Parlamentos y representantes
La violencia política digital de género se ha convertido en uno de los principales retos para la representación de las mujeres en diversos países, y que se profundiza ante un contexto histórico democrático complejo, expusieron expertas y activistas internacionales ante el INE.
La violencia política digital de género se ha convertido en uno de los principales retos para la representación de las mujeres en diversos países, y que se profundiza ante un contexto histórico democrático complejo, expusieron expertas y activistas internacionales ante el INE.
Este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE), en colaboración con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), presentaron el proyecto “Fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para la protección de la democracia en América Latina, desafío: Violencia política digital de género”.
Ciudad de México. Una mayor participación de mujeres en cargos de representación popular no ha significado respeto hacia ellas.
“En México, donde hay 50 por ciento de representación, (ellas) están siendo objeto de este tipo de acoso, al igual que en Brasil donde hay 18 por ciento, en Chile, 33 por ciento, o en Guatemala donde hay 8 por ciento”, dijo Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional.
En una conferencia dictada en el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió: “no vemos una correlación entre más mujeres en cargos de poder y más violencia en línea. Las mujeres hoy día son las principales víctimas de violencia en línea en todos los países, más allá de si están excluidas o integradas en la toma de decisiones”.
Ciudad de México. En el mundo las mujeres están subrepresentadas a nivel político, y de no haber cambios profundos en la materia, lo seguirán estando por mucho tiempo más, planteó Alicia Bárcena, ex titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Si el ritmo actual de progreso se mantiene, la paridad política global tardará 168 años en alcanzarse”, expuso a través de un vídeomensaje grabado con motivo de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM).
La embajadora detalló que en el último medio siglo, solo el 29 por ciento de las economías globales han sido lideradas por mujeres y en 2024 menos del 10 por ciento alcanzaron la paridad de género a nivel ministerial.
La violencia contra las mujeres en política (VCMP) constituye una de las barreras más persistentes para garantizar la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres en los espacios de representación y toma de decisiones. En Colombia, este fenómeno ha sido ampliamente documentado. Los estudios revelan que las mujeres que ejercen liderazgo político enfrentan no solo los desafíos propios de la competencia electoral, sino también agresiones y prácticas discriminatorias orientadas a desincentivar, obstaculizar o incluso impedir su participación.
El marco regulatorio para los partidos políticos ha evolucionado para enfrentar este desafío. Un primer hito fue la Ley 1475 de 2011, que estableció requisitos fundamentales para la participación de las mujeres al introducir principios de igualdad y equidad de género, así como cuotas mínimas de representación. Un avance significativo posterior es la Ley Estatutaria 2453 de 2025, la cual profundiza y concretiza las responsabilidades de las organizaciones políticas frente a la VCMP. Esta nueva ley establece medidas específicas para prevenir, atender, rechazar y sancionar este tipo de violencia, y otorga un plazo de seis (6) meses para que los partidos y movimientos políticos adecúen sus estatutos, códigos de ética y procedimientos internos a las disposiciones de la norma estatutaria.
Una mirada a la narrativa latinoamericana sobre el empoderamiento político de las mujeres
En América Latina, el empoderamiento político de las mujeres ha sido un proceso gradual, vinculado al reconocimiento de sus derechos civiles y ciudadanos, especialmente el derecho al voto, conquistado entre las décadas de 1940 y 1950. Tras los regímenes dictatoriales de los años 60 y 70, y los ajustes económicos neoliberales de los años 80, la región vivió importantes reformas de descentralización en los años 90. Países como Ecuador, Colombia y Perú comenzaron a promover la participación de las mujeres en los niveles locales y municipales.
En Bolivia, la Ley de Participación Popular marcó un hito al redefinir la división territorial municipal, pasando de 84 a más de 200 municipios. Este proceso permitió la incorporación de mujeres como concejalas y alcaldesas. Posteriormente, se impulsaron acciones afirmativas como las cuotas de género, adoptadas en toda la región tras los compromisos asumidos en la Conferencia de Beijing, reconociendo a las mujeres no solo como votantes, sino como candidatas elegibles.
Feministas consideraron que la poca representatividad que tendrán las mujeres en las administraciones de los ayuntamientos para el periodo 2026-2029 demuestra que la estructura política y partidista privilegia la participación de los hombres.
Sólo 52 de las 212 presidencias municipales de Veracruz serán ocupadas por mujeres para el periodo 2026-2029, según los resultados de las elecciones de renovación de ayuntamientos realizadas el pasado 1 de junio.
Los datos indican que para las administraciones que entrarán en funciones el 1 de enero de 2026 se contará con 52 mujeres presidentas propietarias, 66 suplentes; 162 sindicaturas propietarias y 164 suplentes.
Sin embargo, hay procesos de impugnación en los tribunales que se deben resolver para determinar si este será el número completo de mujeres que tendrán participación en las administraciones municipales.
