta que su muerte haya sido consecuencia de una venganza de orden político.
Casualmente, este trágico evento coincidió con el tratamiento del Proyecto de Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres, de la que Juana Quispe era una comprometida impulsora. Desde el año 2000, desde distintos espacios impulsamos la elaboración de una norma que prevenga y sancione esta violencia extrema que se registraba en los municipios predominantemente rurales y que adoptaba formas mas sutiles de hostigamiento en municipios urbanos. La iniciativa nació como respuesta a las primeras denuncias de violencia elevadas por las concejalas electas el año 1999. En ese momento el Foro Político de Mujeres y la naciente Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) se propuso tipificar y sancionar estos casos de atropello a los derechos políticos de las representantes ediles.
Por entonces, el bullado caso de “travestismo electoral” en el que los “Julios” y“Franciscos” se inscribieron como Julias y Franciscas a fin de “cumplir con las cuotas” recientemente implantadas, fue apenas la punta de un ovillo que develaría múltiples y diversas formas de violencia. Once años después las cifras del acoso y la violencia políticas superan todo cálculo, nos interpelan y obligan a acciones más contundentes para prevenir y sancionar su ocurrencia.
Para ello, la promulgación de la ley que hoy celebramos, es un paso importante pero insuficiente a fin de erradicar el machismo instalado en las prácticas sociales y políticas de la sociedad. Pero ¿cómo definir el acoso y la violencia política? Según el proyecto de Ley, el acoso político se refiere al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una o mas personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político publica, o en contra de sus familias con el propósito de impedir inducir u obligarlas a incumplir sus funciones y desistir del ejercicio legitimo de sus derechos políticos. La violencia alude a agresiones físicas, psicológicas y sexuales realizadas para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo, inducirla u obligarla a tomar decisiones en contra su voluntad. De acuerdo al proyecto, el acoso se sancionaría con dos a cinco anos y la violencia expresa con tres a ocho de reclusión.
Por ahora, ACOBOL cuenta con un registro de hasta 300 denuncias, apenas una parte de un estimado de 4000 casos de violencia contra las mujeres en 12 años (Bolivia.com– 03/05/3012), La gráfica adjunta incluye las denuncias correspondientes a 9 años, y dan cuenta del amplio rango de posibles formas de hostigamiento registradas en la realidad.
El catálogo de actos de acoso y/o violencia política establecidos por la ley, no son producto de la imaginación, son resultado del análisis y registro de situaciones vividas por cientos de mujeres víctimas que vieron vulnerados sus derechos políticos antes y/o después de los procesos electorales que permitieron su acceso a cargos de representación política nacional y subnacional. Se han conocido casos en los que, desde su designación como candidatas las mujeres fueron presionadas a firmar anticipadamente su renuncia a fin de asegurar la habilitación del varón suplente incluido en las listas en cumplimiento de los principios de paridad y alternancia vigentes desde el año 2009.
Luego de un largo proceso de discusión y socialización de la Ley, desde mi criterio innecesario y dilatorio, son muchas las lecciones aprendidas. Por ahora, esperamos que su sola aprobación sea una señal que disuada e inhiba estos comportamientos. Lo que queda es esperar a que su puesta en vigencia se acompañe de políticas de sensibilización y capacitación de las y los operadores de justicia y dirigencia política que garantice no solo la prevención y sanción de esta violencia, sino ante todo de cambios sustantivos en la cultura política no siempre democrática de la sociedad boliviana.
Ley contra la violencia y el acoso contra la mujer en política
Por María Eugenia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
En Bolivia, año tras año cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios políticos, sufren acoso y violencia política por motivos de género que representan el quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles, paulatinamente más generalizado y tolerado social y políticamente. La violencia contra las mujeres autoridades, que ocupan cargos y funciones públicas, electas por voto popular, generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para su cumplimiento.
