Liderazgo de las mujeres
Para contribuir a cerrar esa brecha, ONU Mujeres llevó a cabo en 2025 la primera encuesta probabilística de alcance nacional sobre violencia contra las mujeres en política (VCMP) en Argentina. El estudio relevó las experiencias de 521 mujeres en cargos electivos del poder legislativo: 481 concejalas de municipios de más de 10.000 habitantes y 40 legisladoras nacionales (diputadas y senadoras). Mediante un diseño muestral estratificado, sus respuestas representan a un universo de 2.139 legisladoras en todo el país.
El estudio se inscribe en el modelo global de ONU Mujeres para la medición de la VCMP y retoma los aprendizajes de investigaciones realizadas en Palestina, Nepal, Kirguistán, Colombia y Uruguay. Sus objetivos son: (a) estimar la prevalencia de la VCMP; (b) describir las formas en que se manifiesta; y (c) analizar su impacto en las trayectorias políticas de las mujeres.
En medio de las revelaciónes sucesivas de tantos dramas derivados del terremoto, ha sido alentador reconocer la solidaridad de los colombianos para rescatar, atender, acompañar y reconstruir tanto daño humano y material. El Gobierno, apenas asumiendo, con su promesa de orden, seguridad, confianza y recuperación del lugar de Colombia en el mundo, se enfrenta con esa gran emergencia. Es una prueba de Estado: coordinar autoridades, movilizar recursos, recibir cooperación calificada, rendir cuentas y reconstruir sin reproducir vulnerabilidades. Es un reto para cualquier gobierno enfrentar y resolver una emergencia de esta magnitud.
Ese reto coincide con otras responsabilidades que le corresponden al nuevo gobierno. Una a la que poco interés se le presta en Colombia, es que al ser miembro del Consejo de Seguridad, en su segundo y último año, Colombia participa con voz y voto en la selección de la persona que conducirá la Secretaría de las Naciones Unidas durante los próximos cinco años. La nueva secretaria (o secretario general) estará al frente del conjunto de oficinas y departamentos del Secretariado, así como de las agencias, fondos y programas de la ONU, que por mucho que se las critique tienen gran importania global.
Tres de los cinco candidatos de Latinoamérica y el Caribe a la secretaría general de las Naciones Unidas coincidieron el lunes en la necesidad de reformar el ente para que retome un rol activo en la resolución de conflictos y el combate al crimen transnacional y los efectos del cambio climático.
El diálogo fue organizado por el gobierno uruguayo y reunió en forma presencial a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y a la costarricense Rebeca Grynspan y en forma virtual a la guyanesa Carolyn Rodrígues-Birkett.
En tanto, el argentino Rafael Grossi —actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica— participó mediante un video grabado en el que recordó al único secretario general de la ONU de origen latinoamericano, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, y la chilena Michelle Bachelet, en un principio anunciada en el panel, tuvo que declinar su viaje a último momento, pero envió una nota.
La expresidenta de Chile destacó que “quien encabece la ONU estará sometido o sometida permanentemente a presiones de gobiernos, potencias y distintos intereses" y que por eso "deberá escuchar a todos, pero no ser un instrumento de nadie”.
Entre los cinco estará el elegido para reemplazar a António Guterres, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre.
El pasado 3 de agosto, se llevó a cabo el Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas, un encuentro realizado en Montevideo, Uruguay en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el que participaron cinco candidaturas de América Latina y el Caribe a la Secretaría General de la ONU. Primera vez en la historia que se realiza un debate de este tipo convocado por la región.
Participaron de manera presencial María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda; y Rebeca Grynspan, nominada por Costa Rica. A distancia participó Carolyn Rodrigues-Birkett de Guyana.
Debido a complicaciones de salud, Bachelet nominada por Brasil y México; no pudo participar, en su lugar envío una carta en la que expresó que se trata de una oportunidad histórica para que una mujer latinoamericana ocupe la secretaria. En su visión Naciones Unidas debe ser una institución cercana a las personas que actúe con independencia, imparcialidad, criterio y valentía. Frente a presiones e intereses internacionales, debe escuchar, no ser instrumento de nadie, construir acuerdos con base en la Carta magna y actuar con firmeza.
