Liderazgo de las mujeres
Las mujeres en cargos directivos gubernamentales
- A partir del 1 de enero de 2026, hay 28 países donde 30 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno [1]. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años [2].
- Solo 16 países están presididos por una Jefa de Estado, y 21 países tienen Jefas de Gobierno [3].
- Datos recopilados por primera vez por ONU Mujeres muestran que, a 1 de enero de 2026, las mujeres representan el 22,4 por ciento de los miembros de Gabinete dirigiendo Ministerios que lideran un área política [4]. Solo hay nueve países en los que las mujeres ocupan el 50 por ciento o más de los cargos de ministras del Gabinete que dirigen áreas políticas [5].
- Las carteras más ocupadas por ministras son Mujer e igualdad de género, Familia e infancia, y Inclusión social y desarrollo [6].
Las mujeres en los parlamentos nacionales
- Sólo el 27,5 por ciento de los parlamentarios son mujeres, frente al 11 por ciento en 1995 [7].
- Solo siete países tienen un 50 por ciento o más de mujeres en el parlamento en cámaras bajas o parlamentos unicamerales: Rwanda (64 por ciento), Cuba (57 por ciento), Nicaragua (55 por ciento), Bolivia (51 por ciento), Andorra, México, y Emiratos Árabes Unidos (todo al 50 por ciento)[8].
- Otros 23 países han alcanzado o superado el 40 por ciento, entre ellos diez en Europa, seis en África, cinco en América Latina y el Caribe, y dos en Asia-Pacífico [9].
- En todo el mundo, hay 21 Estados en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los escaños en cámaras bajas o parlamentos unicamerales, incluidas tres cámaras bajas en las que no hay ninguna mujer [10].
- Con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se logrará antes de 2063 [11].
- Las mujeres ocupan el 37 por ciento de los escaños parlamentarios en América Latina y el Caribe y constituyen el 33 por ciento de los parlamentos de Europa y América del Norte. En el África subsahariana hay un 27 por ciento de mujeres legisladoras, seguidas de Asia oriental y sudoriental, con un 24 por ciento; Oceanía, con un 21 por ciento; África septentrional y Asia occidental, con un 18.5 por ciento; y Asia central y meridional, con un 17 por ciento de parlamentarias [12].
Como parte de la estrategia del gobierno estatal para fortalecer la prevención de la violencia, la Secretaría de las Mujeres realizó, en el municipio de Temixco, una reunión con directoras de las instancias municipales de la mujer para consolidar el trabajo coordinado de los Centros LIBRE en el estado.
Durante la jornada, se tejieron acuerdos y estrategias para fortalecer la prevención, la atención integral y la canalización inmediata de casos desde las demarcaciones.
La titular de la Secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, señaló que el objetivo es fortalecer el trabajo conjunto y garantizar que los municipios cuenten con el acompañamiento institucional para impulsar estrategias que abonen a la seguridad de las mujeres en la entidad.
“Hemos estado trabajando en acciones que contribuyan a que Morelos sea un lugar más seguro para todas las mujeres. Esa es la intención del trabajo que realizamos de manera coordinada”, afirmó.
La funcionaria informó que el estado contará con cuatro Centros LIBRE adicionales, alcanzando un total de 20 espacios de atención, los cuales serán instalados estratégicamente para garantizar acceso cercano, seguro y efectivo para las mujeres.
De igual manera, destacó la importancia del trabajo coordinado con autoridades municipales y presidencias de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, al tratarse de una política pública de igualdad y prevención que requiere articulación institucional permanente.
Se reconoció la colaboración de los municipios de Tepoztlán, Yautepec, Xochitepec y Puente de Ixtla, que apoyaron en la cobertura de honorarios de profesionistas de los Centros LIBRE, lo que permitió que estos espacios permanecieran abiertos de manera continua.
El concepto de feminacionalismo
En primer lugar, mi concepto de feminacionalismo se vio influido de manera importante por el concepto de homonacionalismo de la académica queer Jasbir Puar. En 2007, Puar publicó un influyente libro en el que analizaba las formas en que algunos sectores del movimiento LGBTQ+ en Estados Unidos habían colaborado con la retórica nacionalista de la guerra contra el terrorismo. En resumen, describía cómo muchos gais y lesbianas habían aceptado la idea de que el islam era una religión especialmente homófoba y que las comunidades musulmanas eran enemigas de los derechos LGBTQ+.
El libro de Puar fue muy importante porque reveló, aunque de forma implícita, uno de los puntos débiles de la política identitaria: a saber, que la lucha por los derechos y libertades individuales desprovista de cualquier contenido de clase no podía evitar las trampas de la política de derechas. De hecho, un desarrollo importante del capitalismo neoliberal ha sido la cooptación de algunas subculturas gais como culturas de consumo y la creación de la homonormatividad como homosexualidad domesticada.