En consecuencia el acoso y la violencia política se constituyen como un problema de toda la sociedad en su conjunto, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso se presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros, considerados no muy graves, al haber naturalizado la misma. En este sentidoel presente estudio hace un balance del estado de situación que servirá para debatir este tipo de violencia hacia las mujeres, cuestionando a que se adopte un posición activa desde la exigibilidad de los derechos por parte de la sociedad civil como del estado al ser responsable y garante de estos derechos, lo contrario significaría una aprobación silenciosa de la sociedad en su conjunto.
Esperando contribuir a este propósito, el estudio revela y ofrece un marco conceptual, normativo y jurisprudencia nacional e internacional, además de algunas constataciones y diversas prácticas perversas y aproximaciones conceptuales sobre el acoso y la violencia política. El documento expresa adicionalmente que la violencia política como uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos y constitucionales de las autoridades políticas femeninas en etapas pre electorales, durante y post electorales, a la vez que una de las más comunes en la región. También es un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad. Aborda las dificultades de aplicar la normatividad actual y los mecanismos insuficientes y/o inexistentes para su cumplimiento.
Por ello plantea la necesidad y pertinencia de la elaboración de un proyecto de Ley que determine las causas, sus efectos y la sanción respectiva a los(las) agresores(ras). Ya que en el nivel local municipal, especialmente, los diversos tipos acoso y violencia política, frenan la gestión pública, por tanto puede constituir un costo mayor al momento de prestar o ejecutar servicios al cual cometen no los preste o lo haga de manera claramente deficitaria conforme a los planes y programas marcados por el propio municipio.
Por ello es preciso determinar fehacientemente que en Bolivia, como en otros países los “conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos” debido a razones e intereses partidarios, políticos, machistas o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres siendo necesarios acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales. En muchos casos se plantean la ambigüedad, quedando impunes todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento
Desde Argentina
Estimadas,
Me permito felicitarlas por la sanción de la ley porque creo que la lucha de todas y cada una de ustedes ha sido determinante en la pronunciación de la misma. Asimismo, me permito proponerles humildemente que sería muy noble darle el nombre de "LEY Quispe Apaza" como un merecido homenaje post mortem para validar la lucha que Juana del Municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos, tuvo la valentía de enfrentar y que culminara con su deceso trágico. Con la convicción que todo obstáculo resulta superado si estamos unidas y organizadas, les hago llegar mis respetos desde mi querido país Argentina.
Monona
Más sobre la Ley contra el acoso y violencia hacia las políticas
Una ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres es el medio no el FIN!! Promover la atención y defensa de los casos ahora es una prioridad nacional en Bolivia!!
Autora: María Eugenia Rojas Valverde
En Bolivia, año tras año cientos de mujeres que incursionan en la esfera pública y ocupan espacios políticos, sufren acoso y violencia política por motivos de género que representanel quebrantamiento de los derechos políticos, ciudadanos y civiles, paulatinamente más generalizada y tolerada social y políticamente. La violencia contra las mujeres autoridades, que ocupan cargos y funciones públicas, electas por voto popular, generan cuestionamientos en cuanto al avance y desarrollo legislativo frente a la instauración de mecanismos e institucionalidad de los mismos para su cumplimiento.
El acoso y la violencia política, es un problema considerable en la sociedad, que puede manifestarse bajo diferentes formas. En este caso se presenta en la esfera pública, bajo formas de abusos, amenazas, hostigamientos y otros, considerados no muy graves. En el trabajo contra este tipo de violencia hacia las mujeres sino se adopta un posición activa, significa una aprobación silenciosa de la sociedad en su conjunto.
La violencia de cualquier índole es uno de los mayores exponentes de la violación de los derechos humanos, a la vez que una de las más comunes en todo el mundo. También es un obstáculo para el logro de muchas de las metas del desarrollo, una de las mayores amenazas para la salud pública, un obstáculo y una barrera en el acceso a la participación política de mujeres y el afianzamiento de la democracia y la buena gobernabilidad.