“Nos estamos atreviendo a seguir soñando de manera colectiva“. Paola Yañez Inofuentes (La Paz, 42 años) pronuncia la frase con la serenidad de quien lleva años aprendiendo que la esperanza también es una forma de resistencia. “Ahora que todo empuja hacia el individualismo, nosotras hablamos de autocuidado, de cómo acuerparnos para seguir adelante“. En un momento marcado por el retroceso de derechos, el auge de los discursos de odio y el estrechamiento del espacio cívico, la lideresa afroboliviana reivindica el derecho a imaginar un futuro distinto. No desde la ingenuidad, sino desde la experiencia acumulada por décadas de organización política de las mujeres negras de América Latina y el Caribe.
América Futura ha conversado con Yañez en Madrid, donde ha participado en el Foro de la Sociedad Civil organizado en el marco de la V Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista. Su presencia iba mucho más allá de una invitación personal. Como coordinadora de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), ha acudido en representación de la principal articulación política de mujeres afrodescendientes de la región, que por primera vez ha formado parte del comité internacional de la sociedad civil encargado de acompañar la conferencia.
La reciente sesión inaugural de la nueva Asamblea del Pueblo en Damasco, órgano legislativo de la etapa de transición, dejó una imagen política marcada por fuertes contrastes. De los 210 escaños, únicamente 22 están ocupados por mujeres (10,4%), de las cuales quince fueron designadas directamente por el presidente interino, Ahmed al-Sharaa, con el objetivo de corregir la escasa representación femenina resultante del proceso de selección llevado a cabo por los comités electorales locales. La sesión reflejó, además, la diversidad social y confesional del país, con la elección de la cristiana Madonna Beshara como segunda vicepresidenta de la cámara y la presencia de diputadas procedentes de distintas comunidades, como la kurda Fasla Yusuf o Mirvet Sobhi Toto, que acudió con niqab.
Paralelamente, el nuevo Gobierno ha tratado de proyectar una imagen de compromiso con el empoderamiento femenino en el ámbito internacional. Durante la Novena Conferencia Ministerial de la Organización de Cooperación Islámica sobre la Mujer, celebrada en Islamabad, la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, Hind Kabawat, reivindicó el papel desempeñado por las mujeres sirias durante los catorce años de conflicto. Según afirmó, fueron ellas quienes sostuvieron a sus familias, garantizaron la continuidad de la educación, organizaron redes de apoyo comunitario y contribuyeron a preservar la cohesión social cuando las instituciones estatales eran incapaces de responder a las necesidades de la población.
En ese mismo foro, Kabawat presentó algunas de las prioridades del Ejecutivo en materia de igualdad y reconstrucción institucional, entre ellas la creación de unidades de protección para las mujeres, la formación especializada de las fuerzas policiales, la revisión de la legislación sobre el derecho de las madres sirias a transmitir la nacionalidad a sus hijos, el impulso de programas de capacitación profesional y una mayor participación femenina en los procesos de consolidación de la paz y justicia transicional. Asimismo, destacó el nombramiento de mujeres en puestos de responsabilidad, como dos juezas del Tribunal Constitucional Supremo, aunque reconoció que la presencia de únicamente 22 mujeres en la nueva Asamblea Popular sigue siendo insuficiente.
La contradicción entre un discurso oficial que sitúa a las mujeres como protagonistas de la reconstrucción nacional y una representación institucional todavía limitada plantea una cuestión central para la nueva Siria: ¿hasta qué punto la transición política está incorporando realmente a las mujeres como actoras de pleno derecho? Con el objetivo de responder a esta cuestión, el presente artículo analiza la evolución histórica de la participación femenina en Siria, el legado del régimen de Assad y las experiencias alternativas desarrolladas durante el conflicto, para examinar posteriormente el papel de las mujeres en el nuevo régimen (incluyendo el debate constitucional, el activismo civil y el nudo específico de las YPJ), la situación de las mujeres refugiadas y desplazadas dentro y fuera de Siria, y su contribución a los procesos de paz y a la agenda internacional de Mujeres, Paz y Seguridad.
