Incidencia y cabildeo
En poco más de una semana, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, volverá a reunirse la Bancada Bicameral Femenina, tras cuatro años de inactividad. Este martes, en el piso 40 de una de las torres del World Trade Center, no faltaron menciones al respecto. Allí tuvo lugar la cuarta edición del Foro de Mujeres Líderes, que en esta oportunidad estuvo dedicado al ejercicio del "poder real" por parte de las mujeres; participaron la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, la exsenadora nacionalista Gloria Rodríguez y la exdirectora del Instituto Nacional de Mujeres e integrante del Partido Independiente Mónica Bottero.
La Bancada Bicameral Femenina, señaló Bottero, fue "el resultado de un proceso que ha tenido altas y bajas" y que actualmente "no está en su momento más alto", reconoció. Kechichian, en tanto, se encargó de dar la "buena noticia" -ya en el cierre de la charla- sobre el encuentro de reactivación previsto para el próximo 4 de junio, que fue convocado por la vicepresidenta Carolina Cosse.
Un conversatorio realizado en La Paz, impulsado por la Coordinadora de la Mujer, evidenció que Bolivia aún no garantiza una respuesta efectiva frente al acoso y la violencia política contra mujeres, a 14 años de la vigencia de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Autoridades, expertas y organizaciones coincidieron en que persisten fallas estructurales, falta de protección inmediata y altos niveles de impunidad.
La experta en género del Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE), Katia Uriona, aseguró que el principal problema no radica en la ausencia de normativa, sino en su aplicación. “Se ha trasladado la responsabilidad a las mujeres (…) el Estado no responde. Hoy no hay mecanismos efectivos de protección ni de sanción”, afirmó.
También advirtió que el sistema político mantiene prácticas excluyentes. “La violencia no es un efecto colateral, es un mecanismo para excluirlas del poder”.
Tela, Honduras — Mujeres electas, funcionarias públicas, lideresas políticas y actoras clave nacionales e internacionales se reunieron en Tela los días 22 y 23 de mayo en el encuentro titulado “¿Participar o cuidar? ¿Por qué seguimos eligiendo?”, un espacio de diálogo e intercambio orientado a fortalecer la participación política de las mujeres y visibilizar las barreras estructurales que aún limitan su acceso y permanencia en los espacios de toma de decisión.
El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto EUROELECT-H, financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, y permitió poner en el centro del debate una dimensión estructural históricamente invisibilizada dentro de los debates sobre democracia y representación política: la organización social del cuidado.
En marzo de cada año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), órgano de Naciones Unidas, reúne a gobiernos y organizaciones para evaluar avances y definir compromisos en materia de igualdad de género. Sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, pero sí orientan la agenda global y permiten identificar hacia dónde se mueven —o no— las prioridades políticas en relación con los derechos de las mujeres.
En su 70ª sesión (2026), la CSW fijó como tema prioritario el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. Y lo hizo desde una perspectiva amplia que trasciende lo estrictamente judicial. Las conclusiones articulan el acceso a la justicia con condiciones estructurales de igualdad sustantiva: la erradicación de prácticas discriminatorias, la autonomía económica, la participación en la toma de decisiones y la eliminación de la violencia en todas sus formas.
En este marco, el documento reconoce que las barreras de acceso a la justicia están profundamente imbricadas con desigualdades estructurales. Por ello, recomienda, entre otras medidas, la incorporación de la perspectiva de género en todas las instituciones públicas, la eliminación del matrimonio infantil, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y la garantía de su participación efectiva en los espacios de poder.
La primera señal es sembrar la duda. “¿Y qué sabe?” “Dice que es la amante del”. Después alguien responde. Otro comparte. Más tarde aparece una imagen, recortada, manipulada, una frase fuera de contexto. Se llama deepfake. Y luego los memes. Los montajes. Después las cuentas que repiten lo mismo, pero con palabras distintas. La maquinaria se pone en funcionamiento. Se crean narrativas, sentimientos. Se construye la idea de una persona. Sin importar que no tenga nada que ver con quien realmente es.
Deja de ser una conversación, se vuelve un cerco con el infaltable ingrediente: mucho odio. Deriva en acoso. En hostigamiento. Se trata de un ejercicio coordinado con un objetivo claro: el desprestigio y la anulación de una de persona.
Un amigo hace años me dijo «el Facebook es como ir a la plaza y sentarte en un banco». Que bonita comparación, hoy casi romántica. Y útil para dibujarnos una idea de lo que significan las redes sociales en nuestras vidas: tus cuentas terminan siendo tu “banco en la plaza”. Tu lugar en la vida social. ¿Se imaginan que alguien pase por ese banco y te insulte en la plaza pública, sin conocerte, tan solo porque pasa por allí? ¿O porque no le gusta como vistes? ¿O porque cree que deberías ser lo que no eres? Sería inmediatamente tratado como un problema social, como un lunático. Pues a tu banco virtual pueden entrar acosadores de cualquier calaña y no habrá nadie ni nada que lo evite y tampoco ninguna institución o instrumento que te defienda. Y cuando lo denuncias te piden «que no te has la víctima». Una respuesta tan denigrante como cuando a una víctima de violación la señalan por su vestimenta.
En una época en la que el retroceso democrático ya no es un peligro lejano sino una realidad en los continentes, las líderes feministas están resistiendo en silencio, y a veces, a costa de su propia seguridad.
Desde la observación electoral en Tanzania hasta la reforma periodística en Camerún, desde el desafío a las masculinidades tóxicas hasta el enfrentamiento del poder de las plataformas digitales, mujeres y aliados feministas están luchando por un entorno propicio para la sociedad civil de maneras que revelan una realidad fundamental: la democracia no es género neutral y, cuando se limita la participación de las mujeres, la democracia se debilita.
La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es uno de los ejes del mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La igualdad de género, centrada en los derechos humanos, es decisiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo sostenible. Al fomentar la igualdad de género y empoderar a las mujeres como agentes de cambio y líderes en los procesos de desarrollo que afectan a sus vidas, el PNUD procura lograr un mundo más incluyente, sostenible y resiliente. Además de mejorar las vidas individuales de las mujeres y niñas, la igualdad de género mejora las perspectivas de familias, comunidades y países. Cuando se reducen las desigualdades de género, más niñas y niños asisten a la escuela, las familias gozan de mejor salud, la productividad agrícola aumenta y los ingresos crecen. El PNUD colabora estrechamente con Agencias del sistema de las Naciones Unidas y con socios de todo el mundo para velar por que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se incluyan en la agenda de desarrollo post-2015.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisions.
La primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas concluye con un enfoque en el cambio climático. El Documento Final también se centra en los derechos de las mujeres indígenas y aborda el problema de la violencia contra la mujer, y dice que se "debe dar máxima prioridad a estos temas."