Liderazgo de las mujeres
El concepto de feminacionalismo
En primer lugar, mi concepto de feminacionalismo se vio influido de manera importante por el concepto de homonacionalismo de la académica queer Jasbir Puar. En 2007, Puar publicó un influyente libro en el que analizaba las formas en que algunos sectores del movimiento LGBTQ+ en Estados Unidos habían colaborado con la retórica nacionalista de la guerra contra el terrorismo. En resumen, describía cómo muchos gais y lesbianas habían aceptado la idea de que el islam era una religión especialmente homófoba y que las comunidades musulmanas eran enemigas de los derechos LGBTQ+.
El libro de Puar fue muy importante porque reveló, aunque de forma implícita, uno de los puntos débiles de la política identitaria: a saber, que la lucha por los derechos y libertades individuales desprovista de cualquier contenido de clase no podía evitar las trampas de la política de derechas. De hecho, un desarrollo importante del capitalismo neoliberal ha sido la cooptación de algunas subculturas gais como culturas de consumo y la creación de la homonormatividad como homosexualidad domesticada.
Las integrantes del equipo SMAWT operan en las proximidades del muro militar levantado por Marruecos en los años ochenta, una estructura que divide el territorio y sigue rodeada de campos minados. No se trata de un vestigio del pasado cerrado, sino de la huella física de un conflicto que Naciones Unidas considera pendiente de descolonización. Cada artefacto retirado confirma que el problema político no está resuelto.
Su trabajo tiene una dimensión humanitaria evidente —proteger a la población civil y reducir riesgos—, pero también un significado político: garantizar condiciones mínimas de seguridad es parte del ejercicio efectivo de derechos. Sin seguridad, no hay movilidad, ni desarrollo, ni retorno posible a determinadas zonas.
El interés de llevar el documental al Parlamento Europeo abre otra cuestión: ¿habrá coherencia entre el discurso europeo sobre derechos humanos y la realidad del Sáhara Occidental? La visibilidad cultural puede romper el silencio mediático, pero solo tendrá impacto si se traduce en debate institucional y responsabilidad política.
El foco no debería quedarse en la gala, sino en lo que las minas representan: la persistencia material de una ocupación y de una descolonización inacabada.
La paridad de género en el Congreso de Zacatecas no se ha traducido en una agenda legislativa sustantiva para las mujeres, advirtió la investigadora Reyna Marisol Hernández Herrera al presentar avances de su investigación, basada en la revisión de 355 gacetas parlamentarias de la 64 Legislatura (2021-2024).
De acuerdo con la doctorante de la Unidad Académica de Ciencia Política (BUAZ), la primera legislatura local integrada bajo el principio constitucional de paridad avanzó poco en materia de derechos sexuales y reproductivos, políticas de cuidado, salud y derechos laborales, pese a que se trata de rubros centrales de inequidad para las mujeres.
Hernández Herrera explicó que la subordinación de diputados y diputadas a intereses partidarios, la inequidad en los roles y en el reparto de comisiones, inciden en que “las necesidades, intereses y exigencias de las zacatecanas en el ámbito legislativo” tengan poca materialización en leyes o políticas públicas.
La producción legislativa durante el periodo analizado se concentró en los ejes de representación política y toma de decisiones, así como en violencia contra las mujeres, rubros en los que se aprobaron iniciativas orientadas principalmente a la armonización normativa y a la tipificación de conductas penales, como la violencia vicaria, la violencia ácida y la violencia mediática, además de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.
A lo largo de su historia, Chile ha avanzado en la construcción de un ecosistema institucional de políticas públicas, marcos legales e instituciones que no responden a coyunturas ni a mayorías circunstanciales, sino a acuerdos democráticos construidos en el tiempo para garantizar los derechos y una vida plena para las mujeres.
Este recorrido ha sido largo y no exento de dificultades, pero consistente en una dirección clara: consolidar y ampliar derechos, remover barreras legales explícitas y construir una institucionalidad capaz de sostener estos avances en el tiempo.
Se trata de iniciativas acumuladas a lo largo de diversos ciclos políticos, que han involucrado a distintos poderes del Estado, al sector privado y a la sociedad civil, y que han situado los derechos de las mujeres en el centro. Son acuerdos transversales, debatidos y construidos a lo largo de los años, que expresan una decisión colectiva: avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Pocos días después de la captura de Nicolas Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses, uno de los avances más llamativos en Venezuela, bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido la excarcelación de presos políticos y de conciencia.
Aunque el Gobierno venezolano, ahora liderado por Delcy Rodríguez, asegura haber excarcelado a más de 400 prisioneros, organizaciones de derechos humanos han determinado cifras mucho menores. El debate ha reavivado las protestas de familiares exigiendo la liberación plena de sus seres queridos, en las que el rol de las mujeres toma protagonismo.