En el nivel local municipal, los diversos tipos acoso y violencia política, frena la gestión pública, por tanto puede constituir en un costo mayor para el municipio-gobernación al momento de prestar o ejecutar servicios al cual cometen no los preste o lo haga de manera claramente deficitaria conforme a los planes y programas marcados por el propio municipio.
En Bolivia, como en otros países los “conflictos generados por razones de género en ámbitos públicos” debido a razones e intereses partidarios, políticos, machistas o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el ejercicio de las mujeres siendo necesarios acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales. En muchos casos se plantean la ambigüedad, quedando impunes todos los casos relacionados a estas nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento.
Algunos datos[1] nos muestran la frecuencia y gravedad de este problema. Desde el año 2000 a la fecha más de mil casos fueron denunciados verbalmente, se estima que son cuatro veces más los casos en subregistros o los no denunciados, la mayoría de ellos, tenían por fin, obtener la renuncia al cargo o a la organización política a la que se pertenecía por medio de la violencia física, psicológica e incluso sexual empleada por los agresores.
“Me encerraron en una habitación, me golpearon y luego fui amenazada con una pistola para que firmara mi renuncia",dice uno de los 168 testimonios recogidos por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), que reivindica el derecho de las mujeres a ejercer una función pública.
Datos de investigaciones acerca de la participación política de las mujeres, revelan las dificultades que enfrentan para acceder a los espacios políticos, así como para mantenerse en ellos una vez que han llegado y ejercer sus funciones. El acoso y la violencia política han sido documentados y denunciados como mecanismos que buscan la exclusión de las mujeres de la vida política y que frenan su participación, especialmente en los espacios de toma de decisión y ejercicio del poder.
Los patrones sociales, culturales e institucionales vigentes, restringen el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres y su acceso a espacios de decisión y representación política, esto acompañado a prejuicios, falta de credibilidad y la desvalorización, son causas fundamentales para que las mujeres se conviertan en víctimas de acoso y violencia política.
Suman ya 12 años que se revisa desde que se recibió el primer caso por violencia política, y el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley, luego Proyecto de Ley en sus innumerables versiones fueuna iniciativa legislativa presentada por la sociedad civil en la Legislatura 2004 que fue entonces aprobada Cámara de Cenadores, replanteada y repuesta en otra Legislatura aprobada en junio 2006 y aprobada también en grande en Cámara de Diputados, se contó con el apoyo e informes favorables de varias Ministras de Estado.
Este largo proceso, fue visibilizando los actos y delitos cometidos contra mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos planteado pioneramente por ACOBOL, con el apoyo de diferentes iniciativas de organismos nacionales e internacionales contribuyeron a mejorar la propuesta, para finalmente, el año 2011 al conformarse una gran Alianza entre las organizaciones sociales de mujeres, Plataforma de Asambleístas, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa desde las Mujeres y priorizar la aprobación de esta LEY, fue nuevamente, presentada, para su consideración inicial en la Comisión de Derechos Humanos con quien se revisó y discutió su contenido, comprendiéndose que esta norma constituye una respuesta por parte del Estado ante las limitantes que viven las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, que permite cumplir el mandato constitucional de proteger el derecho a la participación y a una vida libre de violencia, en particular a las mujeres, así como cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que nacen de la ratificación por parte de Bolivia de importantes instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y de las recomendaciones de mecanismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos (2010) y el Comité para la Discriminación Contra la Mujer (2008).
Esta Ley además se enmarca en lo dispuesto en el DS. 29850 Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres construyendo una nueva Bolivia para Vivir Bien”, donde uno de sus ejes de desarrollo es la participación de las mujeres en espacios de decisión, y quese ha fijado la meta de que:“Hasta el 2020, el Estado boliviano, en los niveles de la gestión pública, ha generado las condiciones para la reducción de barreras que limitan la participación de las mujeres en espacios de decisión, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades”.
