Elecciones
Las magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE) compartieron escenario en el foro de la revista CAMBIO ‘Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia', en el que la autoridad electoral reafirmó su compromiso con la implementación de la Ley 2453 de 2025 y respondió a la cifra revelada por el estudio “3.000 voces por la democracia❞ de ONU Mujeres.
Las tres magistradas de la Sala Plena: Alba Lucía Velásquez, Maritza Martínez Aristizábal y Fabiola Márquez Grisales presentaron el balance institucional de la implementación
El dato clave:
El 78 % de las candidatas en procesos electorales en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política, incluidas agresiones psicológicas, económicas, digitales y sexuales, según el estudio "3.000 voces por la democracia", ONU Mujeres, 2025.
A esa cifra se suma la brecha de representación documentada en el actual ciclo: en las elecciones al Congreso de la República de 2026 las mujeres representaron el 40,9 % de las candidaturas, pero solo ocuparon el 29,98 % de las curules.
La distancia entre participación y representación efectiva es uno de los efectos visibles de la violencia política basada en género, y traza el horizonte de protección que el CNE asume como mandato constitucional.
Este 8 de mayo se verá una escena inédita en la historia de Costa Rica: una mujer en el cargo de presidenta de la Asamblea Legislativa juramentará a otra mujer como presidenta de la República, Laura Fernández, la segunda en gobernar el país centroamericano que, sin embargo, vive un auge del conservadurismo de la mano del mandatario saliente, Rodrigo Chaves.
Esa escena será posible porque este viernes la abogada oficialista Yara Jiménez se convierte en la cuarta mujer en tomar la presidencia del plenario legislativo. La elección de la abogada, secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves hasta este mes, es producto de la mayoría suficiente que posee el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para tomar numerosas decisiones legislativas gracias a los 31 escaños que alcanzaron en las elecciones de febrero, pero también refleja un dato histórico en la política de Costa Rica: la mayor presencia de mujeres diputadas en los dos siglos de vida independiente.
La percepción sobre la igualdad de género en la política presenta contrastes marcados en América Central y el Caribe, según el último el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Democracia y Desarrollo en América Latina y el Caribe 2026″.
El documento revela avances sostenidos en la representación política de las mujeres, aunque persisten brechas en la inclusión y desafíos de índole cultural e institucional, especialmente en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
El análisis del PNUD detalla que la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales de la región alcanzó el 36.5% en 2024, un incremento considerable frente al 12.3% registrado a inicios del siglo XXI.
Acaba de cumplirse un año desde la entrada en vigencia de la ley que busca regular la violencia ejercida contra las mujeres en política y los protocolos que debían ser modificados en el Congreso, según la normativa, aún no están actualizados de acuerdo con lo indicado. Aunque la norma busca blindar este tipo de agresiones, son varias las alertas en los puntos en los que no se están cumpliendo los aspectos dispuestos.
Tras las elecciones legislativas, el Congreso renovó a sus miembros y en el camino las posibilidades para las mujeres parecen...
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, Ministerio de Desarrollo Social), Mónica Xavier, participó en la presentación de los resultados de un estudio sobre las experiencias de 181 mujeres candidatas que resultaron electas como titulares o suplentes en ambas Cámaras en las elecciones nacionales de 2024 en Uruguay, realizado con el apoyo de ONU Mujeres y las embajadas del Reino Unido y Suecia.
Durante su intervención, Xavier destacó la importancia de contar con evidencia para visibilizar las desigualdades y orientar la acción pública. "Lo que no se mide no se puede reconocer y lo que no se reconoce no se puede modificar", señaló, subrayando el valor del estudio como insumo para el diseño de políticas que promuevan la igualdad sustantiva.
Además, advirtió que, si bien en Uruguay se han registrado avances en algunas áreas, persisten brechas estructurales que impactan de forma particular en la vida de las mujeres. En ese sentido, afirmó que "la brecha de la violencia no cierra" y planteó que el ámbito político no es ajeno a estas desigualdades, especialmente considerando las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a espacios de decisión.
