Elecciones
Las magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE) compartieron escenario en el foro de la revista CAMBIO ‘Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia', en el que la autoridad electoral reafirmó su compromiso con la implementación de la Ley 2453 de 2025 y respondió a la cifra revelada por el estudio “3.000 voces por la democracia❞ de ONU Mujeres.
Las tres magistradas de la Sala Plena: Alba Lucía Velásquez, Maritza Martínez Aristizábal y Fabiola Márquez Grisales presentaron el balance institucional de la implementación
El dato clave:
El 78 % de las candidatas en procesos electorales en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política, incluidas agresiones psicológicas, económicas, digitales y sexuales, según el estudio "3.000 voces por la democracia", ONU Mujeres, 2025.
A esa cifra se suma la brecha de representación documentada en el actual ciclo: en las elecciones al Congreso de la República de 2026 las mujeres representaron el 40,9 % de las candidaturas, pero solo ocuparon el 29,98 % de las curules.
La distancia entre participación y representación efectiva es uno de los efectos visibles de la violencia política basada en género, y traza el horizonte de protección que el CNE asume como mandato constitucional.
Este 8 de mayo se verá una escena inédita en la historia de Costa Rica: una mujer en el cargo de presidenta de la Asamblea Legislativa juramentará a otra mujer como presidenta de la República, Laura Fernández, la segunda en gobernar el país centroamericano que, sin embargo, vive un auge del conservadurismo de la mano del mandatario saliente, Rodrigo Chaves.
Esa escena será posible porque este viernes la abogada oficialista Yara Jiménez se convierte en la cuarta mujer en tomar la presidencia del plenario legislativo. La elección de la abogada, secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves hasta este mes, es producto de la mayoría suficiente que posee el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para tomar numerosas decisiones legislativas gracias a los 31 escaños que alcanzaron en las elecciones de febrero, pero también refleja un dato histórico en la política de Costa Rica: la mayor presencia de mujeres diputadas en los dos siglos de vida independiente.
La percepción sobre la igualdad de género en la política presenta contrastes marcados en América Central y el Caribe, según el último el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026″.
El documento revela avances sostenidos en la representación política de las mujeres, aunque persisten brechas en la inclusión y desafíos de índole cultural e institucional, especialmente en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
El análisis del PNUD detalla que la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales de la región alcanzó el 36.5% en 2024, un incremento considerable frente al 12.3% registrado a inicios del siglo XXI.
Acaba de cumplirse un año desde la entrada en vigencia de la ley que busca regular la violencia ejercida contra las mujeres en política y los protocolos que debían ser modificados en el Congreso, según la normativa, aún no están actualizados de acuerdo con lo indicado. Aunque la norma busca blindar este tipo de agresiones, son varias las alertas en los puntos en los que no se están cumpliendo los aspectos dispuestos.
Tras las elecciones legislativas, el Congreso renovó a sus miembros y en el camino las posibilidades para las mujeres parecen...
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, Ministerio de Desarrollo Social), Mónica Xavier, participó en la presentación de los resultados de un estudio sobre las experiencias de 181 mujeres candidatas que resultaron electas como titulares o suplentes en ambas Cámaras en las elecciones nacionales de 2024 en Uruguay, realizado con el apoyo de ONU Mujeres y las embajadas del Reino Unido y Suecia.
Durante su intervención, Xavier destacó la importancia de contar con evidencia para visibilizar las desigualdades y orientar la acción pública. "Lo que no se mide no se puede reconocer y lo que no se reconoce no se puede modificar", señaló, subrayando el valor del estudio como insumo para el diseño de políticas que promuevan la igualdad sustantiva.
Además, advirtió que, si bien en Uruguay se han registrado avances en algunas áreas, persisten brechas estructurales que impactan de forma particular en la vida de las mujeres. En ese sentido, afirmó que "la brecha de la violencia no cierra" y planteó que el ámbito político no es ajeno a estas desigualdades, especialmente considerando las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a espacios de decisión.
Asimismo, Xavier remarcó que los avances en materia de participación política han requerido de marcos normativos específicos y que su sostenibilidad depende de transformaciones culturales profundas. "Necesitamos una sociedad mucho más igualitaria, donde la cultura de transformación igualitaria sea clave, pero también una arquitectura institucional que garantice la representación plena de mujeres y hombres en todos los ámbitos", expresó .
En este sentido, señaló la importancia de fortalecer la articulación entre organismos del Estado y actores políticos y sociales, y reafirmó el compromiso de Inmujeres para contribuir a estos procesos. "No tenemos excusas: contamos con normas legales que pueden hacernos avanzar y con prácticas que es necesario transformar para lograr una participación más igualitaria", sostuvo.
MORELIA, Mich., 21 de enero de 2026.- La violencia política en razón de género es un conjunto de conductas que buscan limitar, anular o menoscabar los derechos político electorales de las mujeres por el hecho de ser mujeres o por ejercer un cargo público desde esa condición.