Las mujeres: dentro o a las puertas de las cárceles
La organización de derechos humanos Foro Penal asegura que, hasta la fecha, van 143 excarcelaciones confirmadas desde el anuncio oficial del 8 de enero de 2026. La organización se dedica a monitorear y prestar asistencia legal pro-bono a presos políticos.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero dijo a DW que, de los 777 presos políticos en sus listas, 99 son mujeres. "En Venezuela, puede pensarse que las mujeres se ven más vulnerables en las cárceles que los hombres", dice Romero, "y eso es algo a lo que le ponemos atención, pero no solo por las mujeres que están presas".
La expresidenta liberiana Ellen Johnson-Sirleaf (2006-2018) tomó posesión como primera mujer elegida en las urnas para ocupar una jefatura de Estado en África el 16 de enero de 2006, pero, veinte años después de este hito histórico, su legado es controvertido y las mujeres africanas siguen encontrando obstáculos para acceder al más alto nivel del poder político en el continente.
"Mi Administración se esforzará por dar a las mujeres liberianas un papel destacado en todos los asuntos de nuestro país", afirmó la mandataria en su discurso de investidura, una promesa para la que sus políticas acabaron siendo insuficientes.
Este informe preliminar resume el estudio cualitativo más extenso realizado hasta el momento en América Latina y el Caribe. Indaga en 15 casos, con entrevistas en profundidad y semiestructuradas a mujeres con voz pública1 radicadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Todas ellas han recibido fuertes ataques en línea, por su condición de mujer, a raíz de su actividad periodística y sus activismos. La selección de las entrevistadas estuvo a cargo de las organizaciones que integran la Alianza Regional.
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La iniciativa Atenea, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e IDEA Internacional, nació en el año 2011 y se formalizó en 2014 con el objetivo de acompañar a los Estados latinoamericanos en el avance y la consolidación de democracias paritarias, concepto incorporado en múltiples consensos políticos regionales, así como en la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 2015. La iniciativa consta en la actualidad de cinco estrategias.
La primera de ellas es la Información, que a través de la herramienta denominada Índice de Paridad Política (IPP), valora el estado del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva paritaria. La segun- da, el Análisis, que ofrece diagnósticos -basados en los indicadores medidos por el Índice, información comple- mentaria y el diálogo con otras investigaciones ya realizadas- y propuestas para la discusión de las reformas requeridas con el objetivo de avanzar hacia una democracia paritaria efectiva en cada país.
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La Estrategia de Igualdad de Género del PNUD 2022-2025, que está alineada con el Plan Estratégico de la organización, guía al PNUD en sus esfuerzos para ayudar a los países a acelerar el progreso en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres durante los próximos cuatro años. El objetivo de la estrategia es ir más allá de los esfuerzos puntuales y ayudar a los países a cambiar las estructuras de poder y los sistemas económicos, sociales y políticos que perpetúan la discriminación.
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Organismos internacionales y regionales, con especial énfasis en los que integran el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, así como el movimiento feminista y de mujeres, han destacado que la presencia de mujeres en espacios clave de toma de decisión es fundamental para que la respuesta y recuperación de estas crisis sean sostenibles y no profundicen las brechas preexistentes. Asimismo, han remarcado que la realización de los derechos las mujeres y la participación de las mujeres en la toma de decisiones es clave para la gobernabilidad democrática. La aspiración es alcanzar una democracia paritaria en la cual, la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres se constituyan en ejes vertebradores de las transformaciones impulsadas por Estados inclusivos.
Mediante el presente documento, desarrollado de forma conjunta por las trece instituciones que integran el Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, se busca contribuir a estas reflexiones y hacer un llamado a la acción para impulsar el liderazgo de las mujeres y la democracia paritaria en las Américas.
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Solo el 35% de las personas que trabajan en la Administración Pública son mujeres, según los datos oficiales de empleo analizados por Infobae. La desigualdad se acentúa en los cargos superiores.
Pese a la declamada igualdad de género y al avance en materia de paridad, aún hay en la Administración Pública Nacional un 65% de hombres y solo un 35% de mujeres sobre un total de medio millón de empleados y funcionarios que cobran un sueldo del Estado. Una tendencia que no cambió sustancialmente desde 2019, según el análisis que realizó la Unidad de Datos de Infobae.
Si bien la supremacía masculina es muy marcada en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la desigualdad se extiende a otras jurisdicciones del Estado. Si se pone el foco en el Gabinete de Alberto Fernández, solo 13 organismos sobre un total de 23 ministerios y secretarías de Estado tienen mayoría de empleadas mujeres considerando todo el escalafón. Pero la supremacía masculina se acentúa a medida que se escala en los cargos jerárquicos.
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Los ciudadanos eligen a Feijóo para gestionar sus ahorros, a Díaz para cuidar de sus hijos y a Sánchez y Abascal para una fiesta de cumpleaños.
Una clara mayoría de españoles opina que las mujeres son mejores líderes que los hombres. Así responden el 50,8% de los encuestados, frente a un 28,3% que discrepa y un 20% que no se decanta, según el barómetro de mayo de 40 dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Si bien la apuesta por el liderazgo femenino aumenta cuanto más a la izquierda se sitúan los encuestados, la opinión es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, con la única salvedad de Vox. El acceso a la base de datos del trabajo sociológico es libre y gratuito.
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