Se privilegia la participación de los hombres La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres-OUVMujeres, Estela Casados González, indicó que el hecho refleja que la estructura política y partidista privilegia la participación de los hombres.
Articulo completo disponible aqui.
Esta nota tiene por objeto evaluar el cumplimiento de reforma de paridad total en las secretarías de despacho a nivel federal y local, a fin de identificar qué tanto se ha avanzado en la lucha por el empoderamiento de las mujeres, a la luz de lo dispuesto por la Constitución General de la República.
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El tercer Informe Parlamentario Mundial examina la participación pública en los parlamentos. Este informe analiza en detalle por qué es importante el compromiso con la esfera pública y cómo los parlamentos de todo el mundo interactúan con las personas que representan. Además, describe las tendencias y prioridades para la participación pública y considera los principios clave para garantizar una mejor participación mejor en el futuro, con miras al logro de la Agenda 2030.
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Entre los gobiernos con menos representación femenina está la Región de Murcia (PP), Cantabria (PRC), Castilla-La Mancha (PSOE), o la Comunidad de Madrid (PP), donde, aún así, hay mayor proporción de mujeres con cartera. En Murcia, son tres de 10, y en Cantabria, Castilla-La Mancha, cuatro de 11, y Madrid, cuatro de 10.
El nuevo Gobierno de Castilla y León es el menos paritario de todos los gobiernos autonómicos de España: el que menor número de mujeres tiene en el Ejecutivo. Por cada mujer consejera, hay cuatro hombres. En total, hay tres mujeres, todas del PP, entre sus 12 principales cargos: (10 consejeros además del presidente y del vicepresidente).
Haga clic aquí para leer el artículo completo por El País, el 19 de abril de 2022.
Desde el 2018, la legislatura de CABA incorporó los principios de representación paritaria promovidos por la normativa nacional. No obstante, y si bien actualmente la legislatura porteña alcanzó una composición más igualitaria con un 48% de mujeres y un 52% de varones (aunque la nula representatividad de travestis-trans continúa siendo una preocupación sobre la cual trabajar), la mayor representatividad de las mujeres no significa que se encuentren en igualdad de condiciones en la distribución del poder político. Por el contrario, los hallazgos de la presente investigación descubren que al acceder a cargos electivos se enfrentan con un campo minado de prácticas sistemáticas de deslegitimación, silenciamiento y disciplinamiento disciplinamiento patriarcal. Este informe presenta los resultados de un estudio sobre violencia política por motivos de género en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizado en el año 2021. Con el apoyo de la presidencia de la Legislatura y de legisladoras de la mayoría de los bloques, se encuestó a 44 legisladores/as sobre las desigualdades entre los géneros y las violencias, indagando especialmente en cómo se configuran las distintas trayectorias en relación a la prevalencia de violencias políticas contra las mujeres.
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El objetivo general del presente estudio es aportar a ONU Mujeres insumos sobre cómo la opinión pública percibe:
- la participación actual de mujeres en cargos políticos en Uruguay
- cuál sería la participación deseable
- cuál es el clima de opinión general hacia la paridad
- cuáles son los obstáculos que identifican entre la situación actual y la deseada
y cuáles serían los caminos apropiados para lograr esa participación
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Sistematización del análisis de la violencia política basada en género que reciben las mujeres políticas a través de redes sociales en Uruguay. El estudio de CPA Ferrere para ONU Mujeres en Uruguay se suma a las investigaciones y relevamientos que se realizan en América Latina y el Caribe por cuantificarla y describirla.
Por sus características, este tipo de violencia es difícil de detectar y en algunos casos está naturalizada por el medio en el que se desarrolla: en efecto, la arena política fue históricamente un ambiente dominado por hombres -aún sus reglas y costumbres desfavorecen la participación de la mujer- y el aumento de la participación de las mujeres en cargos de decisión ha empezado a develar esta problemática. A su vez, el medio digital facilita el ejercicio de la violencia, tanto por su inmediatez como por su capacidad para proteger a los agresores.
Es clave avanzar en la medición y análisis de este fenómeno, puesto que sin un cabal conocimiento de la realidad que enfrentan las mujeres políticas, trabajar en su prevención y sanción es una tarea difícil. Este trabajo busca realizar un primer acercamiento a un relevamiento cuantitativo de la violencia política hacia mujeres en redes sociales en Uruguay, en línea con lo avanzado en ese sentido por ONU Mujeres en Chile, basado en Twitter, y Ecuador, incorporando actividad en Facebook.
Para ello, se relevó más de medio millón de mensajes enviados a través de la plataforma Twitter a mujeres políticas uruguayas entre junio 2019 y junio 2020, y, mediante técnicas de aprendizaje automático, se identificaron mensajes violentos que fueron caracterizados en base a su contenido.
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