Incidencia y cabildeo
De acuerdo al último censo poblacional realizado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los pueblos indígenas representaban el 43.6% de la población guatemalteca. Sin embargo, es importante destacar que, según la ENCOVI 2023, el 38.8% de la población a nivel nacional se autoidentificó como parte de un pueblo indígena. De ellos, el 37.5% se autoidentifica como maya, el 1.3% como xinca, el 0.9% como afrodescendiente y el 0.1% como garífuna. Esto convierte al país en uno de los que concentra mayor proporción de población indígena en América Latina en relación con su población total.
En el ámbito regional, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) estima que más del 50% de los 6.5 millones de personas indígenas son mujeres, lo que refuerza la importancia de visibilizar las condiciones particulares que enfrentan las mujeres indígenas en contextos de desigualdad estructural.
Los altos índices de pobreza y desigualdad, aunados a las brechas en el desarrollo humano, evidencian la situación estructural que enfrenta Guatemala. Las mujeres indígenas representan el 39% de la población en situación de pobreza extrema, en contraste con el 12% de mujeres no indígenas (Censo, INE 2019). Las desigualdades también se reflejan en el mercado laboral: el desempleo y el subempleo afectan más a las mujeres (4% y 11%, respectivamente) que a los hombres (2% y 8%, respectivamente).
En el ámbito político-electoral, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las mujeres representan el 54.14% del padrón electoral guatemalteco, aunque los cargos a elección popular obtenidos por ellas representan un porcentaje menor al 13%. En las Elecciones Generales de 2023, de los 160 escaños en el Congreso, 32 corresponden a mujeres, y solo una de ellas es indígena. De las 340 alcaldías, 12 son ocupadas por mujeres y, de igual forma, solo una de ellas es indígena; mientras que únicamente el 16% de integrantes de concejos municipales son mujeres.
El contexto anterior refleja la necesidad de impulsar acciones afirmativas que garanticen la participación efectiva de las mujeres y juventudes indígenas en la vida pública y en los procesos electorales. A pesar de que el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), sobre la protección a grupos étnicos, establece que “Guatemala está conformada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya”, las mujeres indígenas —especialmente las jóvenes— continúan enfrentando formas agravadas de racismo, violencia y discriminación, lo que evidencia los retos persistentes para alcanzar la igualdad de género y reducir las desigualdades con enfoque de derechos.
En los municipios indígenas de Chiapas, las mujeres enfrentan una compleja matriz de opresiones que articula múltiples sistemas de dominación, como el patriarcado comunitario, el racismo institucional, y la violencia política, entre otras. Esta matriz no opera de forma aislada, sino que se entreteje con las prácticas cotidianas, con las estructuras familiares, con los sistemas normativos comunitarios y con las instituciones estatales.
La participación política de las mujeres indígenas ha sido históricamente limitada por mandatos de género que las ubican en roles de obediencia y servicio, y por tramas de parentesco que organizan el poder comunal desde lógicas patriarcales. A esto se suma la racialización de la política electoral, donde los partidos políticos utilizan a los pequeños municipios indígenas del altiplano chiapaneco, como territorios de simulación de paridad; mientras reservan los espacios de poder real para hombres mestizos en zonas urbanas.
Desde las voces de mujeres que han participado en procesos electorales en la región Altos, se revela cómo esta matriz de opresiones se actualiza en cada coyuntura, y cómo el sistema político —comunitario y estatal— se reorganiza para castigar la transgresión femenina. Sin embargo, también emergen resistencias: mujeres que se articulan, que denuncian, que disputan el poder desde sus propios saberes y territorios, y que abren grietas en el orden patriarcal.
En el marco de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, México reafirmó su compromiso con la igualdad de género, enfatizando que este principio constituye un mandato constitucional.
El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, fue el encargado de destacar que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es un eje central de la política nacional, y subrayó la importancia de avanzar en la eliminación de las brechas sociales, económicas y políticas que aún persisten.
El mensaje
Durante su intervención en la reunión de alto nivel conmemorativa del trigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, De la Fuente hizo hincapié en los avances de México en materia de equidad de género. Señaló que la presencia de una mujer al frente del gobierno federal por primera vez en la historia del país representa un paso significativo hacia la consolidación de la paridad política y social.
