Incidencia y cabildeo
Bogotá fue el escenario del lanzamiento de la Red Intergeneracional de Mandatarias y Liderazgos de Mujeres, una iniciativa que busca conectar a mujeres con ejercicio de liderazgo político para intercambiar experiencias, fortalecer su participación y trabajar de forma conjunta frente a la violencia que enfrentan por el solo hecho de ejercer política.
La iniciativa fue convocada y liderada por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz Vargas, y surgió, entre otros procesos, de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Mandatarias de Colombia 2025,de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, y de los encuentros previos entre diputadas y concejalas en Ibagué.
Una democracia con herida profunda
"La democracia en Colombia hoy tiene una herida profunda: la violencia política contra las mujeres que existe en el país y que duele muchísimo más en las mujeres que están en el sector rural, en los municipios lejanos, donde no tienen una pantalla para decir que están siendo violentadas solo por levantar su voz", afirmó Matiz Vargas al abrir el evento.
Sus palabras no son exageración: son cifras. Según el estudio 3.000 Voces por la Democracia (el más representativo sobre violencia contra mujeres en política en el país), 4 de cada 10 candidatas a las elecciones territoriales de 2023 no volverían a presentarse a elecciones debido a la violencia sufrida; esa misma proporción fue atacada en redes sociales; y 7 de cada 10 vivió algún tipo de violencia psicológica durante su ejercicio político.
Para nadie es oculto que la participación de las mujeres en política es una necesidad, no sólo para ellas, sino para todos. No se trata únicamente de una obvia, necesaria y justa reivindicación de igualdad, sino de un clamor colectivo dados los inmensos beneficios que su presencia activa y determinante tiene en el manejo de lo público para toda la sociedad.
Es hora, entonces, de hacerlo explícito y, si es tan cierto que todos creemos en ello, lograr que se haga cada vez más realidad en todos los espacios, en todos los temas y en todos los niveles.
El problema es actual, real y grave. El empoderamiento de las mujeres se vincula con su autonomía económica, con la autonomía en la toma de decisiones y con la autonomía física. A no dudarlo, tenemos aún una tarea enorme para asegurar la participación efectiva de las mujeres en política, tanto como electoras, como elegibles.
Ciertamente, según distintos estudios realizados en el tiempo, sólo una de cada tres mujeres que hace política no ha sufrido violencia y, más dramático aún, muchas consideran que ello hace parte del costo natural de ocupar cargos públicos, con lo que se tiende a normalizar lo que está mal y a perpetuar el problema.
¿Qué se ha logrado? Es cierto que hemos avanzado y dentro de ello podemos ver que, a partir del reconocimiento del voto igualitario, se consolidó la tendencia a la participación de las mujeres en política, tanto como electoras y elegidas, y como representantes políticas.
En poco más de una semana, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, volverá a reunirse la Bancada Bicameral Femenina, tras cuatro años de inactividad. Este martes, en el piso 40 de una de las torres del World Trade Center, no faltaron menciones al respecto. Allí tuvo lugar la cuarta edición del Foro de Mujeres Líderes, que en esta oportunidad estuvo dedicado al ejercicio del "poder real" por parte de las mujeres; participaron la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, la exsenadora nacionalista Gloria Rodríguez y la exdirectora del Instituto Nacional de Mujeres e integrante del Partido Independiente Mónica Bottero.
La Bancada Bicameral Femenina, señaló Bottero, fue "el resultado de un proceso que ha tenido altas y bajas" y que actualmente "no está en su momento más alto", reconoció. Kechichian, en tanto, se encargó de dar la "buena noticia" -ya en el cierre de la charla- sobre el encuentro de reactivación previsto para el próximo 4 de junio, que fue convocado por la vicepresidenta Carolina Cosse.
Un conversatorio realizado en La Paz, impulsado por la Coordinadora de la Mujer, evidenció que Bolivia aún no garantiza una respuesta efectiva frente al acoso y la violencia política contra mujeres, a 14 años de la vigencia de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Autoridades, expertas y organizaciones coincidieron en que persisten fallas estructurales, falta de protección inmediata y altos niveles de impunidad.
La experta en género del Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE), Katia Uriona, aseguró que el principal problema no radica en la ausencia de normativa, sino en su aplicación. “Se ha trasladado la responsabilidad a las mujeres (…) el Estado no responde. Hoy no hay mecanismos efectivos de protección ni de sanción”, afirmó.
También advirtió que el sistema político mantiene prácticas excluyentes. “La violencia no es un efecto colateral, es un mecanismo para excluirlas del poder”.
Tela, Honduras — Mujeres electas, funcionarias públicas, lideresas políticas y actoras clave nacionales e internacionales se reunieron en Tela los días 22 y 23 de mayo en el encuentro titulado “¿Participar o cuidar? ¿Por qué seguimos eligiendo?”, un espacio de diálogo e intercambio orientado a fortalecer la participación política de las mujeres y visibilizar las barreras estructurales que aún limitan su acceso y permanencia en los espacios de toma de decisión.
El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto EUROELECT-H, financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, y permitió poner en el centro del debate una dimensión estructural históricamente invisibilizada dentro de los debates sobre democracia y representación política: la organización social del cuidado.
En marzo de cada año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), órgano de Naciones Unidas, reúne a gobiernos y organizaciones para evaluar avances y definir compromisos en materia de igualdad de género. Sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, pero sí orientan la agenda global y permiten identificar hacia dónde se mueven —o no— las prioridades políticas en relación con los derechos de las mujeres.
En su 70ª sesión (2026), la CSW fijó como tema prioritario el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. Y lo hizo desde una perspectiva amplia que trasciende lo estrictamente judicial. Las conclusiones articulan el acceso a la justicia con condiciones estructurales de igualdad sustantiva: la erradicación de prácticas discriminatorias, la autonomía económica, la participación en la toma de decisiones y la eliminación de la violencia en todas sus formas.
En este marco, el documento reconoce que las barreras de acceso a la justicia están profundamente imbricadas con desigualdades estructurales. Por ello, recomienda, entre otras medidas, la incorporación de la perspectiva de género en todas las instituciones públicas, la eliminación del matrimonio infantil, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y la garantía de su participación efectiva en los espacios de poder.