Incidencia y cabildeo
Con la participación de 89 mujeres, se integró en Baja California la Red de Mujeres Juzgadoras Electas, que busca proteger, acompañar y orientar a mujeres juzgadoras ante casos de violencia política de género.
De acuerdo con Guadalupe Flores Meza, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), la idea surgió en 2018 a partir de una propuesta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, inicialmente dirigida a candidatas y mujeres electas de procesos tradicionales, sin embargo, la elección judicial impulsó la creación de esta nueva red enfocada en juzgadoras.
Con la visión de la gobernadora Margarita González Saravia, de construir un Morelos libre de violencias y con igualdad sustantiva, la Secretaría de las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, llevó a cabo las Asambleas Voces por la Igualdad y contra las Violencias en 26 municipios de la entidad.
El objetivo de estos encuentros fue escuchar directamente a las mujeres de comunidades rurales, urbanas e indígenas, para transformar sus necesidades y propuestas en acciones de política pública con perspectiva de género.
Más de tres mil 600 mujeres participaron en espacios de diálogo donde compartieron experiencias, problemáticas y propuestas en torno al acceso a la justicia, autonomía económica, participación política y los derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, destacó que el trabajo en territorio refleja la esencia de un gobierno que escucha, que es cercano y que reconoce la diversidad de realidades que viven las mujeres morelenses.
“Cada voz cuenta y cada historia nos permite construir políticas más justas, sensibles y transformadoras. Escuchar es el primer paso para garantizar que la igualdad sustantiva sea una realidad en todos los municipios del estado”, afirmó Gómez Manrique.
Con acciones como estas, el Gobierno de “La tierra que nos une” reafirma su compromiso con la igualdad, participación y el bienestar de todas las mujeres, impulsando un modelo de gobierno que escucha, acompaña y transforma desde el territorio.
En el Palacio Legislativo, expertas y líderes advirtieron que la representación femenina sigue siendo insuficiente y que la violencia política limita la participación. La paridad se plantea como un desafío urgente para la democracia y la igualdad real
El Palacio Legislativo fue el escenario del "Encuentro Mujeres en Política: Desafíos y Avances hacia la Paridad", un evento que reunió a líderes y expertas para debatir la persistente brecha de género en la representación política del país y la región. La conversación, marcada por un tono de urgencia y convicción, subrayó que la paridad no es solo una cuestión de justicia, sino una condición indispensable para una democracia plena.
La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, planteó que se debe reinstalar la comisión bicameral femenina y que el año próximo se debería votar la ley de paridad.
Estas afirmaciones las realizó durante su oratorio en el marco del “Encuentro Mujeres en Política”, realizado este martes en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo.
Sobre la ley de paridad dijo que “va a haber que trabajar mucho” y que se va a “necesitar mucha ayuda”, pero que debe concretarse “el año que viene, con tiempo, lejos del año electoral y con una reflexión profunda”.
Luego expresó su confianza en que “reviva” la comisión bicameral femenina, instancia que en el pasado nucleaba a legisladoras de distintos partidos políticos.
Nacerá igual o distinta, pero lo que no puede ser es que estemos separadas, porque lo que tenemos por delante es mucho, pero mucho, más grande que nosotras mismas, sostuvo Cosse.
De acuerdo al último censo poblacional realizado en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los pueblos indígenas representaban el 43.6% de la población guatemalteca. Sin embargo, es importante destacar que, según la ENCOVI 2023, el 38.8% de la población a nivel nacional se autoidentificó como parte de un pueblo indígena. De ellos, el 37.5% se autoidentifica como maya, el 1.3% como xinca, el 0.9% como afrodescendiente y el 0.1% como garífuna. Esto convierte al país en uno de los que concentra mayor proporción de población indígena en América Latina en relación con su población total.
En el ámbito regional, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) estima que más del 50% de los 6.5 millones de personas indígenas son mujeres, lo que refuerza la importancia de visibilizar las condiciones particulares que enfrentan las mujeres indígenas en contextos de desigualdad estructural.
Los altos índices de pobreza y desigualdad, aunados a las brechas en el desarrollo humano, evidencian la situación estructural que enfrenta Guatemala. Las mujeres indígenas representan el 39% de la población en situación de pobreza extrema, en contraste con el 12% de mujeres no indígenas (Censo, INE 2019). Las desigualdades también se reflejan en el mercado laboral: el desempleo y el subempleo afectan más a las mujeres (4% y 11%, respectivamente) que a los hombres (2% y 8%, respectivamente).
En el ámbito político-electoral, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las mujeres representan el 54.14% del padrón electoral guatemalteco, aunque los cargos a elección popular obtenidos por ellas representan un porcentaje menor al 13%. En las Elecciones Generales de 2023, de los 160 escaños en el Congreso, 32 corresponden a mujeres, y solo una de ellas es indígena. De las 340 alcaldías, 12 son ocupadas por mujeres y, de igual forma, solo una de ellas es indígena; mientras que únicamente el 16% de integrantes de concejos municipales son mujeres.
El contexto anterior refleja la necesidad de impulsar acciones afirmativas que garanticen la participación efectiva de las mujeres y juventudes indígenas en la vida pública y en los procesos electorales. A pesar de que el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), sobre la protección a grupos étnicos, establece que “Guatemala está conformada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya”, las mujeres indígenas —especialmente las jóvenes— continúan enfrentando formas agravadas de racismo, violencia y discriminación, lo que evidencia los retos persistentes para alcanzar la igualdad de género y reducir las desigualdades con enfoque de derechos.
En los municipios indígenas de Chiapas, las mujeres enfrentan una compleja matriz de opresiones que articula múltiples sistemas de dominación, como el patriarcado comunitario, el racismo institucional, y la violencia política, entre otras. Esta matriz no opera de forma aislada, sino que se entreteje con las prácticas cotidianas, con las estructuras familiares, con los sistemas normativos comunitarios y con las instituciones estatales.
La participación política de las mujeres indígenas ha sido históricamente limitada por mandatos de género que las ubican en roles de obediencia y servicio, y por tramas de parentesco que organizan el poder comunal desde lógicas patriarcales. A esto se suma la racialización de la política electoral, donde los partidos políticos utilizan a los pequeños municipios indígenas del altiplano chiapaneco, como territorios de simulación de paridad; mientras reservan los espacios de poder real para hombres mestizos en zonas urbanas.
Desde las voces de mujeres que han participado en procesos electorales en la región Altos, se revela cómo esta matriz de opresiones se actualiza en cada coyuntura, y cómo el sistema político —comunitario y estatal— se reorganiza para castigar la transgresión femenina. Sin embargo, también emergen resistencias: mujeres que se articulan, que denuncian, que disputan el poder desde sus propios saberes y territorios, y que abren grietas en el orden patriarcal.