Parlamentos y representantes
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A pesar del avance que se ha tenido en Veracruz para prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, las sanciones que se imponen son insuficientes, manifestó Tania Celina Vásquez Muñoz.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), dijo estar a favor que el Congreso del Estado, que la semana pasada inició funciones, pueda actualizar el marzo legal para sancionar con mayor severidad la violencia política contra las mujeres, incluso, se podría tipificar como delito.
Actualmente en Veracruz, la violencia política en contra de las mujeres que se compruebe es causal de nulidad de una elección, además, hay un registro estatal de personas sancionadas por violencia política; sin embargo, son medidas insuficientes.
“Si la violencia política en razón de género fuera un delito, les garantizo que, pues (quienes la realizan) se lo pensarían mucho más, porque hoy no existen sanciones reales. Necesitamos, requerimos tener esa protección”, agregó.
Vásquez Muñoz, agregó que los Registros Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, no pasa de ser un listado de personas que han incurrido en actos de agresión contra mujeres políticas. “Honestamente no es una sanción que digas que se está limitando el derecho para participar en una candidatura”.
Lea aquí el artículo completo publicado por Al Calor Político el 13 de noviembre de 2024.
Imagen por Al Calor Político
Es indispensable analizar los casos de violencia política en razón de género porque es una oportunidad crucial de reflexionar las acciones para erradicar la conducta machista, sobre todo cuando ocurren en comunidades tradicionales como ocurrió en Xochimilco, destacó la consejera presidenta el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño.
En un conversatorio en torno a las “resoluciones y sentencias con perspectiva de género para erradicar narrativas estigmatizantes hacia las mujeres”, especialistas retomaron el caso de violencia machista en contra de una mujer que se desempeñaba como autoridad tradicional de un pueblo originario de Xochimilco.
Apuntaron que, en medio de una controversia sobre el uso del presupuesto participativo 2022-2023, denunció agresiones físicas simbólicas y psicológicas, por parte de autoridades tradicionales del mismo pueblo originario.
La presidenta del IECM reiteró que estos casos permiten evaluar las estrategias en contra de estas conductas. Señaló que se avanza en materia legislativa, pero también deben trabajarse otras acciones para lograr el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
La consejera electoral Sonia Pérez, reconoció como reto para el Instituto la atención a procedimientos especiales sancionadores, como en este caso, que involucró autoridades tradicionales en los que la forma en que se ejecuta el presupuesto tiene que ver con usos y costumbres.
Lea aquí el artículo completo publicado por el Diario 24 Horas el 13 de noviembre de 2024.
Imagen por Diario 24 Horas
La Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género (ARF) es una alianza de instituciones feministas latinoamericanas que surge como una sociedad de trabajo entre organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la justicia de género en la región. Creada en 2024, constituye un esfuerzo por promover formas concertadas de trabajo a nivel regional y de fiscalizar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones.
A través del presente documento, cinco de las organizaciones que conforman la ARF inician una serie de cuatro informes destinados a dar seguimiento a la implementación de la Política Exterior Feminista.
El trabajo conjunto de Equis Justicias para las Mujeres de México, Humanas de Colombia, ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina, la Coordinadora de la Mujer de Bolivia y Humanas Chile, se orienta a contar con una presentación inicial sobre la definición de esta política en cada uno de los países, para en los siguientes documentos abordar algunos de los temas ejes definidos como prioritarios en todos ellos para la implementación de la Política Exterior Feminista tanto en el ámbito interno como en el exterior: violencia hacia las mujeres; mujeres, paz y seguridad; y participación y representación de las mujeres.
Lea aquí el artículo completo publicado por Articulación Regional Feminista en Agosto 2024.
Imagen por Articulación Regional Feminista
La promoción de la participación política de las mujeres indígenas es un desafío que requiere de acciones concretas y sostenidas en todos los niveles.
Han sido años de lucha invisible; desde el empoderamiento de base, fomentando los espacios de diálogo y toma de decisiones al interior de las comunidades, donde como mujeres Mapuche hemos logrado construir propuestas colectivas.
Hoy nos vemos y nos reconocemos liderando comunidades, juntas de vecinos, comités de agua potable rural, comités de vivienda y tantos otros, que salen adelante a pulso y pasión. Sin embargo, son escasas las oportunidades reales de capacitación en gestión pública, en comunicación y en áreas en que las mujeres Mapuche desarrollemos las habilidades necesarias para participar en espacios de poder.
En este sentido han sido fundamentales las redes de apoyo y contención entre mujeres líderes, fortaleciendo vínculos y compartiendo experiencias, en su mayoría de forma autodidacta.
¿Y si ya es momento de hablar de cuotas de género y representación indígena?
Lea aquí el artículo completo publicado por Araucanía Diario el 7 de septiembre 2024.
Imagen por Araucanía Diario
La Registraduría Nacional del Estado Civil, en colaboración con el Consejo Nacional Electoral y ONU Mujeres, presentó un análisis sobre la participación de las mujeres en el mapa político local y regional de Colombia para el periodo 2024 – 2027.
El balance, enmarcado dentro de la estrategia 'Más mujeres, más democracia: Rumbo a la paridad', reveló que aunque se han logrado algunos avances la brecha de desigualdad en la representación política de las mujeres persiste en todo el país. (Lea: Constitucional proyecto que garantiza participación paritaria de las mujeres en las ramas y órganos del poder público)
El informe destaca que en las elecciones territoriales del 2023 la representación femenina en cargos de elección popular sigue siendo baja. En particular, solo el 13,3 % de las mujeres que se postularon para alcaldías resultaron electas y un 42,5 % de los municipios no tuvo candidatas femeninas para este cargo. En cuanto a las gobernaciones, seis mujeres fueron elegidas, lo que representa un 18,8 % del total, la cifra más alta en la historia del país, aunque aún insuficiente para alcanzar la paridad.
Lea aquí el artículo completo publicado por Ámbito Jurídico el 26 de agosto de 2024.
Imagen por Ámbito Jurídico