Asimismo, Xavier remarcó que los avances en materia de participación política han requerido de marcos normativos específicos y que su sostenibilidad depende de transformaciones culturales profundas. "Necesitamos una sociedad mucho más igualitaria, donde la cultura de transformación igualitaria sea clave, pero también una arquitectura institucional que garantice la representación plena de mujeres y hombres en todos los ámbitos", expresó .
En este sentido, señaló la importancia de fortalecer la articulación entre organismos del Estado y actores políticos y sociales, y reafirmó el compromiso de Inmujeres para contribuir a estos procesos. "No tenemos excusas: contamos con normas legales que pueden hacernos avanzar y con prácticas que es necesario transformar para lograr una participación más igualitaria", sostuvo.
MORELIA, Mich., 21 de enero de 2026.- La violencia política en razón de género es un conjunto de conductas que buscan limitar, anular o menoscabar los derechos político electorales de las mujeres por el hecho de ser mujeres o por ejercer un cargo público desde esa condición.
No se trata de diferencias normales de la disputa política, sino de actos que colocan a las mujeres en una situación de desventaja estructural dentro de la vida pública.
Este tipo de violencia puede presentarse antes, durante o después de los procesos electorales, pero también en el ejercicio cotidiano del cargo.
Incluye prácticas como impedir el acceso a recursos económicos, obstaculizar la toma de decisiones, desacreditar públicamente a una mujer con estereotipos de género, ejercer hostigamiento o intimidación, o presionar para que renuncie a una función o representación política.
Este primer informe sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2020-2021 del estado de Guerrero, elaborado por Equipos Feministas, A.C., constituye el producto final entregable ante el INE en el marco del Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2020.
La información contenida en este documento da cuenta de violencia política contra mujeres del estado de Guerrero que participaron en el proceso electoral 2020-2021 para la renovación de la gubernatura, ayuntamientos, así como diputaciones locales y federales.
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Alguna vez los políticos y politólogos chilenos recorrieron universidades del mundo hablando de los beneficios de la Transición. Hoy nuestra democracia maltrecha y cuestionada, se ha vuelto a poner en la vanguardia gracias al mecanismo paritario. En esta columnas dos politólogas del equipo que diseñó el mecanismo y lo impulsó en el Congreso explican cómo la paridad redibujó la cancha política. “Las mujeres poseen desafíos enormes y se espera muchísimo de ellas”, escriben las autoras. Instan a extender el mecanismo a todas las elecciones, pues allí donde no hubo obligación de paridad, las mujeres no llegaron a las listas. “Para alcaldías, solo 22,6% de las candidaturas corresponden a mujeres; la cifra sube a 39% para concejales”, describen.
En este documento se analiza la importancia de la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres para una respuesta eficaz a la pandemia y para los esfuerzos de consolidación de la paz. Así mismo se describe de qué manera la agenda sobre mujeres, paz y seguridad puede brindar un marco crítico para procesos de toma de decisiones inclusivos y soluciones sostenibles. Mientras se despliegan esfuerzos para aplanar la curva de la pandemia en todo el globo, los conflictos violentos siguen siendo una realidad letal para muchísimas personas.
En marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas instó a un alto el fuego mundial que permita al mundo responder al COVID-19. Con la participación de las mujeres como eje central para alcanzar soluciones sostenibles, la pandemia ha puesto claramente de relieve la importancia crucial de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad para adoptar decisiones de forma inclusiva y eficaz.
En este documento se reconoce el papel vital de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para movilizar apoyos para un cese urgente de las hostilidades, los procesos de alto el fuego inclusivos y conversaciones de paz integrales. Asimismo, se brinda un análisis preliminar de los efectos del COVID-19 en la participación de las mujeres en los procesos de alto el fuego y de paz, y se ofrece una serie de recomendaciones, entre otros objetivos, para “reconstruir mejor”.
