Elecciones
Este martes y previo a la realización de las elecciones al Congreso y la Presidencia de 2026, ONU Mujeres presentó su estudio 3.000 voces por la democracia: Experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia política contra las mujeres.
Allí advirtieron que el 78.8% de las candidatas que participaron de las elecciones a alcaldías y gobernaciones de 2023 sufrieron algún tipo de violencia en actividades como “visitas a barrios, veredas, asambleas y reuniones, por el solo hecho de ser mujeres”.
”La violencia contra las mujeres en política no es un hecho aislado: debilita liderazgos, limita la democracia y disuade a muchas de participar en la vida pública. Este informe aporta evidencia clave para orientar políticas públicas efectivas, fortalecer la protección a las candidatas y avanzar hacia una democracia paritaria donde ninguna mujer tenga que elegir entre participar o sentirse segura”, señaló María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Colombia.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre dejaron una señal clara sobre la participación política de las mujeres en Chile: la representación femenina en el Senado alcanzó un nivel histórico, mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputados —pese a la renovación total del hemiciclo— aún persisten brechas que impiden hablar de paridad real en todos los espacios de poder.
Con más de 13 millones 300 mil personas votando, el país definió una nueva composición para el Congreso que asumirá en marzo de 2026. En total, se eligieron 155 diputados y 23 senadores, correspondientes a las siete regiones impares. Y aunque los resultados consolidan una ventaja para la oposición —que obtiene 24 escaños en la Cámara Alta frente a 19 del oficialismo—, la lectura desde la perspectiva de género ofrece matices que van más allá del mapa político.
Un proyecto de ley presentado en la corriente legislativa pretende impedir que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inscriba a los partidos políticos que violen las obligaciones establecidas en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres.
La iniciativa —impulsada por la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Delgado Ramírez— propone reformas a dicha ley y al Código Electoral. Según la exposición de motivos, la sanción "resulta coherente con el principio de proporcionalidad reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos".
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la baja presencia de mujeres en las candidaturas habilitadas para las elecciones subnacionales del 22 de marzo y advirtió una brecha de género persistente.
El pronunciamiento se sustenta en el análisis de los datos oficiales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional el pasado 11 de enero.
Según el reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de 74 candidaturas habilitadas a gobernaciones, solo ocho corresponden a mujeres, equivalente al 10,81%.
En contraste, 66 candidaturas, el 89,19%, están ocupadas por varones, lo que refleja una marcada desigualdad en el acceso a cargos ejecutivos departamentales.
La ministra de Solidaridad, Inclusión Social y Familia, Naïma Ben Yahia, anunció este lunes en Rabat el inminente lanzamiento de una campaña nacional destinada a promover la participación política de las mujeres y combatir la discriminación y los estereotipos en el ámbito político.
En respuesta a las preguntas planteadas en la Cámara de Representantes, la ministra explicó que esta iniciativa forma parte del programa «Moucharaka», diseñado para fomentar la participación femenina en el proceso político en su conjunto, con vistas a las elecciones de 2026 y 2027.
Se llevarán a cabo ciclos de formación dirigidos a mujeres que son miembros de partidos políticos, en coordinación con las líderes de las organizaciones femeninas partidarias. Paralelamente, se realizarán estudios en colaboración con universidades para identificar estrategias que mejoren la representación política de las mujeres. Estos estudios también evaluarán los procesos electorales mediante análisis antes y después de las elecciones de la Cámara de Representantes, y sus resultados se harán públicos.
Los candidatos de los 25 partidos políticos que participarán para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo suman un total de 46, entre postulantes a la Gobernación, y a las alcaldías de La Paz y El Alto. Sin embargo, de esta cifra, solo una aspirante es mujer.
Se trata de Roxana Pérez del Castillo Brown, quien se presentó con la alianza Recuperemos La Paz (RLP) frente al que sólo se presentó ella, sin candidatos a la gobernación ni a la alcaldía de El Alto.
Pérez del Castillo se disputa la alcaldía con otros 16 aspirantes, entre ellos: Jhonny Plata, Waldo Albarracín, Xavier Iturralde, Miguel Roca, Luis Eduardo Siles, Carlos Palenque Monroy, Isaac Fernández, César Dockweiler, Fernando Valencia, Raúl Daza, Jorge Dulon, Hernán Rivera, Ricardo Cuevas, Óscar Sogliano, Carlos Rivero e Iván Arias.
Este primer informe sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2020-2021 del estado de Guerrero, elaborado por Equipos Feministas, A.C., constituye el producto final entregable ante el INE en el marco del Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2020.
La información contenida en este documento da cuenta de violencia política contra mujeres del estado de Guerrero que participaron en el proceso electoral 2020-2021 para la renovación de la gubernatura, ayuntamientos, así como diputaciones locales y federales.
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Alguna vez los políticos y politólogos chilenos recorrieron universidades del mundo hablando de los beneficios de la Transición. Hoy nuestra democracia maltrecha y cuestionada, se ha vuelto a poner en la vanguardia gracias al mecanismo paritario. En esta columnas dos politólogas del equipo que diseñó el mecanismo y lo impulsó en el Congreso explican cómo la paridad redibujó la cancha política. “Las mujeres poseen desafíos enormes y se espera muchísimo de ellas”, escriben las autoras. Instan a extender el mecanismo a todas las elecciones, pues allí donde no hubo obligación de paridad, las mujeres no llegaron a las listas. “Para alcaldías, solo 22,6% de las candidaturas corresponden a mujeres; la cifra sube a 39% para concejales”, describen.
