Parlamentos y representantes
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Recientemente, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó el análisis de un proyecto de ley que busca aumentar la participación de las mujeres en la política, incrementando la paridad en las candidaturas al Congreso.
La iniciativa ingresada a la Cámara en abril pasado apunta a modificar la denominada Ley de Cuotas, que permitió sustituir el sistema electoral binominal por uno que fuera más inclusivo y participativo.
Esa normativa estableció, entre otras cosas, que “de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo”.
Lo anterior corresponde a uno de los principales puntos que busca modificar la iniciativa presentada por las diputadas Andrea Parra (PPD), Ximena Ossandón (RN), Zandra Parisi (PDG), Carolina Cucumides (PS), Marcela Hernando (PR) y Carolina Tello (FA).
Y es que si bien el proyecto argumenta que el mecanismo vigente permitió un aumento significativo en la participación femenina, “las mujeres continúan subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones. Además, persisten brechas relevantes en financiamiento electoral. Los antecedentes aportan fundamentos sustantivos para advertir que los candidatos hombres reciben en promedio casi el doble de aportes que las mujeres y hasta tres veces más en acceso a crédito”.
Santiago. 7/2026. El Servicio Electoral de Chile (SERVEL) presentó el Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política. La evidencia, las experiencias, los testimonios, los seguimientos, apuntaron a la necesidad de generar un organismo como ese, para responder a nuevas realidades que encaran las mujeres, sobre todo las que se comprometen en la actividad política.
Se trata de “una iniciativa inédita que posiciona a Chile como referente regional en el desarrollo de herramientas para monitorear, registrar, prevenir, visibilizar y contribuir a enfrentar una de las formas de violencia que más ha impactado la participación política de las mujeres en los entornos digitales”.
La ceremonia fue encabezada por la Presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, quien destacó que la creación del Observatorio responde al compromiso institucional de fortalecer la democracia mediante la generación de evidencia, prevención y el desarrollo de capacidades para enfrentar un fenómeno que representa un desafío creciente. En la instancia también participaron los consejeros directivos de Servel Marcelo Carvallo y María Cristina Escudero; el Director Nacional de Servel, Raúl García; representantes del Tricel, Minrel, la academia, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
“Lo que el Servicio Electoral de Chile ha venido observando con evidencia, con datos y con trabajo sistemático, es que no se trata de un problema personal, nunca lo fue. Lo que los números describen no es la experiencia individual de mujeres que eligieron exponerse a los riesgos de la vida pública. Describe un patrón, una regularidad, un mecanismo que opera de manera consistente sobre las mujeres que ejercen liderazgo político, independientemente de su cargo, su partido o su ideología. Y cuando un fenómeno es sistemático deja de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión pública. Por eso estamos aquí hoy, porque una democracia que tolera que sus representantes electas, elegidas, sean silenciadas y excluidas del espacio público digital, no están enfrentando solo un problema de convivencia social. Está enfrentando un problema fundamental de su convivencia democrática”, afirmó la presidenta del Servel, Pamela Figueroa.
El 11 de junio, cientos de mujeres se congregaron en Abuya, la capital de Nigeria, para exhortar a los legisladores a aprobar el proyecto de ley de escaños especiales (también conocido como la ley de asientos reservados), reforma constitucional pensada para abordar la severa falta de representación de las mujeres en el Parlamento.
Pese a conformar la mitad de la población de Nigeria, las mujeres solo tienen el 4.5% de escaños de la Asamblea Nacional. Constantemente, Nigeria se ubica cerca del último lugar globalmente, y África en cuando a representación parlamentaria de las mujeres.
La ley propuesta busca crear 37 escaños adicionales reservados exclusivamente para mujeres que postulan al Senado y la Cámara de Representantes (uno por estado más el Territorio de la Capital Federal), y tres escaños dedicados en la asamblea estatal. Estos nuevos cargos, para ser disputados solo por mujeres en las elecciones generales, se enmarcan como acción afirmativa temporal para avanzar en paridad de género y gobernanza inclusiva.
