Incidencia y cabildeo
Votar es un derecho que hoy no se cuestiona, pero durante siglos las mujeres no pudieron hacerlo. El primer país en reconocer el voto femenino fue Nueva Zelanda, el 19 de septiembre de 1893, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard. Sin embargo, el sufragio no fue pleno hasta 1919, cuando las neozelandesas pudieron también presentarse a las elecciones; la primera parlamentaria en llegar a la cámara fue Elizabeth McCombs, en 1933.
El camino hacia el sufragio femenino fue largo y desigual en todo el mundo, y supuso una lucha encarnizada por la igualdad. En esta conquista destacan los nombres de sufragistas británicas como Emmeline Pankhurst, Emily Davison, Millicent Fawcett, Mary Richardson, Maud Watts y Annie Kenney; estadounidenses como Elizabeth Cady Stanton, Alice Stokes, Lucy Burns y Sojourner Truth; la mítica Olympe de Gouges en Francia; la uruguaya Paulina Luisi, o la española Clara Campoamor, entre muchas otras.
El 25 de enero es una fecha doblemente significativa en Honduras. Por un lado, se conmemora el Día de la Mujer Hondureña, instaurado en 1955 cuando las mujeres conquistaron el derecho al voto.
Por otro, cada cuatro años, en esa misma fecha, se instala la nueva legislatura del Congreso Nacional, lo que convierte la jornada en un símbolo de la participación femenina en la política.
La coincidencia entre la celebración cívica y el inicio de un nuevo periodo legislativo refuerza el mensaje de que las mujeres son protagonistas en la construcción democrática del país. En los últimos años, organizaciones feministas han aprovechado esta fecha para manifestarse frente al Congreso, exigiendo mayor representación y leyes que garanticen sus derechos.
En 2026, Panamá enfrenta la discusión y aprobación de las reformas electorales que definirán las reglas del juego democrático para el proceso electoral de 2029. Aunque en este momento la Comisión de Reformas Electorales está debatiendo la supervivencia del principio constitucional de proporcionalidad, no es menos importante reflexionar sobre la inclusión efectiva de las mujeres en la vida política. Sigue siendo una deuda pendiente si aspiramos a elevar la calidad de nuestra democracia. Desde APEDE, como parte del sector empresarial, asumimos este tema como una prioridad, porque responde a nuestra razón de ser: defender la democracia, fortalecer la institucionalidad y promover reglas claras que garanticen una representación ciudadana más justa, legítima y confiable.
Por primera vez en más de dos décadas de procesos de reforma electoral, la Comisión no eliminó la llamada “válvula de escape” contenida en el artículo 373 del Código Electoral. Históricamente, la Comisión había avanzado en fortalecer el principio de paridad, y era en la Asamblea Nacional donde esta excepción volvía a incorporarse, debilitando su aplicación. En esta ocasión, sin embargo, el retroceso ocurrió desde la propia instancia técnica de consenso, con el voto de abstención, que equivale al aval, de la mayoría de los partidos políticos y lamentablemente por los representantes de los gremios del sector privado y del área académica.
Las autoridades venezolanas han excarcelado a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad en la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
"Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira", expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que "cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza".
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó "65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira".
"Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General", indicó en su comunicado, en el que remarcó que "la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país".
El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), en representación de los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, presentó sus propuestas y consideraciones a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para garantizar de manera efectiva su derecho a la participación y a la representación política .
En un pronunciamiento, este órgano colegiado sostuvo que a más de 200 años de vida independiente, los pueblos indígenas y afromexicanos siguen excluidos del sistema electoral del país, al ser un sistema ajeno a la representación política desde nuestra visión colectiva y que además, desconoce la realidad de los pueblos y las comunidades.
Pues el actual sistema electoral carece de representantes que tengan el respaldo de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.
En marzo de 2001, Nevenka Fernández denunció al alcalde de Ponferrada (León) por un delito de acoso sexual. Casi 25 años después, un alud de denuncias contra hombres poderosos de distintos partidos evidencia que en 2025 la violencia sexual sigue presente en las organizaciones de todo signo político.
La ruptura del silencio entre víctimas de violencia sexual ha derivado en ceses, dimisiones y expulsiones de distintos cargos y perfiles en el PSOE, el PP o Vox. El caso del socialista Paco Salazar, colaborador cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha constituido una crisis importante para un partido que lleva el feminismo por bandera, y que también se ha visto salpicado por el escándalo de los audios sobre prostitución de José Luis Ábalos y Koldo García.
La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es uno de los ejes del mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La igualdad de género, centrada en los derechos humanos, es decisiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo sostenible. Al fomentar la igualdad de género y empoderar a las mujeres como agentes de cambio y líderes en los procesos de desarrollo que afectan a sus vidas, el PNUD procura lograr un mundo más incluyente, sostenible y resiliente. Además de mejorar las vidas individuales de las mujeres y niñas, la igualdad de género mejora las perspectivas de familias, comunidades y países. Cuando se reducen las desigualdades de género, más niñas y niños asisten a la escuela, las familias gozan de mejor salud, la productividad agrícola aumenta y los ingresos crecen. El PNUD colabora estrechamente con Agencias del sistema de las Naciones Unidas y con socios de todo el mundo para velar por que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se incluyan en la agenda de desarrollo post-2015.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisions.
La primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas concluye con un enfoque en el cambio climático. El Documento Final también se centra en los derechos de las mujeres indígenas y aborda el problema de la violencia contra la mujer, y dice que se "debe dar máxima prioridad a estos temas."