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Liderazgo de las mujeres

Modalidad a distancia en campus virtual de la FLACSO Argentina.
Duración: 4 semanas
Dedicación semanal requerida: 5 horas por semana
Fecha de inicio: 1 de octubre de 2024 (Séptima cohorte)
Fecha de finalización: 29 de octubre de 2024

Período de preinscripción: del 16 al 23 de septiembre de 2024.

Haga click aquí para inscribirse.

Presentación

ATENEA: Mecanismo para acelerar la participación política de las mujeres en América Latina busca contribuir al ejercicio efectivo de las mujeres de su derecho a la participación política en condiciones de igualdad y no discriminación en los países de América Latina, para así coadyuvar en el progreso y consolidación de democracias paritarias.

Es una iniciativa conjunta de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) que, en el año 2014, han desarrollado el Índice de Paridad Política, instrumento que permite medir -desde una perspectiva paritaria- el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres y las condiciones mínimas necesarias para su ejercicio y desempeño a nivel nacional y regional.

Desde su creación, este mecanismo de información, análisis, comunicación y acción ha sido implementado a nivel nacional en 14 países, a nivel provincial en Córdoba (Argentina) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina).

En 2019, y con la necesidad de fortalecer el trabajo con actores estratégicos para el logro de la paridad en todos los poderes y niveles, ATENEA conformó la Red de Democracia Paritaria de América Latina, un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas a nivel regional.

En 2020, ante los desafíos provocados por la pandemia por COVID-19, sus impactos diferenciados en las mujeres y niñas, y en colaboración con FLACSO Argentina, ATENEA lanzó una plataforma regional de formación política para el fortalecimiento de gestiones públicas sensibles al género y el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de América Latina.

 

Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), señala que la represión contra mujeres por razones políticas en el reciente contexto poselectorales tiene componentes misóginos y patrones de persecución que afectan a esta población de forma diferenciada.

Caracas. El arresto de mujeres por motivos políticos es una forma de violencia política que impacta de manera diferenciada y limita los derechos de participación en la vida pública de las mujeres. Así lo considera Beatriz Borges, directora del Centro de Paz y Justicia (Cepaz).

Borges explica que la violencia de género no solo se presenta porque estas mujeres sean “perseguidas y castigadas” por sus opiniones políticas, sino por el contexto en el que se dan las detenciones, las acciones y patrones de persecución en su contra.

“El uso de la fuerza contra ellas es estos contextos tiene componentes misóginos y también las afectaciones o los patrones de persecución a ellas son de forma diferenciada”.

En consecuencia, en menos de una semana el mandatario Nicolás Maduro informó el arresto de más de 2200 personas. De esta cifras, al menos 200 son mujeres, según la ONG Foro Penal. No existen cifras oficiales sobre la cantidad exacta de mujeres privadas de libertad en contextos poselectorales, ni adolescentes femeninas.

Venus Faddoul, defensora de derechos humanos y directora de 100 % Estrógeno, reafirma el argumento de que las detenciones de mujeres en contextos represivos generan un efecto negativo “brutal” que afecta de manera desproporcionada a esta población.

Lea aquí el artículo completo publicado por Crónica 1 el 8 de septiembre 2024.

Imagen por Crónica 1 

 

EL 25 de agosto de 1954 la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) aprobó el voto femenino. Hoy, tras 70 años del histórico momento, persiste la brecha de desigualdad en la representación política de las mujeres en Colombia. Así lo reveló la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral en su más reciente balance sobre la participación de las mujeres en el mapa del poder político local y regional para el periodo 2024-2027.

EL NUEVO SIGLO hizo lo propio consultando a la Misión de Observación Electoral (MOE), expertos de la Universidad del Rosario y la Universidad Central, y a 10 congresistas mujeres de diversas bancadas.

Inicialmente, Alejandra Barrios, directora de la MOE, dijo a este Diario que, visto en perspectiva, 70 años es muy poco tiempo desde que se autorizó el voto de las mujeres. “Si bien se han logrado algunos avances, comparados con otros países de América Latina en términos de representación efectiva en cargos de elección popular, han sido unos avances menores. Apenas llegamos a un 20% en representación combinada de alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas”, aseveró.

