Partidos políticos
Cada 36 minutos una mujer colombiana es agredida sexualmente en su vivienda, según indica el Instituto de Medicina Legal y, de acuerdo con cifras del Dane, la tasa de desempleo femenino es casi dos veces mayor que la de los hombres. Es claro que las desigualdades y violencias estructurales que afectan el bienestar y el pleno cumplimiento de sus derechos persisten incluso hoy en día.
A 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing –el plan global adoptado unánimemente por 189 países que trazó una hoja de ruta para promover los derechos de mujeres y niñas–, ONU Mujeres La organización convocó a diferentes organismos para impactar la vida de las mujeres en Colombia a través de la incidencia política, el análisis legislativo y la visibilización de las violencias que enfrentan. La embajada de Suecia, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional aceptaron el reto y participaron en el diagnóstico de las desigualdades que golpean la vida cotidiana de las mujeres y, a raíz de la investigación, plantearon una serie recomendaciones de acciones y programas para transformar esta realidad.
Los partidos políticos deben desarrollar protocolos internos para la atención, prevención y erradicación de la violencia política por razón de género, recibir y tramitar las denuncias presentadas por actos que constituyan estos actos y, capacitar continuamente a precandidatos, candidatos, militantes, simpatizantes y cualquier persona que desempeñe un cargo o función dentro del partido.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de adición a la Ley Electoral del Estado, con el fin de que los partidos políticos integren en su estructura una Unidad de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género.
Señala en su exposición de motivos, que ésta es una acción indispensable para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de libertad, seguridad e igualdad, al promover desde éste espacio el respeto, combatir la violencia y favorecer la inclusión plena de las mujeres en la vida política.
“Solo mediante un compromiso firme con la igualdad de género y la erradicación de la violencia será posible avanzar hacia un sistema político más justo, inclusivo y democrático para todas las personas”.
Los Char, un poderoso clan del Caribe colombiano, apostaron en diciembre por una mujer para encabezar su lista a la Cámara de Representantes en el Atlántico. “Don Fuad me decía que en mí se conjugan muchas cosas: una mujer que viene de la provincia y que, además, ha trabajado por los derechos de las mujeres”, dijo con entusiasmo Doris Bolívar, representante de una supuesta renovación de la casa política. Tres meses después, la candidata quedó fuera del Congreso, al igual que las otras dos mujeres que la acompañaban en la lista abierta —una modalidad en la que los votantes eligen a su favorito sin importar el lugar que ocupa—. Los Char le pusieron sus votos y financiamiento a los tres hombres ganadores. Replicaron dinámicas que se repiten a lo largo y ancho del país: solo el 29% de los congresistas electos son mujeres, según los datos del preconteo y del escrutinio hasta la fecha.
En las últimas décadas, Europa ha sido testigo del ascenso sostenido de fuerzas de ultraderecha. Lo que comenzó como una serie de movimientos marginales con escasa representación política ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno de gran envergadura, con partidos que han integrado –o lideran actualmente– gobiernos en países como Italia, Hungría, Finlandia y Países Bajos, entre otros. Este proceso plantea desafíos fundamentales para las democracias liberales, especialmente para la derecha convencional, que enfrenta una creciente presión para radicalizarse o redefinirse. Al mismo tiempo, obliga a todos los actores del arco democrático a repensar cómo construir coaliciones amplias que integren la diversidad de electorados opuestos a la ultraderecha.
La presidenta Claudia Sheinbaum tomará esta semana una de las decisiones cruciales de su sexenio, al definir las grandes líneas de la iniciativa de reforma político-electoral que enviará al Congreso. Se trata de un tema de gran calado, pues del cambio en las reglas de competencia política dependen, tanto el futuro del sistema de partidos, como la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. La solidez de la coalición gobernante (Morena-PVEM-PT) pasa por esta reforma y, también, la supervivencia de la oposición, que ha comenzado a calentar el tema hablando de la “Ley Maduro”, una manera de comparar una posible reforma regresiva con el régimen autoritario implantado por el chavismo en Venezuela.
Por ello, la presidenta ha demandado cautela y prudencia a su equipo en la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, que el pasado martes le entregó el diagnóstico de los 10 temas de la reforma con diversos escenarios de modificaciones legales para cada uno. La presidenta pidió tiempo para estudiar a fondo cada tema y citó a una nueva reunión el miércoles 14 de enero, en la que se tomarán las definiciones generales para redactar la iniciativa.
El máximo órgano electoral concluyó que el planteamiento no cumplía con los requisitos procesales exigidos para una medida de ese tipo y descartó, al menos de manera preliminar, la existencia de condiciones que ameriten su concesión.
La acción había sido impulsada por Marlene Orué y Olga Paredes, quienes cuestionaron la legalidad de la convención extraordinaria realizada en Coronel Oviedo, donde el resolvió regirse exclusivamente por lo establecido en el Código Electoral. Con esa decisión, el partido dejó de lado la paridad plena y pasó a aplicar el piso legal del 20% de participación femenina en las nóminas.
En su análisis, el señaló que, si bien las recurrentes describieron una secuencia de hechos y alegaron posibles agravios, no lograron acreditar de forma conjunta los presupuestos necesarios para habilitar una tutela urgente. La resolución sostiene que la falta de elementos fácticos suficientes impide avanzar con la cautelar solicitada.
La Red de Mujeres de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) es una plataforma política, que busca impulsar y fortalecer la participación y el posicionamiento de mujeres en cargos públicos de decisión en América Latina y el Caribe.
UPLA preparo un informe para la discusión electrónica sobre el papel de los partidos políticos en la promoción de la mujer en la política.
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En 2018, el NDI implementó una herramienta de evaluación de partidos políticos y apoyó el desarrollo de planes de acción para aumentar la participación de las mujeres y la equidad de género en los partidos políticos en Guatemala. Esta metodología de evaluación es una nueva versión de la Herramienta de Evaluación de Iniciativa Global para Mujeres Partidas Ganar con Mujeres de NDI, que se ha actualizado para reflejar las mejores prácticas más recientes para promover la participación política de las mujeres dentro de los partidos políticos, incluida la lucha contra la violencia contra las mujeres. Del 9 al 13 de julio de 2018, NDI realizó la evaluación anterior con cuatro partidos políticos: Convergencia, Frente de Convergencia Nacional (FCN), Unidad Nacional de Esperanza (UNE) y TODOS. Estos partidos fueron seleccionados en función de su presencia e influencia nacional, y su capacidad institucional para recibir y adoptar las mejores prácticas. Esta evaluación detalla un análisis de la participación política de las mujeres en Guatemala y establece recomendaciones y planes de acción para abordar la violencia contra las mujeres en los partidos políticos.
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