A pesar de una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, aún persisten una serie de barreras que impiden la plena realización de sus derechos económicos. Las mujeres siguen teniendo una menor tasa relativa de participación en el empleo, una mayor incidencia de desempleo, mayor participación en distintas formas de precariedad laboral, menor ingreso promedio en condiciones similares de ocupación y educación, un acceso limitado a la propiedad y a la herencia, a la tierra y al crédito y al acceso y control sobre recursos y servicios. Todo esto significa que las mujeres no derivan los mismos beneficios ni la misma autonomía o independencia económica de su participación en el empleo productivo que los hombres.
Aunque la recuperación económica de la región ha producido una reactivación del empleo asalariado, se mantiene la tendencia al aumento del tiempo parcial, del trabajo por cuenta propia y, en general, del empleo en la economía informal. Un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) indica que, en el mundo en vías de desarrollo, las mujeres representan 60% o más de la fuerza laboral en la economía informal. Las mujeres tienden a acceder a la economía informal porque este trabajo les permite mayor flexibilidad en la conciliación de su trabajo productivo con sus responsabilidades domésticas y de cuidado. Pero esta mayor flexibilidad también conlleva mayor precariedad en el trabajo, menos ingresos, menos o ningún beneficio y mayor probabilidad de acoso o explotación.
Gran parte de la fuerza de trabajo de mujeres se ubica preferentemente en las ocupaciones por cuenta propia de baja productividad o en el servicio doméstico de los hogares, donde nueve de cada diez ocupados carecen de acceso a la seguridad social (OIT, 2009). Se destaca la persistencia de la segregación de género por ramas de actividad y ocupaciones, lo que hace que las mujeres estén sobrerepresentadas en los sectores económicos de menor productividad, status e ingreso. La segregación también opera de manera vertical en el mercado laboral donde las mujeres ocupan principalmente puestos de menor jerarquía.
Asimismo, la discriminación salarial de las mujeres persiste. En la actualidad, el ingreso laboral de las mujeres representa entre el 60% y el 90% del ingreso medio de los hombres. A esto se suma las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso al crédito y a otros recursos financieros para poner en marcha y hacer crecer sus negocios.
Uno de los obstáculos más importantes para la plena inclusión económica, social y política de las mujeres es, por un lado, la no valoración social y económica del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado y, por otro lado, el hecho de que las mujeres siguen siendo casi exclusivamente las responsables de este trabajo. Esto denota la ausencia de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida familiar, así como la deficiencia del Estado y del sector privado en cuanto a la creación de una infraestructura de cuidado funcional y sostenible, lo que hace que toda la carga derivada del derecho a ser cuidado se ha concentrado en las mujeres.
El 24 y 25 de mayo de este año, las Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA se reunieron en Lima para identificar las oportunidades y los obstáculos a la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la economía – desde las mujeres trabajadoras en la economía informal hasta las mujeres en la dirección de empresas públicas y privadas.
En la Declaración de Lima, adoptada por esta Asamblea, los Estados se responsabilizan a: garantizar la igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres; mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres trabajadoras en toda su diversidad; reducir las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres trabajadoras, incluyendo las emprendedoras y empresarias; visibilizar y valorar el trabajo no remunerado en la economía y adoptar medidas para que el cuidado sea asumido como una corresponsabilidad social del Estado y el sector privado, así como de los hombres y las mujeres.
Fomentar el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres y la igualdad de género nos ayudará a avanzar en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Las economías inclusivas permiten un mayor crecimiento y generan beneficios para todas y todos. Es responsabilidad de los Estados garantizar la igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres para el beneficio de la región. Haga clic aquí para leer la noticia completa.
A pesar de una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, aún persisten una serie de barreras que impiden la plena realización de sus derechos económicos. Las mujeres siguen teniendo una menor tasa relativa de participación en el empleo, una mayor incidencia de desempleo, mayor participación en distintas formas de precariedad laboral, menor ingreso promedio en condiciones similares de ocupación y educación, un acceso limitado a la propiedad y a la herencia, a la tierra y al crédito y al acceso y control sobre recursos y servicios. Todo esto significa que las mujeres no derivan los mismos beneficios ni la misma autonomía o independencia económica de su participación en el empleo productivo que los hombres.
Aunque la recuperación económica de la región ha producido una reactivación del empleo asalariado, se mantiene la tendencia al aumento del tiempo parcial, del trabajo por cuenta propia y, en general, del empleo en la economía informal. Un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) indica que, en el mundo en vías de desarrollo, las mujeres representan 60% o más de la fuerza laboral en la economía informal. Las mujeres tienden a acceder a la economía informal porque este trabajo les permite mayor flexibilidad en la conciliación de su trabajo productivo con sus responsabilidades domésticas y de cuidado. Pero esta mayor flexibilidad también conlleva mayor precariedad en el trabajo, menos ingresos, menos o ningún beneficio y mayor probabilidad de acoso o explotación.
Gran parte de la fuerza de trabajo de mujeres se ubica preferentemente en las ocupaciones por cuenta propia de baja productividad o en el servicio doméstico de los hogares, donde nueve de cada diez ocupados carecen de acceso a la seguridad social (OIT, 2009). Se destaca la persistencia de la segregación de género por ramas de actividad y ocupaciones, lo que hace que las mujeres estén sobrerepresentadas en los sectores económicos de menor productividad, status e ingreso. La segregación también opera de manera vertical en el mercado laboral donde las mujeres ocupan principalmente puestos de menor jerarquía.
Asimismo, la discriminación salarial de las mujeres persiste. En la actualidad, el ingreso laboral de las mujeres representa entre el 60% y el 90% del ingreso medio de los hombres. A esto se suma las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso al crédito y a otros recursos financieros para poner en marcha y hacer crecer sus negocios.
Uno de los obstáculos más importantes para la plena inclusión económica, social y política de las mujeres es, por un lado, la no valoración social y económica del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado y, por otro lado, el hecho de que las mujeres siguen siendo casi exclusivamente las responsables de este trabajo. Esto denota la ausencia de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida familiar, así como la deficiencia del Estado y del sector privado en cuanto a la creación de una infraestructura de cuidado funcional y sostenible, lo que hace que toda la carga derivada del derecho a ser cuidado se ha concentrado en las mujeres.
El 24 y 25 de mayo de este año, las Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA se reunieron en Lima para identificar las oportunidades y los obstáculos a la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la economía – desde las mujeres trabajadoras en la economía informal hasta las mujeres en la dirección de empresas públicas y privadas.
En la Declaración de Lima, adoptada por esta Asamblea, los Estados se responsabilizan a: garantizar la igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres; mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres trabajadoras en toda su diversidad; reducir las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres trabajadoras, incluyendo las emprendedoras y empresarias; visibilizar y valorar el trabajo no remunerado en la economía y adoptar medidas para que el cuidado sea asumido como una corresponsabilidad social del Estado y el sector privado, así como de los hombres y las mujeres.
Fomentar el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres y la igualdad de género nos ayudará a avanzar en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Las economías inclusivas permiten un mayor crecimiento y generan beneficios para todas y todos. Es responsabilidad de los Estados garantizar la igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres para el beneficio de la región. Haga clic aquí para leer la noticia completa.