Incidencia y cabildeo
Cuesta imaginarlo desde el presente y para las nuevas generaciones, pero hace apenas unas décadas las mujeres en Colombia no podían votar. Tras años de luchas y negativas, el derecho se reconoció en 1954, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el Acto Legislativo.
Cuatro años después en 1957, en el plebiscito que consultó la creación del Frente Nacional, las mujeres ejercieron por primera vez su voto en una jornada nacional. La escena de mujeres haciendo fila, cédula en mano, entrando a la cabina fue el comienzo de una ciudadanía política que durante décadas les fue negada. Ese día, 1.835.255 mujeres votaron por primera vez.
Pero esa fecha no apareció de la nada. “El reconocimiento del voto femenino en Colombia fue el resultado de una lucha sostenida de las mujeres, conectada con procesos internacionales”, señala Luisa Salazar Escalante, investigadora en temas de derechos humanos. Explica que ese camino se relaciona con el sufragismo, un movimiento con referentes tempranos en países como Nueva Zelanda y el Reino Unido, que luego se expandió con fuerza en América Latina.
En el caso colombiano, agrega, la pelea por los derechos políticos hizo parte de un recorrido más amplio, atravesado por otras conquistas previas. Hacia los años 30, el movimiento de mujeres se volvió más visible a partir de demandas por el derecho a la educación y por la posibilidad de administrar bienes, en un contexto en el que muchas no accedían al bachillerato ni a la universidad.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó su preocupación por el cierre del Ministerio de Mujeres y el fuerte recorte presupuestario en políticas de género. Mientras el Gobierno negó los retrocesos en Ginebra, los informes indicaron que las partidas para combatir la violencia cayeron un 89% y que el programa Acompañar se redujo a niveles mínimos, entre otros aspectos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó días atrás sobre retrocesos en materia de género y políticas públicas en Argentina. Durante el examen periódico realizado en Ginebra, el organismo internacional puso el foco en la desaparición del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en la eliminación de programas fundamentales de prevención. A pesar de la evidencia presentada, la delegación oficial argentina negó reiteradamente la existencia de estos retrocesos y definió las medidas como “reordenamientos” institucionales.
El organismo analizó con alarma la situación del presupuesto destinado a combatir la violencia de género, que sufrió un recorte del 89% desde 2024. Programas clave como el “Acompañar”, que brinda asistencia económica a víctimas, registraron una caída drástica: pasó de asistir a 102.000 personas en 2023 a poco más de 3.500 en el último año. Además, el Comité remarcó que la violencia letal sigue en niveles críticos, con una tasa de femicidios superior al promedio europeo y fallas estructurales en la protección de las víctimas.
En materia de salud sexual y reproductiva, la ONU advirtió que el Estado Nacional abandonó funciones esenciales, como la compra y distribución de insumos a las provincias. Esta decisión provocó faltantes de misoprostol y medicamentos para abortos seguros en casi todo el país, además de un desabastecimiento total de preservativos durante 2025. El desmantelamiento del Plan ENIA, que permitió reducir el embarazo adolescente a la mitad en años anteriores, también figuró como uno de los puntos más críticos del informe.
La Plataforma Conjunta de Movimientos y Organizaciones de Mujeres en Rojava y el norte y este de Siria anuncia el lanzamiento de una campaña nacional e internacional exigiendo la salvaguardia de los derechos de las mujeres en una nueva Siria y haciendo hincapié en la participación activa de las mujeres en la redacción de la constitución anticipada.
El anuncio se produce durante una declaración pronunciada hoy, miércoles, en el Estadio 12 de Marzo en la ciudad de Qamishlo, a la que asisten docenas de activistas y miembros de organizaciones de mujeres, junto con intelectuales, políticos y defensores de los derechos.
Veintinueve movimientos de mujeres, organizaciones, sindicatos y partidos políticos firmaron la declaración, coincidiendo con la proximidad del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de cada año. La declaración es leída en tres idiomas: la versión kurda por la portavoz de Kongra Star, Rihan Loqo, la versión árabe de Mona Youssef, administradora del Consejo de Mujeres Sirias, y la versión siria de Samira Gawriah Hanna, miembro del Partido de la Unión de Mujeres Sirias.
Organizaciones de derechos humanos señalan que estas disposiciones se suman a un contexto ya restrictivo: las mujeres enfrentan severas limitaciones para estudiar, trabajar, viajar sin acompañante masculino y participar en la vida pública. La ausencia de mecanismos efectivos de protección y justicia incrementa la vulnerabilidad frente al abuso y la impunidad.
Aunque el código no incluye un artículo que autorice explícitamente golpear a las esposas, expertos subrayan que las penas leves y la falta de protección real generan un entorno peligroso. En la práctica, las mujeres quedan expuestas a la violencia sin garantías de que sus denuncias sean atendidas.
Brasilia es una ciudad que impone distancia y que no se siente a escala humana. Las manifestaciones públicas parecen pequeñas en sus inmensas dimensiones. Los edificios gubernamentales están todos alineados como piezas de un futuro imaginado: cóncavos, axiales y distanciados.
Ese corazón geométrico del poder central brasileño se vio envuelto en una presencia viva que lo volvió cuerpo, memoria y afecto por la Marcha de las Mujeres Negras que reunió a más de 350.000 participantes brasileñas, latinoamericanas, norteamericanas y del mundo que, el pasado mes de noviembre, recorrieron las arterias de estas grandes avenidas y ocuparon espacios de poder público. Con el lema de “Reparación y buen vivir”, mujeres negras y afrodescendientes se hicieron presentes en actos junto a autoridades del Supremo Tribunal Federal, del Parlamento Nacional, además de eventos culturales del que ellas fueron las protagonistas.
Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, destacó la urgencia de fortalecer las políticas públicas, las estructuras institucionales y los recursos destinados a proteger a las mujeres y niñas.
“Una norma sin recursos y sin estructuras adecuadas para aplicarla no produce los resultados que se buscan”, advirtió.
Asimismo, agregó que la falta de casas de protección, la impunidad en casos de femicidio y la ausencia de rutas claras para la atención de víctimas son retos persistentes.
Modelo nórdico para proteger a mujeres
Durante una reunión con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, habló sobre temas como la prostitución y gestación subrogada, y calificó como preocupante la tendencia a normalizar la explotación de las mujeres y niñas.
Sobre la prostitución, presentó un modelo nórdico, que penaliza la compra de actos sexuales y ofrece apoyo integral a las víctimas, destacando que la mayoría de quienes ejercen la prostitución son mujeres y niñas, mientras que los compradores son en su mayoría hombres.