El Día Internacional de la Democracia fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 mediante la resolución A/RES/62/7. Es una ocasión para reflexionar sobre el estado de la democracia, los desafíos actuales y en particular sobre la participación de mujeres en espacios gubernamentales, parlamentarios y de decisión política.
En ese sentido, la participación de las mujeres en la vida política y gubernamental es un componente esencial para consolidar instituciones más representativas e inclusivas.
Si bien en nuestro país existe la Ley 18.476 (comúnmente conocida como Ley de Cuotas) desde 2009 y en los últimos años ha crecido la representación política de las mujeres en el Parlamento y Ministerios, a diferencia de otros países de América Latina no hay una ley de paridad. Esto genera que, a pesar de los avances, Uruguay se encuentra todavía por debajo del promedio regional de representación femenina en lo que refiere a órganos legislativos.
Entre 2012 y el primer semestre de 2025, se registraron en Bolivia 514 casos de acoso político y 406 de violencia política contra mujeres, con un 91.73% de rechazo en promedio, según informes de la Fiscalía General del Estado. Además, de más de 900 casos, solo el 0.7% concluyó en sentencia condenatoria (cuatro por acoso político y tres por violencia política). A la violencia política se suman los estereotipos, la concentración del poder y otros elementos, sobre todo en sectores más vulnerables.
En la actualidad, existen barreras que aún frenan la participación femenina en los gobiernos locales.
Estos y otros temas se trataron durante el ‘Encuentro Plurinacional de las Plataformas para los Derechos Políticos de las Mujeres en Bolivia’, que se desarrolló en días recientes en Tiquipaya, Cochabamba, con el apoyo de ONU Mujeres.
El encuentro se realizó en una época electoral nacional y también preelectoral rumbo a las elecciones subnacionales en el país, cuando los ciudadanos votarán para elegir gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales para la gestión 2026-2031.
Empoderar y mejorar la representación de la mujer en la política para que adquieran la capacidad, confianza y los recursos para influir en las decisiones políticas de sus respectivos pueblos y gobiernos coincidieron los representantes que participan en la undécima Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, organizada por el Congreso de la República y la Unión Interparlamentaria (UIP), que tiene como sede el Perú.
En la sesión 1, denominada “Evaluar la promoción de la agenda mundial para la igualdad de género” de este evento internacional, Emma Muteka, subdirectora del grupo parlamentario del Consejo Nacional de Namibia, saludó la participación de todos los representantes jóvenes, que permitirá revalorar el rol de la mujer en la participación política en sus respectivos gobiernos.
“La equidad de género es un tema importante para tener en cuenta, requerimos nuevos liderazgos jóvenes en los parlamentos del mundo. Gracias Perú por la acogida y todos unidos”, manifestó.
También se refirió sobre los derechos de las mujeres en la política, cuotas de género, representación en las tomas de decisiones gubernamentales, la inequidad, paridad, entre otros temas vinculados al rol de la mujer en lo social y política. Dio a conocer su preocupación en el retroceso de algunos derechos en otros países y que corresponde a la sociedad y a las propias mujeres revertir este tema.
La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es uno de los ejes del mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La igualdad de género, centrada en los derechos humanos, es decisiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo sostenible. Al fomentar la igualdad de género y empoderar a las mujeres como agentes de cambio y líderes en los procesos de desarrollo que afectan a sus vidas, el PNUD procura lograr un mundo más incluyente, sostenible y resiliente. Además de mejorar las vidas individuales de las mujeres y niñas, la igualdad de género mejora las perspectivas de familias, comunidades y países. Cuando se reducen las desigualdades de género, más niñas y niños asisten a la escuela, las familias gozan de mejor salud, la productividad agrícola aumenta y los ingresos crecen. El PNUD colabora estrechamente con Agencias del sistema de las Naciones Unidas y con socios de todo el mundo para velar por que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se incluyan en la agenda de desarrollo post-2015.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisions.
La primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas concluye con un enfoque en el cambio climático. El Documento Final también se centra en los derechos de las mujeres indígenas y aborda el problema de la violencia contra la mujer, y dice que se "debe dar máxima prioridad a estos temas."