En este documento se analiza la importancia de la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres para una respuesta eficaz a la pandemia y para los esfuerzos de consolidación de la paz. Así mismo se describe de qué manera la agenda sobre mujeres, paz y seguridad puede brindar un marco crítico para procesos de toma de decisiones inclusivos y soluciones sostenibles. Mientras se despliegan esfuerzos para aplanar la curva de la pandemia en todo el globo, los conflictos violentos siguen siendo una realidad letal para muchísimas personas.
En marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas instó a un alto el fuego mundial que permita al mundo responder al COVID-19. Con la participación de las mujeres como eje central para alcanzar soluciones sostenibles, la pandemia ha puesto claramente de relieve la importancia crucial de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad para adoptar decisiones de forma inclusiva y eficaz.
En este documento se reconoce el papel vital de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para movilizar apoyos para un cese urgente de las hostilidades, los procesos de alto el fuego inclusivos y conversaciones de paz integrales. Asimismo, se brinda un análisis preliminar de los efectos del COVID-19 en la participación de las mujeres en los procesos de alto el fuego y de paz, y se ofrece una serie de recomendaciones, entre otros objetivos, para “reconstruir mejor”.
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Comprender y explicar los brotes de violencia relacionada con los procesos electorales es una tarea compleja.
Es aún más difícil predecir si unas futuras elecciones se tornarán violentas, cuáles factores podrían estar sirviendo de base o desencadenar actos de violencia, y lo que se puede hacer para evitar la violencia. Una manera de abordar el problema es empoderando a quienes tengan la responsabilidad inmediata de evitar y reducir la violencia vinculada con los procesos electorales, como los OGE, los OS y otras agencias estatales y no estatales.
La Herramienta para la gestión del riesgo electoral está diseñada para empoderar a aquellos que tienen un mandato o interés en garantizar que los procesos electorales transcurran de forma pacífica y creíble. Su objetivo es desarrollar la capacidad del usuario para comprender, analizar y reducir los riesgos electorales. De manera específica, la Herramienta GRE puede desarrollar la capacidad del usuario para comprender los factores de riesgo, recopilar y analizar datos de riesgo, diseñar estrategias de prevención y reducción y registrar los resultados de las acciones.
La Herramienta GRE es una aplicación informática formada por tres Guías. La presente Guía de medidas de prevención y reducción de la violencia electoral tiene como objetivo ayudar a inspirar a los usuarios a diseñar estrategias y acciones individualizadas para prevenir y reducir la violencia electoral. Viene complementada por una Guía de factoras internos y una Guía de factores externos que ofrecen lineamientos a los usuarios de la Herramienta GRE en identificar riesgos electorales en un país y un contexto electoral particular.
Haga clic aquí para descargar el estudio.
Comprender y explicar los brotes de violencia relacionada con los procesos electorales es una tarea compleja.
Es aún más difícil predecir si unas futuras elecciones se tornarán violentas, cuáles factores podrían estar sirviendo de base o desencadenar actos de violencia, y lo que se puede hacer para evitar la violencia. Una manera de abordar el problema es empoderando a quienes tengan la responsabilidad inmediata de evitar y reducir la violencia vinculada con los procesos electorales, como los OGE, los OS y otras agencias estatales y no estatales.
La Herramienta para la gestión del riesgo electoral está diseñada para empoderar a aquellos que tienen un mandato o interés en garantizar que los procesos electorales transcurran de forma pacífica y creíble. Su objetivo es desarrollar la capacidad del usuario para comprender, analizar y reducir los riesgos electorales. De manera específica, la Herramienta GRE puede desarrollar la capacidad del usuario para comprender los factores de riesgo, recopilar y analizar datos de riesgo, diseñar estrategias de prevención y reducción y registrar los resultados de las acciones.
La Herramienta GRE es una aplicación informática formada por tres Guías. La presente Guía de medidas de prevención y reducción de la violencia electoral tiene como objetivo ayudar a inspirar a los usuarios a diseñar estrategias y acciones individualizadas para prevenir y reducir la violencia electoral. Viene complementada por una Guía de factoras internos y una Guía de factores externos que ofrecen lineamientos a los usuarios de la Herramienta GRE en identificar riesgos electorales en un país y un contexto electoral particular.
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En el año 2000, la Comunidad de las Democracias, una coalición intergubernamental de Estados, fue creada para responder al nuevo orden democrático del mundo, en el cual cada vez más países empezaron a adoptar sus normas y prácticas.
En este sentido, la Comunidad define su misión a través del apoyo a la transición democrática y su consolidación a nivel mundial; de la asistencia para cerrar las grietas entre los principios de la democracia y los derechos humanos universales, así como su práctica ayudando a las sociedades en desarrollo en aras de fortalecer las instituciones y valores democráticos.
El Grupo de Trabajo sobre Elecciones responde como un mecanismo para alcanzar el fortalecimiento democrático a través del apoyo a una de las premisas incluidas en la Declaración de Varsovia: el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes a través de elecciones regulares, libres y justas, con sufragio equitativo y universal, abierto a múltiples partidos, conducidas por urnas secretas, monitoreadas por autoridades electorales independientes, y libres de fraude e intimidación.