Parlamentos y representantes
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Discriminación en el trabajo. Elecciones difíciles entre las responsabilidades profesionales y familiares. Acoso en línea. En Europa, la desigualdad es algo que muchas mujeres sufren en su día a día.
La igualdad de género ha sido un valor fundamental de la Unión Europea desde sus comienzos. El Parlamento Europeo contribuye a traducir este principio en medidas prácticas.
En los últimos años, el Parlamento ha legislado para aumentar la transparencia salarial, reforzar la protección contra la violencia, mejorar los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, y promover una mayor representación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones.
Además de aprobar legislación, el Parlamento presiona a los países y las instituciones de la UE para que promuevan los derechos de las mujeres, siguiendo de cerca sus avances y reclamando medidas concretas.
Aquí presentamos un resumen de la legislación de la UE que lucha contra las desigualdades entre mujeres y hombres, y de los ámbitos en los que el Parlamento Europeo insta a los países y las instituciones de la UE a que hagan más.
La investigación “Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024: violencia contra las mujeres en política” reveló que más de ocho de cada diez candidatas electas experimentaron alguna forma de violencia durante la campaña electoral. La actividad se realizó en el Palacio Legislativo y contó con la participación de autoridades nacionales, legisladoras, academia y organismos internacionales.
El miércoles 6 de mayo se presentaron los hallazgos del estudio Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024: violencia contra las mujeres en política en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo.
La apertura estuvo a cargo de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, Ministerio de Desarrollo Social), Mónica Xavier, y la directora de programas de ONU Mujeres (Uruguay), Magdalena Furtado. También participaron las coordinadoras de la investigación y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS, Universidad de la República), Niki Johnson y Verónica Pérez, junto a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y las legisladoras Constanza Moreira y Paula de Armas.
Durante su intervención, Xavier destacó que Uruguay "recién en esta elección llegó a arañar el 30% en ambas cámaras", y advirtió que el país continúa "muy lejos del promedio mundial y lejos de la región" en materia de representación política de las mujeres.
Asimismo, señaló que "la democracia tiene que representarnos a todas y a todos" y que el 52% de la población "debe tener un correlato" en los espacios de decisión política.
Toluca, Méx.- La consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Flor Angelí Vieyra Vázquez, advirtió que la violencia política en razón de género continúa siendo uno de los principales desafíos para consolidar una democracia paritaria, sustantiva e incluyente en el país.
Durante una entrevista, la funcionaria explicó que, si bien se han logrado avances importantes en el ámbito normativo para garantizar la participación de las mujeres en espacios de representación política, persisten obstáculos de carácter sociocultural que siguen limitando su acceso y desempeño en cargos públicos.
“Todavía existen estereotipos de género que influyen en cómo se evalúan los liderazgos femeninos. A las mujeres se les cuestiona por aspectos que no se les preguntan a los hombres, como el cuidado de sus hijos o incluso su capacidad para ejercer liderazgo a partir de cuestiones biológicas”, señaló.
Vieyra Vázquez destacó que fenómenos como los techos de cristal, los techos de cemento, el piso pegajoso, los techos de billetes y los llamados techos de diamante continúan reflejando las barreras que enfrentan las mujeres para desarrollarse plenamente en la vida pública.
El Valle del Cauca llevó a la agenda pública la discusión sobre la violencia contra las mujeres en política con la radicación del Proyecto de Ordenanza N.° 003, que ya inició su trámite en la Asamblea Departamental.
La iniciativa, presentada el 10 de abril de 2026, quedó a la espera de los debates reglamentarios para su eventual aprobación, en el marco de la Ley Estatutaria 2453 de 2025.
El proyecto, impulsado por la diputada Lina Segura, plantea medidas para proteger a las mujeres que participan en la vida pública del departamento, en un contexto marcado por denuncias de hostigamiento y violencia simbólica.
“Esta iniciativa no tuvo color político; respondió a una necesidad urgente de garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo ni violencia”, afirmó la diputada.
Poco más de tres meses restan para que el nuevo Congreso inicie sus actividades en el Legislativo con la conformación que los colombianos eligieron el pasado 8 de marzo. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se emitió una nueva alerta sobre la participación de mujer en política, pues tan solo el 29 % de los asientos en el Capitolio serán ocupados por mujeres.
El panorama es similar al del cuatrienio 2022-2026 que culminará el próximo 20 de junio. Para este periodo fueron 295 curules, incluyendo las que otorga el estatuto de oposición a los perdedores de la segunda vuelta presidencial, de las cuales solo 86 eran ocupadas por mujeres.
No son ataques aislados, son redes que operan para deslegitimar a figuras públicas en política, desplazando el debate técnico hacia la agresión personal y el castigo moral. Ni el Órgano Electoral ni la Defensoría del Pueblo activan redes de contención.
Durby Blanco llegó al Palacio Quemado el 9 de marzo con un discurso preparado. Un día antes había celebrado el Día Internacional de la Mujer y cumplido 32 años. Ese lunes le tocaba asumir su primer acto oficial como viceministra interina de Igualdad de Oportunidades.\
Horas después, sus palabras ya circulaban en redes sociales, recortadas y fuera de contexto. No se debatió la política pública, se la cuestionó a ella. Lo que debía ser su presentación en el cargo se convirtió en el inicio de una cadena de ataques que no se detuvo en lo político.
Lo que no es casual
Lo que ocurrió con Durby no es un hecho aislado. Un boletín del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre violencia digital en contextos políticos muestra que una de cada cinco interacciones dirigidas a mujeres con participación política en redes sociales contiene algún tipo de agresión.