Parlamentos y representantes
Main navigation
La participación política de las mujeres sigue siendo un tema pendiente en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La meta global es alcanzar el 50 % de los cargos de liderazgo a nivel mundial, pero a cuatro años de su cumplimiento, estamos muy lejos: según el Foro Económico Mundial, las mujeres ocupan alrededor del 29-30 % de los cargos de dirección y gerencia a nivel global solamente.
En Colombia la situación es similar. En el Congreso de la República las la población femenina representan cerca del 30 % de los escaños, una cifra superior a la que se observa en los cargos territoriales, donde su participación en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas es mucho menor.
A esto se suma una realidad aún más preocupante. Según el informe de ONU Mujeres “3000 voces por la democracia” (2025), ser candidata en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. El estudio revela cifras alarmantes:
- El 76,7 % de las candidatas experimentó alguna forma de violencia política.
- El 72,4 % sufrió violencia psicológica.
- El 51,9 % recibió comentarios despectivos sobre su capacidad.
- El 40,6 % enfrentó violencia económica.
- El 25 % reportó violencia sexual.
- Y el 4,6 % vivió violencia física.
En la sala de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Veracruz, integrado por Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el OPLE Veracruz y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Al hacer uso de la voz, la Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, expuso una serie de actividades que se han venido desarrollando en el primer trimestre del año, tales como conferencias, exposiciones fotográficas, charlas, campañas en redes sociales, entre otras, para lograr el empoderamiento de las mujeres.
E hizo una cordial invitación a participar en el curso de alto nivel "Martha Sánchez Néstor", para mujeres indígenas aspirantes a candidaturas o que participan por sistemas normativos internos que se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo.
Además, destacó la implementación de las redes de mujeres políticas, electas, candidatas y juzgadoras, mismas que buscan dar acompañamiento y blindaje al ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
“Por cuanto a la participación política de las mujeres, significo los resultados del Proceso Electoral Local Ordinario de 2025, donde renovamos los 212 ayuntamientos en la entidad y, hasta el momento, 54 de ellos van a estar presididos por una mujer y se eligieron a 161 síndicas y 449 regidoras (…) respecto a la elección del Poder Judicial, resalta que fueron electas 12 magistradas y 40 juezas, para un total de 52 personas juzgadoras de 98 cargos”.
La violencia en razón de género en el ámbito digital debe visibilizarse para poder generar políticas públicas de prevención, combate y contención, sostuvo la consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Janeth Cervantes Ahuactzi.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la funcionaria electoral relató que tuvo su origen desde 1977 al ser reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas y que año con año se han ido sumando voluntades mediante el trabajo y la lucha de diferentes mujeres que han aportado su conocimiento, esfuerzo, dedicación y valentía.
Desde el Teatro Xicohténcatl, recalcó que la igualdad de derechos y reconocimiento pleno de la participación en la vida pública de las mujeres, han sido logros tan trascendentales como lo fue el derecho al voto en el ámbito democrático, por los progresos en materia de participación política de las mujeres.
L NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el balance de la MOE respecto a las amenazas y riesgos de seguridad que enfrentan hoy los candidatos a la presidencia?
ALEJANDRA BARRIOS: Vemos un escenario de seguridad complejo y con señales de deterioro en varias regiones del país. Durante el calendario electoral (8 de marzo de 2025 a 8 de marzo de 2026) analizado se registraron 2.216 hechos de violencia perpetrados por grupos armados ilegales en 393 municipios de 29 departamentos y en Bogotá, con una alta concentración en Cauca, Antioquia y Norte de Santander, que reúnen más de la mitad de los casos.
Además, se evidencia un aumento de la violencia en 23 departamentos, con incrementos particularmente críticos en territorios como Huila y Atlántico, lo que refleja una expansión territorial y una mayor intensidad de las acciones armadas y de amedrentamiento.
No obstante, es importante precisar que, aunque existe un incremento significativo en las dinámicas de violencia, la campaña presidencial suele desarrollarse principalmente en grandes centros urbanos, donde los niveles de afectación por parte de grupos armados ilegales son relativamente menores. En ese sentido, no se observa, hasta el momento, una incidencia generalizada de hechos de violencia directa contra candidaturas presidenciales en estos espacios.
El Parlamento de la India inició el jueves el debate sobre un proyecto de ley histórico que reserva un tercio de los escaños legislativos para las mujeres, lo que podría desencadenar una profunda redefinición de los distritos electorales y agudizar las tensiones políticas en todo el país.
De aprobarse, el proyecto de ley aceleraría la aprobación de una ley de 2023 que establece una reserva del 33% de los escaños para mujeres en el Parlamento y las legislaturas estatales. Sería uno de los cambios más trascendentales en la representación política desde la independencia de la India y podría ampliar la participación femenina en un sistema donde las mujeres siguen estando subrepresentadas.
Sin embargo, la cuota está vinculada a un controvertido proyecto de ley independiente para modificar los límites de los distritos electorales, un proceso que podría aumentar el número de escaños en la cámara baja de 543 a unos 850.
Por Belén Sanz Luque “Las mujeres no sirven para gobernar”, “Ninguna vieja más en el poder”, “Es tiempo de los hombres. Fuera Ruperta”, se leyó en bardas del municipio Iliatenco en el estado mexicano de Guerrero a seis días de las elecciones de 2021 en México. Ser mujer y postularse a una candidatura para la presidencia municipal fue suficiente para violentar a Ruperta Nicolás, indígena de 38 años y candidata del partido Movimiento Ciudadano, quien perdió contra Erick Sandro Leal, del Partido del Trabajo. Su apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima instancia de justicia electoral en México, concluyó en una sentencia histórica en la que por vez primera se anuló una elección debido a actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En su resolución, el TEPJF señaló que la pinta de bardas con mensajes estereotipados de género que hacían referencia a la incapacidad de las mujeres para gobernar y ocupar puestos de poder, tuvo un impacto negativo en el ejercicio de los derechos político-electorales de Ruperta Nicolás, afectando su imagen ante el electorado para impedirle así ocupar un cargo de elección popular. Este hecho marca un hito, pero ya en los últimos años México había dado pasos acelerados para incrementar la representación de las mujeres en la vida pública y política: con la reforma constitucional de 2014, que incorporó el principio de democracia paritaria; en 2019, con el principio constitucional de paridad de género en todos los poderes y niveles del Estado mexicano; y en 2020, con las reformas a ocho leyes de carácter nacional para definir y regular la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Según hemos documentado desde ONU Mujeres, dicha violencia representa uno de los mayores obstáculos para que las mujeres accedan y ejerzan cargos públicos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, en el marco del proceso electoral 2020-2021 se presentaron 147 quejas por actos de violencia política en razón de género, aunque otros datos, como los compilados por la consultora Etellekt, reflejan que durante dicho período se registraron 954 víctimas de violencia política, de las cuales 343 eran mujeres, incluyendo el lamentable asesinato de 15 de ellas, siete aspirantes y candidatas. Con este tipo de datos y experiencias, sabemos que la representación paritaria de las mujeres en la política no solo constituye un derecho fundamental, sino que además fortalece la democracia.