Las resoluciones de la Cumbre de Mujeres llevada a cabo en la ciudad de Cochabamba el mes de Junio de 2011, en su primer punto demandan la aprobación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Estos cambios, que surgen a partir de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia con términos y artículos a favor de las mujeres en diversas áreas, en especial en el área de la representación y la participación política, intrínsecamente se ha promovido el cambio de paradigmas jurídicos tradicionales, en sus leyes derivadas y específicas.
Según NNUU, 2009, el reconocimiento jurídico, las cuotas y otras, normas de discriminación positiva, en el caso Latinoamericano, indica que las organizaciones feministas y de mujeres fueron el movimiento social que hizo posible la visibilización de las problemáticas de la violencia y la construcción de redes que desarrollaron estrategias para eliminar la violencia y desmontar las bases que la sustentan. La lucha contra la violencia es uno de los mejores ejemplos de articulación entre la existencia de un movimiento social activo y el desarrollo de políticas para una ciudadanía plena.
La propuesta en Bolivia, Con Sentido de Urgencia: propuestas de políticas públicas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, del Sistema de NNUU, elaborado por Silvia Salinas, 2011, señala:
Considerando la extrema urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad boliviana y valorando la riqueza generada por el diálogo, búsqueda de consenso y construcción colectiva entre el Gobierno, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, activistas, feministas, redes, plataformas, campañas y agencias de cooperación internacional para la elaboración de propuestas y recomendaciones hacia políticas públicas que puedan ser recogidas por todas las instancias involucradas con un sentido de corresponsabilidad en la tarea de acabar con la violencia contra las mujeres.
Destacando como puntos críticos y prioritarios; el fortalecimiento institucional en todos los ámbitos del Estado: Nacional, Departamental y Municipal, la corresponsabilidad entre Gobierno y Sociedad Civil para que la tarea de acabar con la violencia contra las mujeres sea un Política de Estado y no sólo una política de gobierno, que estas políticas vayan acompañadas de un adecuado y suficiente presupuesto en todas las instancias (nacional, departamental y municipal). Que la mirada de la violencia contra las mujeres sea estructural e integral, sin fragmentarla o invisivilizando formas solapadas de violencia.
En la temática particular que nos preocupa, no ha existido una corresponsabilidad explícita por parte del ESTADO ni de ningún gobierno de turno, cuando le ha tocado o han tenido la oportunidad de responder a esta demanda, mandato y orden, desde la exigibilidad y cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres. El llamado, para que el Estado las cumpla. En este caso la política pública ha surgido desde la demanda de las mujeres en la participación política y desde la sociedad civil, pero que finalmente cae en la voluntad política de LOS HOMBRES y algunas mujeres, que al coexistir en un marco de doble entrada (jugada) y una doble intencionalidad; a) el ser políticos (as) y b) abogar por una LCAVPRG en contra de la política perversa que daña, hostiga, maltrata, avasalla, la libertad de miles de mujeres en la política. Entonces, en ese momento se confronta un “conflicto de intereses” al interior de la política y los políticos que se desentienden.
Pese a todo, está la ilusión de miles de mujeres bolivianas expectantes, de poder contar con un proyecto de Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres aprobado lo más pronto posible.
