Parlamentos y representantes
Guadalajara, Jalisco. En México, participar en política siendo mujer puede convertirse en un acto de resistencia. Aunque las leyes han avanzado, la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) sigue siendo una realidad silenciada, normalizada e incluso invisibilizada por las propias estructuras partidistas.
En los procesos electorales pasados se registraron denuncias por violencia política de género, desde amenazas y difamaciones hasta agresiones físicas. Estos números, aunque alarmantes, representan apenas la superficie de un fenómeno mucho más amplio: el de una cultura política que todavía castiga a las mujeres que deciden ocupar espacios de poder.
Es común escuchar de las mujeres en el ámbito político “me dijeron que no era mi lugar, que mejor buscara una candidatura de suplente. Cuando insistí, comenzaron las campañas de desprestigio en redes sociales y las amenazas anónimas”, es así que lejos de encontrar en la política un espacio de representación democrática, se enfrentan las mujeres a mecanismos de exclusión disfrazados de procedimientos internos.
La violencia política contra las mujeres no siempre es visible. A veces se ejerce en los micrófonos con comentarios sexistas; otras, en el silencio de las asambleas donde se les niega la palabra. También se manifiesta en la obstaculización del acceso a financiamiento, en la simulación de paridad con “candidaturas juanitas” o en la imposición de renuncias forzadas para ceder espacios a hombres.
LIMA. - El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una severa crisis de inseguridad que atraviesa el país, tras una sesión convocada por bloques políticos de todos los espectros.
Con 123 votos de los 130 parlamentarios presentes, la presidenta fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022.
En su lugar, asumió como presidente interino José Jerí, un abogado de 38 años, quien tomó juramento del cargo a primera hora del viernes por un período que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará elecciones generales en abril.
Desde 2016, el país andino ha tenido siete presidentes: tres destituidos por el Congreso contando a Boluarte, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.
Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, y la senadora Simey Olvera Bautista destacaron la presencia de las mujeres en la participación política y en los espacios de toma de decisiones; dijeron que eso ha permitido legislar en favor del bienestar de las y los mexicanos, así como continuar con la transformación del país.
Laura Itzel Castillo Juárez que asistió a la presentación del Primer Informe Legislativo de Simey Olvera Bautista, que se llevó a cabo en el auditorio Gota de Plata, en Pachuca, Hidalgo, afirmó que mujeres como la legisladora hidalguense se convierten en un referente de lo que debe ser la participación de las mujeres en el país, “por eso tenemos senadoras de la talla de nuestra compañera que representa dignamente lo que podemos ser las mujeres en esta patria”.
En este acto de transparencia y rendición de cuentas, Simey Olvera destacó su participación para la aprobación de 21 reformas constitucionales, 13 nuevas leyes y 32 reformas a distintos ordenamientos.
Todo ello, apuntó, a fin de cumplir con los compromisos de campaña hechos con las y los mexicanos, y que han podido consolidar el proyecto de la primer mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El Instituto Nacional Electoral (INE), en alianza con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. (ILSB), inauguró la tercera edición del Programa de Liderazgo de las Mujeres en la Política, dando la bienvenida a un grupo de 220 mujeres electas a cargos públicos en el proceso electoral local de Durango y Veracruz, juzgadoras electas, militantes y/o simpatizantes de todos los partidos políticos nacionales y representantes de movimientos y organizaciones sociales de todo el país.
La Consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, enfatizó que en esta edición se incorpora por primera vez a mujeres juzgadoras, lo que, aseguró, “nos debe dar una revolución” y nutrirá el programa al interactuar en lo colectivo con otras mujeres.
Señaló que “este programa no es para formar liderazgos, es para sacar eso que traemos dentro naturalmente como personas políticas y ponerlo a trabajar en una inteligencia colectiva: Estos liderazgos de las mujeres en la política ha dado resultado en las dos ediciones anteriores”.
La Consejera Norma De La Cruz Magaña, en un mensaje por video, subrayó la relevancia del esfuerzo realizado entre el INE y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. “El programa busca promover la participación de la mujer en el ámbito público, así como fortalecer los liderazgos para el ejercicio de cargos públicos y la toma de decisiones”, afirmó.
Durante los próximos 30 días, detalló, las 220 participantes recibirán una formación integral mediante tres encuentros virtuales por semana en los que un equipo de docentes especialistas, entre los que se encuentran mujeres con destacada trayectoria y experiencia local e internacional, se centrarán en temáticas como comunicación política; manejo de crisis; campañas electorales; redes sociales y financiamiento electoral, entre otros.
La consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Eva Barrientos Zepeda, señaló que la violencia política contra las mujeres puede aumentar si las mujeres no denuncian.
“Hay herramientas y no se deben permitir este tipo de prácticas, muchas veces puede aumentar pero sí puede aumentar porque las propias mujeres lo permiten si no denuncian, sí bien es cierto aún no hay un tipo penal, hay otras herramientas”, dijo.
La funcionaria electoral manifestó que aunque aún no se tipifica este delito se puede ir a otras instancias como es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) o los tribunales electorales.
El próximo miércoles 1.° de octubre dará inicio la campaña electoral de 2026, el primer proceso en que se aplicará la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política, aprobada en abril de 2022 por los diputados de la anterior Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la mayoría de partidos políticos en el país incumple la reglamentación interna para evitar estas manifestaciones dentro de sus agrupaciones.