Panorama

La MOE sostuvo que actualmente 87 mujeres hacen parte del Congreso de la República para el periodo 2022-2026. Esto representa el 30% del total de la Corporación y constituye un incremento del 10,3% de participación de mujeres en el Congreso, en comparación con el periodo 2018-2022. De esta manera, el cuatrienio 2022-2026 es en el que se han elegido el mayor número de mujeres congresistas en la historia del país.

A su turno, Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS) de la Universidad del Rosario, sostuvo que el reconocimiento del derecho de voto a las mujeres en el país ha sido tardío.

Asimismo, Diana Oliveros, profesora investigadora de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, doctora en antropología social y cultural, indicó que, aunque existe participación de la mujer en la política, esta ha sido invisibilizada.

Lea aquí el artículo completo publicado por El Nuevo Siglo el 26 de agosto de 2024.

Imagen por El Nuevo Siglo

 

En 2020, el excanciller Marcelo Ebrard anunció que México adoptaría una Política Exterior Feminista (PEF) con el fin de “orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género”. Nuestro país se comprometió a impulsar la igualdad de género y los derechos de las mujeres a nivel internacional, convirtiéndose en el primer país de América Latina y el Caribe en adoptar una iniciativa de este tipo.

En julio de 2024, México fue sede de la III Conferencia Ministerial de Políticas Exteriores Feministas, un evento que contó con la participación de 300 personas representantes de gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil. En la Conferencia se intercambiaron perspectivas sobre buenas prácticas y se discutieron propuestas de género de cara al nuevo Pacto del Futuro de la ONU. Durante su discurso de inauguración y clausura, la canciller Alicia Bárcena señaló que la Política Exterior Feminista pueden ser un instrumento útil para avanzar en políticas que garanticen los derechos de las personas migrantes ante el avance de los discursos xenófobos en el mundo.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración aplaudimos que la política exterior mexicana tenga en su radar a las mujeres y las niñas en contextos de movilidad, sin embargo, es importante que cualquier iniciativa presentada como parte de la Política Exterior Feminista integre temas de política consular, desmilitarización del control migratorio, protección del derecho a solicitar y recibir asilo, externalización de las fronteras y la promoción de la igualdad de género. 

Por ejemplo, asegurar congruencia nacional con lo que se promueve en el exterior. En México, la política migratoria está basada en la contención y la seguridad nacional. Las mujeres migrantes y con necesidades de protección internacional suelen ser víctimas de violencia por parte del crimen organizado, la Guardia Nacional y las autoridades migratorias. El sistema de asilo está cada vez más debilitado. Mientras que en la última administración los acuerdos con Estados Unidos para la externalización de su frontera no han tomado en cuenta el impacto que tienen en las mujeres migrantes.

Lea aquí el artículo completo publicado por Conexión Migrante el 20 de agosto de 2024.

Imagen por Conexión Migrante

 

Quito (EFE).- La instructora colombiana en empoderamiento político Cristina Callejas aseguró que en su país “hay muchos cargos de elección popular a nivel barrial y local”, y que la independencia económica de las mujeres es el primer paso para su empoderamiento y participación política en la esfera municipal.

“Hay cargos a nivel barrial que requieren de trabajo político y resulta que las mujeres no pueden hacer ese ejercicio porque tienen que cuidar a los niños” o “trabajar desde sus hogares”, explicó Callejas en declaraciones a EFE en Quito, con motivo de su visita al país para participar en la presentación del Foro Económico de las Mujeres (WEF, por su sigla en inglés) en Ecuador, que se celebrará en septiembre.

Calleja apuntó, además, que cuando las mujeres de zonas humildes solicitan ayuda económica a sus parejas para iniciar sus campañas, muchas veces estas no se la prestan. Es por ello que vio la necesidad de impartir módulos específicos sobre economía y emprendimientos a aquellas colombianas interesadas en la carrera política.

“Nos tocó dictarles un módulo de empoderamiento económico” para que aprendieran “cómo hacer cooperativas, asociaciones, y cómo entre las vecinas se pueden juntar y asociar para tener recursos de cara a sus campañas”, explicó.