Este informe preliminar resume el estudio cualitativo más extenso realizado hasta el momento en América Latina y el Caribe. Indaga en 15 casos, con entrevistas en profundidad y semiestructuradas a mujeres con voz pública1 radicadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todas ellas han recibido fuertes ataques en línea, por su condición de mujer, a raíz de su actividad periodística y sus activismos. La selección de las entrevistadas estuvo a cargo de las organizaciones que integran la Alianza Regional.
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La iniciativa Atenea, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional, nació en el año 2011 y se formalizó en 2014 con el objetivo de acompañar a los Estados latinoamericanos en el avance y la consolidación de democracias paritarias, concepto incorporado en múltiples consensos políticos regionales, así como en la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 2015. La iniciativa consta en la actualidad de cinco estrategias.
La primera de ellas es la Información, que a través de la herramienta denominada Índice de Paridad Política (IPP), valora el estado del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva paritaria. La segun- da, el Análisis, que ofrece diagnósticos -basados en los indicadores medidos por el Índice, información comple- mentaria y el diálogo con otras investigaciones ya realizadas- y propuestas para la discusión de las reformas requeridas con el objetivo de avanzar hacia una democracia paritaria efectiva en cada país.
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La Estrategia de Igualdad de Género del PNUD 2022-2025, que está alineada con el Plan Estratégico de la organización, guía al PNUD en sus esfuerzos para ayudar a los países a acelerar el progreso en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres durante los próximos cuatro años. El objetivo de la estrategia es ir más allá de los esfuerzos puntuales y ayudar a los países a cambiar las estructuras de poder y los sistemas económicos, sociales y políticos que perpetúan la discriminación.
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Organismos internacionales y regionales, con especial énfasis en los que integran el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, así como el movimiento feminista y de mujeres, han destacado que la presencia de mujeres en espacios clave de toma de decisión es fundamental para que la respuesta y recuperación de estas crisis sean sostenibles y no profundicen las brechas preexistentes. Asimismo, han remarcado que la realización de los derechos las mujeres y la participación de las mujeres en la toma de decisiones es clave para la gobernabilidad democrática. La aspiración es alcanzar una democracia paritaria en la cual, la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres se constituyan en ejes vertebradores de las transformaciones impulsadas por Estados inclusivos.
Mediante el presente documento, desarrollado de forma conjunta por las trece instituciones que integran el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, se busca contribuir a estas reflexiones y hacer un llamado a la acción para impulsar el liderazgo de las mujeres y la democracia paritaria en las Américas.
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Solo el 35% de las personas que trabajan en la Administración Pública son mujeres, según los datos oficiales de empleo analizados por Infobae. La desigualdad se acentúa en los cargos superiores.
Pese a la declamada igualdad de género y al avance en materia de paridad, aún hay en la Administración Pública Nacional un 65% de hombres y solo un 35% de mujeres sobre un total de medio millón de empleados y funcionarios que cobran un sueldo del Estado. Una tendencia que no cambió sustancialmente desde 2019, según el análisis que realizó la Unidad de Datos de Infobae.
Si bien la supremacía masculina es muy marcada en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la desigualdad se extiende a otras jurisdicciones del Estado. Si se pone el foco en el Gabinete de Alberto Fernández, solo 13 organismos sobre un total de 23 ministerios y secretarías de Estado tienen mayoría de empleadas mujeres considerando todo el escalafón. Pero la supremacía masculina se acentúa a medida que se escala en los cargos jerárquicos.
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Los ciudadanos eligen a Feijóo para gestionar sus ahorros, a Díaz para cuidar de sus hijos y a Sánchez y Abascal para una fiesta de cumpleaños.
Una clara mayoría de españoles opina que las mujeres son mejores líderes que los hombres. Así responden el 50,8% de los encuestados, frente a un 28,3% que discrepa y un 20% que no se decanta, según el barómetro de mayo de 40 dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Si bien la apuesta por el liderazgo femenino aumenta cuanto más a la izquierda se sitúan los encuestados, la opinión es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, con la única salvedad de Vox. El acceso a la base de datos del trabajo sociológico es libre y gratuito.
Haga clic aquí para leer el artículo completo por El País, el 4 de mayo de 2022.