En octubre de 2025 se desarrollaron en la Argentina las elecciones legislativas para renovar de manera parcial las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.
Elecciones
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– Con 34 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral que permitirá anular una elección cuando se acredite violencia política generalizada contra las mujeres en razón de género y se demuestre que afectó el resultado de la contienda.
La iniciativa, promovida por la diputada Marcela Castillo Atristaín, establece que las personas y los partidos políticos responsables de ejercer este tipo de violencia tampoco podrán participar en las elecciones extraordinarias convocadas después de la anulación.
La legisladora explicó que la reforma responde al incremento de las agresiones contra mujeres que participan en la vida pública y compiten por cargos de elección popular.
Señaló que era necesario incorporar consecuencias efectivas a la legislación para impedir que estas conductas permanezcan impunes.
“En papel las leyes están bien, pero de repente les faltan dientes para poderlas aplicar bien”, declaró.
La ex-portavoz de la Asamblea de Mujeres del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y abogada Ayşe Acar Başaran habló con la ANF sobre los gobiernos locales, la representación paritaria y el movimiento de mujeres. Al estresar que la democracia no se limita a las urnas, afirmó que un sistema en el que las mujeres están excluidas de los mecanismos de toma de decisiones no puede cumplir ni siquiera con los estándares mínimos de la democracia.
¿Cómo ve la relación entre la democracia directa y la libertad de las mujeres? ¿Es posible hablar de una verdadera democracia local sin una representación paritaria de las mujeres en los mecanismos de toma de decisiones?
En realidad, no solo la democracia directa, sino la democracia en general, requiere un sistema en el que las mujeres no estén confinadas a roles pasivos. Solo podemos hablar de una democracia donde las mujeres no voten simplemente o sean cosificadas, sino que participen activamente en los procesos de toma de decisiones, la gobernanza y las instituciones políticas. Este es uno de los requisitos mínimos de la democracia.
Uno de los principales aprendizajes ha sido que la participación política no se limita a ocupar cargos públicos. Para que las mujeres influyan en las decisiones es necesario contar con marcos normativos, capacidades institucionales y mecanismos de coordinación entre instituciones públicas, gobiernos locales, academia y organizaciones de mujeres.
Desde 2014, ONU Mujeres ha acompañado a gobiernos municipales en la formulación e implementación de políticas locales de igualdad, agendas de consenso y otros instrumentos que incorporan las prioridades de las mujeres en la gestión territorial. Entre 2016 y 2020, este trabajo se amplió mediante el acompañamiento a la Tríada Legislativa, integrada por el Grupo Parlamentario de Mujeres, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género y la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa, impulsando propuestas orientadas a fortalecer la democracia paritaria y prevenir la violencia política contra las mujeres.
Asimismo, desde 2019, ONU Mujeres ha fortalecido las capacidades de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de El Salvador para incorporar el enfoque de género en protocolos, mecanismos de atención y procesos institucionales. La experiencia demuestra que los avances sostenibles requieren combinar diálogo político, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y alianzas de largo plazo.
Hacia 2029: Cerrar brechas legales y lograr el acceso real al poder político
De cara al proceso electoral de 2029, la discusión sobre la participación de la mujer en la política panameña debe trascender el cumplimiento formal de las cuotas legalmente establecidas. Aunque las reformas vigentes han intentado normar la postulación paritaria, la experiencia de los últimos comicios demostró que la ley mantiene resquicios, como la denominada válvula de escape, que permiten a los partidos políticos evadir la equidad en la conformación de sus listas. Alcanzar una democracia representativa para el próximo quinquenio exige cerrar estas brechas normativas y garantizar que la equidad teórica se traduzca en una competencia justa sobre el terreno.
Uno de los principales desafíos hacia 2029 se centra en la democratización interna de las organizaciones políticas y en la equidad para el acceso a los recursos. Históricamente, las candidaturas femeninas han sido relegadas a circuitos de baja competitividad o con menor acceso al financiamiento público y privado. Para evitar que este patrón se repita en la oferta electoral del próximo torneo democrático, resulta indispensable que la autoridad electoral y la sociedad civil fiscalicen con rigurosidad la distribución de los fondos de campaña y los espacios de mayor proyección, asegurando que las aspirantes cuenten con condiciones logísticas y financieras equivalentes a las de sus pares masculinos.
A la barrera económica se suma el fenómeno persistente de la violencia política de género, un factor desincentivador que se ha intensificado a través de plataformas digitales. La descalificación basada en estereotipos y el ataque sistemático a la vida privada buscan limitar la irrupción de nuevos liderazgos femeninos en la contienda. De cara a la próxima cita con las urnas, el sistema de justicia electoral debe consolidar mecanismos efectivos de sanción y protección que garanticen un debate de ideas constructivo, seguro e incluyente.
Una investigación se propuso indagar en el tratamiento recibido por mujeres candidatas en las principales redes sociales.
Entre los hallazgos surgieron dos conceptos: uno es la “saturación semántica”, por la que se repiten conceptos estigmatizantes y criminalizantes que son amplificados e indexados algorítmicamente como parte de la identidad política de las candidatas. “Esto genera una marca digital de ilegitimidad que resulta prácticamente imposible de disociar de sus propuestas políticas concretas”.
El segundo es el “ataque de los 120 segundos” que ocurre cuando, a partir de una publicación inicial agresiva, se desencadena una lluvia de mensajes similares, claramente coordinados, esta modalidad es más visible en X.
El trabajo fue realizado por Fundación Multitudes, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro creada en Chile en 2014, cuya misión es reducir la brecha entre la ciudadanía y los procesos de toma de decisiones públicas.
