Elecciones
MORELIA, Mich., 21 de enero de 2026.- La violencia política en razón de género es un conjunto de conductas que buscan limitar, anular o menoscabar los derechos político electorales de las mujeres por el hecho de ser mujeres o por ejercer un cargo público desde esa condición.
No se trata de diferencias normales de la disputa política, sino de actos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja estructural dentro de la vida pública.
Este tipo de violencia puede presentarse antes, durante o después de los procesos electorales, pero también en el ejercicio cotidiano del cargo.
Incluye prácticas como impedir el acceso a recursos económicos, obstaculizar la toma de decisiones, desacreditar públicamente a una mujer con estereotipos de género, ejercer hostigamiento o intimidación, o presionar para que renuncie a una función o representación política.
El sufragio femenino en Chile suele presentarse como una conquista del pasado, un hito ya superado en la historia de los derechos de las mujeres. Sin embargo, más que una meta alcanzada, el derecho a voto constituye hoy un recordatorio permanente: la ciudadanía plena de las mujeres nunca ha sido un regalo, sino el resultado de una lucha constante por reconocimiento y participación.
El voto femenino no surgió por iniciativa de la clase política, sino de las organizaciones feministas que presionaron para la obtención del sufragio municipal en primera instancia y luego hacia el universal liderado por organizaciones como el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH.
Durante décadas en nuestro país y en el mundo, las mujeres fueron consideradas ciudadanas de segunda clase, excluidas de los espacios donde se tomaban decisiones que también afectaban sus vidas. En Chile, desde 1935 se les permitió votar en elecciones municipales, pero debieron pasar catorce años para que ese derecho se extendiera a las elecciones presidenciales. Esto, revela una desconfianza estructural hacia la voz política de las mujeres y una concepción limitada de su rol en lo público, es decir, en materias como lo económico, social y político.
Conocer esta historia es clave, no solo para valorar lo alcanzado hasta el momento, sino para comprender su fragilidad. Recordar nuestras victorias, es también reafirmar el derecho a ser sujetos pensantes, autónomas y protagonistas de nuestro propio destino. Como advertía Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Sexo (1949) “basta una crisis política, económica o social para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados; por ello, nunca pueden darse por definitivamente asegurados”.
El sufragio femenino no fue, ni es, únicamente un derecho electoral. Fue, y sigue siendo, una forma de visibilizar a las mujeres como sujetos políticos con voz propia y de acceso a la ciudadanía. No obstante, el acto de votar, aunque cargado de simbolismo, no agota el sentido de la participación política. Su verdadero valor radica en reconocer que las mujeres importan en la agenda pública y que sus experiencias, demandas y miradas deben incidir en las decisiones colectivas.
Hoy, pese a representar aproximadamente el 51% del padrón electoral, ¿Cuántas son conscientes de que su voto realmente impacta cambios en derechos de género, violencia, equidad social?
Actualmente, la Comisión de Reformas Electorales, analiza los cambios que se implementarán en el proceso de 2029. EFE/ David Toro
Dos de los principales gremios empresariales de Panamá se pronunciaron sobre puntos que consideran clave para el desarrollo del país.
Por un lado, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió corregir la permanencia de la llamada “válvula de escape” en la reforma electoral que se discute en 2026, al sostener que esa excepción permite a los partidos evadir la postulación paritaria de 50% mujeres y 50% hombres.
Por el otro, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá centró su mensaje en el impulso a la innovación empresarial y convocó al sector productivo a participar en el Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025, cuyas inscripciones cierran el 26 de enero.
En el caso de Apede, su pronunciamiento se da en un momento en que el país enfrenta la discusión y aprobación de las reformas electorales que definirán las reglas del proceso de 2029.
Aunque dentro de la Comisión de Reformas Electorales se debaten aspectos como el principio constitucional de proporcionalidad, el gremio subrayó que no puede dejarse de lado la inclusión efectiva de las mujeres en la vida política si se aspira a fortalecer la calidad de la democracia.
El gremio empresarial pide eliminar la válvula de escape del Código Electoral y garantizar igualdad real en la participación política de las mujeres
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó este domingo su preocupación por el rumbo que están tomando las reformas electorales en discusión, al advertir que sin una paridad efectiva en la participación política de las mujeres, la democracia panameña se debilita.
APEDE, a través de un comunicado, recordó que el país se encuentra en un momento clave, ya que las reformas electorales que se aprueben en este 2026 definirán las reglas del proceso electoral del 2029. Aunque el debate actual se centra en el principio de proporcionalidad, el gremio destacó que la inclusión real de las mujeres en la vida política sigue siendo una deuda pendiente.
El gremio cuestionó que, por primera vez en más de dos décadas, la Comisión de Reformas Electorales mantuviera vigente la llamada válvula de escape del artículo 373 del Código Electoral, una excepción que permite a los partidos políticos evadir la postulación paritaria de mujeres y hombres. Según APEDE, esta decisión representa un retroceso, ya que históricamente la Comisión había fortalecido el principio de paridad y era en la Asamblea Nacional /AN) donde se debilitaba su aplicación.
Bogotá D.C., 14 de enero de 2026. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado que durante los periodos de campaña electoral se intensifican las expresiones que buscan deslegitimar la participación de las mujeres en política mediante ataques a su vida personal, señalamientos a su apariencia física y sexualización de su imagen, entre otros.
