La política de drogas encarcela a las mujeres más vulnerables
Source: La Silla Vacia
En marzo de cada año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), órgano de Naciones Unidas, reúne a gobiernos y organizaciones para evaluar avances y definir compromisos en materia de igualdad de género. Sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, pero sí orientan la agenda global y permiten identificar hacia dónde se mueven —o no— las prioridades políticas en relación con los derechos de las mujeres.
En su 70ª sesión (2026), la CSW fijó como tema prioritario el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. Y lo hizo desde una perspectiva amplia que trasciende lo estrictamente judicial. Las conclusiones articulan el acceso a la justicia con condiciones estructurales de igualdad sustantiva: la erradicación de prácticas discriminatorias, la autonomía económica, la participación en la toma de decisiones y la eliminación de la violencia en todas sus formas.
En este marco, el documento reconoce que las barreras de acceso a la justicia están profundamente imbricadas con desigualdades estructurales. Por ello, recomienda, entre otras medidas, la incorporación de la perspectiva de género en todas las instituciones públicas, la eliminación del matrimonio infantil, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y la garantía de su participación efectiva en los espacios de poder.
En marzo de cada año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), órgano de Naciones Unidas, reúne a gobiernos y organizaciones para evaluar avances y definir compromisos en materia de igualdad de género. Sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, pero sí orientan la agenda global y permiten identificar hacia dónde se mueven —o no— las prioridades políticas en relación con los derechos de las mujeres.
En su 70ª sesión (2026), la CSW fijó como tema prioritario el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. Y lo hizo desde una perspectiva amplia que trasciende lo estrictamente judicial. Las conclusiones articulan el acceso a la justicia con condiciones estructurales de igualdad sustantiva: la erradicación de prácticas discriminatorias, la autonomía económica, la participación en la toma de decisiones y la eliminación de la violencia en todas sus formas.
En este marco, el documento reconoce que las barreras de acceso a la justicia están profundamente imbricadas con desigualdades estructurales. Por ello, recomienda, entre otras medidas, la incorporación de la perspectiva de género en todas las instituciones públicas, la eliminación del matrimonio infantil, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y la garantía de su participación efectiva en los espacios de poder.