Incidencia y cabildeo
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El 25 de enero es una fecha doblemente significativa en Honduras. Por un lado, se conmemora el Día de la Mujer Hondureña, instaurado en 1955 cuando las mujeres conquistaron el derecho al voto.
Por otro, cada cuatro años, en esa misma fecha, se instala la nueva legislatura del Congreso Nacional, lo que convierte la jornada en un símbolo de la participación femenina en la política.
La coincidencia entre la celebración cívica y el inicio de un nuevo periodo legislativo refuerza el mensaje de que las mujeres son protagonistas en la construcción democrática del país. En los últimos años, organizaciones feministas han aprovechado esta fecha para manifestarse frente al Congreso, exigiendo mayor representación y leyes que garanticen sus derechos.
En 2026, Panamá enfrenta la discusión y aprobación de las reformas electorales que definirán las reglas del juego democrático para el proceso electoral de 2029. Aunque en este momento la Comisión de Reformas Electorales está debatiendo la supervivencia del principio constitucional de proporcionalidad, no es menos importante reflexionar sobre la inclusión efectiva de las mujeres en la vida política. Sigue siendo una deuda pendiente si aspiramos a elevar la calidad de nuestra democracia. Desde APEDE, como parte del sector empresarial, asumimos este tema como una prioridad, porque responde a nuestra razón de ser: defender la democracia, fortalecer la institucionalidad y promover reglas claras que garanticen una representación ciudadana más justa, legítima y confiable.
Por primera vez en más de dos décadas de procesos de reforma electoral, la Comisión no eliminó la llamada “válvula de escape” contenida en el artículo 373 del Código Electoral. Históricamente, la Comisión había avanzado en fortalecer el principio de paridad, y era en la Asamblea Nacional donde esta excepción volvía a incorporarse, debilitando su aplicación. En esta ocasión, sin embargo, el retroceso ocurrió desde la propia instancia técnica de consenso, con el voto de abstención, que equivale al aval, de la mayoría de los partidos políticos y lamentablemente por los representantes de los gremios del sector privado y del área académica.
Las autoridades venezolanas han excarcelado a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad en la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
"Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira", expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que "cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza".
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó "65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira".
"Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General", indicó en su comunicado, en el que remarcó que "la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país".
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), en representación de los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, presentó sus propuestas y consideraciones a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para garantizar de manera efectiva su derecho a la participación y a la representación política .
En un pronunciamiento, este órgano colegiado sostuvo que a más de 200 años de vida independiente, los pueblos indígenas y afromexicanos siguen excluidos del sistema electoral del país, al ser un sistema ajeno a la representación política desde nuestra visión colectiva y que además, desconoce la realidad de los pueblos y las comunidades.
Pues el actual sistema electoral carece de representantes que tengan el respaldo de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.
En marzo de 2001, Nevenka Fernández denunció al alcalde de Ponferrada (León) por un delito de acoso sexual. Casi 25 años después, un alud de denuncias contra hombres poderosos de distintos partidos evidencia que en 2025 la violencia sexual sigue presente en las organizaciones de todo signo político.
La ruptura del silencio entre víctimas de violencia sexual ha derivado en ceses, dimisiones y expulsiones de distintos cargos y perfiles en el PSOE, el PP o Vox. El caso del socialista Paco Salazar, colaborador cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha constituido una crisis importante para un partido que lleva el feminismo por bandera, y que también se ha visto salpicado por el escándalo de los audios sobre prostitución de José Luis Ábalos y Koldo García.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó el conversatorio La participación política de las mujeres: motor para el avance de las agendas de derechos, con el objetivo de analizar el papel que han tenido las mujeres en la ampliación y garantía de derechos desde distintos espacios de acción política y social.
El encuentro se llevó a cabo de manera virtual y formó parte de las actividades de los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil que expusieron distintas perspectivas sobre la incidencia política de las mujeres más allá de los cargos de elección popular.
Durante el conversatorio, Alejandra Benítez, coordinadora de Cuidados en Oxfam México, señaló que la participación política de las mujeres ha permitido incorporar al debate público problemáticas vinculadas con la discriminación estructural por razones de sexo y género.
Indicó que esta participación ha contribuido a visibilizar temas relacionados con la vida cotidiana y los cuidados, así como a cuestionar modelos centrados en la productividad y la explotación de recursos.
Fernanda Castro Tarinda, oficial de incidencia social del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destacó que la acción política de las mujeres también se ejerce a través del activismo, la protesta social y la apropiación del espacio público. Recordó que avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto en 24 entidades federativas, han sido resultado del trabajo sostenido de organizaciones feministas y del movimiento conocido como marea verde.
Regina de Lira Molina, integrante de la colectiva #MenstruaciónDignaMéxico, afirmó que la inclusión de experiencias corporales como la menstruación en la agenda pública ha sido uno de los aportes recientes de la participación política de las mujeres.