Las integrantes del equipo SMAWT operan en las proximidades del muro militar levantado por Marruecos en los años ochenta, una estructura que divide el territorio y sigue rodeada de campos minados. No se trata de un vestigio del pasado cerrado, sino de la huella física de un conflicto que Naciones Unidas considera pendiente de descolonización. Cada artefacto retirado confirma que el problema político no está resuelto.
Su trabajo tiene una dimensión humanitaria evidente —proteger a la población civil y reducir riesgos—, pero también un significado político: garantizar condiciones mínimas de seguridad es parte del ejercicio efectivo de derechos. Sin seguridad, no hay movilidad, ni desarrollo, ni retorno posible a determinadas zonas.
El interés de llevar el documental al Parlamento Europeo abre otra cuestión: ¿habrá coherencia entre el discurso europeo sobre derechos humanos y la realidad del Sáhara Occidental? La visibilidad cultural puede romper el silencio mediático, pero solo tendrá impacto si se traduce en debate institucional y responsabilidad política.
El foco no debería quedarse en la gala, sino en lo que las minas representan: la persistencia material de una ocupación y de una descolonización inacabada.
La paridad de género en el Congreso de Zacatecas no se ha traducido en una agenda legislativa sustantiva para las mujeres, advirtió la investigadora Reyna Marisol Hernández Herrera al presentar avances de su investigación, basada en la revisión de 355 gacetas parlamentarias de la 64 Legislatura (2021-2024).
De acuerdo con la doctorante de la Unidad Académica de Ciencia Política (BUAZ), la primera legislatura local integrada bajo el principio constitucional de paridad avanzó poco en materia de derechos sexuales y reproductivos, políticas de cuidado, salud y derechos laborales, pese a que se trata de rubros centrales de inequidad para las mujeres.
Hernández Herrera explicó que la subordinación de diputados y diputadas a intereses partidarios, la inequidad en los roles y en el reparto de comisiones, inciden en que “las necesidades, intereses y exigencias de las zacatecanas en el ámbito legislativo” tengan poca materialización en leyes o políticas públicas.
La producción legislativa durante el periodo analizado se concentró en los ejes de representación política y toma de decisiones, así como en violencia contra las mujeres, rubros en los que se aprobaron iniciativas orientadas principalmente a la armonización normativa y a la tipificación de conductas penales, como la violencia vicaria, la violencia ácida y la violencia mediática, además de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.
A lo largo de su historia, Chile ha avanzado en la construcción de un ecosistema institucional de políticas públicas, marcos legales e instituciones que no responden a coyunturas ni a mayorías circunstanciales, sino a acuerdos democráticos construidos en el tiempo para garantizar los derechos y una vida plena para las mujeres.
Este recorrido ha sido largo y no exento de dificultades, pero consistente en una dirección clara: consolidar y ampliar derechos, remover barreras legales explícitas y construir una institucionalidad capaz de sostener estos avances en el tiempo.
Se trata de iniciativas acumuladas a lo largo de diversos ciclos políticos, que han involucrado a distintos poderes del Estado, al sector privado y a la sociedad civil, y que han situado los derechos de las mujeres en el centro. Son acuerdos transversales, debatidos y construidos a lo largo de los años, que expresan una decisión colectiva: avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
La SEGIB y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España lanzan el informe La igualdad de género en los espacios multilaterales y en la política exterior, un análisis basado en las experiencias de género e interseccionalidad implementadas por los países iberoamericanos en materia de política exterior y multilateralismo. El estudio señala los avances, obstáculos y desafíos en la incorporación del enfoque de igualdad y feminista en las políticas exteriores de los países iberoamericanos.
El informe, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, destaca que cuatro países —México, España, Chile y Colombia— han adoptado una Política Exterior Feminista (PEF). Estos Estados promueven acciones transformadoras en foros multilaterales, impulsan la participación de mujeres en procesos de paz y fortalecen estructuras institucionales para la transversalización del enfoque de derechos humanos en sus relaciones internacionales. De forma particular, se subraya el hecho de cómo México, en 2020, se convirtió en el primer país de América Latina -y el quinto en el mundo- abogar por regular la igualdad de género en los espacios multilaterales y en la política exterior. De España, subraya la incorporación formal del enfoque interseccional y la inclusión de las mujeres y niñas en toda su diversidad. Por parte de Chile y Colombia, se apunta el enfoque interseccional de derechos humanos como un pilar clave de su política exterior. Del país andino también se destaca la participación de la sociedad civil y el enfoque de territorialidad.
Artículo completo disponible aquí.
La doctora Flavia Freidenberg ha estudiado por años los partidos políticos y la democracia en Panamá. Junto con IDEA Internacional, presentó unos cuadernillos dónde aborda el reto de construir una democracia paritaria entre hombre y mujeres.
