Liderazgo de las mujeres
En medio de las revelaciónes sucesivas de tantos dramas derivados del terremoto, ha sido alentador reconocer la solidaridad de los colombianos para rescatar, atender, acompañar y reconstruir tanto daño humano y material. El Gobierno, apenas asumiendo, con su promesa de orden, seguridad, confianza y recuperación del lugar de Colombia en el mundo, se enfrenta con esa gran emergencia. Es una prueba de Estado: coordinar autoridades, movilizar recursos, recibir cooperación calificada, rendir cuentas y reconstruir sin reproducir vulnerabilidades. Es un reto para cualquier gobierno enfrentar y resolver una emergencia de esta magnitud.
Ese reto coincide con otras responsabilidades que le corresponden al nuevo gobierno. Una a la que poco interés se le presta en Colombia, es que al ser miembro del Consejo de Seguridad, en su segundo y último año, Colombia participa con voz y voto en la selección de la persona que conducirá la Secretaría de las Naciones Unidas durante los próximos cinco años. La nueva secretaria (o secretario general) estará al frente del conjunto de oficinas y departamentos del Secretariado, así como de las agencias, fondos y programas de la ONU, que por mucho que se las critique tienen gran importania global.
Tres de los cinco candidatos de Latinoamérica y el Caribe a la secretaría general de las Naciones Unidas coincidieron el lunes en la necesidad de reformar el ente para que retome un rol activo en la resolución de conflictos y el combate al crimen transnacional y los efectos del cambio climático.
El diálogo fue organizado por el gobierno uruguayo y reunió en forma presencial a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y a la costarricense Rebeca Grynspan y en forma virtual a la guyanesa Carolyn Rodrígues-Birkett.
En tanto, el argentino Rafael Grossi —actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica— participó mediante un video grabado en el que recordó al único secretario general de la ONU de origen latinoamericano, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, y la chilena Michelle Bachelet, en un principio anunciada en el panel, tuvo que declinar su viaje a último momento, pero envió una nota.
La expresidenta de Chile destacó que “quien encabece la ONU estará sometido o sometida permanentemente a presiones de gobiernos, potencias y distintos intereses" y que por eso "deberá escuchar a todos, pero no ser un instrumento de nadie”.
Entre los cinco estará el elegido para reemplazar a António Guterres, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre.
El pasado 3 de agosto, se llevó a cabo el Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas, un encuentro realizado en Montevideo, Uruguay en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el que participaron cinco candidaturas de América Latina y el Caribe a la Secretaría General de la ONU. Primera vez en la historia que se realiza un debate de este tipo convocado por la región.
Participaron de manera presencial María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda; y Rebeca Grynspan, nominada por Costa Rica. A distancia participó Carolyn Rodrigues-Birkett de Guyana.
Debido a complicaciones de salud, Bachelet nominada por Brasil y México; no pudo participar, en su lugar envío una carta en la que expresó que se trata de una oportunidad histórica para que una mujer latinoamericana ocupe la secretaria. En su visión Naciones Unidas debe ser una institución cercana a las personas que actúe con independencia, imparcialidad, criterio y valentía. Frente a presiones e intereses internacionales, debe escuchar, no ser instrumento de nadie, construir acuerdos con base en la Carta magna y actuar con firmeza.
“Nos estamos atreviendo a seguir soñando de manera colectiva“. Paola Yañez Inofuentes (La Paz, 42 años) pronuncia la frase con la serenidad de quien lleva años aprendiendo que la esperanza también es una forma de resistencia. “Ahora que todo empuja hacia el individualismo, nosotras hablamos de autocuidado, de cómo acuerparnos para seguir adelante“. En un momento marcado por el retroceso de derechos, el auge de los discursos de odio y el estrechamiento del espacio cívico, la lideresa afroboliviana reivindica el derecho a imaginar un futuro distinto. No desde la ingenuidad, sino desde la experiencia acumulada por décadas de organización política de las mujeres negras de América Latina y el Caribe.
América Futura ha conversado con Yañez en Madrid, donde ha participado en el Foro de la Sociedad Civil organizado en el marco de la V Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista. Su presencia iba mucho más allá de una invitación personal. Como coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), ha acudido en representación de la principal articulación política de mujeres afrodescendientes de la región, que por primera vez ha formado parte del comité internacional de la sociedad civil encargado de acompañar la conferencia.
