Elecciones
Tegucigalpa, Honduras. Organizaciones de sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres presentaron la primera Encuesta Nacional sobre la Percepción de las Mujeres en la Política, un estudio que visibiliza, desde la perspectiva de la ciudadanía, los mecanismos de exclusión, barreras y desafíos que enfrentan las mujeres en su participación política.
Dicha encuesta se aplicó a 1,200 personas a nivel nacional, de las que al menos un 45.2% coincidieron en que las mujeres enfrentan un mayor número de obstáculos para participar en espacios políticos de toma de decisión.
Durante la aplicación del estudio se identificaron al menos cinco barreras principales para la participación política de las mujeres. La más señalada fue la influencia de los partidos políticos, mencionada por el 39.7% de las personas encuestadas, quienes expresan que estos limitan el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.
Análisis identificó cómo se manifiesta esta violencia en Chile, cuáles son sus efectos psicosociales y qué estrategias se utilizaron para enfrentarla. En esa línea, la consejera regional por Valparaíso, Paula Rosso, advirtió que estas conductas tienen un trasfondo político que busca validar la restricción de avances sociales en temas como el aborto, la salud sexual y los cuidados.
Mensajes destinados a dañar la reputación, lenguaje sexista y difusión de información falsa, son algunas de las conductas frecuentes que se registran en redes sociales contra las mujeres que se dedican a la política, lo cual, para la consejera regional por Valparaíso, Paula Rosso, refleja cómo la violencia ha ido ganando espacio en el terreno político a través de este tipo de prácticas.
Los datos fueron entregados por el primer estudio sobre esta materia realizado en Chile, “Violencia Política Digital de Género”, a cargo de la Universidad de Santiago y el Ministerio de la Mujer. Fue hecho en el contexto de las elecciones de 2024 a alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y consejerías regionales, y entre otros resultados, indica que un 69% de las candidatas sufrió algún tipo de violencia digital durante dicho proceso eleccionario.
Por ello, Paula Rosso planteó que para las mujeres “es fundamental estar en política y defender nuestros derechos”, enfatizando en que el objetivo de esta violencia tiene un trasfondo político que busca validar el recorte de derechos y la restricción de avances sociales en temas como el aborto, la salud sexual y los cuidados.
Tegucigalpa – Un informe del Instituto Nacional Demócrata (NDI) advirtió este martes que la violencia política y la falta de autonomía de los organismos electorales representan los mayores riesgos para las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.
-El NDI, señala, los principales retos que deben atenderse para garantizar comicios creíbles y participativos, el próximo 30 de noviembre en Honduras.
-Tras estas consultas, la misión del NDI concluyó que el país necesita acuerdos políticos urgentes y condiciones de seguridad para garantizar que la voluntad popular sea respetada en las urnas.
El informe también alerta sobre la injerencia de instituciones judiciales y estatales, así como la creciente polarización que alimenta discursos anticipados de fraude, factores que podrían afectar la confianza ciudadana en los resultados.
El NDI presentó un informe completo tras su Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral realizada en Honduras entre el 4 y el 8 de agosto de 2025, en el marco de las elecciones generales programadas para el próximo 30 de noviembre.
La delegación, que estuvo encabezada por la boliviana Katia Uriona y el colombiano Juan Carlos Galindo, sostuvo reuniones con autoridades, partidos, sociedad civil y comunidad internacional.
De cara a las elecciones de 2026, un foro en la UNA evidenció que la mayoría de partidos no aplica la normativa que exige políticas internas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.
A pocos días del arranque formal de la campaña electoral, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Wendy González, advirtió que la mayoría de los partidos políticos del país incumple lo establecido en la Ley 10.235, diseñada para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política.
La observación fue planteada durante el foro Violencia política contra las mujeres, organizado por la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
De acuerdo con González, solo 13 partidos con inscripción nacional cumplen con la normativa, mientras que 21 la incumplen. La situación es aún más crítica en el ámbito local: únicamente tres partidos cantonales aplican la ley, frente a 20 que la ignoran.
La Oficina de Políticas de Género del Municipio recuerda que cada 23 de septiembre se conmemora el “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer”, un hito fundamental que evoca la participación de las mujeres en la vida política y social, y que honra la lucha incansable de tantas mujeres que soñaron con una sociedad más justa e igualitaria.
La coordinadora del área, María Eugenia Michelli, destacó que “fue en 1947, gracias a la lucha colectiva de tantas mujeres y con los antecedentes del movimiento sufragista encabezado por figuras como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau, que se alcanzó este derecho. Ellas habían iniciado el camino tras la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912), que estableció el voto secreto y obligatorio sólo para los hombres mayores de 18 años”.
Ese derecho se cristalizó con la sanción de la Ley 13.010, que reconoció a las mujeres no solo la posibilidad de votar, sino también la de ser elegidas, un logro que no fue inmediato ni sencillo, sino fruto de años de activismo, desafíos y coraje.
Este avance histórico marcó un antes y un después en la vida política argentina, abriendo las puertas a una mayor participación de las mujeres y fortaleciendo la democracia.
“Hoy, seguimos construyendo una sociedad más justa e igualitaria, recordando que la participación política plena no es solo un derecho, sino también una herramienta de transformación social”, señaló Michelli.
Para finalizar, la funcionaria subrayó que “desde la Oficina de Políticas de Género Municipal invitamos a renovar el compromiso con la igualdad de género y con la ampliación de derechos para todas las personas”.