Las magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE) compartieron escenario en el foro de la revista CAMBIO ‘Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia', en el que la autoridad electoral reafirmó su compromiso con la implementación de la Ley 2453 de 2025 y respondió a la cifra revelada por el estudio “3.000 voces por la democracia❞ de ONU Mujeres.
Las tres magistradas de la Sala Plena: Alba Lucía Velásquez, Maritza Martínez Aristizábal y Fabiola Márquez Grisales presentaron el balance institucional de la implementación
El dato clave:
El 78 % de las candidatas en procesos electorales en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política, incluidas agresiones psicológicas, económicas, digitales y sexuales, según el estudio "3.000 voces por la democracia", ONU Mujeres, 2025.
A esa cifra se suma la brecha de representación documentada en el actual ciclo: en las elecciones al Congreso de la República de 2026 las mujeres representaron el 40,9 % de las candidaturas, pero solo ocuparon el 29,98 % de las curules.
La distancia entre participación y representación efectiva es uno de los efectos visibles de la violencia política basada en género, y traza el horizonte de protección que el CNE asume como mandato constitucional.
En Colombia actualmente existen nomas por medio de las cuales se busca promover la participación de las mujeres en la política y en los diversos espacios de decisión, así como sancionar los actos de violencia o discriminación que limitan esta participación. Este es el caso de la Ley de Cuotas (Ley 581 del 2000) y el artículo 251 del Código Nacional Electoral. Sin embargo, con una representación que apenas supera el 30% y reportes de hechos de violencia hacia las mujeres es necesario continuar analizando las barreras y las violencias que atraviesan las mujeres que deciden participar en política.
A lo largo de este informe, buscamos analizar algunas de las barreras y violencias a las que las mujeres que decidieron "lanzarse a la política" se vieron expuestas a lo largo del proceso electoral colombiano de 2022.
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Este documento profundiza en la identificación y análisis de los patrones de manejo de recursos públicos y privados de las organizaciones políticas y de las campañas electorales, particularmente de los que se destinan para promover la participación política de las mujeres, y proponer unas recomendaciones para abordar este tipo de barreras directamente asociadas al acceso a recursos.
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En Perú, la participación política de las mujeres se inició hace 65 años, luego de obtener el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones generales (PNUD Perú, 2021). Décadas después, para incrementar su representación en el Congreso de la República, se aplicó una cuota de género, primero del 25% en 1997 y tres años después del 30%, que posteriormente se extendió a cargos de nivel sub-nacional (2002) y del Parlamento Andino (2004). Aunque las últimas déca- das reflejan cierto avance, las mujeres en Perú enfrentaron altos niveles de sub-representación en los espacios de poder. Algunos datos que dan cuenta de ello son los siguientes: en 2020 solo el 25.4% de congresistas eran mujeres y, entre el 2002 y el 2018, solo un 3.2% de quienes ocuparon una gobernatura regional lo eran.
El estudio tuvo por objetivo explorar los avances en la participación política de la mujer en las Elecciones Generales 2021 (EG 2021) a partir de la aplicación de la paridad y alternancia de género. Para ello, se comenzó por reconocer los cambios en la estructura de las organizaciones políticas a través de la revisión de sus estatutos y reglamentos electorales. Luego la investigación se centró en identificar los alcances de la paridad y alternancia en las Elecciones Internas 2020 (EI 2020) y durante el proceso electoral de las elecciones generales. Por último, se recogieron las experiencias de doce excandidatas al Congreso que participaron en las elecciones antes mencionadas.
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La Misión de Observación Electoral – MOE para este proceso electoral hará una observación con enfoque en la participación política de las mujeres. En consecuencia, presenta el siguiente informe que describe la participación de las mujeres en las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia en Colombia desde que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto en el país y cómo van las candidaturas de mujeres en las elecciones presidenciales del 2022.
Haga clic aquí para descargar el informe publicado por la Misión de Observación Electoral.
De los 19 precandidatos a la presidencia, solo cuatro son mujeres. En el Congreso, menos del 20% de los escaños los ocupan políticas.
Cecilia López es a sus 78 años una de las mujeres que mejor conoce las entretelas del poder colombiano. Licenciada en Economía y con dos postgrados, ha dedicado a la política la mayor parte de su vida. Siempre fue una extraña en un mundo dominado por las élites, las castas y los hombres. Intentó tres veces ser la candidata a la presidencia del Partido Liberal. Y tres veces se estrelló contra una realidad imposible. El último intento fue en 2010, después de convertirse en la senadora estrella por sus debates contra el expresidente Álvaro Uribe. “Ahora sí estoy lista”, pensó. Volvió a equivocarse. “[César] Gaviria [el presidente del Partido Liberal] me cerró las puertas en la nariz”, cuenta ahora. López renunció al partido y abandonó la política.
Haga clic aquí para leer el artículo completo por el País, el 16 de febrero de 2022.
La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMRG) es un fenómeno complejo, cotidiano y de no corta data en México y en el mundo, que pone en evidencia la articulación de las desigualdades y opresiones de género con otras que adquieren mayor o menor predominancia según los diferentes contextos sociales y culturales donde tienen lugar.
La violencia política en razón de género es una problemática que urge a la sociedad y a los distintos actores implicados en su prevención, sanción y erradicación a redoblar esfuerzos en su combate y en el combate de las desigualdades y opresiones que la tornan posible al tiempo que requiere continuar produciendo evidencias empíricas que permitan comprender las dinámicas sociales que le acompañan, así como aportar elementos a la política pública y a los tomadores de decisiones.
Este informe justamente apunta en estas direcciones y centra su análisis principal en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
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