[1]Datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)
Respuesta desde Colombia
Un cordial saludo para todas,
En Bogotá , Colombia, cursa en el Congreso a través de la bancada del Movimiento Político MIRA, un proyecto de ley que busca castigar duramente a todos los agresores con ácido, ya que en este país se han incrementado cada día más este tipo de agresiones por parte de los cónyuges y delincuentes que utilizan ácidos pata desfigurar a sus víctimas. Víctimas que en gran número son mujeres. Dentro del proyecto de ley, los objetivos son: pena de 20 años de cárcel, para el agresor, que las entidades de salud atiendan a las personas victimas de éste flagelo no con una estética sino con una cirugía reconstructiva ya que las mujeres quedan totalmente desfiguradas., En algunos casos han perdido sus ojos, y el cabello. Que las reincorporen a sus trabajos. Penas mas altas para los agresores de niños y personas que utilicen su rostro como imagen de trabajo, y las mujeres. VAMOS EN PRO DE LAS MUJERES, NO MAS FLAGELO CONTRA ELLAS. CLEMENCIA AVILA NICHOLLS EDILESA MOVIMIENTO MIRA BOGOTA, COLOMBIA CEL. 3164607007
Más de la ley sobre violencia contra las políticas
Considero que en la mayoría de países de nuestro continente, la violencia contra las mujeres en política es una constante al igual que la discriminación que se da por muchos factores, entre ellos el cultural que sigue a pesar que estamos en el siglo XXI, visibilizando a la mujer entre muros, cuidando del hogar y de las personas que allí comparten, pero también son violentados sus derechos por parte de las mismas mujeres, quienes les critican, cuestionan su participación y las tildan de diversas formas. Por lo que una ley en este sentido contribuirá a ir reduciendo este tipo de agresiones, si es que se aplica. Pero previo a ello es necesario el acceso a información para la población y para los y las operadoras del sector justicia para garantizar su plena aplicación. También convendría que en la ley se contemplase una caución económica ya que a las personas les duele que les toquen sus recursos económicos.
Un excelente fin de semana a todas y todos,
Elizabeth Quiroa
Evo promulga la ley que pena el acoso político a la mujer
El presidente Evo Morales promulgó anoche la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que introduce dos nuevas figuras en el Código Penal: acoso político y violencia política contra las mujeres, cuyas sentencias van de dos a ocho años de privación de libertad.
En la promulgación participaron la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño; la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, y representantes de organizaciones sociales. “Esperamos que sea un gran aporte de la Asamblea y que esto permita una mayor participación de las mujeres”, señaló el Mandatario.
Para leer la noticia completa, publicada el 29 de mayo de 2012, por favor haz clic aquí
Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres
Bolivia: Punto de Inflexión. Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres
Más de 4.000 denuncias de acoso y violencia política contra las mujeres y muchas víctimas con voces silenciadas fueron la antesala para la aprobación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
12 años de lucha política duró el recorrido del proyecto de ley, el mismo fue iniciado en 2001 y liderado en forma sostenible por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL), y respaldado en todo su tránsito por organizaciones e instituciones de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, este movimiento de mujeres plurales y diversas tiene objetivos y resultados históricos, entre ellos, la visibilización de la violencia contra las mujeres ligada a la ideología política y el posicionamiento en la mesa de debate de la impunidad de la violencia contra la participación política de la mujer.
Finalmente el 21 de mayo la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, luego que su tratamiento fuese reiteradamente postergado hasta el cambio de gestión legislativa. Durante la gestión 2005-2009 el proyecto de Ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y remitida a la Cámara de Senadores.
La Ley se constituye en una herramienta fundamental para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, protegiendo a todas las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político-pública. La aprobación de esta normativa se produce en un escenario político en el cual recientemente se ha logrado garantizar la protección normativa respecto a los principios de paridad, alternancia y equivalencia de género en los espacios de decisión y la ampliación de la participación política de las mujeres en diferentes niveles y órganos del Estado. En este marco, la reglamentación en materia de acoso y violencia política contra mujeres electas era un aspecto pendiente para efectivizar el ejercicio de sus derechos políticos.
La ley aprobada, plantea la definición de los actos de acoso y violencia política y establece los mecanismos de prevención, atención y sanción contra estos hechos y asimismo, se constituye en importante mecanismo para enfrentar la persistente y sistémica vulneración de los derechos humanos de las mujeres políticas, a la participación en los espacios de decisión con equidad, a la vida, a la integridad, a que se respete su dignidad, entre otros.
