Parlamentos y representantes
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El Valle del Cauca llevó a la agenda pública la discusión sobre la violencia contra las mujeres en política con la radicación del Proyecto de Ordenanza N.° 003, que ya inició su trámite en la Asamblea Departamental.
La iniciativa, presentada el 10 de abril de 2026, quedó a la espera de los debates reglamentarios para su eventual aprobación, en el marco de la Ley Estatutaria 2453 de 2025.
El proyecto, impulsado por la diputada Lina Segura, plantea medidas para proteger a las mujeres que participan en la vida pública del departamento, en un contexto marcado por denuncias de hostigamiento y violencia simbólica.
“Esta iniciativa no tuvo color político; respondió a una necesidad urgente de garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo ni violencia”, afirmó la diputada.
Poco más de tres meses restan para que el nuevo Congreso inicie sus actividades en el Legislativo con la conformación que los colombianos eligieron el pasado 8 de marzo. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se emitió una nueva alerta sobre la participación de mujer en política, pues tan solo el 29 % de los asientos en el Capitolio serán ocupados por mujeres.
El panorama es similar al del cuatrienio 2022-2026 que culminará el próximo 20 de junio. Para este periodo fueron 295 curules, incluyendo las que otorga el estatuto de oposición a los perdedores de la segunda vuelta presidencial, de las cuales solo 86 eran ocupadas por mujeres.
No son ataques aislados, son redes que operan para deslegitimar a figuras públicas en política, desplazando el debate técnico hacia la agresión personal y el castigo moral. Ni el Órgano Electoral ni la Defensoría del Pueblo activan redes de contención.
Durby Blanco llegó al Palacio Quemado el 9 de marzo con un discurso preparado. Un día antes había celebrado el Día Internacional de la Mujer y cumplido 32 años. Ese lunes le tocaba asumir su primer acto oficial como viceministra interina de Igualdad de Oportunidades.\
Horas después, sus palabras ya circulaban en redes sociales, recortadas y fuera de contexto. No se debatió la política pública, se la cuestionó a ella. Lo que debía ser su presentación en el cargo se convirtió en el inicio de una cadena de ataques que no se detuvo en lo político.
Lo que no es casual
Lo que ocurrió con Durby no es un hecho aislado. Un boletín del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre violencia digital en contextos políticos muestra que una de cada cinco interacciones dirigidas a mujeres con participación política en redes sociales contiene algún tipo de agresión.
Recientemente, la senadora Vanessa Kaiser afirmó en el Senado: “No estoy de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”. Sus declaraciones dejan ver una profunda irresponsabilidad política al desconocer las desigualdades que afectan material, simbólica y físicamente la vida de las mujeres.
La desigualdad que enfrentan las mujeres no remite solo a hechos aislados ni a episodios excepcionales. Exige, más bien, comprenderla como producto de las múltiples formas de violencia que viven, las cuales configuran la vida cotidiana y organizan las relaciones sociales, manifestándose en distintos ámbitos y bajo diversas formas: simbólica, económica, psicológica, física, sexual y femicida, entre otras expresiones de violencia sostenidas en un entramado cultural que la reproduce, la justifica y la naturaliza.
Los datos oficiales son elocuentes. En un país donde los sueldos son bajos en general, la situación de las mujeres se vuelve todavía más crítica. En base a la Encuesta Suplementaria de Ingresos (2024), la mediana de ingresos líquidos es menor para las mujeres, mientras la mitad de los hombres percibe un ingreso igual o menor a $698.255 producto de su ocupación principal, la mitad de las mujeres no supera los $555.362.
En política, el nombre no solo identifica. También puede acercar, jerarquizar o restar investidura. Distintos estudios internacionales y la lectura de una experta en comunicación política coinciden en que muchas mujeres siguen siendo nombradas desde registros más personales, mientras los hombres conservan con más frecuencia fórmulas asociadas al apellido, el cargo o la autoridad pública.
Cuando nombrar también ordena el poder
Para Silvia Juliana Parra Cañas, docente de cátedra de la Universidad del Rosario en la maestría en comunicación política digital, el punto de partida es claro: “En comunicación política, el modo de nombrar a una figura pública no es un detalle estilístico: es una forma de distribuir poder simbólico. El lenguaje no solo describe la política, también la organiza jerárquicamente”.
Ese patrón ha sido medido en otros ámbitos profesionales. Un estudio de la Universidad de Cornell, basado en ocho experimentos, encontró que las personas tendían a referirse con más frecuencia a hombres profesionales solo por el apellido que a mujeres en condiciones equivalentes. Además, quienes eran nombrados de esa manera eran percibidos como más reconocidos, más importantes y más merecedores de prestigio en su campo.
La clave, en ese caso, no estaba solo en la costumbre lingüística, sino en el efecto que producía. El apellido aparecía como una señal de autoridad y reconocimiento. En política, donde el lenguaje está directamente ligado a la construcción de imagen pública, ese matiz adquiere todavía más peso.
Parra Cañas lo explica así: “Nombrar desde el nombre propio suele producir un efecto de cercanía, pero también puede implicar una forma de desinstitucionalización del liderazgo. En el contexto colombiano, el apellido ha funcionado históricamente como un marcador de autoridad, tradición y pertenencia a élites políticas”.
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a Urgente.bo que al menos 35 mujeres fueron electas como autoridades en las elecciones subnacionales y se impusieron al acoso y la violencia política.
Sánchez detalló que dos mujeres fueron electas gobernadoras en Pando y Tarija, mientras que 33 fueron obtuvieron Alcaldías en distintos municipios de Bolivia. Asimismo, indicó que en Santa Cruz eligieron a la vicegobernadora, Paola Aguirre.
Sin embargo, a pesar de estos resultados la representación femenina sigue siendo reducida, aseveró la directora. "Son treinta y tres alcaldesas electas frente a los trescientos treinta y cinco municipios, casi casi el diez por ciento", precisó y subrayó que aún no se alcanza la paridad en "espacios clave" de toma de decisiones.
Por su parte, la analista política Susana Bejarano indicó que si bien hay un avance en las elecciones de autoridades; aún hay la sospecha de un "tutelaje" por detrás de las mujeres candidatas. En esa línea, señaló que este progreso se debe más a los avances "casi obligatorios" de la norma, que de la sociedad.