Elecciones
La puerta de entrada al servicio público es, con mayor frecuencia, una administración municipal; sin embargo, los municipios de Nuevo León carecen de criterios que fomenten la paridad y los cargos son ocupados principalmente por hombres.
De entrada, en las alcaldías de Nuevo León, en la administración 2024-2027, son solo nueve mujeres las que ostentan el cargo de alcaldesa entre los 51 municipios de Nuevo León.
En el proceso electoral del trienio pasado, de un total de 281 candidaturas a alcaldías, 160 fueron mujeres; es decir, el 57% de las y los aspirantes y de estas, sólo en nueve municipios una mujer fue electa.
De las cuales, ninguna de ellas pertenece a municipios del Área Metropolitana de Monterrey, sino de las localidades periféricas o rurales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Fundación Jubileo presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un documento de propuestas ciudadanas para fortalecer la participación política de las mujeres, elaborado tras un proceso de diálogo nacional con organizaciones femeninas de seis departamentos.
Luego de las Elecciones Generales de 2025, la MOE realizó una gira nacional con talleres y reuniones que recogieron diagnósticos y experiencias sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos. El proceso evidenció una amplia brecha entre la normativa de paridad existente y las prácticas reales de los partidos, además de la limitada acción del TSE para hacer cumplir la ley o impulsar reformas que garanticen la participación paritaria en cargos ejecutivos y la prevención de la violencia política.
El documento entregado al TSE plantea lineamientos para mejorar la democracia interna de las organizaciones políticas, fortalecer el rol del Órgano Electoral y exigir el cumplimiento efectivo de la paridad y la alternancia de género. Propone también sanciones proporcionales que no desincentive la participación, pero que frenen prácticas y delitos que vulneran los derechos políticos de las mujeres.
La presentación se produce en un contexto preocupante: pese al mandato de paridad del 50%, las mujeres apenas representan el 10% de las candidaturas subnacionales, según la Defensoría del Pueblo. Esta diferencia refleja la persistencia de barreras estructurales en los partidos, que debilitan la igualdad sustantiva y la calidad democrática, a pesar del robusto marco jurídico vigente.
La Fundación Jubileo remarcó que la paridad no debe quedarse en un requisito formal, sino traducirse en condiciones reales, justas y seguras para competir y ejercer cargos en igualdad de condiciones. El organismo llamó al Órgano Electoral a coordinar con otros poderes del Estado y la sociedad civil para construir un escenario que garantice el cumplimiento efectivo de la norma. (Con datos de Jubileo y Erbol).
Tegucigalpa, Honduras. Organizaciones de sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres presentaron la primera Encuesta Nacional sobre la Percepción de las Mujeres en la Política, un estudio que visibiliza, desde la perspectiva de la ciudadanía, los mecanismos de exclusión, barreras y desafíos que enfrentan las mujeres en su participación política.
Dicha encuesta se aplicó a 1,200 personas a nivel nacional, de las que al menos un 45.2% coincidieron en que las mujeres enfrentan un mayor número de obstáculos para participar en espacios políticos de toma de decisión.
Durante la aplicación del estudio se identificaron al menos cinco barreras principales para la participación política de las mujeres. La más señalada fue la influencia de los partidos políticos, mencionada por el 39.7% de las personas encuestadas, quienes expresan que estos limitan el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.
Análisis identificó cómo se manifiesta esta violencia en Chile, cuáles son sus efectos psicosociales y qué estrategias se utilizaron para enfrentarla. En esa línea, la consejera regional por Valparaíso, Paula Rosso, advirtió que estas conductas tienen un trasfondo político que busca validar la restricción de avances sociales en temas como el aborto, la salud sexual y los cuidados.
Mensajes destinados a dañar la reputación, lenguaje sexista y difusión de información falsa, son algunas de las conductas frecuentes que se registran en redes sociales contra las mujeres que se dedican a la política, lo cual, para la consejera regional por Valparaíso, Paula Rosso, refleja cómo la violencia ha ido ganando espacio en el terreno político a través de este tipo de prácticas.
Los datos fueron entregados por el primer estudio sobre esta materia realizado en Chile, “Violencia Política Digital de Género”, a cargo de la Universidad de Santiago y el Ministerio de la Mujer. Fue hecho en el contexto de las elecciones de 2024 a alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y consejerías regionales, y entre otros resultados, indica que un 69% de las candidatas sufrió algún tipo de violencia digital durante dicho proceso eleccionario.
Por ello, Paula Rosso planteó que para las mujeres “es fundamental estar en política y defender nuestros derechos”, enfatizando en que el objetivo de esta violencia tiene un trasfondo político que busca validar el recorte de derechos y la restricción de avances sociales en temas como el aborto, la salud sexual y los cuidados.
Tegucigalpa – Un informe del Instituto Nacional Demócrata (NDI) advirtió este martes que la violencia política y la falta de autonomía de los organismos electorales representan los mayores riesgos para las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras.
-El NDI, señala, los principales retos que deben atenderse para garantizar comicios creíbles y participativos, el próximo 30 de noviembre en Honduras.
-Tras estas consultas, la misión del NDI concluyó que el país necesita acuerdos políticos urgentes y condiciones de seguridad para garantizar que la voluntad popular sea respetada en las urnas.
El informe también alerta sobre la injerencia de instituciones judiciales y estatales, así como la creciente polarización que alimenta discursos anticipados de fraude, factores que podrían afectar la confianza ciudadana en los resultados.
El NDI presentó un informe completo tras su Misión de Estudio y Acompañamiento Electoral realizada en Honduras entre el 4 y el 8 de agosto de 2025, en el marco de las elecciones generales programadas para el próximo 30 de noviembre.
La delegación, que estuvo encabezada por la boliviana Katia Uriona y el colombiano Juan Carlos Galindo, sostuvo reuniones con autoridades, partidos, sociedad civil y comunidad internacional.
De cara a las elecciones de 2026, un foro en la UNA evidenció que la mayoría de partidos no aplica la normativa que exige políticas internas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.
A pocos días del arranque formal de la campaña electoral, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Wendy González, advirtió que la mayoría de los partidos políticos del país incumple lo establecido en la Ley 10.235, diseñada para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política.
La observación fue planteada durante el foro Violencia política contra las mujeres, organizado por la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
De acuerdo con González, solo 13 partidos con inscripción nacional cumplen con la normativa, mientras que 21 la incumplen. La situación es aún más crítica en el ámbito local: únicamente tres partidos cantonales aplican la ley, frente a 20 que la ignoran.