Liderazgo de las mujeres
En un encuentro de lideresas tanto nacionales como distritales destacaron la importancia de llevar la bandera de la equidad e igualdad en política y expresaron además sus distintas historias, experiencias y vivencias en el ejercicio de la política, subrayando la necesidad de que se avance en el respeto y en la inclusión en los estatutos partidarios acerca de la paridad política.
El encuentro fue organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Paraguay, que presentó el pasado 16 de diciembre los materiales producidos en el marco de los proyectos “Hablemos de Paridad y Democracia” y “Kuña Háicha”, donde compartieron los principales avances, resultados y aprendizajes construidos de manera colectiva.
Destacaron como particularmente preocupante que, cuando se veían avances en ciertos sectores hacia la paridad, ahora de vuelta surjan sombras de retroceso, en relación a los cambios estatutarios que realizó la Convención Liberal eliminando la paridad de hombres y mujeres en las listas de candidatos.
Caso México. Un caso particular expuesta por la Cladem es el de México en el que diversas organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y especialistas en igualdad sustantiva se reunieron para presentar ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco un Amicus Curiae que respalda la validez constitucional del acuerdo IEPC-ACG-047-2025, el cual establece lineamientos de paridad y acciones afirmativas rumbo al proceso electoral 026-2027.
A lo largo del siglo XXI, la participación de las mujeres en política ha marcado una de las transformaciones más significativas en la historia del poder mundial. Desde jefas de estado y primer ministras hasta líderes supranacionales y voces de oposición, las mujeres han demostrado una capacidad enorme para influir en las agendas nacionales e internacionales, llevando temas como igualdad de género, justicia social y gobernanza inclusiva al centro del debate global.
La importancia del liderazgo femenino
La presencia de mujeres en puestos de poder no solo representa un avance histórico en términos de igualdad, sino que también transforma la forma en que se conciben y aplican las políticas públicas. Estudios han mostrado que la participación equitativa de mujeres en cargos políticos promueve mejores respuestas a crisis, mayor atención a políticas sociales y un enfoque más colaborativo en la toma de decisiones. Además, su liderazgo inspira a nuevas generaciones a participar activamente en la vida cívica y política, derribando barreras estructurales que históricamente han limitado su acceso al poder.
A 72 años del reconocimiento al derecho al voto de las mujeres, persisten los retos para garantizar su participación política debido a que por más de dos mil años se ha afianzado el sistema patriarcal que aún ahora oprime a este sector de la sociedad, indicó Teresa Hevia González, investigadora que disertó "La participación plena de las mujeres en la vida política, desafíos tras el reocnocimiento del voto" a la que convocó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
En su mensaje, la consejera Janet Cervantes Ahuactzi, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación, resaltó que desde 1953 cuando las mexicanas pudieron salir a las urnas por primera vez ha habido avances importantes desde las cuotas de género en candidaturas hasta la paridad en todos los cargos públicos aprobada en 2019 e incluso con legislación para prevenir y atender la violencia política en razón de género.
"Sin embargo, que esta conmemoración del 72 aniversario del sufragio femenino en México no solo sea motivo de celebración, sino también de reflexión. La igualdad legal aún enfrenta retos para convertirse en igualdad sustantiva. Persiste la violencia política contra las mujeres en razón de género, las desigualdades económicas y las barreras estructurales que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Este contexto nos obliga a custodiar la democracia por nuestro compromiso porque nuestro compromiso es doble, defender lo ganado y luchar por lo que hace falta", manifestó la consejera electoral ante estudiantes reunidos en el Teatro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).
Magda Alberto
Avanzan las candidaturas hacia la consulta interna que definirá al o la precandidata presidencial del Pacto Histórico. Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero fueron finalmente los ungidos. Surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿dónde quedaron las mujeres y sus agendas políticas?
Las excandidatas
Esta consulta inicialmente congregó a una decena de aspirantes, la mayoría de estas, mujeres con trayectorias admirables y compromisos concretos con las mujeres.