No se trata de diferencias normales de la disputa política, sino de actos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja estructural dentro de la vida pública.
Este tipo de violencia puede presentarse antes, durante o después de los procesos electorales, pero también en el ejercicio cotidiano del cargo.
Incluye prácticas como impedir el acceso a recursos económicos, obstaculizar la toma de decisiones, desacreditar públicamente a una mujer con estereotipos de género, ejercer hostigamiento o intimidación, o presionar para que renuncie a una función o representación política.
En Colombia actualmente existen nomas por medio de las cuales se busca promover la participación de las mujeres en la política y en los diversos espacios de decisión, así como sancionar los actos de violencia o discriminación que limitan esta participación. Este es el caso de la Ley de Cuotas (Ley 581 del 2000) y el artículo 251 del Código Nacional Electoral. Sin embargo, con una representación que apenas supera el 30% y reportes de hechos de violencia hacia las mujeres es necesario continuar analizando las barreras y las violencias que atraviesan las mujeres que deciden participar en política.
A lo largo de este informe, buscamos analizar algunas de las barreras y violencias a las que las mujeres que decidieron "lanzarse a la política" se vieron expuestas a lo largo del proceso electoral colombiano de 2022.
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Este documento profundiza en la identificación y análisis de los patrones de manejo de recursos públicos y privados de las organizaciones políticas y de las campañas electorales, particularmente de los que se destinan para promover la participación política de las mujeres, y proponer unas recomendaciones para abordar este tipo de barreras directamente asociadas al acceso a recursos.
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En Perú, la participación política de las mujeres se inició hace 65 años, luego de obtener el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones generales (PNUD Perú, 2021). Décadas después, para incrementar su representación en el Congreso de la República, se aplicó una cuota de género, primero del 25% en 1997 y tres años después del 30%, que posteriormente se extendió a cargos de nivel sub-nacional (2002) y del Parlamento Andino (2004). Aunque las últimas déca- das reflejan cierto avance, las mujeres en Perú enfrentaron altos niveles de sub-representación en los espacios de poder. Algunos datos que dan cuenta de ello son los siguientes: en 2020 solo el 25.4% de congresistas eran mujeres y, entre el 2002 y el 2018, solo un 3.2% de quienes ocuparon una gobernatura regional lo eran.
El estudio tuvo por objetivo explorar los avances en la participación política de la mujer en las Elecciones Generales 2021 (EG 2021) a partir de la aplicación de la paridad y alternancia de género. Para ello, se comenzó por reconocer los cambios en la estructura de las organizaciones políticas a través de la revisión de sus estatutos y reglamentos electorales. Luego la investigación se centró en identificar los alcances de la paridad y alternancia en las Elecciones Internas 2020 (EI 2020) y durante el proceso electoral de las elecciones generales. Por último, se recogieron las experiencias de doce excandidatas al Congreso que participaron en las elecciones antes mencionadas.
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La Misión de Observación Electoral – MOE para este proceso electoral hará una observación con enfoque en la participación política de las mujeres. En consecuencia, presenta el siguiente informe que describe la participación de las mujeres en las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia en Colombia desde que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto en el país y cómo van las candidaturas de mujeres en las elecciones presidenciales del 2022.
Haga clic aquí para descargar el informe publicado por la Misión de Observación Electoral.
De los 19 precandidatos a la presidencia, solo cuatro son mujeres. En el Congreso, menos del 20% de los escaños los ocupan políticas.
Cecilia López es a sus 78 años una de las mujeres que mejor conoce las entretelas del poder colombiano. Licenciada en Economía y con dos postgrados, ha dedicado a la política la mayor parte de su vida. Siempre fue una extraña en un mundo dominado por las élites, las castas y los hombres. Intentó tres veces ser la candidata a la presidencia del Partido Liberal. Y tres veces se estrelló contra una realidad imposible. El último intento fue en 2010, después de convertirse en la senadora estrella por sus debates contra el expresidente Álvaro Uribe. “Ahora sí estoy lista”, pensó. Volvió a equivocarse. “[César] Gaviria [el presidente del Partido Liberal] me cerró las puertas en la nariz”, cuenta ahora. López renunció al partido y abandonó la política.
Haga clic aquí para leer el artículo completo por el País, el 16 de febrero de 2022.
La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMRG) es un fenómeno complejo, cotidiano y de no corta data en México y en el mundo, que pone en evidencia la articulación de las desigualdades y opresiones de género con otras que adquieren mayor o menor predominancia según los diferentes contextos sociales y culturales donde tienen lugar.
La violencia política en razón de género es una problemática que urge a la sociedad y a los distintos actores implicados en su prevención, sanción y erradicación a redoblar esfuerzos en su combate y en el combate de las desigualdades y opresiones que la tornan posible al tiempo que requiere continuar produciendo evidencias empíricas que permitan comprender las dinámicas sociales que le acompañan, así como aportar elementos a la política pública y a los tomadores de decisiones.
Este informe justamente apunta en estas direcciones y centra su análisis principal en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
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