Lea aquí el artiículo completo publicado la Agencia EFE el 2 de agosto de 2024.

Imagen por Agencia EFE

 

Con el objetivo de promover la paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y la formación de ciudadanía, se llevó a cabo el Foro Estatal, “Una aproximación a la evaluación sobre la participación de las mujeres en el Proceso Electoral 2023-2024”, dirigido a mujeres que se desarrollan en el ámbito político en Hidalgo.

En su ponencia Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del Consejo General del INE, subrayó que la Reforma Constitucional no solamente estableció un Sistema Nacional de Elecciones, sino además, que los partidos políticos debían realizar postulaciones paritarias para el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales.

Señaló que, por lo que respecta a la cobertura que dieron los noticieros a las candidaturas a la Presidencia de la República, hubo una mayor cobertura para las mujeres, lo cual parece una consecuencia lógica porque se tuvo dos candidatas y un candidato; sin embargo esa consecuencia lógica no se advirtió para los cargos al Senado ni para las diputaciones, dónde había más mujeres compitiendo por un lugar, pues la cobertura fue mayor para los hombres, lo que representa un reto para que las mujeres compitan en condiciones igualitarias. Además, comentó que otro tema recurrente en el monitoreo de noticieros tiene que ver con la falta de lenguaje incluyente y no sexista.

Entre las panelistas estuvieron Flor Dessiré León Hernández, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación; Leticia Martínez Santos, ex Consejera Electoral  y María de Lourdes Lavaniegos González, Rectora de la Universidad La Salle Pachuca.

Lea aquí el artículo completo publicado por el Instituto Nacional Electoral el 29 julio de 2024.

Imagen por Instituto Nacional Electoral

 

En el presente informe se analizan las tendencias mundiales, las barreras que persisten y las oportunidades que se presentan en relación con la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Se reconocen los avances logrados en la representación de las mujeres a diferentes niveles, principalmente mediante leyes de cuotas de género, y los efectos que tiene la participación de las mujeres en la adopción de decisiones y la sociedad civil.

Hay problemas sistémicos que requieren atención urgente, especialmente los niveles cada vez mayores de violencia perpetrada contra las mujeres en la vida pública y ciertas normas perjudiciales que siguen vigentes, al igual que ciertos problemas específicos de las mujeres marginadas que se topan con formas múltiples e interseccionales de discriminación. Los Estados pueden facilitar un entorno más inclusivo y propicio en el que todas las mujeres puedan participar en la vida pública mediante la fijación de metas más elevadas, una mayor voluntad política, una financiación sostenible y arreglos institucionales que respondan a las cuestiones de género.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha agravado los problemas que obstaculizan la adopción de decisiones y, si bien rara vez se ha incluido a las mujeres en las decisiones sobre las actividades de respuesta a la COVID-19 en la misma proporción que los hombres, en varios países donde hay mujeres que ocupan puestos de liderazgo la respuesta a la pandemia ha sido particularmente eficaz. Al final del informe se formulan recomendaciones para que las considere la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

Haga clic aquí para leer el informe.

En este documento se analiza la importancia de la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres para una respuesta eficaz a la pandemia y para los esfuerzos de consolidación de la paz. Así mismo se describe de qué manera la agenda sobre mujeres, paz y seguridad puede brindar un marco crítico para procesos de toma de decisiones inclusivos y soluciones sostenibles. Mientras se despliegan esfuerzos para aplanar la curva de la pandemia en todo el globo, los conflictos violentos siguen siendo una realidad letal para muchísimas personas.

En marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas instó a un alto el fuego mundial que permita al mundo responder al COVID-19. Con la participación de las mujeres como eje central para alcanzar soluciones sostenibles, la pandemia ha puesto claramente de relieve la importancia crucial de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad para adoptar decisiones de forma inclusiva y eficaz.

En este documento se reconoce el papel vital de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para movilizar apoyos para un cese urgente de las hostilidades, los procesos de alto el fuego inclusivos y conversaciones de paz integrales. Asimismo, se brinda un análisis preliminar de los efectos del COVID-19 en la participación de las mujeres en los procesos de alto el fuego y de paz, y se ofrece una serie de recomendaciones, entre otros objetivos, para “reconstruir mejor”.