El monitoreo de ONU Mujeres analiza la Violencia Contra las Mujeres en Política (VCMP) facilitada por las tecnologías que recibieron las candidaturas presidenciales través de la red social X: 1) durante los meses de mayo y junio (primaria oficialista) y 2) durante los meses de julio-agosto, (precampaña), con el objetivo de visibilizar y prevenir esta forma de violencia. El estudio visibiliza cómo se expresa la violencia de género contra las mujeres que participan de la política local a través de plataformas digitales, particularmente de la red social X (antes Twitter). Mediante metodología de análisis de escucha social de bigdata se identificaron patrones asociados a variables como región, visibilidad digital y nivel de exposición pública. Los hallazgos evidencian que, durante la precampaña presidencial (julio y agosto), 7 de cada 10 mensajes con contenido violento en la red social X fueron dirigidos hacia mujeres candidatas. Las candidatas contentraron 213.064 menciones violentas.
El análisis de los tipos de violencia política de género digital registrados expone cómo los mensajes violentos se dirigen a desprestigiar y menospreciar las capacidades de las candidatas. La categoría “Desprestigio” contuvo 116.714 menciones violentas. Esta categoría incluye expresiones que buscan socavar la legitimidad política de las mujeres, asociándolas con acusaciones de corrupción, ineficiencia o ideologías extremistas. Además, presenta un análisis sobre los principales temas de la agenda de igualdad de género y su valoración en la plataforma durante mayo-agosto: Disidencias sexo genéricas (55,5%); Derechos sexuales y reproductivos (28,3%) y Violencia de género (10,7%).
En Colombia actualmente existen nomas por medio de las cuales se busca promover la participación de las mujeres en la política y en los diversos espacios de decisión, así como sancionar los actos de violencia o discriminación que limitan esta participación. Este es el caso de la Ley de Cuotas (Ley 581 del 2000) y el artículo 251 del Código Nacional Electoral. Sin embargo, con una representación que apenas supera el 30% y reportes de hechos de violencia hacia las mujeres es necesario continuar analizando las barreras y las violencias que atraviesan las mujeres que deciden participar en política.
A lo largo de este informe, buscamos analizar algunas de las barreras y violencias a las que las mujeres que decidieron "lanzarse a la política" se vieron expuestas a lo largo del proceso electoral colombiano de 2022.
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Este documento profundiza en la identificación y análisis de los patrones de manejo de recursos públicos y privados de las organizaciones políticas y de las campañas electorales, particularmente de los que se destinan para promover la participación política de las mujeres, y proponer unas recomendaciones para abordar este tipo de barreras directamente asociadas al acceso a recursos.
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En Perú, la participación política de las mujeres se inició hace 65 años, luego de obtener el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones generales (PNUD Perú, 2021). Décadas después, para incrementar su representación en el Congreso de la República, se aplicó una cuota de género, primero del 25% en 1997 y tres años después del 30%, que posteriormente se extendió a cargos de nivel sub-nacional (2002) y del Parlamento Andino (2004). Aunque las últimas déca- das reflejan cierto avance, las mujeres en Perú enfrentaron altos niveles de sub-representación en los espacios de poder. Algunos datos que dan cuenta de ello son los siguientes: en 2020 solo el 25.4% de congresistas eran mujeres y, entre el 2002 y el 2018, solo un 3.2% de quienes ocuparon una gobernatura regional lo eran.
El estudio tuvo por objetivo explorar los avances en la participación política de la mujer en las Elecciones Generales 2021 (EG 2021) a partir de la aplicación de la paridad y alternancia de género. Para ello, se comenzó por reconocer los cambios en la estructura de las organizaciones políticas a través de la revisión de sus estatutos y reglamentos electorales. Luego la investigación se centró en identificar los alcances de la paridad y alternancia en las Elecciones Internas 2020 (EI 2020) y durante el proceso electoral de las elecciones generales. Por último, se recogieron las experiencias de doce excandidatas al Congreso que participaron en las elecciones antes mencionadas.
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La Misión de Observación Electoral – MOE para este proceso electoral hará una observación con enfoque en la participación política de las mujeres. En consecuencia, presenta el siguiente informe que describe la participación de las mujeres en las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia en Colombia desde que las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto en el país y cómo van las candidaturas de mujeres en las elecciones presidenciales del 2022.
Haga clic aquí para descargar el informe publicado por la Misión de Observación Electoral.
De los 19 precandidatos a la presidencia, solo cuatro son mujeres. En el Congreso, menos del 20% de los escaños los ocupan políticas.
Cecilia López es a sus 78 años una de las mujeres que mejor conoce las entretelas del poder colombiano. Licenciada en Economía y con dos postgrados, ha dedicado a la política la mayor parte de su vida. Siempre fue una extraña en un mundo dominado por las élites, las castas y los hombres. Intentó tres veces ser la candidata a la presidencia del Partido Liberal. Y tres veces se estrelló contra una realidad imposible. El último intento fue en 2010, después de convertirse en la senadora estrella por sus debates contra el expresidente Álvaro Uribe. “Ahora sí estoy lista”, pensó. Volvió a equivocarse. “[César] Gaviria [el presidente del Partido Liberal] me cerró las puertas en la nariz”, cuenta ahora. López renunció al partido y abandonó la política.
Haga clic aquí para leer el artículo completo por el País, el 16 de febrero de 2022.
La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMRG) es un fenómeno complejo, cotidiano y de no corta data en México y en el mundo, que pone en evidencia la articulación de las desigualdades y opresiones de género con otras que adquieren mayor o menor predominancia según los diferentes contextos sociales y culturales donde tienen lugar.
La violencia política en razón de género es una problemática que urge a la sociedad y a los distintos actores implicados en su prevención, sanción y erradicación a redoblar esfuerzos en su combate y en el combate de las desigualdades y opresiones que la tornan posible al tiempo que requiere continuar produciendo evidencias empíricas que permitan comprender las dinámicas sociales que le acompañan, así como aportar elementos a la política pública y a los tomadores de decisiones.
Este informe justamente apunta en estas direcciones y centra su análisis principal en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
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