La aplicación de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos públicos no es un capricho ideológico ni una moda pasajera: es una obligación democrática que refleja el compromiso real de las administraciones con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Andalucía fue durante años un referente estatal en esta materia, gracias a un sólido entramado normativo que tenía como eje la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género, así como el desarrollo de mecanismos específicos para evaluar el impacto de género de las normas y políticas públicas.
Ese compromiso comenzó a resquebrajarse con la llegada del Partido Popular al gobierno autonómico y dio un paso decisivo hacia atrás en 2024, cuando mediante el Decreto-ley 3/2024 de medidas de simplificación y racionalización administrativa, ese partido político decidió eliminar las comisiones encargadas de analizar el impacto de género en el desarrollo normativo.
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