“En un estado democrático, las mujeres tienen que estar en el debate político. Buscar excluirlas a través del uso de violencia simbólica y psicológica que van dirigidas contra la condición humana, empobrece la conversación pública y refuerza los estereotipos de género”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Con la presentación de la lista inicial del padrón electoral para las Elecciones Generales 2026, surgen algunas conclusiones preliminares. Dos grupos sociales destacan por encima del resto debido a su mayoría relativa: mujeres y jóvenes superan en número a los hombres y a otros grupos etarios, respectivamente.Mientras que las mujeres representan el 50.43% del padrón electoral, con 13 millones 795,688 mujeres listas para votar, los jóvenes de entre 18 y 29 años también destacan por su peso etario, con 6.87 millones de inscritos. De este grupo, 2.5 millones votarán por primera vez en estas elecciones. Esto significa que los jóvenes en ese rango constituyen el 25.16% del padrón total y que los votantes primerizos equivalen al 9.15% de todo el electorado.
El panorama de estos comicios es inédito: por primera vez en nuestra historia republicana, habrá 39 candidatos presidenciales. Esta dispersión del voto puede generar efectos negativos, pero también constituye un incentivo para que cada candidato busque conquistar los “grandes bolsones” sociales. En este contexto, mujeres y jóvenes serán grupos clave a los que los candidatos apuntarán para ganar su confianza.
En Colombia actualmente existen nomas por medio de las cuales se busca promover la participación de las mujeres en la política y en los diversos espacios de decisión, así como sancionar los actos de violencia o discriminación que limitan esta participación. Este es el caso de la Ley de Cuotas (Ley 581 del 2000) y el artículo 251 del Código Nacional Electoral. Sin embargo, con una representación que apenas supera el 30% y reportes de hechos de violencia hacia las mujeres es necesario continuar analizando las barreras y las violencias que atraviesan las mujeres que deciden participar en política.
A lo largo de este informe, buscamos analizar algunas de las barreras y violencias a las que las mujeres que decidieron "lanzarse a la política" se vieron expuestas a lo largo del proceso electoral colombiano de 2022.
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Este documento profundiza en la identificación y análisis de los patrones de manejo de recursos públicos y privados de las organizaciones políticas y de las campañas electorales, particularmente de los que se destinan para promover la participación política de las mujeres, y proponer unas recomendaciones para abordar este tipo de barreras directamente asociadas al acceso a recursos.
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En Perú, la participación política de las mujeres se inició hace 65 años, luego de obtener el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones generales (PNUD Perú, 2021). Décadas después, para incrementar su representación en el Congreso de la República, se aplicó una cuota de género, primero del 25% en 1997 y tres años después del 30%, que posteriormente se extendió a cargos de nivel sub-nacional (2002) y del Parlamento Andino (2004). Aunque las últimas déca- das reflejan cierto avance, las mujeres en Perú enfrentaron altos niveles de sub-representación en los espacios de poder. Algunos datos que dan cuenta de ello son los siguientes: en 2020 solo el 25.4% de congresistas eran mujeres y, entre el 2002 y el 2018, solo un 3.2% de quienes ocuparon una gobernatura regional lo eran.
El estudio tuvo por objetivo explorar los avances en la participación política de la mujer en las Elecciones Generales 2021 (EG 2021) a partir de la aplicación de la paridad y alternancia de género. Para ello, se comenzó por reconocer los cambios en la estructura de las organizaciones políticas a través de la revisión de sus estatutos y reglamentos electorales. Luego la investigación se centró en identificar los alcances de la paridad y alternancia en las Elecciones Internas 2020 (EI 2020) y durante el proceso electoral de las elecciones generales. Por último, se recogieron las experiencias de doce excandidatas al Congreso que participaron en las elecciones antes mencionadas.
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La Misión de Observación Electoral – MOE para este proceso electoral hará una observación con enfoque en la participación política de las mujeres. En consecuencia, presenta el siguiente informe que describe la participación de las mujeres en las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia en Colombia desde que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto en el país y cómo van las candidaturas de mujeres en las elecciones presidenciales del 2022.
Haga clic aquí para descargar el informe publicado por la Misión de Observación Electoral.
De los 19 precandidatos a la presidencia, solo cuatro son mujeres. En el Congreso, menos del 20% de los escaños los ocupan políticas.
Cecilia López es a sus 78 años una de las mujeres que mejor conoce las entretelas del poder colombiano. Licenciada en Economía y con dos postgrados, ha dedicado a la política la mayor parte de su vida. Siempre fue una extraña en un mundo dominado por las élites, las castas y los hombres. Intentó tres veces ser la candidata a la presidencia del Partido Liberal. Y tres veces se estrelló contra una realidad imposible. El último intento fue en 2010, después de convertirse en la senadora estrella por sus debates contra el expresidente Álvaro Uribe. “Ahora sí estoy lista”, pensó. Volvió a equivocarse. “[César] Gaviria [el presidente del Partido Liberal] me cerró las puertas en la nariz”, cuenta ahora. López renunció al partido y abandonó la política.
Haga clic aquí para leer el artículo completo por el País, el 16 de febrero de 2022.
La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMRG) es un fenómeno complejo, cotidiano y de no corta data en México y en el mundo, que pone en evidencia la articulación de las desigualdades y opresiones de género con otras que adquieren mayor o menor predominancia según los diferentes contextos sociales y culturales donde tienen lugar.
La violencia política en razón de género es una problemática que urge a la sociedad y a los distintos actores implicados en su prevención, sanción y erradicación a redoblar esfuerzos en su combate y en el combate de las desigualdades y opresiones que la tornan posible al tiempo que requiere continuar produciendo evidencias empíricas que permitan comprender las dinámicas sociales que le acompañan, así como aportar elementos a la política pública y a los tomadores de decisiones.
Este informe justamente apunta en estas direcciones y centra su análisis principal en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
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