Parlamentos y representantes
Recientemente, la senadora Vanessa Kaiser afirmó en el Senado: “No estoy de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”. Sus declaraciones dejan ver una profunda irresponsabilidad política al desconocer las desigualdades que afectan material, simbólica y físicamente la vida de las mujeres.
La desigualdad que enfrentan las mujeres no remite solo a hechos aislados ni a episodios excepcionales. Exige, más bien, comprenderla como producto de las múltiples formas de violencia que viven, las cuales configuran la vida cotidiana y organizan las relaciones sociales, manifestándose en distintos ámbitos y bajo diversas formas: simbólica, económica, psicológica, física, sexual y femicida, entre otras expresiones de violencia sostenidas en un entramado cultural que la reproduce, la justifica y la naturaliza.
Los datos oficiales son elocuentes. En un país donde los sueldos son bajos en general, la situación de las mujeres se vuelve todavía más crítica. En base a la Encuesta Suplementaria de Ingresos (2024), la mediana de ingresos líquidos es menor para las mujeres, mientras la mitad de los hombres percibe un ingreso igual o menor a $698.255 producto de su ocupación principal, la mitad de las mujeres no supera los $555.362.
En política, el nombre no solo identifica. También puede acercar, jerarquizar o restar investidura. Distintos estudios internacionales y la lectura de una experta en comunicación política coinciden en que muchas mujeres siguen siendo nombradas desde registros más personales, mientras los hombres conservan con más frecuencia fórmulas asociadas al apellido, el cargo o la autoridad pública.
Cuando nombrar también ordena el poder
Para Silvia Juliana Parra Cañas, docente de cátedra de la Universidad del Rosario en la maestría en comunicación política digital, el punto de partida es claro: “En comunicación política, el modo de nombrar a una figura pública no es un detalle estilístico: es una forma de distribuir poder simbólico. El lenguaje no solo describe la política, también la organiza jerárquicamente”.
Ese patrón ha sido medido en otros ámbitos profesionales. Un estudio de la Universidad de Cornell, basado en ocho experimentos, encontró que las personas tendían a referirse con más frecuencia a hombres profesionales solo por el apellido que a mujeres en condiciones equivalentes. Además, quienes eran nombrados de esa manera eran percibidos como más reconocidos, más importantes y más merecedores de prestigio en su campo.
La clave, en ese caso, no estaba solo en la costumbre lingüística, sino en el efecto que producía. El apellido aparecía como una señal de autoridad y reconocimiento. En política, donde el lenguaje está directamente ligado a la construcción de imagen pública, ese matiz adquiere todavía más peso.
Parra Cañas lo explica así: “Nombrar desde el nombre propio suele producir un efecto de cercanía, pero también puede implicar una forma de desinstitucionalización del liderazgo. En el contexto colombiano, el apellido ha funcionado históricamente como un marcador de autoridad, tradición y pertenencia a élites políticas”.
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, informó a Urgente.bo que al menos 35 mujeres fueron electas como autoridades en las elecciones subnacionales y se impusieron al acoso y la violencia política.
Sánchez detalló que dos mujeres fueron electas gobernadoras en Pando y Tarija, mientras que 33 fueron obtuvieron Alcaldías en distintos municipios de Bolivia. Asimismo, indicó que en Santa Cruz eligieron a la vicegobernadora, Paola Aguirre.
Sin embargo, a pesar de estos resultados la representación femenina sigue siendo reducida, aseveró la directora. "Son treinta y tres alcaldesas electas frente a los trescientos treinta y cinco municipios, casi casi el diez por ciento", precisó y subrayó que aún no se alcanza la paridad en "espacios clave" de toma de decisiones.
Por su parte, la analista política Susana Bejarano indicó que si bien hay un avance en las elecciones de autoridades; aún hay la sospecha de un "tutelaje" por detrás de las mujeres candidatas. En esa línea, señaló que este progreso se debe más a los avances "casi obligatorios" de la norma, que de la sociedad.
A primera vista podría hablarse de avance. La Cámara de Representantes pasará de tener 52 mujeres en el periodo 2022–2026 a 54 en el ciclo que comienza en 2026. Sin embargo, al mirar con lupa, la cifra revela una realidad menos alentadora, porque el incremento es de apenas dos curules en cuatro años, lo que equivale a un crecimiento marginal de un punto porcentual en la participación femenina, que pasa del 27,7 al 28,7 %.
En otras palabras, el cambio existe, pero es mínimo. La nueva Cámara seguirá siendo abrumadoramente masculina, con 134 hombres y 54 mujeres. Y aunque Colombia ha avanzado en comparación a décadas pasadas, la distancia frente a la paridad (entendida como una representación cercana al 50 %) sigue siendo considerable.
Morelia, Michoacán.- La Magistrada Presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mtra. Nereida Berenice Ávalos Vázquez, expuso los principales retos que enfrentan las mujeres para ejercer su participación política y acceder a cargos públicos en contextos libres de violencia.
Durante su ponencia titulada “Política sin violencia: criterios y desafíos actuales”, realizada en el Centro Cultural UNAM Campus Morelia, destacó que la violencia política contra las mujeres no se limita a agresiones físicas, sino que también se manifiesta a través del uso indebido del poder para controlar, someter o dañar, incluso mediante conductas de carácter psicológico.
La conferencia fue moderada por la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Mtra. Amelí Gissel Navarro Lepe, y contó con la asistencia de las magistradas Yurisha Andrade Morales y Alma Rosa Bahena Villalobos, así como de los magistrados Adrián Hernández Pinedo y Erik López Villaseñor.
