Incidencia y cabildeo
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Los retos y estrategias para fortalecer la participación política de las mujeres originarias, con campañas electorales identitarias, impulso de redes feministas y mecanismos de acceso a la justicia y la violencia digital contra mujeres indígenas son dos preocupaciones que fueron analizados durante el Curso de Alto Nivel para Mujeres Indígenas Aspirantes a Candidatas o que Participan por Sistemas Normativos Internos “Martha Sánchez Néstor”.
Organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA), durante el segundo día se plantearon retos y estrategias para fortalecer la participación política de las mujeres originarias, con campañas electorales identitarias, impulso de redes feministas y mecanismos de acceso a la justicia.
Tania Pariona, activista indígena y excongresista de Perú, presentó el tema Estrategias para organizar campañas electorales, en cuyo contexto consideró relevante la participación política sin violencia como un derecho humano, porque las mujeres no llegan a la política, sino que la transforman, dijo, y propuso campañas con identidad basadas en lengua, cultura, cosmovisión y territorio, bajo lemas como “Tu historia es tu fuerza política”, que integren trayectoria, comunidad y liderazgo.
El 94 % de los colombianos encuestados en un estudio de la Fundación Mujeres por la Democracia considera que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para ejercer cargos de liderazgo.
Sin embargo, el mismo análisis evidenció que persisten barreras asociadas con discriminación, falta de respaldo institucional y violencia contra las mujeres, tanto en el sector privado como en el ámbito político.
El estudio fue realizado entre el 5 y el 12 de mayo de 2026 a 1.900 personas mayores de edad en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
La encuesta fue desarrollada por Netquest y tuvo como propósito indagar sobre las barreras y estereotipos que enfrentan las mujeres para desempeñar roles de liderazgo en los sectores público y privado.
Según los resultados, nueve de cada diez encuestados consideran que hombres y mujeres cuentan con las mismas capacidades para ejercer cargos de liderazgo.
El fenómeno atraviesa gobiernos, ideologías y generaciones. Un análisis de más de cinco mil publicaciones sobre las últimas voceras de gobierno muestra que las ministras reciben altos niveles de negatividad en redes sociales y otras plataformas digitales, muchas veces asociados a aspectos personales, físicos o familiares más que a su desempeño político. Académicas y especialistas advierten que la violencia digital se ha convertido en una de las principales barreras para la participación femenina en espacios de poder.
En marzo, cuando Mara Sedini asumió la vocería de gobierno, una parte importante de la conversación digital que se generó en torno a ella no giró sobre anuncios oficiales, estrategias comunicacionales ni definiciones políticas. En redes sociales, comentarios sobre su apariencia física, su tono de voz, su forma de vestir o su capacidad para “aguantar la presión” comenzaron a multiplicarse con rapidez. Algunos cuestionaban directamente su preparación; otros derivaban en burlas, ataques personales o descalificaciones abiertas.
La participación de las mujeres en política continúa desarrollándose en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y las violencias digitales, escenarios que siguen limitando el ejercicio pleno de sus derechos políticos y su permanencia en los espacios de poder.
En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral y CAMBIO organizaron el foro Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia, un espacio de conversación en el que expertas, funcionarias, lideresas y representantes de distintas instituciones debatieron sobre las formas de violencia política basadas en género y las acciones necesarias para combatirlas.
En el tercer panel, denominado Entre la denuncia y la acción: ¿cómo erradicar la violencia contra las mujeres en la política?, participaron Maritza Martínez Aristizábal, magistrada del CNE; Nadia Sánchez, fundadora y CEO de la Fundación She Is; Sandra Martínez, directora programática de Transparencia por Colombia; y Cecilia López Montaño, economista y exministra de Agricultura.
Bogotá fue el escenario del lanzamiento de la Red Intergeneracional de Mandatarias y Liderazgos de Mujeres, una iniciativa que busca conectar a mujeres con ejercicio de liderazgo político para intercambiar experiencias, fortalecer su participación y trabajar de forma conjunta frente a la violencia que enfrentan por el solo hecho de ejercer política.
La iniciativa fue convocada y liderada por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz Vargas, y surgió, entre otros procesos, de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Mandatarias de Colombia 2025,de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, y de los encuentros previos entre diputadas y concejalas en Ibagué.
Una democracia con herida profunda
"La democracia en Colombia hoy tiene una herida profunda: la violencia política contra las mujeres que existe en el país y que duele muchísimo más en las mujeres que están en el sector rural, en los municipios lejanos, donde no tienen una pantalla para decir que están siendo violentadas solo por levantar su voz", afirmó Matiz Vargas al abrir el evento.
Sus palabras no son exageración: son cifras. Según el estudio 3.000 Voces por la Democracia (el más representativo sobre violencia contra mujeres en política en el país), 4 de cada 10 candidatas a las elecciones territoriales de 2023 no volverían a presentarse a elecciones debido a la violencia sufrida; esa misma proporción fue atacada en redes sociales; y 7 de cada 10 vivió algún tipo de violencia psicológica durante su ejercicio político.
Para nadie es oculto que la participación de las mujeres en política es una necesidad, no sólo para ellas, sino para todos. No se trata únicamente de una obvia, necesaria y justa reivindicación de igualdad, sino de un clamor colectivo dados los inmensos beneficios que su presencia activa y determinante tiene en el manejo de lo público para toda la sociedad.
Es hora, entonces, de hacerlo explícito y, si es tan cierto que todos creemos en ello, lograr que se haga cada vez más realidad en todos los espacios, en todos los temas y en todos los niveles.
El problema es actual, real y grave. El empoderamiento de las mujeres se vincula con su autonomía económica, con la autonomía en la toma de decisiones y con la autonomía física. A no dudarlo, tenemos aún una tarea enorme para asegurar la participación efectiva de las mujeres en política, tanto como electoras, como elegibles.
Ciertamente, según distintos estudios realizados en el tiempo, sólo una de cada tres mujeres que hace política no ha sufrido violencia y, más dramático aún, muchas consideran que ello hace parte del costo natural de ocupar cargos públicos, con lo que se tiende a normalizar lo que está mal y a perpetuar el problema.
¿Qué se ha logrado? Es cierto que hemos avanzado y dentro de ello podemos ver que, a partir del reconocimiento del voto igualitario, se consolidó la tendencia a la participación de las mujeres en política, tanto como electoras y elegidas, y como representantes políticas.