Incidencia y cabildeo
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Un diagnóstico sobre movilidad forzada y exilio en Costa Rica encontró que 59% de las mujeres nicaragüenses radicadas en el país (seis de cada 10) conoce poco sus derechos migratorios, mientras que 22% señaló conocerlos bastante. Sumado a esa barrera también se hallaron dificultades para regularizar su situación, acceder a educación y conseguir empleos relacionados con su formación.
El estudio fue elaborado por la Red Internacional de Derechos Humanos Europa de Naciones Unidas (RIDHE), Universidad Central, Educación en Emergencia, la Cámara Costarricense de Pymes y Fundación Mujer a partir de encuestas, grupos focales y revisión documental con 97 mujeres. El trabajo, presentado la mañana de este martes, analizó las barreras que enfrentan estas mujeres en migración, educación, empleo, salud y discriminación.
Para Elektra Lagos, directora regional para América Latina de RIDHE, esa falta de información constituye una de las claves para comprender las dificultades identificadas por la investigación. “Cuando la gente no entiende, o las personas en general no entienden cuáles son sus derechos, no los reclaman. Entonces, ser sujeto de derechos también es tener buena información, declaró para UNIVERSIDAD.”
Naciones Unidas. Una de cada tres instituciones creadas en el mundo para impulsar los derechos de las mujeres y avanzar en la igualdad de género sufrió recortes de recursos y perdió poder en los últimos dos años, reveló un estudio de las Naciones Unidas divulgado el 18 de septiembre.
“Estamos viendo cómo se desmantelan las instituciones, la financiación y los movimientos que fueron creados para promover los derechos de las mujeres”, señaló al presentar los datos Sarah Hendricks, directora de Políticas, Programas y División Intergubernamental de la entidad ONU Mujeres.
Al ritmo actual, harán falta 171 años para alcanzar la igualdad de género, señala el estudio hecho por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Y las mujeres siguen lejos de los espacios donde se concentra el poder político y económico, con seis de cada siete países liderados por hombres.
El debilitamiento de las instituciones significa, en algunos casos, menos personal; en otros, menor influencia en las decisiones del gobierno, la desaparición de unidades especializadas, una rebaja de su categoría institucional o el traslado de sus funciones a otros organismos.
2197. No es el título de una película de ciencia ficción, sino el año en el que se logrará la igualdad entre hombres y mujeres si nada cambia. Es la advertencia que lanza ONU Mujeres en su informe anual, publicado este jueves, que dibuja un panorama de avances insuficientes y persistentes brechas de género y que revela hasta qué punto se ha alejado la promesa de alcanzar en 2030 el objetivo de desarrollo sostenible dedicado a la igualdad de género.
Según alerta el organismo, los avances no solo se han estancado, sino que han retrocedido en muchos países en medio de una ola reaccionaria antifeminista y de un retroceso democrático a nivel global. “Las mismas instituciones, la financiación y los movimientos que se han construido a lo largo de muchas décadas para promover la igualdad de género se están debilitando sistemáticamente”, afirma Sarah Hendriks, directora de Política y Programas de ONU Mujeres, en una videollamada con este diario.
La violencia política se ha convertido en una de las principales barreras para la participación de las mujeres en los espacios de decisión. En algunos países, ocho de cada diez mujeres candidatas al Parlamento y seis de cada diez candidatas a elecciones locales afirman haber sufrido violencia psicológica, sexual, económica o física. Un riesgo que se amplifica con la expansión de las redes sociales y otros espacios digitales. “Las mujeres no deberían tener que escoger entre su seguridad o trabajar en política o en la vida pública”, lamenta Hendriks.
En el marco de un estudio realizado en 24 países, ONU Mujeres , la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Embajada de Suecia, en articulación con la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, la sociedad civil y la academia, presentaron en el Congreso de la República el estudio: “Acciones legislativas para transformar la vida de las mujeres: análisis de legislación discriminatoria en Colombia”. El ejercicio busca identificar avances, vacíos y retos normativos para promover los derechos de las mujeres y las niñas y proponer acciones legislativas que transformen sus vidas.
La jornada se llevó a cabo en la Comisión IV del Senado con motivo de la conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Congresistas, representantes de entidades del Estado, de la cooperación internacional y del Sistema de Naciones Unida asistieron al lanzamiento del Análisis y al diálogo de alto nivel que resaltó la importancia de traducir los hallazgos del informe en iniciativas legislativas concretas y en un seguimiento político efectivo, con el fin de que la agenda de reformas que identifica el estudio se convierta en cambios legislativos para las mujeres y niñas del país.
Durante décadas, los países han creado ministerios, oficinas y otras instituciones para impulsar los derechos de las mujeres y convertir los compromisos de igualdad en leyes, presupuestos y políticas públicas. Pero muchas de esas estructuras están ahora perdiendo fuerza.
Una de cada tres ha visto reducido su poder institucional en apenas dos años, según un nuevo informe de Naciones Unidas*.
En algunos casos, eso significa menos personal; en otros, menor influencia en las decisiones del Gobierno, la desaparición de unidades especializadas, una rebaja de su categoría institucional o el traslado de sus funciones a otros organismos. Cerca de una cuarta parte también ha sufrido recortes presupuestarios y un 9% ha perdido el control de su propio presupuesto.
“Esto me hizo detenerme en seco”, dijo este jueves Sarah Hendricks, directora de Políticas, Programas y División Intergubernamental de ONU Mujeres, al presentar los datos en la sede la ONU en Nueva York.
Para Hendricks, el deterioro no puede separarse de un retroceso político más amplio en materia de igualdad.
“Estamos viendo cómo se desmantelan las instituciones, la financiación y los movimientos que fueron creados para promover los derechos de las mujeres”, señaló.
LA PAZ (27 de agosto de 2026) – ONU Derechos Humanos en América del Sur condujo jornadas de trabajo para funcionarios de justicia sobre los derechos de las mujeres y las implicancias de la privación de libertad, con el propósito de fortalecer sus capacidades para incorporar los estándares internacionales de derechos humanos, género e interseccionalidad en sus decisiones.
La actividad, que se realizó en conjunto con la Escuela de Jueces del Estado y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), estuvo dirigida principalmente a jueces y juezas de instrucción y de ejecución penal e incluyó tres sesiones virtuales entre el 17 y 19 de agosto, y una presencial de cierre el 21 del mismo mes en La Paz.
Las jornadas se desarrollaron en un contexto de preocupación por el crecimiento sostenido en el número de mujeres privadas de libertad en el país y por las condiciones de detención que las afectan de manera diferenciada. De acuerdo con información del MNP, actualmente hay alrededor de 2.000 mujeres privadas de libertad, muchas de ellas madres o embarazadas.