Parlamentos y representantes
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, enfrenta una situación crítica que ha comprometido no solo el ejercicio pleno de sus funciones, sino también los principios democráticos que garantizan la participación política de las mujeres en cargos de alta responsabilidad. A lo largo de su mandato, ha sido objeto de una serie de decisiones administrativas, judiciales y políticas —incluyendo su desplazamiento forzado al extranjero, la reestructuración de su despacho, la detención de su hijo, sanciones disciplinarias y la suspensión de sus derechos políticos— que, en su conjunto, han sido señaladas por diversos actores nacionales e internacionales como actos constitutivos de violencia política por ser mujer. Este informe tiene como propósito documentar los hechos clave, analizar la articulación de estas acciones a la luz del marco normativo vigente, y evaluar sus repercusiones en la institucionalidad democrática y en el proceso electoral ecuatoriano.
Articulo completo publicado por Transparencia Electoral.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió una medida cautelar solicitada por una candidata a magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito en Oaxaca.
La denuncia fue presentada en contra de un medio digital y usurarios de la red social X.
Ciertas publicaciones fueron consideradas constituir violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG), en el contexto del Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
Tras analizar el caso, el órgano colegiado procedió con la adopción de cautelares respecto a cuatro publicaciones obtenidas en la red social X . Según las autoridades, estas medidas emplean estereotipos de género que atribuyen un juicio de valor desfavorable a la imagen de la solicitante, al presentarla como subordinada a una figura masculina con poder y capacidad de decisión.
Artículo publicado por Infobae.
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La representación política de las mujeres en el Perú ha recorrido un largo camino, desde la conquista del derecho al acceso universitario en 1908 con la Ley N.º 801, hasta los actuales esfuerzos legislativos por garantizar una participación igualitaria. Aunque se han logrado avances históricos importantes —como el sufragio femenino en 1955 y, más recientemente, la Ley de Paridad y Alternancia (Ley N.º 31030)—, aún persisten barreras estructurales, culturales y políticas que limitan una participación efectiva y equitativa de las mujeres en la vida pública del país.
El acceso a la educación superior fue el primer peldaño en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Este proceso fue acompañado por una toma de conciencia feminista que gestó liderazgos como los de María Jesús Alvarado Rivera y Magda Portal, quienes desde el activismo y la política partidaria sembraron las bases de la actual participación femenina en el ámbito político.
La aprobación del sufragio femenino en 1955 marcó un hito fundamental. Si bien su aplicación fue inicialmente limitada por criterios de alfabetización, permitió que, por primera vez en las elecciones de 1956, las mujeres participaran como electoras y candidatas, logrando así representación en el Congreso.
Artículo completo publicado por El Pueblo.
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El pronunciamiento fue hecho por la Sala Segunda de Revisión, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside. El caso revisado involucró a un periodista que interpuso una tutela contra una congresista indígena de la comunidad Wayuu, representante a la Cámara por la circunscripción internacional, quien lo bloqueó de sus redes sociales oficiales en X y Facebook.
El comunicador alegaba que la decisión de la representante vulneraba sus derechos a la libertad de expresión, al acceso a información pública y a la participación política. Por su parte, la congresista argumentó que el bloqueo fue una medida necesaria para protegerse de agresiones verbales y ataques de género reiterados.
La Corte encontró que existía una tensión entre derechos fundamentales, al enfrentar la libertad de expresión y el acceso a la información con la dignidad, la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Tras analizar las publicaciones del periodista, la Sala identificó expresiones que calificó como violencia de género digital, dirigidas a una mujer indígena que ejerce un rol político.
Artículo completo publicado por El Frente
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“Luisa Gonzalez alias la rana moza del prófugo”.“Doña Verónica Abad, realmente es fea”. “Ahora hay que averiguar quién es la primera moza del país, ¿Lavinia o Diana Jácome?”. Son solo tres de los insultos que recibieron las mujeres políticas en la primera vuelta electoral de 2025.
Estos comentarios son considerados una forma de violencia política de género porque no atacan el desempeño o capacidad de las mujeres sino aspectos que nada tienen que ver con su presencia en la vida pública.
La violencia política de género ocurre cuando mujeres —políticas, activistas, periodistas— son atacadas con estereotipos de género sobre roles tradicionales, como ser esposa o ser madre, o con comentarios sobre sus cuerpos y apariencia, en vez de juzgar su trayectoria o trabajo.
Artículo completo publicado por GK.
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La Investigadora del CONICET, Sol Prieto, dialogó con Felicitas Bonavitta y equipo de Bonavitta en 530 (AM 530-Somos Radio, lunes a viernes de 12 a 14hs), sobre el impacto del ajuste en las mujeres”.
“Los principales sectores afectados por las políticas de Milei están compuestos en su mayoría por mujeres” afirmó la investigadora del CONICET, Sol Prieto.
Y agregó: «durante el 2024 hubo una política de ajuste dirigida a las mujeres. El gobierno lo hizo por motus propio, es anterior a la exigencia de ajuste del FMI. Fue uno de los ajustes más grandes de la historia de Argentina”.