En Panamá, las mujeres representan aproximadamente la mitad del padrón electoral y participan activamente en la vida democrática. Sin embargo, ocupan menos del 14% de los cargos de elección popular. Si esta realidad representa un desafío para las mujeres en general, el reto adquiere otras dimensiones para las mujeres indígenas. Según el Censo de 2023, en el país viven 352,292 mujeres indígenas, que representan el 50.5% de la población indígena nacional.
Muchas de las brechas sociales, económicas y territoriales adquieren una expresión particular en sus vidas, especialmente durante la niñez y la adultez mayor. Sus posibilidades de participar, liderar e incidir están condicionadas por desigualdades de género, económicas, geográficas y culturales que se entrecruzan y refuerzan entre sí.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta realidad nos invita a formular una pregunta esencial para el fortalecimiento democrático: ¿Estamos creando las condiciones para que las mujeres indígenas puedan participar e incidir en igualdad de oportunidades en los espacios donde se toman las decisiones?
Desde la sociología y las ciencias sociales, hasta la filosofía y la salud pública la violencia se define como un fenómeno complejo y multidimensional. Dentro de esta variedad disciplinaria y conceptual la Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o como un acto efectivo, en contra de una persona o de un grupo determinado. Sin embargo, también señala que el agresor de la acción violenta la puede ejercer contra sí mismo. La clave está en la intencionalidad o la voluntad detrás del acto, por lo tanto, nunca es un hecho accidental.
Analíticamente, el recientemente fallecido sociólogo noruego Johan Galtung propuso tres dimensiones o expresiones de violencia. La primera es la violencia directa o visible, en la que claramente se aprecia al emisor y al receptor de la agresión física, verbal o psicológica. La segunda es calificada como estructural, en la medida que el agresor individual es reemplazado por un sistema que agrede, como el racismo o la pobreza. Esta dimensión tiende a invisibilizarse, pero es la más arbitraria, debido a que casi siempre es el sistema político, el social o el económico el agresor y emisor de la violencia. Esta expresión estructural de la violencia es la que impide que ciertos grupos sociales puedan satisfacer sus necesidades básicas y de desarrollo. Pero, tanto la violencia directa como la estructural necesitan una justificación o una legitimación para la agresión y es aquí donde emerge la denominada violencia cultural. Esta tercera dimensión cultural propaga la creencia que ciertas formas de violencia son naturales e incluso necesarias. En la historia moderna estos agentes culturales se mueven a través de la ideología, la religión el arte, la ciencia o el lenguaje.
Patricia Mercado Castro, ex candidata a la presidencia de la República sentenció: “mal interpretamos la paridad”, porque sólo nos quedamos con la participación política mientras no hay autonomía económica, ni educación y formación laboral para las mujeres. Fallamos.
Encima las mujeres siguen viviendo la disyuntiva entre optar por la maternidad o su trabajo; en 2026 la maternidad se sigue sancionando con el despido y la discriminación, sin hablar de los obstáculos para ocupar posiciones en la producción por ser mujeres.
Y sí, hay paridad en el Congreso, las gubernaturas, avanza en el funcionariado público, pero sigue la brecha salarial que constitucionalmente obliga a pagar igual salario para trabajo igual porque la base salarial especializada tiene diferencias, no solo en la práctica, sino en su reglamentación, el caso más claro es el de las futbolistas.
Está pendiente el sistema nacional de cuidados, está pendiente la iniciativa para terminar con la división sexual del trabajo, está pendiente cumplir con la OIT en materia de violencia laboral (Convenio 190), está pendiente la seguridad en el empleo tras un embarazo, está pendiente aumentar los días libres para los hombres, estancado en 5 días hace años. Pendiente cumplir con el convenio 100 de la OIT, firmado por México hace 50 años y que establece salario igual a trabajo de igual valor, iniciativa entre otras ahora archivada.