Entre ellas, se destacan figuras como María José Pizarro, impulsora en el Congreso de leyes fundamentales como la de Paridad y la de No Violencia contra las Mujeres en la política; Carolina Corcho, quien, desde su defensa por el acceso equitativo a servicios de salud, ha llegado conocer las necesidades de los más necesitados, incluyendo las mujeres; Susana Muhammad, quien con una mirada ecofeminista ha podido reconocer la lucha de las mujeres defensoras del territorio y la vida
También, Gloria Flores, con un trabajo histórico en los movimientos populares de mujeres y la paz con las mujeres; y la exministra Gloria Inés Ramírez, feministas, primera mujer presidenta de FECODE, autora de la Ley de Feminicidio, impulsora de la primera bancada de mujeres en el Congreso, artífice y vendedora internacional del enfoque de género en el acuerdo de paz, pionera en incorporar del enfoque de género en las reformas laboral y pensional, y creadora del primer equipo élite de inspección laboral para la equidad de género, su apuesta de vida, lograr la justicia social, eliminando la brechas de género.
La creciente presencia de mujeres en los principales escenarios políticos no es una mera anécdota o una cuestión de simbolismo; es un síntoma de una transformación estructural profunda en el ejercicio del poder. Este fenómeno representa un viaje desde los márgenes hacia el centro, desde la lucha por la voz hasta la redefinición de la propia agenda política. No se trata solo de contar mujeres, sino de entender cómo su participación está reconfigurando la política.
El instrumento más efectivo para acelerar la representación femenina ha sido, sin duda, la implementación de cuotas. Inicialmente, estas se establecieron como un porcentaje mínimo de participación, una medida correctiva para compensar siglos de exclusión. Con el tiempo, este concepto evolucionó hacia la paridad, que ya no busca un mínimo, sino una representación equilibrada y equitativa, entendiendo que la democracia es incompleta si un género está subrepresentado.
Estas normas han actuado como un «acelerador histórico», forzando a las estructuras partidistas, a menudo reacias al cambio, a abrir espacios que de otra manera habrían permanecido cerrados. El debate en torno a si las cuotas menoscaban la «meritocracia» suele ignorar que el sistema tradicional estaba viciado por unos criterios de mérito que, de facto, excluían a las mujeres.
Durante los últimos años de la dictadura franquista, la tortura se aplicó de forma sistemática como instrumento de represión política. Sin embargo, cuando las víctimas eran mujeres, el castigo adquiría una dimensión específica: la humillación sexual, la burla del cuerpo, la amenaza de violación o la instrumentalización de la maternidad y los afectos como mecanismos de control. Esa violencia diferenciada, que se ejercía tanto en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid como en la Jefatura de Vía Laietana en Barcelona, fue el eje de la segunda parte de las III Jornadas de Luchas y Resistencias de las Mujeres en el Tardofranquismo, organizadas por el Grupo de Mujeres de La Comuna.
El encuentro reunió a juristas, investigadoras y antiguas presas políticas que han dedicado años a documentar los métodos, las consecuencias y la impunidad de la tortura franquista. Entre ellas, especialistas del Centro SIRA, un equipo multidisciplinar que desde hace más de una década elabora informes periciales para víctimas de tortura en España, aplicando los estándares del Protocolo de Estambul, referencia internacional en la documentación de violaciones de derechos humanos.
Este trabajo de Investigación para la Acción Participativa, coordinado por la fundación Mundubat y CERES con la colaboración de ESF-Enginyeria Sense Fronteres, parte de la certeza de que no es posible considerar a las mujeres campesinas como un todo homogéneo. Es por ello que pone el foco en el análisis de las formas en que las condiciones desiguales en las que desempeñan su trabajo permiten o dificultan su participación en los espacios de decisión del sector agrario. Cabe destacar, en el marco de este trabajo de investigación, la perspectiva crítica e interseccional desde la cual se abordan los diversos tipos de violencia que se reproducen en los espacios en los que las mujeres del ámbito rural, en cuanto sujetos políticos, intervienen en aras de promover cambios inminentes.
