Parlamentos y representantes
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L NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el balance de la MOE respecto a las amenazas y riesgos de seguridad que enfrentan hoy los candidatos a la presidencia?
ALEJANDRA BARRIOS: Vemos un escenario de seguridad complejo y con señales de deterioro en varias regiones del país. Durante el calendario electoral (8 de marzo de 2025 a 8 de marzo de 2026) analizado se registraron 2.216 hechos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales en 393 municipios de 29 departamentos y en Bogotá, con una alta concentración en Cauca, Antioquia y Norte de Santander, que reúnen más de la mitad de los casos.
Además, se evidencia un aumento de la violencia en 23 departamentos, con incrementos particularmente críticos en territorios como Huila y Atlántico, lo que refleja una expansión territorial y una mayor intensidad de las acciones armadas y de amedrentamiento.
No obstante, es importante precisar que, aunque existe un incremento significativo en las dinámicas de violencia, la campaña presidencial suele desarrollarse principalmente en grandes centros urbanos, donde los niveles de afectación por parte de grupos armados ilegales son relativamente menores. En ese sentido, no se observa, hasta el momento, una incidencia generalizada de hechos de violencia directa contra candidaturas presidenciales en estos espacios.
El Parlamento de la India inició el jueves el debate sobre un proyecto de ley histórico que reserva un tercio de los escaños legislativos para las mujeres, lo que podría desencadenar una profunda redefinición de los distritos electorales y agudizar las tensiones políticas en todo el país.
De aprobarse, el proyecto de ley aceleraría la aprobación de una ley de 2023 que establece una reserva del 33% de los escaños para mujeres en el Parlamento y las legislaturas estatales. Sería uno de los cambios más trascendentales en la representación política desde la independencia de la India y podría ampliar la participación femenina en un sistema donde las mujeres siguen estando subrepresentadas.
Sin embargo, la cuota está vinculada a un controvertido proyecto de ley independiente para modificar los límites de los distritos electorales, un proceso que podría aumentar el número de escaños en la cámara baja de 543 a unos 850.
Por Belén Sanz Luque “Las mujeres no sirven para gobernar”, “Ninguna vieja más en el poder”, “Es tiempo de los hombres. Fuera Ruperta”, se leyó en bardas del municipio Iliatenco en el estado mexicano de Guerrero a seis días de las elecciones de 2021 en México. Ser mujer y postularse a una candidatura para la presidencia municipal fue suficiente para violentar a Ruperta Nicolás, indígena de 38 años y candidata del partido Movimiento Ciudadano, quien perdió contra Erick Sandro Leal, del Partido del Trabajo. Su apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima instancia de justicia electoral en México, concluyó en una sentencia histórica en la que por vez primera se anuló una elección debido a actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En su resolución, el TEPJF señaló que la pinta de bardas con mensajes estereotipados de género que hacían referencia a la incapacidad de las mujeres para gobernar y ocupar puestos de poder, tuvo un impacto negativo en el ejercicio de los derechos político-electorales de Ruperta Nicolás, afectando su imagen ante el electorado para impedirle así ocupar un cargo de elección popular. Este hecho marca un hito, pero ya en los últimos años México había dado pasos acelerados para incrementar la representación de las mujeres en la vida pública y política: con la reforma constitucional de 2014, que incorporó el principio de democracia paritaria; en 2019, con el principio constitucional de paridad de género en todos los poderes y niveles del Estado mexicano; y en 2020, con las reformas a ocho leyes de carácter nacional para definir y regular la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Según hemos documentado desde ONU Mujeres, dicha violencia representa uno de los mayores obstáculos para que las mujeres accedan y ejerzan cargos públicos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, en el marco del proceso electoral 2020-2021 se presentaron 147 quejas por actos de violencia política en razón de género, aunque otros datos, como los compilados por la consultora Etellekt, reflejan que durante dicho período se registraron 954 víctimas de violencia política, de las cuales 343 eran mujeres, incluyendo el lamentable asesinato de 15 de ellas, siete aspirantes y candidatas. Con este tipo de datos y experiencias, sabemos que la representación paritaria de las mujeres en la política no solo constituye un derecho fundamental, sino que además fortalece la democracia.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Guatemala este 8 de marzo marca un hito al anunciar la actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, que busca reducir las brechas estructurales de género y fortalecer la autonomía económica, la participación política y la erradicación de la violencia contra las mujeres, informó el presidente Bernardo Arévalo en un acto oficial celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura.
La apertura de este Mes de la Mujer refleja otro avance reciente: en 2024, por primera vez, el gabinete del gobierno y los gobiernos departamentales alcanzaron la paridad de género en sus designaciones, con siete ministras en un total de 14 cargos ejecutivos y once gobernadoras nombradas en los 22 departamentos, de las cuales cinco son mujeres indígenas. Estos datos muestran un compromiso político renovado con la equidad en los espacios de toma de decisiones, sostuvo Ana López, secretaria Presidencial de la Mujer.
El "sistema patriarcal" que impera en Honduras provoca que muchas mujeres no participen en política y, además, sean víctimas de diversos tipos de agresiones, incluso durante los procesos electorales, afirmó a EFE Sandra Ruiz, integrante del Observatorio Político de Mujeres, promovido por la sociedad civil.
"Muchas mujeres no quieren participar en política precisamente porque vivimos en un sistema patriarcal donde el machismo impera en el Congreso (Parlamento) y en todos los espacios de toma de decisiones", subrayó Ruiz, quien participó en la presentación del informe 'Liderazgo político de las mujeres en Honduras: Perspectivas y desafíos', en Tegucigalpa.
Otro de los problemas que enfrentan muchas mujeres hondureñas y que limita su participación en la política es la carga del trabajo de cuidados dentro del hogar, una responsabilidad de la que, por lo general, se desentienden los hombres.
NACIONES UNIDAS – La participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe ha aumentado en los últimos 25 años, sobre todo en el poder legislativo, pero ese auge se ha acompañado de más discriminación y violencia, amplificadas y aceleradas por los espacios digitales.
Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) señaló que, a pesar de los avances logrados, la región “aún está lejos de alcanzar la paridad de género”, pues “a medida que creció la participación femenina, también lo hicieron los desafíos que las mujeres enfrentan”.
“Entre las barreras persistentes, la violencia política digital se ha convertido en un obstáculo cada vez más relevante”, destacó el reporte.
En su más reciente GraphForThoug (Gráfico para la reflexión) el Pnud regional registra que en 2024 la región alcanzó la proporción más alta de escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales a nivel mundial, con 36,5 % de escaños.
Ese promedio está por encima del 33,3 % de los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su mayoría naciones industrializadas) y del promedio global, que se ubicó en 27 %.