Incidencia y cabildeo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral que establece la violencia política contra las mujeres en razón de género como causal de nulidad de una elección cuando las agresiones sean graves y determinantes en los resultados.
Las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, impulsoras de la iniciativa, destacaron que con esta modificación Chiapas fortalece los mecanismos de protección de los derechos político-electorales de las mujeres durante los procesos electorales.
La reforma modifica y adiciona disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas y fue aprobada por el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura.
De acuerdo con las legisladoras, la nueva disposición permitirá anular los comicios cuando se compruebe que existieron actos de violencia política de género que hayan incidido de manera determinante en el resultado de la elección.
Además, establece restricciones para que las personas candidatas o partidos responsables de este tipo de conductas no puedan participar en los procesos electorales extraordinarios que se deriven de una eventual anulación.
El debate sobre la regulación de redes sociales y la Inteligencia Artificial en México sube de tono ante la persistencia de la violencia política contra las mujeres, enmedio de los casos que se han registrado contra funcionarias como Citlalli Hernández, así como los discursos que se promueven en contra del voto femenino.
Al inaugurar el diplomado “Litigio Estratégico con Perspectiva de Género e Interculturalidad para la Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres de Oaxaca”, la consejera del INE Carla Humphrey Jordan planteó que el combate a la discriminación en la política requiere actualizar las reglas del juego digital y garantizar la protección de quienes buscan participar en condiciones de igualdad.
Autores/Editores:
Dirección del documento: Bibiana Aido Almagro, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe Coordinación: Bárbara Ortiz, asesora regional del Área Normativa, Intergubernamental y Sociedad Civil Equipo de trabajo: María Victoria Araoz Ortega, María Alejandra Scampini y Jessica González Edición y revisión de contenidos: Constanza Narancio Diseño editorial: Emicel Guillén
Treinta años después de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, América Latina y el Caribe ha logrado avances en los derechos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, persisten desigualdades. La pobreza, la sobrecarga de los cuidados, las distintas formas de violencia, las barreras para participar en las decisiones, la crisis climática y las dificultades para acceder al empleo, la protección social y la justicia siguen afectando de manera desigual a millones de mujeres.
Esta publicación recoge las experiencias, reflexiones y propuestas compartidas por más de 300 representantes de organizaciones feministas, de mujeres y de la sociedad civil de 14 países. Sus aportes surgieron de 11 diálogos entre generaciones, realizados entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, con especial atención a las realidades de las mujeres afrodescendientes, indígenas, jóvenes, rurales, con discapacidad, en movilidad humana y del Caribe no hispano. A través de una metodología prospectiva, el documento identifica los principales obstáculos para alcanzar la igualdad, imagina los cambios que la región necesita hacia 2030 y 2050 y presenta caminos concretos para hacerlos realidad.. Así, ofrece una hoja de ruta construida desde la diversidad para convertir los compromisos de Beijing en mejoras reales en la vida de todas las mujeres y las niñas.
Con el propósito de fortalecer las capacidades de las mujeres para una participación política más informada, efectiva y segura en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el “Taller de formación electoral: Fortalecimiento de capacidades para la participación política de mujeres” los días 7 y 8 de agosto en Lima, en coordinación con ONU Mujeres y el apoyo de Konrad Adenauer.
Esta actividad reunió a mujeres líderes de organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil, quienes participaron en un espacio de formación e intercambio orientado a fortalecer sus conocimientos sobre el sistema electoral peruano, los derechos políticos de las mujeres y las funciones y competencias de los gobiernos regionales y municipales, contribuyendo, de esta manera, al ejercicio de un liderazgo político informado y comprometido con el fortalecimiento de la democracia peruana.
Durante las dos jornadas, realizadas en un hotel de Miraflores, especialistas desarrollaron contenidos relacionados con políticas públicas, comunicación política, vocería, liderazgo y construcción de redes de apoyo entre mujeres.
El Gobierno de Jujuy avanza en la implementación de políticas destinadas a fortalecer los dispositivos territoriales de protección y prevenir situaciones de violencia de género. En este marco, autoridades provinciales se reunieron con representantes de ONU Mujeres en Argentina, del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género y del Ministerio de Minería de Jujuy.
En la oportunidad, el gobernador Carlos Sadir dialogó con la representante de ONU Mujeres en Argentina y coordinadora del Programa País, Verónica Baracat. También participaron la titular del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Lourdes Navarro; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, entre otras autoridades.
En agosto de 2021 el grupo fundamentalista islámico Talibán retomó el control de Afganistán, desde entonces han emitido más de 100 decretos que han eliminado los derechos conquistados por 20 años y borrado la presencia de las mujeres en la vida pública del país.
De acuerdo con ONU Mujeres, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la promover la equidad de género, el Talibán ha institucionalizado la discriminación de niñas y mujeres, creando una crisis de derechos cuyas consecuencias se profundizan año con año. Tan solo en 2026 la emisión de nuevos decretos eliminan la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, decriminalizan la violencia intrafamiliar y eliminan los límites de edad para contraer matrimonio mientras obstaculizan cualquier posibilidad de divorcio solicitado por una mujer.
La imposición de un aparato de vigilancia con facultades para detener cualquier atisbo de inconformidad o disidencia ha empujado a las mujeres afganas a una reclusión en donde, según una encuesta de ONU mujeres, 52% de ellas solo deja la casa una o dos veces al mes; 99% de las encuestadas necesita el permiso de un hombre para salir de casa y el 75% afirmaron sentirse inseguras en la calle sin la presencia de un guardián.