Partidos políticos
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“Las venezolanas ya están listas. Lo que hace falta es que el proceso político esté a la altura de ellas”.
La aseveración surge como resultado del último estudio de opinión presentado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS-Venezuela) y la Red de Mujeres Constructoras de Paz, que encontró que 69% de las venezolanas considera vital la participación de las mujeres para una transición real en el país.
El informe halló que las mujeres destacan su capacidad de aportar “organización, disciplina y visión estratégica, pero, sobre todo, una perspectiva centrada en las necesidades de las personas y las comunidades”. De hecho, un tercio estima que “las mujeres tienen mejores aptitudes para la política que los hombres, mientras que 10% opina lo contrario”.
La investigación en cuestión incluyó una consulta en línea a 1.226 mujeres mayores de 18 años y seis grupos focales. “La participación de la mujer en la transición no enfrenta principalmente un problema de conciencia: 69% de las encuestadas considera que su rol es vital, y ese porcentaje alcanza 80% entre las mujeres mayores de 55 años”, resaltan.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, con base en la aprobación del financiamiento público federal para los ocho partidos políticos nacionales en el ejercicio fiscal 2027, éstos deberán asignar en conjunto 236 millones 379 mil 950 pesos para fortalecer el liderazgo político de las mujeres.
En ese sentido, explicó las cantidades por cada fuerza política quedaron desglosadas de la siguiente manera:
Morena: 80 millones 561 mil 507 pesos.
PAN: 39 millones 971 mil 982 pesos.
PRI: 30 millones 257 mil 946 pesos.
MC: 29 millones 852 mil 594 pesos.
PVEM: 25 millones 627 mil 122 pesos.
PT: 20 millones 653 601 pesos.
Somos México: 4 millones 727 mil 599 pesos.
PAZ: 4 millones 727 mil 599 pesos.
Detalló que el monto corresponde al 3% de su financiamiento ordinario, el cual habrá de aplicarse en programas de capacitación, promoción y desarrollo de la participación de las mujeres en la vida política.
Precisó que el cumplimiento de esta disposición garantiza que los recursos públicos se traduzcan en acciones concretas para impulsar la igualdad sustantiva y la representación política de las mujeres en México.
Puntualizó que también se asegura que la inversión destinada a este rubro se convierta en una herramienta efectiva para consolidar su liderazgo en todos los ámbitos de la vida democrática.
Cada 36 minutos una mujer colombiana es agredida sexualmente en su vivienda, según indica el Instituto de Medicina Legal y, de acuerdo con cifras del Dane, la tasa de desempleo femenino es casi dos veces mayor que la de los hombres. Es claro que las desigualdades y violencias estructurales que afectan el bienestar y el pleno cumplimiento de sus derechos persisten incluso hoy en día.
A 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing –el plan global adoptado unánimemente por 189 países que trazó una hoja de ruta para promover los derechos de mujeres y niñas–, ONU Mujeres La organización convocó a diferentes organismos para impactar la vida de las mujeres en Colombia a través de la incidencia política, el análisis legislativo y la visibilización de las violencias que enfrentan. La embajada de Suecia, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional aceptaron el reto y participaron en el diagnóstico de las desigualdades que golpean la vida cotidiana de las mujeres y, a raíz de la investigación, plantearon una serie recomendaciones de acciones y programas para transformar esta realidad.
Los partidos políticos deben desarrollar protocolos internos para la atención, prevención y erradicación de la violencia política por razón de género, recibir y tramitar las denuncias presentadas por actos que constituyan estos actos y, capacitar continuamente a precandidatos, candidatos, militantes, simpatizantes y cualquier persona que desempeñe un cargo o función dentro del partido.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de adición a la Ley Electoral del Estado, con el fin de que los partidos políticos integren en su estructura una Unidad de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.
Señala en su exposición de motivos, que ésta es una acción indispensable para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de libertad, seguridad e igualdad, al promover desde éste espacio el respeto, combatir la violencia y favorecer la inclusión plena de las mujeres en la vida política.
“Solo mediante un compromiso firme con la igualdad de género y la erradicación de la violencia será posible avanzar hacia un sistema político más justo, inclusivo y democrático para todas las personas”.
Los Char, un poderoso clan del Caribe colombiano, apostaron en diciembre por una mujer para encabezar su lista a la Cámara de Representantes en el Atlántico. “Don Fuad me decía que en mí se conjugan muchas cosas: una mujer que viene de la provincia y que, además, ha trabajado por los derechos de las mujeres”, dijo con entusiasmo Doris Bolívar, representante de una supuesta renovación de la casa política. Tres meses después, la candidata quedó fuera del Congreso, al igual que las otras dos mujeres que la acompañaban en la lista abierta —una modalidad en la que los votantes eligen a su favorito sin importar el lugar que ocupa—. Los Char le pusieron sus votos y financiamiento a los tres hombres ganadores. Replicaron dinámicas que se repiten a lo largo y ancho del país: solo el 29% de los congresistas electos son mujeres, según los datos del preconteo y del escrutinio hasta la fecha.
En las últimas décadas, Europa ha sido testigo del ascenso sostenido de fuerzas de ultraderecha. Lo que comenzó como una serie de movimientos marginales con escasa representación política ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno de gran envergadura, con partidos que han integrado –o lideran actualmente– gobiernos en países como Italia, Hungría, Finlandia y Países Bajos, entre otros. Este proceso plantea desafíos fundamentales para las democracias liberales, especialmente para la derecha convencional, que enfrenta una creciente presión para radicalizarse o redefinirse. Al mismo tiempo, obliga a todos los actores del arco democrático a repensar cómo construir coaliciones amplias que integren la diversidad de electorados opuestos a la ultraderecha.