La Concejala Juana Quispe denunció que sufría acoso político
A pesar de la gravedad de la violencia política contra las mujeres, la misma no fue la reconocida como prioridad, lo que inevitablemente ha generado impunidad y un incremento de los hechos perjudiciales en contra de ellas, factor que ha impedido su acceso y presencia en la política. Los hechos no son casuales son el resultado del sistema patriarcal imperante, entre sus consecuencias más corrosivas en la sociedad está la invisibilización, ausencia o disminución de la presencia de las demandas de las mujeres en el escenario público-politico, esto repercute en la descalificación de sus intereses y en la falta de políticas públicas efectivas que modifiquen sus condiciones de vida.
La concejala de Ancoraimes, provincia Omasuyos, Juana Quispe –cuyo cadáver fue hallado el martes 13 de marzo pasado– fue gestora del proyecto de acoso y violencia política de género al haber denunciado “maltratos por parte de los concejales y el Alcalde de su población, presentó dos amparos denunciando abusos físicos y verbales que no le permitieron ejercer sus derechos políticos” de acuerdo con datos de ACOBOL. Los móviles sobre el crimen todavía no han sido resueltos, pero son una muestra contundente de la gravedad de la violencia contra las mujeres que ejercen puestos de responsabilidad política. El análisis de los principales actos de violencia contra las mujeres se refieren a la presión para la renuncia; a los actos de violencia (sexual, física y psicológica) y exceso de autoridad; al Impedimento en el ejercicio de sus func! iones; congelamiento ilegal de su salario; discriminación, difamación y calumnia.
Dada la magnitud de la problemática de violencia y acoso político en Bolivia tanto en las zonas rurales como urbanas, esta norma será una respuesta concreta a la necesidad de protección de las mujeres que participan en el ámbito político y que han incrementado significativamente su participación en los últimos años.
Datos de la Participación Política de las Mujeres
De acuerdo con los datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer en los gobiernos departamentales, el 83% de los titulares son hombres y sólo 17% mujeres. En el caso de las gobernaciones sólo una gobernación estuvo liderizada por una mujer, luego de las elecciones de 2010, es el caso de Chuquisaca.
En los gobiernos municipales, se registra la presencia de sólo 22 alcaldesas en los 337 municipios del país en 2010, mientras que en el caso de concejalas se observa un visible incremento en el número de mujeres asumiendo puestos titulares en los Concejos, en comparación al periodo anterior de 19% (2005) a 43% (2010).
El Órgano Ejecutivo aunque no cuenta con un mecanismo de acción positiva específico, logró alcanzar el 50% de participación femenina en el Gabinete de Ministros, viéndose al momento reducido en un 35% de ministras.
El nuevo Órgano Electoral Plurinacional ha determinado que 66% de los y las vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, esté compuesto por mujeres y 90% de los mismos estén presididos por mujeres. En el caso del Tribunal supremo Electoral, 42% de los/as vocales son mujeres.
En el caso del Órgano Judicial, el promedio de participación de mujeres en estas instancias alcanza el 43% de titulares 33% en el Tribunal Supremo de Justicia, 57% en el Tribunal Constitucional, 43% en el Tribunal Agroambiental y 40% en el Consejo de la Magistratura.
Entre 2000 y 2009 ACOBOL documentó 249 testimonios y denuncias de violencia y acoso político, un promedio de 28 casos por año. Se ha evidenciado también que existe subregistro de casos de violencia política por temor a represalias o por la desconfianza a que estas situaciones puedan solucionarse.
El acoso una forma de violencia institucionalizada
Los casos se refieren a insinuaciones, burlas y hostigamientos permanentes hasta la expulsión de sesiones, secuestros, agresiones físicas, verbales o sexuales para lograr la renuncia de las mujeres que asumieron la función política o para evitar se presenten en las sesiones o para obligarlas a participar en decisiones en contra de su voluntad. Se trata también de amenazas y amedrentamientos contra la familia de las autoridades electas o difusión de calumnias.