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En julio de 2021, ONU Mujeres convocó la conferencia internacional “Procesos de paz con perspectiva de género: El fortalecimiento de la participación significativa de las mujeres mediante la creación de grupos de apoyo”, organizada en colaboración con CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation y con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), en cooperación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. La conferencia contó con la participación de más de 320 profesionales de la paz de 70 países de todo el mundo, especialmente de Oriente Medio y Norte de África.
Este informe explora las desafíos y recomendaciones sobre la mejor manera de aprovechar la práctica de la construcción de grupos de apoyo para fortalecer la participation significative de las mujeres en los procesos de paz.
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Fuente: PNUD
En el presente informe se analizan las tendencias mundiales, las barreras que persisten y las oportunidades que se presentan en relación con la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Se reconocen los avances logrados en la representación de las mujeres a diferentes niveles, principalmente mediante leyes de cuotas de género, y los efectos que tiene la participación de las mujeres en la adopción de decisiones y la sociedad civil.
Hay problemas sistémicos que requieren atención urgente, especialmente los niveles cada vez mayores de violencia perpetrada contra las mujeres en la vida pública y ciertas normas perjudiciales que siguen vigentes, al igual que ciertos problemas específicos de las mujeres marginadas que se topan con formas múltiples e interseccionales de discriminación. Los Estados pueden facilitar un entorno más inclusivo y propicio en el que todas las mujeres puedan participar en la vida pública mediante la fijación de metas más elevadas, una mayor voluntad política, una financiación sostenible y arreglos institucionales que respondan a las cuestiones de género.
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha agravado los problemas que obstaculizan la adopción de decisiones y, si bien rara vez se ha incluido a las mujeres en las decisiones sobre las actividades de respuesta a la COVID-19 en la misma proporción que los hombres, en varios países donde hay mujeres que ocupan puestos de liderazgo la respuesta a la pandemia ha sido particularmente eficaz. Al final del informe se formulan recomendaciones para que las considere la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
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En este documento se analiza la importancia de la participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres para una respuesta eficaz a la pandemia y para los esfuerzos de consolidación de la paz. Así mismo se describe de qué manera la agenda sobre mujeres, paz y seguridad puede brindar un marco crítico para procesos de toma de decisiones inclusivos y soluciones sostenibles. Mientras se despliegan esfuerzos para aplanar la curva de la pandemia en todo el globo, los conflictos violentos siguen siendo una realidad letal para muchísimas personas.
En marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas instó a un alto el fuego mundial que permita al mundo responder al COVID-19. Con la participación de las mujeres como eje central para alcanzar soluciones sostenibles, la pandemia ha puesto claramente de relieve la importancia crucial de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad para adoptar decisiones de forma inclusiva y eficaz.
En este documento se reconoce el papel vital de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para movilizar apoyos para un cese urgente de las hostilidades, los procesos de alto el fuego inclusivos y conversaciones de paz integrales. Asimismo, se brinda un análisis preliminar de los efectos del COVID-19 en la participación de las mujeres en los procesos de alto el fuego y de paz, y se ofrece una serie de recomendaciones, entre otros objetivos, para “reconstruir mejor”.
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Una sociedad más equitativa y sostenible exige la participación de las mujeres tanto en la esfera política como en la económica. La igualdad de género en puestos de toma de decisiones dentro de la Administración Pública sirve para expandir las democracias, hace de la formulación de políticas un proceso más inclusivo, y fortalece el compromiso de los electores. En América Latina y el Caribe, los gobiernos han alentado un amplio espectro de acciones a fin de incrementar el nivel de representación de las mujeres en el Estado.
Existen escasos conocimientos sobre la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo en el Poder Ejecutivo. En especial, sabemos muy poco sobre la brecha de género en los puestos de servicios a nivel gerencial. Esta es una omisión importante ya que la subrepresentación de las mujeres en este nivel puede tener efectos sobre la transparencia del gobierno, el diseño de las políticas, la inclusión social, y el crecimiento económico. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Pittsburgh promueve la iniciativa Igualdad de Género en la Administración Pública (GEPA) con el fin de apoyar el empoderamiento de las mujeres, expandir su participación y liderazgo en las instituciones públicas, y contribuir a la disponibilidad de información actualizada sobre la igualdad de género en la Administración Pública.
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