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Incidencia y cabildeo

La ciencia ha comprobado que los primeros habitantes de nuestro territorio llegaron hace unos 13.000 años. La Declaración de la Independencia argentina se firmó hace 210 años.

Sin embargo, hay un hito mucho más cercano que a veces parece perdido en la inmensidad de nuestra historia: hace apenas cien años se sancionó la Ley 11.357, conocida como la Ley de Derechos Civiles de la Mujer.

Cien años. Parece mucho. No lo es.

Hasta entonces, el Código Civil argentino mantenía a las mujeres dentro de un régimen jurídico que restringía severamente su capacidad. La situación era especialmente desigual para las mujeres casadas, sometidas a numerosas limitaciones vinculadas con la autoridad marital.

La Ley 11.357, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre de 1926, produjo una ruptura importante con ese orden. Permitió, entre otras cosas, que una mujer casada pudiera ejercer una profesión, oficio, empleo, comercio o industria sin autorización marital o judicial y administrar lo producido por su trabajo. También amplió sus facultades sobre determinados bienes.

Pero la igualdad no llegó de una sola vez.

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A falta de cuatro años para concluir la Agenda 2030, ninguna de las metas de igualdad de género de Naciones Unidas está en camino de cumplirse. ONU Mujeres ha advertido en su informe anual que, al ritmo actual, no alcanzaremos la paridad entre hombres y mujeres hasta 2197. Más de siglo y medio después.

Los avances logrados durante décadas no están garantizados. El organismo sostiene que el avance en el liderazgo de las mujeres “se está ralentizando e incluso revirtiendo en muchos países”, y enmarca ese fenómeno en un “retroceso más amplio de los derechos humanos y de la participación inclusiva en el espacio público”. Asegura que, en distintas regiones, las instituciones de igualdad de género están siendo desmanteladas y la financiación cae en picado. A todo ello se suma el backlash antigénero, es decir, una creciente reacción contra la igualdad y los derechos de las mujeres.

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Una coalición regional orientada a ampliar el acceso de las mujeres al financiamiento electoral fue lanzada durante el cierre de la Semana del Impulso a la Paridad Política, celebrada en Santo Domingo.

La iniciativa busca reunir a instituciones electorales, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil de las Américas para impulsar soluciones y compromisos regionales frente a las brechas que todavía afectan la participación de las mujeres en campañas y espacios de poder.

La ministra de la Mujer de República Dominicana, Gloria Roely Reyes Gómez, asumirá la coordinación del proceso regional, impulsado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Gobierno de Francia.

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Santo Domingo.- El Ministerio de la Mujer y la Organización de los Estados Americanos (OEA) desarrollaron el Curso de Alto Nivel para Mujeres Rurales Aspirantes a una Candidatura Electoral “Milagros Ortiz Bosch”, con el objetivo de ampliar la participación política de las féminas rurales y dotarlas de herramientas en procesos electorales.

La jornada, realizada a través de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Escuela de Gobierno, contó con la palpitación de más de 300 líderes de República Dominicana y otros países de la región.

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Santo Domingo.- Una coalición regional para ampliar el acceso de las mujeres al financiamiento electoral fue lanzada durante el cierre de la Semana del Impulso a la Paridad Política, una iniciativa que reunió en Santo Domingo a lideresas políticas, representantes de partidos, organizaciones sociales y organismos internacionales para discutir las barreras que todavía limitan la participación de las mujeres en los espacios de poder.

La ministra de la Mujer de la República Dominicana, Gloria Roely Reyes Gómez, asumirá la coordinación de este proceso regional, impulsado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Gobierno de Francia.

“Asumimos la coordinación de esta coalición con la convicción de que la paridad es mucho más que la mitad de los cargos; también implica que la política debe ejercerse en condiciones de igualdad. Queremos construir una agenda regional que reúna a candidatas, organismos electorales, actores políticos y sociedad civil para identificar brechas, proponer soluciones y avanzar hacia reglas y prácticas más equitativas. Ninguna mujer debería ver limitada su posibilidad de participar y liderar por no contar con los recursos necesarios para desarrollar una campaña competitiva”, afirmó Reyes.

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En el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado peruano a impulsar la legislación dirigida al cierre de las brechas existentes que impiden la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Cabe indicar que las mujeres representan el 50,4 % de la población nacional y constituyen un pilar fundamental de la vida democrática del país. Sin embargo, el reconocimiento de sus derechos políticos es relativamente reciente: recién en 1955 se reconoció legalmente a las mujeres como titulares del derecho al sufragio y, con ello, como sujetas del derecho a elegir y ser elegidas, componentes fundamentales del derecho a la participación política.

Cabe precisar que el ejercicio de este derecho estuvo condicionado por las concepciones sociales de la época respecto del rol, la autonomía y la condición de las mujeres. La norma establecía que solo podían ejercer este derecho las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, así como las mujeres mayores de 18 años que fueran casadas. Estos requisitos, establecidos específicamente para las mujeres, restringieron el acceso al voto de una parte importante de la población femenina y evidenciaron las desigualdades existentes en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos políticos.

A 71 años de este hito histórico, la participación política de las mujeres ha registrado avances significativos. En 1997 se estableció la cuota electoral de género del 25 % para mujeres y varones en las listas parlamentarias y municipales, cifra que se incrementó al 30 % en el 2000. Dos décadas después, se incorporó finalmente la alternancia de género y paridad como normas en la legislación electoral.

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La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es uno de los ejes del mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La igualdad de género, centrada en los derechos humanos, es decisiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo sostenible. Al fomentar la igualdad de género y empoderar a las mujeres como agentes de cambio y líderes en los procesos de desarrollo que afectan a sus vidas, el PNUD procura lograr un mundo más incluyente, sostenible y resiliente. Además de mejorar las vidas individuales de las mujeres y niñas, la igualdad de género mejora las perspectivas de familias, comunidades y países. Cuando se reducen las desigualdades de género, más niñas y niños asisten a la escuela, las familias gozan de mejor salud, la productividad agrícola aumenta y los ingresos crecen. El PNUD colabora estrechamente con Agencias del sistema de las Naciones Unidas y con socios de todo el mundo para velar por que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se incluyan en la agenda de desarrollo post-2015.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las For­mas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisions.

La primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas concluye con un enfoque en el cambio climático. El Documento Final también se centra en los derechos de las mujeres indígenas y aborda el problema de la violencia contra la mujer, y dice que se "debe dar máxima prioridad a estos temas."