En tanto, denunció que “estamos ante un incremento veloz de la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. Hubo una caída salarial que no se recuperó, en especial en los sectores de salud y educación”.
Por último, resaltó que “hay muchos programas que inciden sobre la vida de las mujeres que hoy están desfinanciados”.
Artículo completo publicado por 530 Somos Radio.
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El informe anual proporciona una actualización y un análisis de los progresos realizados y los contratiempos registrados por las mujeres en el parlamento. Producido todos los años con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), presenta datos sobre las mujeres en los parlamentos nacionales, las tendencias regionales y mundiales, la información sobre las mujeres presidentes y las candidatas. También analiza los mecanismos para apoyar el acceso de las mujeres al parlamento. El informe es breve y fácil de leer y ofrece una visión general de la situación de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo.
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El segundo informe parlamentario mundial es producido conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Interparlamentaria (UIP). Se centra en el papel del Parlamento en la supervisión de los gobiernos y su legitimidad para responsabilizar a los gobiernos por sus acciones y decisiones.
La supervisión es una función esencial del Parlamento. Es esencial crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, tal como lo prevé la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
El análisis, las conclusiones y las recomendaciones del informe se basan en la práctica y la experiencia: 150 Parlamentos nacionales contribuyeron a su preparación.
El PNUD está trabajando para fortalecer los parlamentos para ayudarles a cumplir con la Agenda 2030 en unos 70 países socios y aplicará las lecciones aprendidas del informe en su trabajo.
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El informe anual proporciona una actualización y un análisis de los progresos realizados y los reveses encontrados por las mujeres en el parlamento después de las elecciones y renovaciones celebradas durante un año. Producido todos los años con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), presenta datos sobre las mujeres en los parlamentos nacionales, las tendencias regionales y mundiales, información sobre mujeres presidentas y candidatas. También analiza los mecanismos destinados a apoyar el acceso de las mujeres al parlamento. El informe es breve y fácil de leer, proporcionando una instantánea sobre la situación de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo.
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Incidir en el proceso de deliberación política con respecto a la orientación y los contenidos que se deben establecer en la Constitución de la CDMX vinculados a la igualdad de género, la diversidad, los derechos sexuales y reproductivos, la paridad en la participación política y la autonomía económica de las mujeres, entre otros.
Conocer diversas experiencias en torno a la incorporación de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en otras Constituciones latinoamericanas.
Abrir un espacio para la reflexión que fortalezca la construcción de consensos entre organizaciones feministas y de la sociedad civil respecto a los principios fundamentales de la agenda de igualdad a incorporar en la Constitución de la CDMX.
El presente documento tiene como fin describir el panorama actual sobre Mujeres y Política en América Latina, con especial atención al caso colombiano. Con una finalidad práctica, este trabajo se divide en cuatro secciones. La primera describe sintéticamente qué se entiende por cuotas de género y sus diferentes modalidades. El segundo apartado sintetiza los efectos de las cuotas de género y leyes de paridad en la región durante el período 1991-2014. En tercer lugar, se analiza el caso particular de Colombia con la aplicación de ley 1475/11, y, por último, se efectúa una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres en Colombia y mejorar las condiciones para su real acceso a la representación.
El Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, presenta el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019).
Este Plan era una deuda que el Poder Ejecutivo tenía con las mujeres de Argentina y con la sociedad desde el año 2010. Hoy, cumplimos con esta asignatura pendiente expresando con claridad la decisión y voluntad del Poder Ejecutivo de asumir como política de Estado el cumplimiento del derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia. Por primera vez, nuestro país cuenta con una herramienta de planificación estratégica que reúne y sistematiza políticas, programas e iniciativas para todo el territorio. Con una mirada federal, transversal e interdisciplinaria, el Plan marca un camino común con estándares de protección, que tienen como fin garantizarles a todas las mujeres de Argentina el acceso a dispositivos de atención de calidad.
Cuenta con dos ejes de actuación orientados a la prevención y atención integral de las mujeres en situación de violencia de género, al tiempo que tres ejes transversales que apuntan a la formación en perspectiva de género en todos los niveles, un fuerte trabajo de articulación y coordinación institucional y un permanente monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Deconstruir esquemas culturales patriarcales, que tienen como principal consecuencia la naturalización de la violencia hacia nosotras las mujeres y que se han cobrado la vida de miles de argentinas, es un camino largo a recorrer. Es por ello que dar efectivo cumplimiento a la Ley 26.485 a partir de la implementación del Plan Nacional es paso fundamental.
Desde el Consejo Nacional de las Mujeres, un espacio de puertas abiertas al diálogo, a la articulación y la construcción colectiva, trabajamos en equipo con la Ministra de Desarrollo Dra. Carolina Stanley todos los días para, por y con las mujeres de nuestro país. Empoderándolas, brindándoles alternativas para que alcancen su autonomía y puedan desarrollar sus proyectos vida, contribuyendo así a alcanzar la igualdad sustantiva. A partir de la implementación de este Plan, podremos trabajar aún mejor y llegar a más mujeres que lo necesiten.
Porque de la violencia se puede salir, y los femicidios se pueden evitar si todas y todos nos unimos para hacer realidad el derecho de vivir una vida libre de violencia.