El ministro de Igualdad y Equidad insiste en llamarse ministra. Pero la Ley de Participación Paritaria no habla de géneros fluidos ni de identidades: habla de mujeres.
Parlamentos y representantes
En consecuencia con los indicadores de participación política de la región y del mundo, la representación parlamentaria uruguaya sigue estando predominada por hombres, aunque el Ingreso de figuras femeninas a la Cámara Alta y la Cámara Baja ha incrementado de periodo a periodo
Aunque la participación de las mujeres en el Poder Legislativo ha crecido en los últimos años, los hombres continúan siendo mayoría entre los legisladores. Esta realidad refleja que, si bien se han dado avances hacia la paridad de género, aún queda camino por recorrer para alcanzar una representación equilibrada. La presencia creciente de mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado muestra un cambio gradual y sostenido.
Una conquista, no un regalo
Las leyes no caen del cielo: se conquistan.
La Ley 2424 de 2024 es fruto de una larga batalla para transformar la arquitectura del poder político, que durante siglos fue un coto masculino. Su mandato es inequívoco: “al menos la mitad de los ministerios deben ser ocupados por mujeres”. Mujeres —no identidades, no autopercepciones fluidas—. Mujeres, sujeto histórico de una exclusión persistente y documentada.
Esta precisión no es capricho: es la clave para garantizar la eficacia de una acción afirmativa destinada a corregir una desigualdad estructural, verificable y mensurable.
Conviene aclarar de inmediato lo que algunos prefieren enredar: el “género fluido” no aparece en la Ley 2424 de 2024, no está en el Decreto 859 de 2025 y no es categoría paritaria en el ordenamiento colombiano. No entra en el cálculo.
La violencia política digital de género se ha convertido en uno de los principales retos para la representación de las mujeres en diversos países, y que se profundiza ante un contexto histórico democrático complejo, expusieron expertas y activistas internacionales ante el INE.
La violencia política digital de género se ha convertido en uno de los principales retos para la representación de las mujeres en diversos países, y que se profundiza ante un contexto histórico democrático complejo, expusieron expertas y activistas internacionales ante el INE.
Este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), presentaron el proyecto “Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para la protección de la democracia en América Latina, desafío: Violencia política digital de género”.
Ciudad de México. Una mayor participación de mujeres en cargos de representación popular no ha significado respeto hacia ellas.
“En México, donde hay 50 por ciento de representación, (ellas) están siendo objeto de este tipo de acoso, al igual que en Brasil donde hay 18 por ciento, en Chile, 33 por ciento, o en Guatemala donde hay 8 por ciento”, dijo Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional.
En una conferencia dictada en el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió: “no vemos una correlación entre más mujeres en cargos de poder y más violencia en línea. Las mujeres hoy día son las principales víctimas de violencia en línea en todos los países, más allá de si están excluidas o integradas en la toma de decisiones”.
Ciudad de México. En el mundo las mujeres están subrepresentadas a nivel político, y de no haber cambios profundos en la materia, lo seguirán estando por mucho tiempo más, planteó Alicia Bárcena, ex titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Si el ritmo actual de progreso se mantiene, la paridad política global tardará 168 años en alcanzarse”, expuso a través de un vídeomensaje grabado con motivo de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM).
La embajadora detalló que en el último medio siglo, solo el 29 por ciento de las economías globales han sido lideradas por mujeres y en 2024 menos del 10 por ciento alcanzaron la paridad de género a nivel ministerial.
La violencia contra las mujeres en política (VCMP) constituye una de las barreras más persistentes para garantizar la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres en los espacios de representación y toma de decisiones. En Colombia, este fenómeno ha sido ampliamente documentado. Los estudios revelan que las mujeres que ejercen liderazgo político enfrentan no solo los desafíos propios de la competencia electoral, sino también agresiones y prácticas discriminatorias orientadas a desincentivar, obstaculizar o incluso impedir su participación.
El marco regulatorio para los partidos políticos ha evolucionado para enfrentar este desafío. Un primer hito fue la Ley 1475 de 2011, que estableció requisitos fundamentales para la participación de las mujeres al introducir principios de igualdad y equidad de género, así como cuotas mínimas de representación. Un avance significativo posterior es la Ley Estatutaria 2453 de 2025, la cual profundiza y concretiza las responsabilidades de las organizaciones políticas frente a la VCMP. Esta nueva ley establece medidas específicas para prevenir, atender, rechazar y sancionar este tipo de violencia, y otorga un plazo de seis (6) meses para que los partidos y movimientos políticos adecúen sus estatutos, códigos de ética y procedimientos internos a las disposiciones de la norma estatutaria.