Así lo advirtió Wendy González, magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), durante el foro Violencia política contra las mujeres, organizado por la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
De acuerdo con los datos expuestos, únicamente 13 partidos inscritos a escala nacional cumplen con la normativa, mientras que 21 la incumplen. La situación es aún más grave en los partidos cantonales: solo tres aplican la ley, mientras que 20 la ignoran.
González explicó que, según el artículo 6 de la ley, tanto los partidos como las instituciones públicas deben contar con una política interna para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. Esa política debe establecer un órgano competente para investigar denuncias, con procedimientos claros y sanciones definidas.
El informe anual proporciona una actualización y un análisis de los progresos realizados y los contratiempos registrados por las mujeres en el parlamento. Producido todos los años con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), presenta datos sobre las mujeres en los parlamentos nacionales, las tendencias regionales y mundiales, la información sobre las mujeres presidentes y las candidatas. También analiza los mecanismos para apoyar el acceso de las mujeres al parlamento. El informe es breve y fácil de leer y ofrece una visión general de la situación de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo.
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El segundo informe parlamentario mundial es producido conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Interparlamentaria (UIP). Se centra en el papel del Parlamento en la supervisión de los gobiernos y su legitimidad para responsabilizar a los gobiernos por sus acciones y decisiones.
La supervisión es una función esencial del Parlamento. Es esencial crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, tal como lo prevé la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
El análisis, las conclusiones y las recomendaciones del informe se basan en la práctica y la experiencia: 150 Parlamentos nacionales contribuyeron a su preparación.
El PNUD está trabajando para fortalecer los parlamentos para ayudarles a cumplir con la Agenda 2030 en unos 70 países socios y aplicará las lecciones aprendidas del informe en su trabajo.
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El informe anual proporciona una actualización y un análisis de los progresos realizados y los reveses encontrados por las mujeres en el parlamento después de las elecciones y renovaciones celebradas durante un año. Producido todos los años con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), presenta datos sobre las mujeres en los parlamentos nacionales, las tendencias regionales y mundiales, información sobre mujeres presidentas y candidatas. También analiza los mecanismos destinados a apoyar el acceso de las mujeres al parlamento. El informe es breve y fácil de leer, proporcionando una instantánea sobre la situación de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo.
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Incidir en el proceso de deliberación política con respecto a la orientación y los contenidos que se deben establecer en la Constitución de la CDMX vinculados a la igualdad de género, la diversidad, los derechos sexuales y reproductivos, la paridad en la participación política y la autonomía económica de las mujeres, entre otros.
Conocer diversas experiencias en torno a la incorporación de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en otras Constituciones latinoamericanas.
Abrir un espacio para la reflexión que fortalezca la construcción de consensos entre organizaciones feministas y de la sociedad civil respecto a los principios fundamentales de la agenda de igualdad a incorporar en la Constitución de la CDMX.
El presente documento tiene como fin describir el panorama actual sobre Mujeres y Política en América Latina, con especial atención al caso colombiano. Con una finalidad práctica, este trabajo se divide en cuatro secciones. La primera describe sintéticamente qué se entiende por cuotas de género y sus diferentes modalidades. El segundo apartado sintetiza los efectos de las cuotas de género y leyes de paridad en la región durante el período 1991-2014. En tercer lugar, se analiza el caso particular de Colombia con la aplicación de ley 1475/11, y, por último, se efectúa una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres en Colombia y mejorar las condiciones para su real acceso a la representación.
El Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable del diseño de las políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, presenta el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019).
Este Plan era una deuda que el Poder Ejecutivo tenía con las mujeres de Argentina y con la sociedad desde el año 2010. Hoy, cumplimos con esta asignatura pendiente expresando con claridad la decisión y voluntad del Poder Ejecutivo de asumir como política de Estado el cumplimiento del derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia. Por primera vez, nuestro país cuenta con una herramienta de planificación estratégica que reúne y sistematiza políticas, programas e iniciativas para todo el territorio. Con una mirada federal, transversal e interdisciplinaria, el Plan marca un camino común con estándares de protección, que tienen como fin garantizarles a todas las mujeres de Argentina el acceso a dispositivos de atención de calidad.
Cuenta con dos ejes de actuación orientados a la prevención y atención integral de las mujeres en situación de violencia de género, al tiempo que tres ejes transversales que apuntan a la formación en perspectiva de género en todos los niveles, un fuerte trabajo de articulación y coordinación institucional y un permanente monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Deconstruir esquemas culturales patriarcales, que tienen como principal consecuencia la naturalización de la violencia hacia nosotras las mujeres y que se han cobrado la vida de miles de argentinas, es un camino largo a recorrer. Es por ello que dar efectivo cumplimiento a la Ley 26.485 a partir de la implementación del Plan Nacional es paso fundamental.
Desde el Consejo Nacional de las Mujeres, un espacio de puertas abiertas al diálogo, a la articulación y la construcción colectiva, trabajamos en equipo con la Ministra de Desarrollo Dra. Carolina Stanley todos los días para, por y con las mujeres de nuestro país. Empoderándolas, brindándoles alternativas para que alcancen su autonomía y puedan desarrollar sus proyectos vida, contribuyendo así a alcanzar la igualdad sustantiva. A partir de la implementación de este Plan, podremos trabajar aún mejor y llegar a más mujeres que lo necesiten.
Porque de la violencia se puede salir, y los femicidios se pueden evitar si todas y todos nos unimos para hacer realidad el derecho de vivir una vida libre de violencia.