La reciente sesión inaugural de la nueva Asamblea del Pueblo en Damasco, órgano legislativo de la etapa de transición, dejó una imagen política marcada por fuertes contrastes. De los 210 escaños, únicamente 22 están ocupados por mujeres (10,4%), de las cuales quince fueron designadas directamente por el presidente interino, Ahmed al-Sharaa, con el objetivo de corregir la escasa representación femenina resultante del proceso de selección llevado a cabo por los comités electorales locales. La sesión reflejó, además, la diversidad social y confesional del país, con la elección de la cristiana Madonna Beshara como segunda vicepresidenta de la cámara y la presencia de diputadas procedentes de distintas comunidades, como la kurda Fasla Yusuf o Mirvet Sobhi Toto, que acudió con niqab.
Paralelamente, el nuevo Gobierno ha tratado de proyectar una imagen de compromiso con el empoderamiento femenino en el ámbito internacional. Durante la Novena Conferencia Ministerial de la Organización de Cooperación Islámica sobre la Mujer, celebrada en Islamabad, la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat, reivindicó el papel desempeñado por las mujeres sirias durante los catorce años de conflicto. Según afirmó, fueron ellas quienes sostuvieron a sus familias, garantizaron la continuidad de la educación, organizaron redes de apoyo comunitario y contribuyeron a preservar la cohesión social cuando las instituciones estatales eran incapaces de responder a las necesidades de la población.
En ese mismo foro, Kabawat presentó algunas de las prioridades del Ejecutivo en materia de igualdad y reconstrucción institucional, entre ellas la creación de unidades de protección para las mujeres, la formación especializada de las fuerzas policiales, la revisión de la legislación sobre el derecho de las madres sirias a transmitir la nacionalidad a sus hijos, el impulso de programas de capacitación profesional y una mayor participación femenina en los procesos de consolidación de la paz y justicia transicional. Asimismo, destacó el nombramiento de mujeres en puestos de responsabilidad, como dos juezas del Tribunal Constitucional Supremo, aunque reconoció que la presencia de únicamente 22 mujeres en la nueva Asamblea Popular sigue siendo insuficiente.
La contradicción entre un discurso oficial que sitúa a las mujeres como protagonistas de la reconstrucción nacional y una representación institucional todavía limitada plantea una cuestión central para la nueva Siria: ¿hasta qué punto la transición política está incorporando realmente a las mujeres como actoras de pleno derecho? Con el objetivo de responder a esta cuestión, el presente artículo analiza la evolución histórica de la participación femenina en Siria, el legado del régimen de Assad y las experiencias alternativas desarrolladas durante el conflicto, para examinar posteriormente el papel de las mujeres en el nuevo régimen (incluyendo el debate constitucional, el activismo civil y el nudo específico de las YPJ), la situación de las mujeres refugiadas y desplazadas dentro y fuera de Siria, y su contribución a los procesos de paz y a la agenda internacional de Mujeres, Paz y Seguridad.
El 78% de las mujeres que participan en procesos electorales en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política, que incluye agresiones psicológicas, económicas, digitales y sexuales. Ese dato, surgido del estudio "3.000 voces por la democracia" de ONU Mujeres de 2025, se convirtió esta semana en el eje de un foro convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La violencia política contra las mujeres es un fenómeno que va más allá de las amenazas físicas. Abarca campañas de desprestigio, cuestionamientos a la apariencia o vida personal de las candidatas, restricciones a su financiación y ataques coordinados en redes sociales. Su característica central es que está dirigida contra ellas específicamente en razón de su ejercicio político.
La SEGIB y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España lanzan el informe La igualdad de género en los espacios multilaterales y en la política exterior, un análisis basado en las experiencias de género e interseccionalidad implementadas por los países iberoamericanos en materia de política exterior y multilateralismo. El estudio señala los avances, obstáculos y desafíos en la incorporación del enfoque de igualdad y feminista en las políticas exteriores de los países iberoamericanos.
El informe, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, destaca que cuatro países —México, España, Chile y Colombia— han adoptado una Política Exterior Feminista (PEF). Estos Estados promueven acciones transformadoras en foros multilaterales, impulsan la participación de mujeres en procesos de paz y fortalecen estructuras institucionales para la transversalización del enfoque de derechos humanos en sus relaciones internacionales. De forma particular, se subraya el hecho de cómo México, en 2020, se convirtió en el primer país de América Latina -y el quinto en el mundo- abogar por regular la igualdad de género en los espacios multilaterales y en la política exterior. De España, subraya la incorporación formal del enfoque interseccional y la inclusión de las mujeres y niñas en toda su diversidad. Por parte de Chile y Colombia, se apunta el enfoque interseccional de derechos humanos como un pilar clave de su política exterior. Del país andino también se destaca la participación de la sociedad civil y el enfoque de territorialidad.
Artículo completo disponible aquí.
La doctora Flavia Freidenberg ha estudiado por años los partidos políticos y la democracia en Panamá. Junto con IDEA Internacional, presentó unos cuadernillos dónde aborda el reto de construir una democracia paritaria entre hombre y mujeres.