Ávalos Vázquez señaló que la violencia política contra las mujeres tiene raíces profundas en la propia dinámica electoral, ya que muchos actores políticos se forman en escenarios de confrontación que posteriormente trasladan a los espacios de gobierno, perpetuando prácticas excluyentes y discriminatorias.
Esta actividad se realizó a invitación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, integrado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado, como parte de los esfuerzos para visibilizar y erradicar la violencia política en razón de género.
Por estos días comienzan a conocerse los datos oficiales de las candidaturas y elecciones al Congreso 2026–2030, que coincidencialmente se realizaron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En materia de representación femenina, hay avances que vale la pena destacar: el 40,9 % de las candidaturas al Congreso corresponde a mujeres, lo que significa un incremento frente a procesos electorales anteriores....
Este dato no es menor, pues refleja, al menos en el plano formal, una mayor presencia de mujeres en la contienda electoral, impulsada en parte por mecanismos como las listas cerradas y de cremallera, a pesar de las críticas que han suscitado.
Se trata, además, del resultado de décadas de lucha del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en Colombia, que han promovido reformas legales, acciones afirmativas y transformaciones culturales para abrir espacios en la política. La ley de cuotas, la incidencia en los partidos y la presión constante por la paridad han sido claves para que hoy más mujeres puedan aspirar a cargos de elección popular. En ese sentido, el aumento en las candidaturas es una conquista colectiva sostenida en el tiempo.
La Corporación Participación Ciudadana presenta el reporte número 33 de monitoreo en la plataforma social Twitter sobre violencia política contra las mujeres políticas y que desempeñan cargos de relevancia, desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2022.
Desde el inicio del monitoreo hasta agosto del 2022, se revisaron las cuentas de Twitter de 33 mujeres con representatividad pública, entre ellas funcionarias, periodistas e integrantes de la sociedad civil. A partir de julio del 2021, se monitorean a un total de 30 cuentas de mujeres con visibilidad pública.
En estos 33 meses de monitoreo se registra que las mujeres cuyas cuentas se monitorearon fueron víctimas de manifestación de violencia, a través de memes, imágenes, expresiones y frases en Twitter.
En total se contabilizaron 10.073 tuits con 803 expresiones con contenido
discriminatorio y 1.622 frases del mismo tipo durante todo el periodo de monitoreo.
Haga clic aquí para acceder al informe.
Esta nota tiene por objeto evaluar el cumplimiento de reforma de paridad total en las secretarías de despacho a nivel federal y local, a fin de identificar qué tanto se ha avanzado en la lucha por el empoderamiento de las mujeres, a la luz de lo dispuesto por la Constitución General de la República.
Haga clic aquí para acceder al informe.
El tercer Informe Parlamentario Mundial examina la participación pública en los parlamentos. Este informe analiza en detalle por qué es importante el compromiso con la esfera pública y cómo los parlamentos de todo el mundo interactúan con las personas que representan. Además, describe las tendencias y prioridades para la participación pública y considera los principios clave para garantizar una mejor participación mejor en el futuro, con miras al logro de la Agenda 2030.
Haga clic aquí para acceder al informe.
Entre los gobiernos con menos representación femenina está la Región de Murcia (PP), Cantabria (PRC), Castilla-La Mancha (PSOE), o la Comunidad de Madrid (PP), donde, aún así, hay mayor proporción de mujeres con cartera. En Murcia, son tres de 10, y en Cantabria, Castilla-La Mancha, cuatro de 11, y Madrid, cuatro de 10.
El nuevo Gobierno de Castilla y León es el menos paritario de todos los gobiernos autonómicos de España: el que menor número de mujeres tiene en el Ejecutivo. Por cada mujer consejera, hay cuatro hombres. En total, hay tres mujeres, todas del PP, entre sus 12 principales cargos: (10 consejeros además del presidente y del vicepresidente).
Haga clic aquí para leer el artículo completo por El País, el 19 de abril de 2022.
Desde el 2018, la legislatura de CABA incorporó los principios de representación paritaria promovidos por la normativa nacional. No obstante, y si bien actualmente la legislatura porteña alcanzó una composición más igualitaria con un 48% de mujeres y un 52% de varones (aunque la nula representatividad de travestis-trans continúa siendo una preocupación sobre la cual trabajar), la mayor representatividad de las mujeres no significa que se encuentren en igualdad de condiciones en la distribución del poder político. Por el contrario, los hallazgos de la presente investigación descubren que al acceder a cargos electivos se enfrentan con un campo minado de prácticas sistemáticas de deslegitimación, silenciamiento y disciplinamiento disciplinamiento patriarcal. Este informe presenta los resultados de un estudio sobre violencia política por motivos de género en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizado en el año 2021. Con el apoyo de la presidencia de la Legislatura y de legisladoras de la mayoría de los bloques, se encuestó a 44 legisladores/as sobre las desigualdades entre los géneros y las violencias, indagando especialmente en cómo se configuran las distintas trayectorias en relación a la prevalencia de violencias políticas contra las mujeres.
Haga clic aquí para acceder al informe.
El objetivo general del presente estudio es aportar a ONU Mujeres insumos sobre cómo la opinión pública percibe:
- la participación actual de mujeres en cargos políticos en Uruguay
- cuál sería la participación deseable
- cuál es el clima de opinión general hacia la paridad
- cuáles son los obstáculos que identifican entre la situación actual y la deseada
y cuáles serían los caminos apropiados para lograr esa participación
Haga clic aquí para acceder al informe.