Haga clic aquí para descargar el estudio.  

Una sociedad más equitativa y sostenible exige la participación de las mujeres tanto en la esfera política como en la económica. La igualdad de género en puestos de toma de decisiones dentro de la Administración Pública sirve para expandir las democracias, hace de la formulación de políticas un proceso más inclusivo, y fortalece el compromiso de los electores. En América Latina y el Caribe, los gobiernos han alentado un amplio espectro de acciones a fin de incrementar el nivel de representación de las mujeres en el Estado.

Existen escasos conocimientos sobre la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo en el Poder Ejecutivo. En especial, sabemos muy poco sobre la brecha de género en los puestos de servicios a nivel gerencial. Esta es una omisión importante ya que la subrepresentación de las mujeres en este nivel puede tener efectos sobre la transparencia del gobierno, el diseño de las políticas, la inclusión social, y el crecimiento económico. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Pittsburgh promueve la iniciativa Igualdad de Género en la Administración Pública (GEPA) con el fin de apoyar el empoderamiento de las mujeres, expandir su participación y liderazgo en las instituciones públicas, y contribuir a la disponibilidad de información actualizada sobre la igualdad de género en la Administración Pública.

Haga clic aquí para descargar el estudio. 

Más de 2.500 millones de mujeres y niñas de todo el mundo se ven afectadas de múltiples formas por leyes discriminatorias y la falta de protección legal. En respuesta, ONU Mujeres, la Unión Africana, el Commonwealth, la Unión Interparlamentaria, la Organización Internacional de la Francofonía y la Secretaría General Iberoamericana han emitido conjuntamente “Igualdad jurídica para mujeres y niñas para 2030: una estrategia de múltiples partes interesadas para la acción acelerada ”En estrecha colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Equality Now, Global Citizen, Global Campaign for Equal Nationality Rights, International Association of Women Judges, International Development Law Organization, Muslims for Progressive Values y Women's Learning Partnership para abordar la discriminación persistente en la ley. Entre 2019 y 2023, la estrategia busca acelerar la derogación de leyes discriminatorias en seis áreas temáticas: reformas integrales, empoderamiento económico de las mujeres, disposiciones sobre la edad mínima para contraer matrimonio, derechos de nacionalidad, leyes discriminatorias contra la violación y leyes sobre el estado de la familia y la persona, en 100 países y se espera que aborde las necesidades legales de más de 50 millones de mujeres y niñas.

Haga clic aquí para descargar el estudio.  

En este documento se analiza la importancia de la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres para una respuesta eficaz a la pandemia y para los esfuerzos de consolidación de la paz. Así mismo se describe de qué manera la agenda sobre mujeres, paz y seguridad puede brindar un marco crítico para procesos de toma de decisiones inclusivos y soluciones sostenibles. Mientras se despliegan esfuerzos para aplanar la curva de la pandemia en todo el globo, los conflictos violentos siguen siendo una realidad letal para muchísimas personas.

En marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas instó a un alto el fuego mundial que permita al mundo responder al COVID-19. Con la participación de las mujeres como eje central para alcanzar soluciones sostenibles, la pandemia ha puesto claramente de relieve la importancia crucial de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad para adoptar decisiones de forma inclusiva y eficaz.

En este documento se reconoce el papel vital de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para movilizar apoyos para un cese urgente de las hostilidades, los procesos de alto el fuego inclusivos y conversaciones de paz integrales. Asimismo, se brinda un análisis preliminar de los efectos del COVID-19 en la participación de las mujeres en los procesos de alto el fuego y de paz, y se ofrece una serie de recomendaciones, entre otros objetivos, para “reconstruir mejor”.

Haga clic aquí para descargar el estudio.  

Desde que el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba la COVID-19 como pandemia, los países de todo el mundo comenzaron a adoptar medidas y estrategias para controlar su propagación y los terribles efectos que comporta. En esta Declaración1 el Dr. Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, recordaba que “fijarse únicamente en el número de casos y en el número de países afectados no permite ver el cuadro completo”. Efectivamente, el brote de COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, sino que su propagación y las medidas que se están adoptando para su contención tienen, también, repercusiones sociales y económicas graves.

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