¿En qué consiste el concepto de paridad en política y cuál es el estado actual de Panamá?
La mayoría de la población, el 50,4% en el caso de Panamá, son mujeres y la idea es llevar esa diversidad a las instituciones y a la política. Cuando hablamos de la paridad lo que estamos haciendo es un llamado a la igualdad sustantiva y eso significa que el 50% de las mujeres tengan acceso al 50% del poder.
Desde hace algunos años se han desarrollado desde diferentes países iniciativas, agendas políticas, propuestas para hacer que las mujeres lleguen en igualdad de condiciones que los hombres a la competencia política y que integren de manera paritaria las instituciones.
Panamá es uno de los países que tiene aprobada la paridad en sus leyes desde hace muchos años, es más ha sido uno de los pioneros digamos, pero ese diseño paritario en el caso panameño es débil, en comparación a otros países como México, como Bolivia, como Costa Rica, que también habiendo aprobado un diseño paritario. Cuando uno va a las instituciones no ve 50% de mujeres, al contrario, de 71 escaños sólo 15 están ocupadas por mujeres en la actual Asamblea Legislativa.
Lea aquí el artículo completo publicado por La Estrella de Panamá el 19 de abril de 2025.
Imagen por La Estrella de Panamá
Este es el segundo número de nuestra serie de informes de incidencia política sobre la transformación de conflictos con perspectiva de género. Este documento explora las vías de reconversión política que siguen las mujeres excombatientes tras la firma de un acuerdo de paz. Entre 2022 y 2023, participamos en discusiones de grupos focales, entrevistas y talleres de aprendizaje entre pares con más de 70 mujeres excombatientes de Colombia, El Salvador y Filipinas. En esta publicación, presentamos sus testimonios y analizamos sus experiencias sobre la continuación de su compromiso en escenarios políticos formales e informales.
Lea aquí el artículo completo publicado por Relief Web el 17 de diciembre de 2024.
Imagen por Relief Web
La presencia de las mujeres en entornos políticos ha aumentado significativamente en las últimas décadas y este hecho ha impactado a su vez en las formas, el fondo y los resultados de las políticas. Diversos estudios académicos a nivel internacional apuntan a la existencia de diferencias sistemáticas en el comportamiento por sexo en la política que se extienden también a las preferencias y prioridades. Atendiendo a estos indicios, los economistas Miriam Hortas-Rico y Vicente Rios han realizado una investigación en la que constatan que el empoderamiento político femenino contribuye a reducir la desigualdad de ingresos.
En el artículo académico Does women’s political empowerment matter for income inequality?, publicado por Fedea este martes, los autores exponen datos relativos a la desigualdad de ingresos y al índice de empoderamiento político de las mujeres (WPE) para un total de 142 países entre los años 1990 y 2019. Según sus cálculos, los estados menos desiguales del norte de Europa —Suecia, Noruega, Bélgica y Finlandia— son también los que tienen las máximas puntuaciones en el índice WPE junto con otros países occidentales como Canadá. Al contrario, los países en desarrollo y de renta media (ubicados en África, Oriente y América Latina) presentan tanto niveles más bajos de empoderamiento como más desigualdad de ingresos.
Haga clic aquí para leer el artículo completo publicado por Infobae el 26 de diciembre de 2023.
Los últimos años han estado marcados por un intenso activismo para la igualdad de género en América Latina, a través de movimientos (y movilizaciones) de mujeres y feministas que han puesto en el centro de las agendas públicas de varios países de la región, la necesidad de fortalecer el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, así como de asegurar un ejercicio real y sustantivo de aquellos ya reconocidos.
Este el estudio, efectuado en 2021 y finalizado un proceso de revisión y retroalimentación por parte de expertas y representantes de la sociedad civil a nivel regional en 2023, permite -desde una perspectiva comparada y acotada, con base en ocho casos ilustrativos- evidenciar tendencias en la participación política desde organizaciones y movimientos, así como su contribución al desarrollo de una agenda pública para la igualdad y la profundización de las democracias paritarias en América Latina.
Haga clic aquí para leer el reporte completo publicado por el PNUD el 14 de noviembre de 2023.
La Corporación Participación Ciudadana presenta el reporte número 36 de monitoreo sobre violencia política contra las mujeres políticas y que desempeñan cargos de relevancia, desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022.
Desde el inicio del monitoreo hasta noviembre del 2022, se revisaron las cuentas de 36 mujeres con representatividad pública; entre ellas, funcionarias, periodistas e integrantes de la sociedad civil.
A partir de noviembre del 2022 se monitorean a un total de 45 cuentas de mujeres con visibilidad pública.
Haga clic aquí para acceder al informe.