¿En qué consiste el concepto de paridad en política y cuál es el estado actual de Panamá?
La mayoría de la población, el 50,4% en el caso de Panamá, son mujeres y la idea es llevar esa diversidad a las instituciones y a la política. Cuando hablamos de la paridad lo que estamos haciendo es un llamado a la igualdad sustantiva y eso significa que el 50% de las mujeres tengan acceso al 50% del poder.
Desde hace algunos años se han desarrollado desde diferentes países iniciativas, agendas políticas, propuestas para hacer que las mujeres lleguen en igualdad de condiciones que los hombres a la competencia política y que integren de manera paritaria las instituciones.
Panamá es uno de los países que tiene aprobada la paridad en sus leyes desde hace muchos años, es más ha sido uno de los pioneros digamos, pero ese diseño paritario en el caso panameño es débil, en comparación a otros países como México, como Bolivia, como Costa Rica, que también habiendo aprobado un diseño paritario. Cuando uno va a las instituciones no ve 50% de mujeres, al contrario, de 71 escaños sólo 15 están ocupadas por mujeres en la actual Asamblea Legislativa.
Lea aquí el artículo completo publicado por La Estrella de Panamá el 19 de abril de 2025.
Imagen por La Estrella de Panamá
Este es el segundo número de nuestra serie de informes de incidencia política sobre la transformación de conflictos con perspectiva de género. Este documento explora las vías de reconversión política que siguen las mujeres excombatientes tras la firma de un acuerdo de paz. Entre 2022 y 2023, participamos en discusiones de grupos focales, entrevistas y talleres de aprendizaje entre pares con más de 70 mujeres excombatientes de Colombia, El Salvador y Filipinas. En esta publicación, presentamos sus testimonios y analizamos sus experiencias sobre la continuación de su compromiso en escenarios políticos formales e informales.
Lea aquí el artículo completo publicado por Relief Web el 17 de diciembre de 2024.
Imagen por Relief Web
La presencia de las mujeres en entornos políticos ha aumentado significativamente en las últimas décadas y este hecho ha impactado a su vez en las formas, el fondo y los resultados de las políticas. Diversos estudios académicos a nivel internacional apuntan a la existencia de diferencias sistemáticas en el comportamiento por sexo en la política que se extienden también a las preferencias y prioridades. Atendiendo a estos indicios, los economistas Miriam Hortas-Rico y Vicente Rios han realizado una investigación en la que constatan que el empoderamiento político femenino contribuye a reducir la desigualdad de ingresos.
En el artículo académico Does women’s political empowerment matter for income inequality?, publicado por Fedea este martes, los autores exponen datos relativos a la desigualdad de ingresos y al índice de empoderamiento político de las mujeres (WPE) para un total de 142 países entre los años 1990 y 2019. Según sus cálculos, los estados menos desiguales del norte de Europa —Suecia, Noruega, Bélgica y Finlandia— son también los que tienen las máximas puntuaciones en el índice WPE junto con otros países occidentales como Canadá. Al contrario, los países en desarrollo y de renta media (ubicados en África, Oriente y América Latina) presentan tanto niveles más bajos de empoderamiento como más desigualdad de ingresos.
Haga clic aquí para leer el artículo completo publicado por Infobae el 26 de diciembre de 2023.
Los últimos años han estado marcados por un intenso activismo para la igualdad de género en América Latina, a través de movimientos (y movilizaciones) de mujeres y feministas que han puesto en el centro de las agendas públicas de varios países de la región, la necesidad de fortalecer el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, así como de asegurar un ejercicio real y sustantivo de aquellos ya reconocidos.
Este el estudio, efectuado en 2021 y finalizado un proceso de revisión y retroalimentación por parte de expertas y representantes de la sociedad civil a nivel regional en 2023, permite -desde una perspectiva comparada y acotada, con base en ocho casos ilustrativos- evidenciar tendencias en la participación política desde organizaciones y movimientos, así como su contribución al desarrollo de una agenda pública para la igualdad y la profundización de las democracias paritarias en América Latina.
Haga clic aquí para leer el reporte completo publicado por el PNUD el 14 de noviembre de 2023.
La Corporación Participación Ciudadana presenta el reporte número 36 de monitoreo sobre violencia política contra las mujeres políticas y que desempeñan cargos de relevancia, desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022.
Desde el inicio del monitoreo hasta noviembre del 2022, se revisaron las cuentas de 36 mujeres con representatividad pública; entre ellas, funcionarias, periodistas e integrantes de la sociedad civil.
A partir de noviembre del 2022 se monitorean a un total de 45 cuentas de mujeres con visibilidad pública.
Haga clic aquí para acceder al informe.