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Comprender y explicar los brotes de violencia relacionada con los procesos electorales es una tarea compleja.
Es aún más difícil predecir si unas futuras elecciones se tornarán violentas, cuáles factores podrían estar sirviendo de base o desencadenar actos de violencia, y lo que se puede hacer para evitar la violencia. Una manera de abordar el problema es empoderando a quienes tengan la responsabilidad inmediata de evitar y reducir la violencia vinculada con los procesos electorales, como los OGE, los OS y otras agencias estatales y no estatales.
La Herramienta para la gestión del riesgo electoral está diseñada para empoderar a aquellos que tienen un mandato o interés en garantizar que los procesos electorales transcurran de forma pacífica y creíble. Su objetivo es desarrollar la capacidad del usuario para comprender, analizar y reducir los riesgos electorales. De manera específica, la Herramienta GRE puede desarrollar la capacidad del usuario para comprender los factores de riesgo, recopilar y analizar datos de riesgo, diseñar estrategias de prevención y reducción y registrar los resultados de las acciones.
La Herramienta GRE es una aplicación informática formada por tres Guías. La presente Guía de medidas de prevención y reducción de la violencia electoral tiene como objetivo ayudar a inspirar a los usuarios a diseñar estrategias y acciones individualizadas para prevenir y reducir la violencia electoral. Viene complementada por una Guía de factoras internos y una Guía de factores externos que ofrecen lineamientos a los usuarios de la Herramienta GRE en identificar riesgos electorales en un país y un contexto electoral particular.
Haga clic aquí para descargar el estudio.
Comprender y explicar los brotes de violencia relacionada con los procesos electorales es una tarea compleja.
Es aún más difícil predecir si unas futuras elecciones se tornarán violentas, cuáles factores podrían estar sirviendo de base o desencadenar actos de violencia, y lo que se puede hacer para evitar la violencia. Una manera de abordar el problema es empoderando a quienes tengan la responsabilidad inmediata de evitar y reducir la violencia vinculada con los procesos electorales, como los OGE, los OS y otras agencias estatales y no estatales.
La Herramienta para la gestión del riesgo electoral está diseñada para empoderar a aquellos que tienen un mandato o interés en garantizar que los procesos electorales transcurran de forma pacífica y creíble. Su objetivo es desarrollar la capacidad del usuario para comprender, analizar y reducir los riesgos electorales. De manera específica, la Herramienta GRE puede desarrollar la capacidad del usuario para comprender los factores de riesgo, recopilar y analizar datos de riesgo, diseñar estrategias de prevención y reducción y registrar los resultados de las acciones.
La Herramienta GRE es una aplicación informática formada por tres Guías. La presente Guía de medidas de prevención y reducción de la violencia electoral tiene como objetivo ayudar a inspirar a los usuarios a diseñar estrategias y acciones individualizadas para prevenir y reducir la violencia electoral. Viene complementada por una Guía de factoras internos y una Guía de factores externos que ofrecen lineamientos a los usuarios de la Herramienta GRE en identificar riesgos electorales en un país y un contexto electoral particular.
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En el año 2000, la Comunidad de las Democracias, una coalición intergubernamental de Estados, fue creada para responder al nuevo orden democrático del mundo, en el cual cada vez más países empezaron a adoptar sus normas y prácticas.
En este sentido, la Comunidad define su misión a través del apoyo a la transición democrática y su consolidación a nivel mundial; de la asistencia para cerrar las grietas entre los principios de la democracia y los derechos humanos universales, así como su práctica ayudando a las sociedades en desarrollo en aras de fortalecer las instituciones y valores democráticos.
El Grupo de Trabajo sobre Elecciones responde como un mecanismo para alcanzar el fortalecimiento democrático a través del apoyo a una de las premisas incluidas en la Declaración de Varsovia: el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes a través de elecciones regulares, libres y justas, con sufragio equitativo y universal, abierto a múltiples partidos, conducidas por urnas secretas, monitoreadas por autoridades electorales independientes, y libres de fraude e intimidación.