Una vez que la Ley se promulgue se inician nuevas tareas vinculadas con la vigilancia a la adecuada implementación de la Ley, la elaboración del Reglamento y la inclusión del delito de Acoso Político en el Código Penal, asimismo, el Órgano Electoral deberá prever el desarrollo de las medidas y mecanismos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y tareas previstas en la ley, la amplia difusión de sus contenidos y la coordinación con el Órgano Judicial para la aplicación de sanciones. El movimiento de mujeres plurales y diversas ha comprometido su vigilancia a todo este proceso.
Katia Uriona Gamarra
Feminista -Secretaria Ejecutiva
Coordinadora de la Mujer
COORDINADORA DE LA MUJER
Av. Arce No.2132, Edif. Illampu Piso 1 Of.A
Telf/fax (00591-2) 2444922 - 2444923 - 2444924
e-mail: comunicación@coordinadoradelamujer.org.bo
www.coordinadoradelamujer.org.bo www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio
La Paz - Bolivia
ACOBOL repudia el asesinato de la concejala Daguimar Ribera
La Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) lamenta comunicar el fallecimiento de la que en vida fue concejala por el municipio de Guayaramerin de la provincia Vaca Diez del departamento de Beni, la Sra. Daguimar Ribera Ortiz.
Cuerpo:
La Asociación se solidariza con los familiares y allegados de la víctima, quien participó activamente en varias ocasiones de los diferentes talleres y capacitaciones que ACOBOL realiza periódicamente.
La información difundida por diferentes medios de comunicación, indica que el asesinato fue perpetrado de manera muy violenta por personas enmascaradas que dispararon en tres ocasiones contra la humanidad de la Concejala.
De acuerdo a las versiones de testigos que se comunicaron con la radio ERBOL, estos hicieron referencia a que una carta anónima fue leída la noche del lunes en un medio de comunicación local anunciando la muerte de la concejala y de otros opositores al actual gobierno municipal, además del nacional.
Lamentablemente, este se convierte en un hecho más que enluta a ACOBOL y sus 9 asociaciones departamentales.
Por los antecedentes y la forma en que se produjo este horrible asesinato, la muerte de la Concejala no puede quedar impune…
Paz en la tumba de la Concejala Daguimar Ribera Ortiz
Alerta sobre asesinato de concejala en Bolivia
Internacional: Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia Alerta del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia: asesinato de concejala en Bolivia
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) alerta del lamentable asesinato de la Concejala Daguimar Ribera Ortiz en Bolivia, miembro activa de ACOBOL (Asociación de Concejalas de Bolivia) organización integrante de la Redlad.
Sicarios dispararon y asesinaron a la dirigente y concejala Daguimar Ribera la madrugada del 19 de junio de 2012, esto en el municipio de Guayaramerín (Departamento de Beni, Bolivia). Se argumenta que el homicidio se ha dado por motivos políticos en relación con actos de corrupción y malversación de fondos en la Alcaldía de la ciudad, denunciados días atrás por la concejala. De acuerdo con varios testigos, hace unos días se leyó en un medio de comunicación local, una carta anónima anunciando la muerte de la Concejala Ribera y otras figuras de oposición.
Si bien, Alexander Guzmán, Alcalde de Guayamerín, ha asegurado carecer de responsabilidad sobre la muerte de la activista. No obstante, Ernesto Suárez, ex gobernador de Beni, ha solicitado una investigación exhaustiva de los hechos, a la vez que, la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa "Convergencia Nacional", indica la existencia de numerosas amenazas de muerte hacia otras y otros concejales opositores presentes en la localidad.
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos integrada por más de 450 organizaciones. Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD):
Secretariado Permanente
Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
San José, Costa Rica
http://www.redlad.org/
Acabo de leer este artículo y lo comparto con ustedes
Bolivia: piden cumplir ley contra el acoso político
La Asociación de Mujeres Concejalas de Bolivia (Acobol) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) arribaron a un convenio para que en los concejos municipales de todo el país se cumpla la Ley Contra el Acoso Político, según dijo la concejala de Cercado, María Isabel Caero.
Para leer la noticia completa, publicada el 5 de setiembre, por favor haz clic aquí